Corrupción

La oferta de "total colaboración" de Correa amenaza de nuevo al PP en otras ocho piezas de 'Gürtel'

Francisco Correa durante su turno de última palabra en el juicio por la trama Gürtel.

La oferta de "total colaboración" lanzada por Francisco Correa durante su alegato final o turno de última palabra en el primer gran juicio de Gürtel ha desplegado este viernes una nueva y todavía incierta amenaza para el PP. Correa ha supeditado esa cooperación a que se le permita recuperar la libertad: "Si tengo que estar semanas reunido con ustedes para aclarar todas las causas pendientes, lo haré, pero me gustaría ir por mis propios medios, no desde la cárcel". Y aunque la hipótesis de la excarcelación se perfila improbable o remota, su presencia en el plantel de investigados o directamente acusados en otras ocho piezas del caso puede conferirle todavía cierto margen para la negociación. El enjuiciamiento de todas ellas salvo una recaerá en el mismo tribunal que ha dirigido el juicio que ahora ha quedado visto para sentencia. 

¿Esperará Correa a conocer el contenido de la sentencia de este juicio que abre la serie, el de la denominada Primera Época y en el que se arriesga a una condena de 125 años de cárcel? ¿Aguardará a que se dirima si el PP acaba finalmente multado como beneficiario económico de la trama o queda por el contrario limpio de polvo y paja? Entre las ocho piezas pendientes que de un modo u otro afectan a la formación conservadora hay dos de máximo alcance político: la de los papeles de Bárcenasy las tres –1, 2 y 6– reagrupadas en una sola sobre la financiación del PP valenciano. El juicio de esa pieza unificada, a cargo de un solo magistrado de lo Penal, comienza en enero. Paradójicamente, sobre el partido de Mariano Rajoy no pesa aquí el baldón de ser presunto beneficiario económico de la trama pese a que nueve empresarios ya han confesado que sufragaron gastos electorales. 

Pero, incluso con lo que una confesión de esa naturaleza representa en cuanto a condena anticipada, la pieza más importante de las ocho es sin duda la de los papeles de Bárcenas, de nuevo en fase de investigación tras la reapertura que su propia declaración judicial precipitó hace un año. En la práctica, esa contabilidad opaca minuciosamente anotada por Bárcenas a lo largo de dos décadas ha sido la gran protagonista fuera de guion en el juicio ahora visto para sentencia. Tanto es así que Anticorrupción asestó un auténtico mazazo al PP al sostener en su informe final que la existencia de esa caja B ha quedado "plena, constante y abrumadoramente" acreditada.

¿Tiene Correa, imputado también en esa pieza, pruebas de esas comisiones ilegales de entre el 2% y el 3% que según sus propias palabras pagaban empresarios interesados en obtener contratos públicos? A día de hoy, la pregunta sigue abierta. En su turno de última palabra, Correa empleó un tono de amargo sarcasmo para quejarse de que su confesión no ha llevado a la Fiscalía a rebajar ni en un año su petición de pena. Como era previsible, en ese turno final no ha habido ninguna referencia al hecho de que tras la reapertura de la pieza de los papeles su primera oferta de colaboración, la formulada durante su declaración de octubre de 2016, ha quedado de momento en amago.

Mientras que en la concerniente a la financiación del PP valenciano el partido se libra del riesgo de terminar como beneficiario económico de la trama, sí aparece de nuevo en esa incómoda posición –sin relevancia penal pero desde luego sí política– en otra de las piezas en espera de juicio: la que examinará los manejos de la trama en el municipio madrileño de Boadilla, feudo de quien fue su alcalde hasta que Baltasar Garzón activó la gran redada de febrero de 2009: Arturo González Panero, también conocido como El Albondiguilla. Si Correa ya dijo que pasaba en Génova más tiempo que en su despacho, podría repetir casi lo mismo cuando llegue el turno de Boadilla. Y ese era un escenario de gran relevancia en la geografía política del PP de Madridgeografía política durante la etapa de Esperanza Aguirre.

Comprometen asimismo al PP, no como organización o persona jurídica sino porque entre los acusados hay antiguos cargos de distintas administraciones gobernadas por ese partido, piezas que en su momento fueron motivo de un descomunal escándalo político como la organización de la visita del Papa a Valencia en 2006, en la que Correa tendrá como compañero de banquillo al ex presidente de las Cortes Valencianas y ex director general de la Policía Juan Cotino. Valencia hace triplete con otro juicio igualmente en espera de ser juzgado por el mismo tribunal: el de los contratos con que la Generalitat benefició a Orange Market más allá de los otorgados para el stand de Fitur, esos últimos ya juzgados y que son los que han llevado a Correa a prisión. El supuesto amaño de contratos de AENA en la etapa ministerial de Francisco Álvarez Cascos, durante años todopoderoso número dos del PP, y en el Ayuntamiento de Jerez cierran el círculo de piezas pendientes de juicio donde Correa puede disponer de eventuales datos todavía ocultos. 

La cosa no acaba ahí: todavía en instrucción y a expensas de que el juez José de la Mata lo convierta formalmente en una pieza separada se encuentra uno de los episodios que mayores problemas entrañarían para el PP madrileño si alguien –de nuevo Correa– se decidiera a cooperar con la justicia o, por utilizar la expresión más común, a tirar de la manta: la del municipio madrileño de Arganda del Rey, donde se investiga la adjudicación de una parcela municipal a la inmobiliaria Martinsa. Esperanza Aguirre ya ha reconocido que el predecesor de Luis Bárcenas en la tesorería del PP, Álvaro Lapuerta, los avisó a Rajoy y a ella misma de que esa operación escondía un turbio pelotazo. Según Aguirre, no hizo nada porque en sus manos no estaba la opción de hacer nada. Ese es su argumento.

 

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