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Operación Púnica

El PP justifica ahora la expulsión de militantes por los “tintes mafiosos” de esta nueva trama

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A las 14:30 horas de este lunes, la Dirección Nacional del Partido Popular convocaba a la prensa para una comparecencia de Esteban González Pons. No había que hacer muchas cábalas para concluir que los conservadores iban a reaccionar a una nueva mañana negra en el PP. Tras el caso Gürtel y los papeles de Bárcenas, otra operación, denominada Púnica, venía a agitar de nuevo los cimientos del partido que gobierna en España. Primero se conoció la detención de Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid, y después la del alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza. También, la de los regidores de Torrejón de Velasco (Gonzalo Cubas), Casarrubuelos (David Rodríguez) y Collado-Villalba (Agustín Juárez). Puntual, en un tono muy solemne, el vicesecretario de Estudios y Programas de los conservadores, insistió en la "indignación" del partido respecto a los escándalos de corrupción y leyó un comunicado en el que anunciaba que se iba a suspender de militancia a todos los implicados en esta operación.

El anuncio sorprendió incluso dentro de las propias filas conservadoras. Por lo inédito: es la primera vez que en 24 horas el Comité de Derechos y Garantías se reúne y toma una decisión de este calado sin esperar a conocer todos los hechos. Y sin escuchar a los afectados. Así, tras una reunión que fue convocada a las 17:00 horas, a las 19:23 la formación presidida por Mariano Rajoy emitía un comunicado en el que anunciaba que el citado órgano disciplinario había acordado "la suspensión de militancia de las personas detenidas que estén afiliadas al partido, en el marco de la operación anticorrupción llevada a cabo por el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional". Ni el PP ni este escrito precisan a cuántos militantes afecta esta decisión más allá de los nombres que se fueron filtrando a lo largo de la mañana.

"Según se vayan conociendo nuevos datos en relación con estos hechos, el PP exigirá en su caso a quienes tengan responsabilidades institucionales y políticas el abandono inmediato de sus cargos", concluía el citado comunicado. 

Esta reacción llega cuando todavía no ha pasado una semana desde que se conociese la imputación del ex secretario general del PP, Ángel Acebes, en el marco de los papeles de Bárcenas sin actuación de por medio del partido. Y desde que se conociesen, además, la imputación del exalcalde de Toledo, José Manuel Molina (PP) y el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, en el marco de episodios relacionados con la corrupción. Tampoco en ellos se anunciaron aperturas de expedientes. ¿Qué ha pasado para que el PP cambie de criterio respecto a la respuesta que hay que dar a los escándalos de corrupción?

Las fuentes conservadoras consultadas precisan que no se trata tanto de un cambio de criterio como de lo que parece haber detrás de la Operación Púnica. "Parece tener tintes mafiosos", intentaba describir de forma gráfica uno de los dirigentes. En este sentido, precisan que la investigación, que se inició en enero de este mismo año, ha dado pie a una querella ante el juez Eloy Velasco en la que, entre otros delitos, se apunta al de "organización criminal". Lo completan los de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraudes contra la administración.

La operación investiga una presunta trama de corrupción municipal y regional “infiltrada” en varios ayuntamientos y provincias, “principalmente en Madrid, Murcia, León y Valencia, en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, les han estado asegurando el éxito en las adjudicaciones públicas”, señalan fuentes de la Fiscalía Anticorrupción. Las mismas fuentes precisan que los empresarios habrían obtenido en dos años unos beneficios de 250 millones de euros, y como contrapartida los políticos habrían recibido comisiones ilegales “a costa de las haciendas municipales y autonómicas”.

¿Doble vara de medir?

Las fuentes consultadas coinciden en que en estos momentos es más necesario que nunca responder de una forma contundente ante los escándalos de corrupción. Hasta ahí no hay ningún problema. La opinión es unánime. Las críticas a esta última actuación se centran en el hecho de que se haya anunciado la suspensión de militancia sin escuchar antes a los afectados, algo que, por contra, sí se hizo en el escándalo de las tarjetas B de Caja Madrid. Un caso que el partido dio ayer por cerrado tras tramitar las bajas de los 13 afectados, incluida la de Rodrigo Rato, expresidente de los gobiernos de José María Aznar.

En este contexto, hay sectores del PP que ponen en duda que sea la gravedad de los hechos investigados la que esté detrás de la reacción de este lunes. "Sólo puede venir motivado por la presión. No estamos hablando ni siquiera de imputaciones. Estamos sentando un precedente muy serio", considera un miembro del Comité Ejecutivo Nacional. La misma fuente señala que si el partido no viniese de sufrir unas semanas tan duras en lo que a las investigaciones judiciales se refiere la reacción no habría sido la misma y recuerda que la decisión del PSOE de apartar a cualquier imputado en estos escándalos es otro foco de presión.

Respecto a los precedentes, un diputado alerta del peligro de que desde el PP se traslade ahora la idea de que tras años sin actuaciones tan contundentes ahora parezca que se están "inventando las reglas por el camino". "¿Qué pasa si la semana que viene llaman a declarara a María Dolores de Cospedal como ocurrió con Acebes o por el caso del contrato de las basuras de Toledo en su condición de presidenta de Castilla-La Mancha? ¿También se suspende su militancia", se pregunta.

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Pese a que el Comité de Derechos y Garantías del PP puede actuar de oficio cuando lo considere oportuno, o bien a instancias de otros órganos de partido, los estatutos del PP establecen que la expulsión debe producirse cuando medie sentencia firme.

Un pacto en peligro

El Grupo Parlamentario Popular tenía previsto culminar esta semana las conversaciones con el resto de partidos a fin de cerrar el paquete de medidas de regeneración democrática. El PSOE se niega a cualquier pacto con el PP, al que han bautizado como "el partido de la corrupción". Así las cosas, los conservadores están dispuestos a continuar negociando con el resto de partidos o, incluso, continuar en solitario. "No hay nada cerrado. Nosotros seguimos dispuestos a hablar, el PSOE se ha radicalizado por el ascenso de Podemos", señalan desde el PP.

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