Los mejores y los canallas

Sexto día de campaña, que coincidía este 9 de diciembre con el 90 aniversario de la muerte de Pablo Iglesias, fundador de la UGT y del PSOE. De la prolífica oratoria del tipógrafo-sindicalista-diputado viene muy a cuento rescatar una recomendación concreta: “para los cargos públicos, elegid a los mejores y vigiladlos como si fuesen canallas”. Nos hemos desayunado escuchando y leyendo (en la cadena SER y en El Mundo) que dos ilustres miembros del PP han estado cobrando comisiones millonarias por asesoramiento a empresas mientras eran diputados. Y nos hemos almorzado con la reacción de Mariano Rajoy, a quien le parece todo esto “absolutamente normal”.

Y lo más grave de la situación política es que ya no puede sorprendernos que a Rajoy le parezca “normal” que el número dos de la lista del PP al Congreso por Segovia, Pedro Gómez de la Serna, y el exdiputado y actual embajador en la India Gustavo de Arístegui reconozcan haber cobrado comisiones por lograr contratos para empresas españolas en el extranjero. Todo es normal porque es “legal”, porque tenían la autorización de compatibilidad del Congreso y porque, según los dos ilustres señalados, han cumplido también con los pagos al fisco por sus emolumentos como “conseguidores”.

Los votantes nos equivocamos o no a la hora de elegir a “los mejores” (que no aterrizan en la política desde Marte, sino que salen de entre la propia ciudadanía). De lo que no cabe duda es de que falla la “vigilancia” para descubrir a los “canallas”. Es más, prácticamente no existe en lo que se refiere a la práctica que nos ocupa. Diputados y senadores están obligados a presentar una Declaración de Actividades y una Declaración de Bienes y Rentas. Si en la declaración de actividades un parlamentario afirma que es administrador único de una sociedad o socio de un bufete, la Comisión del Estatuto del Diputado da el visto bueno a la compatibilidad sin comprobar si la empresa o despacho en cuestión ejerce funciones incompatibles con el servicio público de un parlamentario. Y tampoco tiene forma de saber si la incompatibilidad surgirá a los largo de la legislatura. El declarante no está obligado a especificar exactamente lo que hace con esa sociedad o despacho, qué clientes tiene o qué contratos pueden o no entrar en colisión con la actividad en el Congreso. Ni este último tiene fórmulas ni recursos para comprobarlo.

Este es el gran coladero que a Rajoy (y a unos cuantos políticos) les parece “normal”. Es el que explica que Vicente Martínez Pujalte y Federico Trillo, exdiputados y exdirigentes del PP durante años (el segundo es ahora embajador en Londres), pudieran

asesorar (“oralmente”) a un grupo empresarial especializado en obras públicas y beneficiado por los parques eólicos en Castilla y León. Y cobrar tan ricamente por ello siendo diputados, como desveló El País. Todo “legal”.

Legalidad y transparencia

Cada vez que uno escucha el argumento de la “legalidad” se pone en guardia. Desde hace años y ante cualquier indicio de corruptelas. Pero últimamente hay que echarse a temblar cuando la excusa de la “legalidad” va acompañada del compromiso de “transparencia”. Bajo el paraguas de una “declaración de actividades” y otra de “bienes y rentas” se aparenta un control estricto de incompatibilidades que en realidad no es tal cuando no hay forma de comprobar lo declarado o ni siquiera se intenta.

Y corremos el riesgo de confundirlo todo y meter en el mismo saco al diputado que da una conferencia en un ateneo o unas clases en una facultad y al que , como el señor Arístegui (que traspasó su sociedad a un hijo antes de convertirse en embajador) ha cobrado suculentas comisiones por ayudar a empresas españolas “a explorar nuevos mercados”. Se contamina el absoluto derecho que cualquier profesional tiene a entrar en política y regresar luego a su actividad privada con esas anchísimas puertas giratorias que permiten a decenas de cuasi profesionales de la política aprovechar su agenda para engordar negocios sobre los que nada sabían previamente. Ojo: no son solo (ni fundamentalmente) políticos quienes entran y salen y vuelven a entrar por esas puertas giratorias. Casi la mitad de los abogados del Estado activos están en excedencia trabajando para bufetes, auditoras, bancos o grandes empresas que pleitean precisamente contra el Estado o se aprovechan de sus recursos.

En un lúcido y provocador ensayo editado en Turpial, el profesor y diputado José Andrés Torres Mora desmiente con datos concretos muchos de los peligrosos tópicos que circulan sobre la mal llamada “clase política” y sobre la supuesta corrupción generalizada, pero además pone en evidencia la responsabilidad de otros poderes mucho más intocables (el de las finanzas o el de los grandes medios de comunicación, por ejemplo). “La transparencia no sustituye a la honestidad y la transparencia sin honestidad se convierte en algo pornográfico”, escribe Torres Mora en ese libro, titulado El día que el triunfo alcancemos (un verso de La Internacional).

Que los candidatos acepten bailar, cantar, tocar la guitarra, montar en globo o contarle a Bertín Osborne sus ligues juveniles ante millones de espectadores no debería desviar los focos sobre lo más importante. Estos “tiempos de indignación” no servirán para mejorar la democracia si se quedan en la convicción generalizada de que sabemos más que nunca sobre la vida de los políticos. Mientras nos entretenemos con lo más banal, se frotan las manos quienes tienen como prioridad sus propios negocios.

A once días de las elecciones, procede conocer qué propone cada partido para que deje de ser “normal” lo que políticamente es deshonesto. Lo cual vale para diputados que asesoran a empresas, pero también para presidentes que envían SMS de apoyo y ánimo a un colega sorprendido con cuentas millonarias en Suiza. (Y más aún cuando se le transmite: "hacemos lo que podemos").