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Cataluña ante el 1-O

Las órdenes policiales para impedir el 1-O: cerrar colegios y evitar en lo posible detenciones

Dos mossos patrullan las calles de Barcelona hace unos días.

A escasos días del 1-O, Generalitat y Gobierno siguen ofreciendo versiones contrapuestas: los primeros aseguran que el referéndum se celebrará y los segundos defienden que no tendrá lugar. Mientras tanto, los cuerpos de seguridad preparan su operativo para un domingo que se prevé caliente, después de que este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenara por escrito a Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra que impidan el despliegue de urnas el próximo domingo en los colegios electorales. Pese a que el dispositivo aún no está ultimado, fuentes policiales explican a infoLibre que va a ser muy complicado bloquear todos los centros de votación y aseguran que sus instrucciones son las de tratar de, en la medida de lo posible, evitar las detenciones si alguno de los manifestantes trata de sacar igualmente las urnas a la calle.

El pasado martes, la Fiscalía ya había ordenado únicamente a los Mossos d'Esquadra precintar los colegios electorales de Cataluña, así como desalojar a las personas que pudieran estar dentro, y evitar la instalación de mesas en un radio de 100 metros de los recintos de votación. El miércoles por la mañana, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, se dirigió por escrito al Ministerio Público para avisar de las dificultades del cuerpo para cumplir la orden, y esa misma tarde el TSJC tomaba las riendas de la investigación y reiteraba la orden por escrito, pero aludiendo también a la Policía y la Guardia Civil, que compartirán con la policía autonómica catalana la responsabilidad de evitar que haya urnas en los colegios el 1-O.

En este sentido, el auto del TSJC de este miércoles dictado por la jueza Mercedes Armas argumenta que "la situación que se presenta en la jornada del día 1 de octubre en todo el territorio de Cataluña aconseja aunar las fuerzas de los diferentes cuerpos policiales, que deberán actuar conjuntamente para el cumplimiento de lo ordenado, prestándose en todo momento el auxilio y apoyo necesario". Si no hay cambios, la actuación policial estará coordinada por el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, nombrado por el Gobierno hace unos días como mando único para la coordinación entre los tres cuerpos tras una orden de la Fiscalía.

Esa decisión fue protestada en su día por la Generalitat, que argumenta que la decisión de Interior de poner a los Mossos bajo las órdenes de Pérez de los Cobos vulnera el artículo 164.2 del Estatut, que establece que "corresponde a la Generalitat el mando supremo de los Mossos d'Esquadra". No obstante, fuentes de Interior argumentan que la instrucción de la Fiscalía no designa a ningún mando, sino que es el Ministerio Público el que faculta a Pérez de los Cobos a "coordinar" el dispositivo policial, algo que no retira competencias a los Mossos ni los sustituye. Y, en su auto, Armas señala que "el artículo 46 de la Ley Orgánica 2/1986 recoge en su segundo inciso que cuando en la prestación de un determinado servicio o en la realización de una actuación concreta concurran, simultáneamente, miembros o unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía de la comunidad autónoma, serán los mandos de los primeros los que asuman la dirección de la operación".

Así las cosas, queda claro que será Pérez de los Cobos quien coordine el operativo conjunto de la Policía, la Guardia Civil y los Mossos, aunque estos días el coronel está manteniendo reuniones con los responsables de los tres cuerpos para preparar las actuaciones policiales del 1 de octubre. Fuentes sindicales de la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra, así como de la Asociación Unificada de Guardia Civil, explican que esta coordinación aún no se ha concretado en órdenes específicas, si bien señalan que lo más probable es que sirva, principalmente, para distribuir a los diferentes efectivos por el territorio. El punto clave, sin duda, será la capital, Barcelona.

Bloquear todos los colegios, "prácticamente imposible"

Pero, ¿es posible garantizar que no va a haber urnas en más de 2.000 centros de votación repartidos por toda Cataluña? Todas las fuentes consultadas coinciden en que se trata de una tarea muy complicada. "Es prácticamente imposible", reconoce en declaraciones a infoLibre Alfonso Merino, secretario provincial de AUGC en Barcelona y Girona. Y con él coincide Valentín Anadón, portavoz del Sindicat Autònom de Policia de los Mossos, que califica la orden, en la línea del mayor Trapero hace unos días, de "muy difícil de cumplir, ni con todos los efectivos" de los tres cuerpos utilizados conjuntamente.

En su auto, la jueza Armas no menciona la palabra "precinto", si bien establece que los tres cuerpos policiales deberán "impedir, hasta el 1 de octubre, la utilización de locales o edificios públicos [...] para la preparación de la celebración del referéndum" y les ordena impedir su apertura durante ese día y cerrar aquellos que se encuentren abiertos. De esta forma, los centros sólo se cerrarán el domingo, aunque Policía, Mossos y Guardia Civil deberán vigilar que los días previos no se utilicen para preparar la votación. El procedimiento concreto, explican fuentes de la Policía, podría pasar por pedirle las llaves del centro al director del mismo y, en caso de que se niegue a entregarlas, tomar sus datos personales para ponerlos a disposición del juez, avisándole de que podría enfrentarse a un delito de desobediencia.

No obstante, es más que probable que los agentes tengan que enfrentarse a ciudadanos que quieran abrir los colegios o colocar urnas para votar pese a la prohibición judicial. Y ante eso, la Policía tiene orden de no actuar contra los manifestantes a no ser que éstos utilicen la violencia, sostienen fuentes del cuerpo. "Obviamente, no se le va a abrir la cabeza a nadie si va a poner una urna, pero primero se le avisaría de que estaría cometiendo un delito de desobediencia, y si insistiera, se le tomarían los datos para ponerlos bajo conocimiento de la autoridad judicial", explican estas fuentes, que insisten en que sólo se detendría a quien insistiera en su empeño aún después de estas acciones, especialmente si lo hiciera utilizando la violencia.

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Sin embargo, en el caso de que las fuerzas de seguridad se encontrasen con un amplio grupo de gente dentro de un colegio el mismo día 1 pese a la orden de la jueza Armas, habría que evaluar si merece la pena poner en riesgo a los agentes para cerrar el centro en cuestión. Así lo explica el líder de la AUGC en Barcelona y Girona, que asegura que tendrán que evaluar "caso a caso" estos episodios. "Si 300 personas están bloqueando un colegio, se levanta un acta, se toman sus datos y se pasan al juez, pero es posible que no se ordenasen detenciones, porque no te vas a jugar la integridad física" estando en una inferioridad numérica tan grande, señala.

¿Y las manifestaciones frente a los centros de votación que sean efectivamente cerrados? Además de que los manifestantes estarían ejerciendo su libertad de expresión, fuentes de la Policía sostienen que la "tolerancia" con lo que ocurra en este tipo de concentraciones será "alta" para evitar, en la medida de lo posible, escenas de violencia. Lo mismo señala Alfonso Merino: "Si no hay ningún altercado no se disolverá nada, el uso de la fuerza sólo se contempla en último término". 

En cualquier caso, la actuación de las fuerzas de seguridad durante el 1-O se discutirá este jueves en la reunión que mantendrá la Junta de Seguridad de Cataluña, que convocó unilateralmente este miércoles el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a la que el Gobierno ha aceptado acudir. En el encuentro estarán presentes las autoridades de ambos Ejecutivos encargadas de la seguridad, que previsiblemente chocarán, ya que la Generalitat entiende que éste es el organismo que debe encargarse de la coordinación policial para el día del referéndum.

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