El PP exige al PSOE mano de hierro con los investigados por corrupción pero trata a los suyos con guante de seda
“Tellado pregunta ‘qué hay detrás’ de la dimisión de la directora de la Guardia Civil”. El entrecomillado procede de la primera parte de un largo titular, aquel con que la web oficial del PP difundió este jueves las declaraciones de su número 3, Miguel Tellado, sobre la fulminante renuncia de María Gámez. La hasta ahora jefa del Instituto Armado anunció su marcha el miércoles, apenas horas después de que saliera a la luz la imputación de su marido en un caso derivado del de los ERE y donde un juez investiga cobros bajo sospecha de ilegalidad.
Al día siguiente, y al tiempo que la formación conservadora instaba al ministro de Interior a comparecer de inmediato en el Congreso, el vicesecretario de organización del PP nacional aventaba a media mañana las sospechas contra María Gámez en Dos Hermanas –“qué hay detrás”- , a 12 kilómetros de Sevilla capital y a dos horas y media de Marbella. Allí, en el epicentro de la Costa del Sol, seguía a esa hora Ángeles Muñoz manteniendo la vara de mando municipal y el acta de senadora cinco meses después de que su marido -fallecido hace tres semanas- y su hijastro fuesen procesados por supuesta pertenencia a una trama de narcotráfico y blanqueo. Ambos habían sido ya detenidos en agosto de 2021 durante una operación antidrogas. Hace un mes, el Senado decidió averiguar si Muñoz ha vulnerado el Código de Conducta de las Cortes. ¿Cómo? No declarando al inicio de la legislatura todo su patrimonio. La duda –de momento no se ha confirmado– surgió una vez que, semanas después del procesamiento de su esposo y su hijastro, la alcaldesa modificó al alza su declaración de bienes.
Ni María Gámez ni Ángeles Muñoz son objeto de ninguna pesquisa judicial. Pero mientras expande dudas sobre la primera y cuestiona así que el motivo de su dimisión sea el expuesto por ella misma –proteger a su familia y a la Guardia Civil–, el PP defiende a capa y espada a la dirigente marbellí. Ángeles Muñoz “no está siendo investigada”, proclamó el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, en noviembre. Ni había ni hay, ningún motivo por tanto para dar ningún paso para retirarla del mapa político. “Lo que no podemos hacer -agregó Moreno- es inculpar, por así decirlo, a personas que tienen un familiar que está siendo investigado”.
La comparación entre Gámez y Muñoz, ambas relacionadas por razones familiares con dos asuntos de supuesta corrupción, ilustra la existencia de un doble rasero sobre cómo actuar con los afectados por causas de esa naturaleza. Lo que el viejo aforismo definía como “mano de hierro en guante de seda” se ha escindido en dos mitades. Y así, mientras el PP exige al PSOE mano de hierro con los imputados por corrupción, trata con guante de seda a quienes desde sus filas afrontan situaciones similares.
En paralelo a lo sucedido con Gámez y Muñoz, emerge el caso de Xavier García Albiol, exalcalde de Badalona y candidato a ese puesto en las municipales de mayo, miembro del comité electoral del PP y a quien un juez acaba de enviar al banquillo por supuestamente prevaricar al permitir la instalación irregular de antenas de telefonía. La prevaricación significa adoptar decisiones injustas a sabiendas de que lo son. El Poder Judicial (CGPJ) lo incluye en la lista de delitos de corrupción. Pero, como dijo este jueves la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, el PP considera el asunto a juzgar una mera “cuestión administrativa”. La Fiscalía pide para Albiol dos años y 10 meses de cárcel así como 10 de inhabilitación.
Hace 10 días, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzó un pullazo al líder regional de los socialistas, Juan Lobato, al afirmar que se encontraba a la espera de que “cese” a la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse. ¿Por qué? Porque la Audiencia Provincial ha ordenado a un juez que dicte ya auto de procedimiento abreviado –el paso sin el cual no cabe ordenar luego la apertura de juicio– dado que no puede descartarse la existencia de indicios de prevaricación administrativa en el hecho de que condonase una deuda de dos millones a la concesionaria de una ITV.
Simultáneamente, la misma Ayuso mantiene como su número 3 en el partido a la alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, investigada penalmente por los contratos que el Ayuntamiento adjudicó a una empresa de la que –oficialmente en concepto de alquiler inmobiliario– cobraba 900 euros al mes. Dueña de una sociedad que posee un piso en el municipio metropolitano de Alcobendas, Millán no sabe si su empresa ha venido declarando a Hacienda los 10.000 euros anuales que le reporta el arrendamiento de ese inmueble. El PP no encuentra motivos para apartarla de su cargo público ni del que ostenta en el partido.
Algo parecido ocurrió durante año y medio con el cacereño Alberto Casero. En noviembre de 2021, un juzgado de Trujillo ya investigaba las decisiones adoptadas por el entonces diputado al Congreso durante su etapa como alcalde. No hubo imputación dado que Casero, que llegó a ser secretario de organización del PP, gozaba de aforamiento ante el Supremo. Pero la existencia de una investigación penal que le afectaba era conocida. Sin embargo, no fue hasta este mes de marzo cuando el parlamentario dejó el escaño una vez que el alto tribunal dictó un auto con el que le coloca a los pies del banquillo por prevaricación y malversación.
Para cuando se produjo su renuncia, ya había transcurrido un mes desde que el canario Juan Bernardo Fuentes había abandonado su escaño forzado por la presión del que hasta entonces era su partido, el PSOE. Fuentes, ahora ya conocido como Tito Berni, salió por pies del Congreso cuando se supo que estaba directamente involucrado en una operación antifraude desarrollada en Canarias y que condujo a la detención de un ex director general del Gobierno de las islas y de un general de la Guardia Civil. Delitos graves como pertenencia a organización criminal, estafa y cohecho aparecen en la panoplia de ilegalidades sujetas a investigación en lo que ya para siempre quedará como el caso Mediador y que amenaza con alcanzar mayor envergadura.
"La respuesta del PSOE frente a la corrupción –señalaba un comunicado de la dirección en referencia a Fuentes– es y será siempre rotunda y ejemplar, como corresponde a un partido comprometido con el servicio público, la transparencia y la honorabilidad".
El CGPJ, Transparencia Internacional y la ONU consideran corrupción el delito que pende sobre Albiol
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¿Debería entonces, y aun tratándose de un supuesto delito de menor entidad, haber dejado a la alcaldesa de Móstoles fuera de la carrera electoral una vez la Audiencia de Madrid ha reabierto su causa? Los socialistas sostienen que la frontera se encuentra en la apertura de juicio oral. Y que esa circunstancia no se ha dado al menos todavía con Posse.
¿Araña la confirmación de Posse como candidata el discurso del PSOE? El partido cree que no pero falta por ver qué efecto tendrá ese episodio en la campaña electoral madrileña. Aun así, los datos más recientes y relevantes sobre qué hacer cuando la corrupción entra en escena -la dimisión voluntaria de María Gámez y la patada camuflada a Tito Berni- sí muestran que el partido de Pedro Sánchez ha optado por un listón más proclive a la dimisión que el que maneja el PP.
De momento, no hay visos de que el equipo de Feijóo vaya a sustituir el "guante de seda" por la "mano de hierro". De muestra, otro ejemplo: el presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí, tendrá que declarar ante un juez en junio como investigado por usar la vía de emergencia para otorgar un contrato a la empresa de una antigua compañera de candidatura. Pero eso no fue óbice para que Alberto Núñez Feijóo compartiera durante una visita a Ibiza a finales de febrero mesa y mantel con Marí, a quien Anticorrupción le atribuye prevaricación y tráfico de influencias. Adicionalmente, la interventora de Ibiza le acusa de coaccionarla. De nuevo, fue Cuca Gamarra quien en una rueda de prensa posterior no solo rebajó la condición de investigado del dirigente balear con argumentos idénticos a los esgrimidos ahora respecto a Albiol –“Es un procedimiento administrativo en el marco de su actividad”– sino que cerró el bucle cuando le preguntaron por el almuerzo de Feijóo con Marí: porque a la número 2 del PP le parecía “muy bien” que hubieran comido juntos.
