Centro Nacional de Inteligencia

Las propuestas de los partidos para controlar al CNI: tres jueces, unanimidad e investigación de abusos

Paz Esteban, Margarita Robles y Esperanza Casteleiro posan en el acto de jura de su nuevo cargo en la sede del Ministerio.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) 'nació' durante el mandato de José María Aznar, pero el origen de los servicios de inteligencia españoles se remonta al franquismo. El dictador Francisco Franco los utilizó para reprimir los movimientos de oposición al régimen en diversos ámbitos, especialmente en el universitario —que más tarde se amplió a otros campos—, recabando información y represaliando a quienes se oponían a la dictadura. Con la llegada de la Transición, Adolfo Suárez creó el CESID, precursor del actual CNI, integrando a los cuadros del Ejército, la Guardia Civil o la propia Falange.

Hace ya dos décadas, el 6 de mayo de 2002, se aprobaron las dos leyes que hacían realidad el cambio del CESID al CNI. Por un lado, la Ley 11/2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, que recoge sus objetivos, principios, funciones, y régimen jurídico administrativo, así como los controles parlamentario y judicial. Unos controles que actualmente están en el punto de mira de los partidos con escaño en el Congreso ya que, a diferencia de otros países occidentales, no han sido reformados en los últimos años.

Por otro lado, la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del Control Judicial Previo a las actuaciones del CNI, que establece un control judicial previo de las actividades del Centro que afectan a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 18.2 y 3 de la Constitución Española. Esto significa que para que el CNI pueda entrar en domicilios ajenos y realizar escuchas telefónicas debe solicitar la autorización previa de un magistrado de control del Tribunal Supremo.

Sin embargo a juicio del PNV, la formación que ha registrado una proposición de ley para reformar ambas normas, “resulta necesario profundizar en algunos de los contenidos que se normativizaron hace veinte años”. Una necesidad que considera acuciada “por la gravedad de los hechos conocidos recientemente” en relación a los espionajes practicados a distintos miembros del Gobierno español, incluido el presidente Pedro Sánchez, o el que afecta a decenas de representantes políticos a través del programa Pegasus, un spyware altamente invasivo desarrollado por la firma cibernética israelí NSO. 

Pero el partido nacionalista vasco no es el único que ha reclamado reforzar estos controles. También lo ha hecho el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Recientemente inició una actuación contra el CNI con la finalidad de comprobar si las presuntas actuaciones de espionaje se habían llevado a cabo “con pleno respeto a las garantías establecidas en la Constitución y en el ordenamiento jurídico”. Gabilondo asegura que así fue, pero también que es deseable abrir una reflexión sobre la suficiencia o insuficiencia del control judicial previo debido a la evolución de las tecnologías en las últimas décadas: "No es lo mismo la interceptación de las comunicaciones en 2022 que en 2002”, manifestó.

El presidente del Gobierno se abrió el miércoles a modificar la normativa que regula la actividad y el control judicial sobre los servicios de inteligencia españoles. "El Gobierno está dispuesto a escuchar propuestas que refuercen la confianza en el CNI", aseguró tras la pregunta del portavoz jetzale, Aitor Esteban. Una afirmación que no se ha concretado en ninguna iniciativa tangible. Fuentes del PNV aseguran a infoLibre que la única reacción a su propuesta por parte del Gobierno son las palabras de Sánchez.

Control judicial

Una de las principales novedades que propone el grupo vasco consiste en introducir un control judicial avalado por tres jueces del Tribunal Supremo (y el requisito de que se pronuncien por unanimidad). Esto supone un cambio importante respecto al modelo actual, ya que ahora dicho control depende de un juez del Supremo o de su suplente. Los nacionalistas apuestan también por que el CNI esté obligado a hacer un balance ante la justicia tras cada escucha que realice. "Queremos ser propositivos Más que hacer ruido, nuestra intención es que se aclaren las cosas", manifestó Esteban.

La propuesta planteada por el PNV, a la que ha tenido acceso infoLibre, también solicita detallar a los jueces "las características concretas de los medios a utilizar" para realizar el pinchazo del teléfono del investigado. Eso, según planteó Esteban, ayudaría a los magistrados a "su tarea de aplicar la proporcionalidad" y a conocer con detalle "hasta qué punto penetran" los mecanismos que se utilicen "en la suspensión de derechos fundamentales" del investigado. "No valdría la mención a medios genéricos", remarcan desde el PNV. Asimismo, los jetzales apuestan por un control judicial posterior (inexistente en la actualidad), para que cuando acabe el plazo de la actuación ya autorizada, y siempre que se postule una prórroga de la misma, los jueces consideren o no si dar un nuevo aval.

Desde Unidas Podemos señalan a infoLibre que "estudiarán con detenimiento" la propuesta del PNV porque también consideran necesario reforzar la ley del 2002: "Nos parece muy laxa y poco eficaz", valora Enrique Santiago (IU), portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso. "Además de reforzarse ese control judicial se deben contemplar medidas específicas para que el Poder Judicial pueda adoptar de oficio actuaciones en el caso de que los servicios de información incumplan el marco legislativo", plantea en declaraciones a este medio.

Santiago cita el ejemplo de las intervenciones con Pegasus. "Las informaciones publicadas y no desmentidas apuntan a cerca de 60 dirigentes políticos, sociales o abogados vascos y catalanes espiados, mientras que las autorizaciones judiciales solicitadas por el CNI no llegarían a 20 personas", valora. "Creemos que en estos casos deben ser los propios jueces con competencia para autorizar las actuaciones del CNI quienes pudieran investigar de oficio las irregularidades que pudieran haberse cometido en los procedimientos", sintetiza.

Otros como Gabriel Rufián, portavoz de ERC, también piden un control más exhaustivo (define los actuales contrapesos como "muy laxos") y pone de ejemplo la legislación vigente en Estados Unidos, tanto en el plano judicial como el parlamentario. En el plano judicial hay un mecanismo llamado Foreign Intelligence Surveillance (FISA), que se trata de un Tribunal de Justicia que supervisa la recopilación de información de agentes extranjeros.

Control político

El grupo nacionalista vasco en el Congreso también quiere que el nombramiento del máximo responsable de los servicios de inteligencia españoles dependa del presidente del Gobierno. Una responsabilidad que actualmente recae en el ministerio de Defensa, capitaneado por Margarita Robles. Una propuesta que también plantean desde Unidas Podemos. "Hay que tener en cuenta que las Fuerzas Armadas tienen sus propios servicios de información e inteligencia, por lo que vemos normal que en un país democrático se distinga entre estas tareas dirigidas exclusivamente a cuestiones de defensa y militares, y el resto que no lo son", explica Santiago.

Asimismo, las formaciones consultadas también sitúan el foco en el control parlamentario. A diferencia de países de nuestro entorno como Alemania o Francia que tienen una comisión para controlar en exclusiva la actividad de los servicios de inteligencia, en España tan solo existe la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, cuya responsabilidad es la de auditar los “fondos reservados” con los que se financia, entre otras instituciones, el CNI.

Los nacionalistas vascos proponen que los diputados accedan a la información sobre los medios (no sobre las fuentes) que el Centro Nacional de Inteligencia usa en sus seguimientos y espionaje. "Durante la tramitación en el Congreso defenderemos que la nueva norma refleje con más detalle el control parlamentario de las actuaciones del CNI", resumen en UP. "Debe ser así en especial cuando se constate cualquier actuación indebida o falta de eficacia a la hora de preservar la seguridad, como es el caso que se ha acreditado con el acceso a los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y varios ministros, sin que se haya evitado o conocido en tiempo real", plantean. Otras formaciones consultadas como PdeCat o la CUP ven con buenos ojos estas propuestas.

"Primero hay que acabar con las cloacas"

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, señala a infoLibre que "no corresponde a los partidos independentistas arreglar las disfunciones del sistema español": "Nosotros no hemos aparcado nunca, a diferencia de otros, la independencia. Nosotros estaremos en aquellas medidas que pongan de relieve que el sistema español no funciona, pero insistimos que no estamos aquí para arreglar España", sintetiza. "Estas iniciativas solo hacen creer a la gente que España puede cambiar, pero España solo cambiará cuando deje de ser la España que conocemos y Cataluña sea un estado", zanja.

Hay partidos como ERC que apuestan por un control exhaustivo sobre las llamadas "cloacas del Estado": "Teniendo en cuenta que a una parte nos han espiado sabiéndolo el CNI sin motivos, no sé si sirven el resto de controles. El primer interesado en controlar el CNI y las cloacas descontroladas, debería ser el Gobierno", resumen. Una posición que se asemeja a la que mantiene la CUP. "Nuestra perspectiva es la denuncia de la falta de estructuras democráticas", explican.

Los cupaires destacan que el CNI es "uno de los organismos gubernamentales más herméticos y opacos de la administración española, que tiene información muy poderosa y que, de estar más judicializado y democratizado permitiría rendir cuentas a la ciudadanía". Eso sucede en Alemania, donde los ciudadanos tienen derecho a preguntar sobre la información que los servicios de inteligencia alemanes hayan acumulado sobre ellos.

En la derecha la crítica se dirige hacia el Gobierno. Fuentes populares también se abren a "estudiar mecanismos de mejora", pero al mismo tiempo destacan que el CNI pero "realiza un gran trabajo y nada de lo que ha pasado es achacable a la institución sino al Gobierno". Por su parte desde Ciudadanos quieren "obligar" al Gobierno "a finalizar sus destituciones arbitrarias y coacciones políticas. Ni un caso más como el de Paz Esteban", zanjan.

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