Adjudicación bajo sospecha

La Policía dice que la empresa que explotará Aznalcóllar podría irse sin pagar en caso de accidente como hizo Boliden

JUEZA AFIRMA QUE LA REAPERTURA DE LA MINA DE AZNALCOLLAR SE HA HECHO SIN EL MAS MINIMO RIGOR

Lo sucedido con Boliden, la empresa minera que 15 años después de provocar a las puertas de Doñana una catástrofe ecológica cuya reparación costó al Gobierno andaluz más de 90 millones aún por recuperar, “podría reproducirse”.

A esa devastadora conclusión, la de que la empresa adjudicataria de la reapertura de la mina de Aznalcóllar también podría zafarse de sus responsabilidades pecuniarias en caso de siniestro, llega la Policía en un extensísimo atestado enviado a la juez de Sevilla que investiga la adjudicación de la planta minera a una empresa cordobesa respaldada por el mismo gigante que hace un año causó un grave vertido tóxico en el río Sonora, Grupo México. El concurso, cree la Policía, fue amañado.

La Junta de Andalucía, que defiende a capa y espada la limpieza del procedimiento y cuyos portavoces acusan sotto voce a la Policía de hacer juego sucio a favor del PPsotto voce, asegura que en nada se parece este caso al del desastre que en 1998 puso en jaque la supervivencia del Parque Nacional de Doñana: “El pleito de Boliden –dijo anoche un portavoz a preguntas de infoLibre– está vivo y la Junta sigue reclamando judicialmente los más de 90 millones que costó restaurar ambientalmente la zona. Lo de Boliden no tiene nada que ver con este concurso".

Boliden se ha librado –hasta la fecha– gracias a un ardid según el cual la matriz sueca no era responsable civil de lo que hiciera la filial española. Y la Policía cree que el compromiso de asociación diseñado por el equipo ganador del concurso para la reapertura de Aznalcóllar permitiría que la fuga económica en caso de siniestro se repitiera.

Ese equipo ganador del concurso –ahora investigado en la causa penal abierta tras la denuncia interpuesta por la empresa que perdió la licitación– aparece integrado por dos compañías: Minorbis, una pequeña compañía cordobesa sin experiencia en minería, creada ex profeso con vistas a este concurso y propiedad de unos empresarios para los que trabajaba un exalto cargo autonómico; y por el ya citado holding azteca Grupo México.

Una empresa conjunta

Tras la adjudicación, otorgada en febrero y ahora paralizada por decisión de la Junta andaluza, Minorbis y Grupo México crearon una sociedad limitada, Minera Los Frailes SL, cuya estructura de capital resulta difícil de desbrozar. Lo que es seguro –y así lo confirmó hace un mes la Junta a este diario– es que Minorbis solo posee un porcentaje del 2% frente al 98% del grupo mexicano.

Hasta ahora, nadie ha explicado por qué en un concurso internacional como este, sin cortapisas para la participación de empresas extranjeras, el gigante mexicano necesitaba un socio local como Minorbis, sin experiencia en minería y sin medios financieros visibles. Los denunciantes manejan su propia hipótesis: que lo que aportaba Minorbis, propiedad de los dueños del grupo cordobés Magtel, para el que trabajaba un exalto cargo autonómico, era simple y pura capacidad de influencia ante el Gobierno andaluz. O sea, que sus propietarios son conseguidores.

La tesis policial sobre el riesgo de fuga económica en caso de accidente se sustenta en un hecho clave: que el documento esencial que rige la relación entre Minorbis y Grupo México es el llamado "memorándum de entendimiento" presentado al concurso y por el que la compañía mexicana garantizaba apoyo financiero a la pequeña firma local si el tándem obtenía la victoria.

Ese memorándum continúa gozando de validez –mantiene la Policía–, aunque el dúo Minorbis-Grupo México se vio forzado a añadir un segundo documento dada su vaguedad. La cláusula que sustenta el aviso de la Policía sobre el peligro de un nuevo fiasco como el de Boliden señala que en caso de disputa entre los dos socios ocurrirá lo siguiente: el conflicto “se resolverá mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio”. El lugar de arbitraje será Londres. Y “el derecho aplicable a la controversia será la ley de México”. En otras palabras, los tribunales españoles nada tendrán que decir.

“Grupo México –se lee en el informe policial– impone a Minorbis, ante cualquier controversia, someterse a arbitraje en Londres y bajo las leyes de México, por lo que podría reproducirse lo sucedido con Boliden-Boliden Apirsa". 

La Junta de Andalucía considera descabellada esa hipótesis por cuanto Minorbis y Grupo México ya han constituido de forma conjunta la citada Minera Los Frailes SL. Así lo explicó un portavoz de la Junta a este periódico: "El concurso de Aználcollar no solo imposibilita que vuelva a producirse otro desastre como el de Boliden, por las exigencias de las bases a los proyectos de explotación, sino que tiene garantizada además la solvencia económica de la empresa que reabra la mina, mediante avales, en caso de cualquier tipo de accidente".

De hecho, continúa dicho portavoz, "es tal el grado de exigencia del pliego de condiciones del concurso de Aznalcóllar, que Nyrstar –una multinacional minera belgo-australiana– renunció a la segunda fase del concurso y en una carta dirigida a la Junta fundamentaba su renuncia en las altas exigencias de reparación que exigían las bases".

Pero las declaraciones prestadas ante la Policía y hace menos de un mes por los funcionarios que dirigieron la tramitación del concurso constatan un hecho inquietante: que, aunque la versión pública sostenida por la Junta tanto en distintas comparecencias públicas como en documentos oficiales –por ejemplo, la resolución de adjudicación del concurso- era la de que Minorbis y Grupo México habían ido juntas al concurso, en realidad solo licitó Minorbis. Y por eso nadie contrastó la solvencia económica y financiera de Grupo México.

Ante este argumento, el Gobierno andaluz subraya que Minera Los Frailes SL ya tiene depositados en una sucursal bancaria de Sevilla los 93 millones que equivalen al 30% de la inversión inicial. Pero esa cifra nada tiene que ver con el “aval de restauración” –en previsión de daños ambientales– que Minorbis deberá prestar antes de iniciar la explotación de esta minas de la franja pirítica andaluza.

Hasta hace muy poco, la versión oficial, tanto del Gobierno andaluz como de los ganadores del concurso, se resumía en que Minorbis y Grupo México habían acudido juntas al concurso y que, dado el carácter extranjero de la segunda compañía del tándem, la Mesa de Contratación y la Comisión Técnica encargadas de tramitar la licitación no le habían exigido que demostrase su solvencia presentando las cuentas depositadas en el Registro Mercantil pero que, en contrapartida, había estudiado los datos obrantes en las Bolsas donde cotiza.

Las declaraciones de los funcionarios

Ahora, las declaraciones de los funcionarios a los que la Policía ha interrogado como testigo arroja una conclusión distinta y sorprendente: todos aquellos a los que se preguntó por qué la Junta no había pedido a los servicios consulares documentos acreditativos de la solvencia de Grupo México respondieron que no hacía falta porque quien licitaba era solo Minorbis.

¿Y por qué la adjudicación se anunció –en boletín oficial– a nombre del “consorcio Grupo México-Minorbis”?, preguntaron los funcionarios policiales. Por “error material”, por “errata”, por “un error arrastrado”, fueron las respuestas que obtuvieron.

La Junta niega tajante que nadie haya primado injustamente a Minorbis. Varios de los funcionarios interrogados por la Policía, que les formuló preguntas y repreguntas de alto nivel técnico, no pudieron explicar –y sus declaraciones resultan muy ilustrativas–por qué habían puntuado a la baja al rival de Minorbis, el denunciante Emerita Resources, de capital canadiense. O, viceversa, por qué habían puntuado al alza a Minorbis. En el entorno del Gobierno andaluz existe la creencia de que la Policía se limitó a reproducir las preguntas de Emerita.

Varios funcionarios investigados por el concurso de Aznalcóllar denuncian a la Policía

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