Podemos pide el archivo de 'Neurona' ante la dificultad del juez de encontrar perito
Podemos trata de poner fin de una vez por todas al caso Neurona. En un escrito registrado este mismo jueves, el partido morado a pedido al titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que acuerde el archivo y el sobreseimiento de las actuaciones al considerar que "no existen indicios" de que haya producido "ninguna supuesta actividad" por parte del proveedor Neurona Comunidad, que a su vez "pueda ser considerado indicio de distracción de los fondos abonados por la coalición electoral". "Lo que, unido a que no hay ni un solo indicio de uso distinto del pago de los servicios, debe abocar al archivo de las actuaciones por la inexistencia del delito", resalta el escrito, al que ha tenido acceso infoLibre, y que ha sido presentado después de que otro grupo de expertos haya rechazado hacerse cargo de un peritaje planteado por el juez.
La piedra angular del caso Neurona es la denuncia interpuesta en diciembre de 2019 ante la Guardia Civil por quien fuera coordinador del equipo jurídico del partido, José Manuel Calvente, que había sido despedido. El escrito terminó recayendo meses después en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid. En julio de 2020, Escalonilla decidió abrir diligencias previas y escuchar al denunciante, quien basó buena parte de su comparecencia en "indicios" que le habían llegado por parte de terceras personas "confidencialmente". Y unas semanas después imputó al partido y a varios miembros de su cúpula. Sobre la mesa, posibles delitos de malversación o administración desleal.
Han pasado ya dos años y medio de aquello. Y el caso aún sigue coleando en el juzgado de la capital. En concreto, la línea de investigación que se centra en un contrato de 363.000 euros suscrito con la firma Neurona Consulting para los trabajos de la campaña electoral de abril de 2019 de la formación política. Sin embargo, la causa también ha ido perdiendo intensidad por este frente, en el que todavía se encuentran imputados tanto la formación política como algunos de sus exdirigentes.
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De hecho, el magistrado se ha visto ya obligado a variar en parte sus tesis. Escalonilla consideró inicialmente que existían "indicios racionales" que llevaban a pensar que se trataba de un "contrato simulado" y que la consultora nunca realizó para el partido los servicios para los que había sido contratada. Diferentes trabajadores de la formación morada rechazaron esa consideración en sus testificales, al igual que hicieron algunos de los empleados de Neurona y la formación, que puso sobre la mesa del instructor billetes de avión, chats internos o más de 1.400 documentos.
Tras meses de investigación, el juez terminó considerando como "indiciariamente acreditado" que la mercantil había prestado realmente parte de los servicios para los que se le contrató. No obstante, dejó caer que la empresa solo se encargó de la "cobertura de actos" cuando la formación no podía asumirlos por "falta de medios". A través de aquel auto, Escalonilla encargaba un peritaje sobre el coste de dichos trabajos. Porque, mantenía, no solo hay delito electoral cuando existe un contrato simulado, sino también cuando se utilizan fondos electorales para pagar un gasto electoral por un precio mayor a su coste real.
Pero año y medio después, el juez, que puso fin a la investigación a la espera de completar dicha diligencia, sigue buscando peritos. Hasta la fecha, más de media docena de expertos han rechazado la propuesta. Por eso, el partido, junto a su petición de archivo, ha hecho llegar a Escalonilla un documento en el que analizan "precios abonados" por Administraciones Públicas "de todo signo político" por "servicios similares" a los que "habrían sido contratados" a Neurona. "La información aportada permite concluir que, atendiendo a los valores normales de mercado, constatado con hechos objetivos y contrastables, no existe distorsión alguna en el precio pactado libremente con Neurona; acreditándose así la ausencia de indicio de delito alguno", resaltan.
