DERECHOS HUMANOS

Los partidos se suman a la lucha antirracista tarde, sin propuestas de fondo y a golpe de 'caso Vinícius'

Una activista de SOS Racismo durante una manifestación contra el acoso policial, el pasado mes de abril en Madrid.

Los gritos racistas contra el delantero del Real Madrid Vinícius han desencadenado la condena unánime y rotunda del grueso de los líderes políticos. El impacto mediático ha obligado a los principales partidos a adoptar una posición pronta y contundente, pero lo cierto es que la particularidad del caso encierra algo mucho más global: el racismo estructural que anida en suelo español. Y una expresión de ese racismo es, según llevan denunciando años las organizaciones, la inacción de las instituciones que ahora se esfuerzan en demostrar su indignación.

Mientras algunas voces insistían en cuestionar la existencia de un discurso racista generalizado, el partido de extrema derecha Vox se apresuraba en despejar cualquier atisbo de duda desplegando su odio como parte de la campaña electoral. A través de un anuncio en el Metro de Madrid, cargaba contra las ayudas a colectivos vulnerables, poniendo el foco y estigmatizando a las personas migrantes. No es algo nuevo: la Fiscalía ya investigó en 2021 su estrategia electoral criminalizando a menores extranjeros no acompañados.

En el otro lado de la balanza, algunas formaciones han intensificado esta semana sus esfuerzos a la hora de demostrar su compromiso antirracista. Siempre, claro, al calor de los acontecimientos sucedidos con el reputado futbolista en el campo de juego que tanta polvareda han levantado. "Necesitamos tramitar ya la ley contra el racismo. Solo con más educación, formación y cambiando la política de extranjería avanzaremos hacia un país mejor", señaló el lunes la ministra de Igualdad, Irene Montero. Hace un año que se abrió la consulta pública previa a la elaboración de una ley orgánica contra el racismo. Desde entonces, no se ha dado ningún paso hacia adelante para consolidar la promesa legislativa. Hasta hoy.

Por su parte, la Ley para la Igualdad de Trato y no Discriminación fue aprobada el verano pasado en el Congreso. La ley prevé "dar cobertura a las discriminaciones que existen y a las que están por venir" con medidas como acciones positivas en las empresas y tutela institucional para las víctimas. Su tibia aplicación, por el momento, no satisface las demandas de las organizaciones.

Esta semana, los partidos han colmado sus intervenciones con un discurso marcadamente antirracista. Alguna propuesta, cuatro vaguedades y un poco de "tolerancia cero". El caso es que llegan tarde. O al menos así lo perciben los y las activistas que cada día batallan en el seno de las organizaciones de base. "Llegan tardísimo y miles de kilómetros después", dice al otro lado del teléfono Edith Espinola, portavoz de Regularización Ya, la plataforma que el pasado mes de febrero entregó en el Congreso 609.630 firmas para tramitar, en forma de Iniciativa Legislativa Popular (ILP), una propuesta para caminar hacia la regularización extraordinaria de las personas migrantes. "A cualquier persona migrante le hubiese gustado que, cuando ocurrió la masacre de Melilla, se reconociera que tenemos un sistema seguritista que asesina a otras personas por no tener un papel en regla".

Espinola explica su descrédito en los partidos políticos poniendo como ejemplo la experiencia que deja la campaña Regularización Ya: "Ha supuesto un trabajo titánico, no sólo de las organizaciones de migrantes, sino también de los vecinos y vecinas que se implicaron". En cambio, subraya, costó sudor y lágrimas alcanzar un acuerdo con "ocho fuerzas políticas que sigue siendo muy tibio" y donde destaca una gran ausencia: la de los socialistas. "El PSOE debería crear políticas antirracistas, pero sólo pone parches que no sirven para nada", critica la activista, porque no se está contando con los protagonistas del problema: las personas migrantes. Las políticas que se desarrollan "no se ajustan a la realidad de las personas migrantes, se crean leyes y estructuras sobre nuestros cuerpos sin hablar con nosotros", abunda.

Mikel Mazkiaran, miembro de SOS Racismo, censura el discurso simplista en detrimento del compromiso real por parte de las formaciones: "No ha habido, en general, un interés por parte de los partidos políticos con representación parlamentaria en trazar propuestas que tengan que ver con el antirracismo". A la misma conclusión llega Malick Gueye, activista en el Sindicato de Manteros. "Existe una política de la representación" volcada en incluir, eventualmente, a personas migrantes en las listas, "y con eso se cree que es suficiente", critica. "Pero faltan recursos, acompañamiento, políticas antirracistas" y terminar con una "Ley de extranjería que criminaliza a las personas migrantes".

Muchas leyes, poca aplicación

Esta semana, al tiempo que se sucedían las denuncias ante el evidente racismo, emergían los anuncios: el Gobierno se compromete a impulsar la ley contra el racismo que lleva un año parada. Sin embargo, los golpes de efecto no terminan de convencer a las organizaciones. "Una ley antirracista que no hable de la Ley de extranjería, que criminaliza y asesina a las personas migrantes, es inútil", lamenta Espinola. 

Mazkiaran entrevé dos grandes problemas: primero, la demora a la hora de confeccionar políticas verdaderamente antirracistas. Segundo, la falta de aplicación de las leyes. "La Ley para la igualdad de trato llegó con retraso, teniendo en cuenta que el primer borrador data del año 2011", recuerda. "Era urgente y necesaria", asiente, pero hasta ahora no ha tenido grandes efectos. La norma concedía un plazo de seis meses para la creación de una autoridad en materia de igualdad de trato y no discriminación que "no se ha creado". "No lo decimos con sorpresa, ya que es habitual que no se cumplan los pronósticos de las propias normas", incide el activista. 

En cuanto a la nueva ley que propone el Ejecutivo de la mano del Ministerio de Igualdad, se trata de una norma específicamente antirracista. Actualmente, recuerda el miembro de SOS Racismo, sólo Navarra cuenta con una norma autonómica de estas características. "No se han querido impulsar de manera decidida y valiente proyectos normativos" antirracistas y sin embargo cuando "surgen estos fenómenos mediáticos todo el mundo se pone las pilas". 

En el debate sobre si bastaría con una ley genérica contra distintas formas de discriminación, o convendría caminar hacia una ley específica, Mazkiaran no tiene respuestas concluyentes. Pero sí una reflexión: "Sería suficiente con que se aplicara alguna".

Aun así, los colectivos de personas migrantes reclaman que no se pierda de vista otros asuntos urgentes y muy concretos. Citan, entre otras cuestiones, la regularización masiva de las personas en situación irregular y la derogación de la Ley de extranjería. Pero además, rechazan un enfoque exclusivamente punitivista que haga del castigo su única estrategia contra el racismo. "No se trata de imponer multas y ser más punitivistas, sino de crear una sociedad donde no se normalice el racismo", subraya Espinola, objetivo que comparte Gueye a pesar de considerarlo "complicado cuando el propio Estado es cómplice".

El 28M en clave antirracista

Los comicios del 28M se presentan como una oportunidad para trazar políticas antirracistas que vayan al corazón del problema. ¿Qué dicen los partidos? ¿Qué proponen en sus programas? ¿Quiénes van a la raíz del problema, a las políticas de integración, a la regularización, a la prevención del discurso de odio?

"El Partido Popular dice sí a la inmigración, pero ordenada y debidamente regulada, teniendo en cuenta como principio básico la legalidad". La frase forma parte del programa marco que los conservadores llevan para este 28M. Proponen políticas de integración, pero no hablan de diversidad, sino de "asunción de valores" y de vincular las políticas migratorias "al empleo" a fin de "evitar situaciones de marginalidad". El PP deja claro en su programa que quiere "hacer efectivo el retorno de los inmigrantes en situación administrativa irregular" y defiende que "los flujos migratorios se han de ordenar de forma adecuada para adaptarse a nuestra capacidad de acogida real". 

También el PSOE abraza la lógica laboral en cuanto a integración se refiere: "El acceso al trabajo es el mejor instrumento para favorecer la inclusión de las personas extranjeras", señalan en su programa marco autonómico. También presume de las "dos reformas profundas del reglamento de la Ley de extranjería", destinadas a "promover la inclusión y reducir la vulnerabilidad de menores", así como el impulso de "mecanismos para la llegada de personas extranjeras vinculadas a una actividad laboral".

En cuanto a la discriminación, el partido se compromete a estar "vigilante con los ataques que se producen sobre colectivos de extranjeros especialmente vulnerables" y también promete la creación de observatorios "contra el racismo, el antigitanismo, el antisemitismo, la islamofobia o la LGTBIfobia". Los socialistas dejan igualmente un espacio para el acceso "a la sanidad y a la educación", al tiempo que se detienen en la "particular vulnerabilidad de las personas migrantes en el acceso a una vivienda".

En su programa marco para este 28M, Podemos no incluye ninguna propuesta específicamente antirracista. Sí se compromete a trabajar "desde una perspectiva interseccional, con grupos específicos" como las mujeres migrantes y garantizar su acceso a "todos los servicios públicos". En cambio, la formación de Ada Colau, Barcelona En Comú, sí incorpora en su programa una visión antirracista transversal y apartados específicos para combatir la discriminación. Cuenta, por ejemplo, con un bloque dedicado a la "interculturalidad crítica y el antirracismo", pero también desarrolla medidas para construir "una escuela y comunidad educativa comprometida con el racismo", acciones para "detectar y luchar contra el racismo en el acceso a la vivienda y al deporte" o fomentar "el reconocimiento de las aportaciones de las personas migrantes a la economía, a la cultura y a la convivencia".

Compromís se inclina por facilitar el acompañamiento de los extranjeros menores y sí incluye, sin matices, el cierre de los CIE. También lo hace Barcelona en Comú: modificación de la Ley de Extranjería para regularizar a los vecinos en situación administrativa irregular, acabar con los CIE, las devoluciones en caliente y las expulsiones exprés. ERC, por su parte, sugiere para la ciudad de Barcelona monitorizar "las discriminaciones a las que se enfrenta la ciudadanía" y la creación de un plan integral "para combatir todas las manifestaciones de odio" con el objetivo final de "crear narrativas alternativas eficaces" que planten cara a las "campañas racistas y xenófobas".

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