INMIGRACIÓN, DERECHOS DEL MENOR Y CRISIS CON MARRUECOS

El plan B para los niños de Ceuta aboca a un maratón de 700 expedientes con plazos exigentes y a expensas de Marruecos

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno (PSOE), y Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta (PP), el miércoles pasado antes de su reunión en La Moncloa.
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El acuerdo del miércoles pasado entre Pedro Sánchez y Juan Jesús Vivas para "encontrar una solución efectiva" dentro de la ley para los menores marroquíes en Ceuta, adoptado tras un duro revés judicial, sirvió para dar tiempo a ambas partes y rebajar presión política. No para resolver el problema. Hace una semana, los presidentes del Gobierno de España (PSOE) y la Ciudad Autónoma de Ceuta (PP) dieron la foto y el titular. Pero falta el texto de la devolución. Y será un texto largo y difícil, con mucha letra pequeña. Porque el plan B es, además de garantista, extremadamente exigente para las administraciones, más aún en un caso que afecta a unos 700 menores, según el Gobierno de Ceuta.

Mientras ambas autoridades confirman a infoLibre que están trabajando pero no ofrecen avances relevantes desde la reunión, un examen de las exigencias legales para realizar la devolución conforme a la normativa indica lo que hay por delante: un imprescindible refuerzo de los servicios públicos, que según Catalina Perazzo, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia en Save the Children, debe abarcar la protección de menores, la Delegación del Gobierno y la Fiscalía; meses de cooperación entre administraciones españolas y de estas con Marruecos, cuyo papel es imprescindible; un maratón de en torno a 700 expedientes, según el Gobierno de Ceuta; un previsible aluvión de casos en los que los menores se opondrán al deseo de los Gobiernos de España y Ceuta de devolverlos, lo que dará entrada a abogados de oficio y de ONG... En última instancia, no es descartable un regreso a la vía judicial.

¿Dónde estamos ahora? "El proceso está en el mismo punto. No ha habido variación. Se está trabajando coordinadamente con el Gobierno para cumplir con las observaciones de las autoridades judiciales pero no se ha avanzado mucho más", señala un portavoz del Gobierno ceutí. La Delegación del Gobierno, por su parte, responde que todavía se está estudiando la fórmula.

Las ONG están a la expectativa. "No nos ha llegado nada nuevo. No han llamado a ningún niño. Ni sabemos qué van a hacer, ni cómo van a proceder", explica Patricia Fernández Vicens, abogada de la Coordinadora de Barrios, una de las organizaciones que han forzado la paralización judicial de las devoluciones, que tampoco descarta que alguno de los al menos 45 menores ya devueltos regrese a España. 

La clave de Marruecos

El Gobierno de Ceuta señala que la vía que deberá utilizarse, conforme a lo indicado por los tribunales, es el reglamento de extranjería, que supone "un trámite administrativo lento", advierte Fernández Vicens. Si alguien tiene en mente una operación rápida, mejor que lo olvide.

¿Qué dice el reglamento? La Delegación del Gobierno tiene que solicitar al país de origen, en este caso Marruecos, un informe sobre las circunstancias familiares de cada menor. Los informes, un modelo tipo elaborado por las secretarías de Estado de Migraciones y de Seguridad, deben incluir datos sobre las "circunstancias sociales y familiares" en el país de origen.

Si Marruecos sustituye en el informe la información sobre la familia por la relativa a sus servicios de protección del menor, en este caso la llamada L'Entraide Nationale, habrá de reflejar "expresamente" su "compromiso por escrito" de "asumir la responsabilidad sobre el menor", expone el reglamento. No vale con la confianza Estado-Estado a la que apelaba el Gobierno de Ceuta.

La colaboración y la diligencia de las autoridades marroquíes serán clave para el procedimiento. Y no hay que olvidar que, en mayo, el Reino demostró una grave desconsideración hacia la integridad de estos menores, a los que facilitó la llegada a Ceuta en una maniobra de presión contra España y la UE.

Un plazo de seis meses

De cada paso hay que informar a la Secretaría de Estado de Migraciones y a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. La Delegación debe pedir también información de cada menor a la Ciudad Autónoma. Sólo una vez que la Delegación valore todos informes y compruebe que lo mejor para el chaval es volver a sus país, podrá incoar –iniciar– el procedimiento de repatriación del menor.

A partir de ese instante, hay un plazo de seis meses para resolver el informe, si bien se puede suspender para practicar pruebas. Si ese plazo se incumple, debe reiniciarse el expediente, explica Fernández Vicens.

Posiciones enfrentadas

El acuerdo de inicio del procedimiento debe ser "notificado inmediatamente" al menor –por escrito en una lengua que conozca–, a la Fiscalía y a la entidad que ostente la tutela legal. Fernández Vicens advierte de que toda esta fase es delicada en este caso, en el que el Gobierno central y el de Ceuta no sólo han devuelto ya al menos 45 menores sin seguir el procedimiento legal previsto, sino que quieren seguir devolviendo más aunque ahora con otro procedimiento. ¿Qué implica eso? Un choque de intereses.

Si un menor dice ahora que no quiere ser devuelto a su país, estará expresando un posicionamiento contrario al de su tutor, el Gobierno de Ceuta, que "claramente" quiere devolver a todos los chicos, señala la abogada de la Coordinadora de Barrios. El resultado de ese choque de intereses sería la suspensión del proceso hasta designar un defensor judicial, según establece el reglamento. Aquí la solución pasaría por la asignación de un abogado del turno de oficio o de alguna ONG, añade Fernández Vicens.

Es previsible que numerosos expedientes deban ser suspendidos para asignar defensores judiciales. Fernández Vicens señala que abundan los menores que no quieren volver –sólo le constan 15, aunque no tiene un estudio de los más de 700–. El Gobierno de Ceuta no los cuantifica.

Cada uno de los que no quiera volver, una vez tenga defensor judicial, podrá proponer pruebas para demostrar la inconveniencia de su regreso. Estas pruebas pueden implicar tareas para distintos actores en el proceso, desde las autoridades marroquíes al psicólogo del centro de acogida.

Los de 16 años o más podrán participar en el proceso por sí mismos, además de a través de su abogado. En los diez días del plazo de alegaciones también podrá pronunciarse y pedir pruebas la Fiscalía.

Trámite de audiencia y vía judicial

Durante el trámite de alegaciones, la Delegación recabará informe del servicio de protección de menores sobre cada caso, así como cualquier información que considere relevante sobre la identidad del menor, su familia, su país o su domicilio. El fiscal también debe emitir informe.

Sólo tras la incorporación de toda esta información al expediente, la Delegación dará inicio al trámite de audiencia, con presencia del menor si tiene "juicio suficiente". La audiencia debe ser documentada en un acta suscrita por los presentes, entre ellos el fiscal. Cabe incorporar nuevos documentos y justificantes. Cerrada la audiencia, el delegado del Gobierno resuelve "de acuerdo con el principio de interés superior del menor" si se queda en España o si lo repatría.

Esta resolución no es el final del camino, ya que puede impugnarse en la vía contencioso-administrativa. Es decir, en los tribunales. El recurso, por sí mismo, no paralizaría la repatriación. Para paralizarla habría que pedir una medida cautelar, como ha ocurrido en el caso de las devoluciones iniciadas 13 de agosto.

Devolución o acogida

Si se llega al punto de la devolución, que debería ser tras un estudio individualizado, el niño o adolescente debe ser acompañado por personal de protección de menores hasta Marruecos. La repatriación se efectuará "a costa de la familia del menor o de los servicios de protección de menores de su país". No obstante, el reglamento señala que, si no es posible, el Estado asumirá la factura. Está por ver la actitud de Marruecos.

Catalina Perazzo, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia en Save the Children España, afirma que los medios con los que cuentan el Gobierno de Ceuta, la Delegación del Gobierno y la Fiscalía son "insuficientes" para un desafío de estas características, con unos 700 expedientes y casos complejos. Ello explica, señala, que la base del acuerdo anunciado entre Sánchez y Vivas se basara en anunciar más recursos. Perazzo reclama la activación de mecanismos de corresponsabilidad entre comunidades autónomas, no sólo para los menores que finalmente se queden, sino también durante el proceso.

Procesos judiciales

El proceso se desarrolla además bajo nubarrones judiciales. La devolución de al menos 45 menores sin seguir el procedimiento previsto legalmente, sino en base a una interpretación extensiva de un acuerdo bilatetral entre España y Marruecos de 2007, se encuentra bajo la lupa judicial, después de que diversas ONG, la Fiscalía y el Defensor del Pueblo hayan alertado de incumplimientos legales.

Un juzgado de Ceuta ha decidido mantener suspendido el procedimiento hasta decidir sobre el fondo del asunto, en una resolución que precipitó la reunión de Sánchez y Vivas. En paralelo, la Audiencia Nacional estudia la legalidad de la comunicación dirigida por el Ministerio del Interior a la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma de Ceuta para iniciar el proceso.

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