Elecciones municipales

El PP planea una tramitación exprés para la reforma de la ley electoral

La oposición ve en la reforma local una herramienta más para la privatización de servicios

En el Partido Popular no se mueve nada hasta que Mariano Rajoy dice la última palabra. Por eso, todas las miradas están puestas en el Comité Ejecutivo Nacional que ha convocado para este lunes y que servirá para que la plana mayor del partido dé el pistoletazo de salida al nuevo curso político. Los dirigentes consultados esperan que en esta cita, además de marcar las prioridades para los próximos meses, el presidente del PP y del Gobierno concrete algo más de la última incorporación a su paquete de medidas de regeneración democrática: la denominada elección directa de alcaldes. A la espera de que sea él el que dé las pistas de los plazos, las condiciones en las que van a desarrollarse las negociaciones y las líneas rojas –¿se atreverá a aprobar esta iniciativa en solitario?, es una de las dudas–, el partido y el grupo parlamentario estudian las fórmulas posibles a la espera de una señal de su jefe. El tiempo apremia y, llegado el caso de que pretendan que esta reforma entre en vigor en las municipales de mayo, el camino tiene que estar despejado. En este escenario de prisas, la opción que gana más peso es la de la proposición de ley. Una herramienta legislativa que se ahorra el paso por el Consejo de Ministros y todas las fases que ello conlleva y que posibilitaría que la reforma fuese una realidad en unos dos meses desde el momento de su registro en el Congreso de los Diputados.

"Si Rajoy decide que hay que hacerlo, la mejor forma, y la más rápida, es la de una proposición de ley", señalan fuentes de la dirección de la formación. Este tipo de iniciativas, a diferencia de los proyectos de ley, se evitan los debates en el seno del Consejo de Ministros y la remisión a los órganos consultivos pertinentes antes de redactar un texto definitivo que sea remitido a la cámara baja. Es decir, que mientras se reducen las garantías del futuro texto legislativo, se acortan los plazos que dan como resultado la entrada en vigor del mismo.

El objetivo: los nacionalistas

El reglamento del Congreso de los Diputados establece, en su artículo 26, que las proposiciones de ley podrán ser adoptadas a iniciativa de dos vías: un diputado con la firma de otros catorce miembros de la cámara o un grupo parlamentario con la sola firma de su portavoz. Esto implica que el Grupo Parlamentario Popular, por sí solo, podría acogerse a cualquiera de las dos opciones. No obstante, si esto sale adelante y Rajoy se decanta por esta vía exprés, las fuentes consultadas mantienen que "sería importante" que la proposición de ley llevase la firma de representantes de otras formaciones. Esta última observación se complica si se tiene en cuenta que el PSOE ya ha dejado claro que no negociará sobre esta materia en lo que queda de legislatura independientemente de la letra pequeña de la oferta del PP y las reservas de gran parte del arco parlamentario. Pero en el PP dicen no tirar la toalla porque los contactos formales no comienzan hasta la próxima semana y confían en poder llegar a algún punto de coincidencia con los nacionalistas catalanes y vascos. No en vano, después del partido de Rajoy, PNV y CiU serían los principales beneficiados de esta reforma de la ley electoral para que gobierne la lista más votada.

Hasta la fecha, CiU ha sido la formación que se ha mostrado más dispuesta a hablar de esta cuestión. En la Diputación Permanente de la última semana de agosto, el portavoz de la formación, Josep Sánchez Llibre, censuró que el Gobierno y el PP contribuyeran a alimentar este debate en los medios de comunicación durante todo el verano. Pero reclamó que se tenga en cuenta a su formación en las negociaciones más allá de un pacto a dos PP-PSOE

Ronda de contactos

La ronda de negociaciones que pretende abrir la próxima semana en el Congreso el Gobierno con los grupos parlamentarios será clave. De las primeras conclusiones que extraiga el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, que dirigirá las reuniones, los conservadores podrán tomar una decisión sobre la forma definitiva que darán a la cuestión de la ley electoral. O, incluso, sobre si tiran la toalla. Cuentan quienes conocen a Rajoy que está decicido a sacar adelante la denominada elección directa de alcaldes porque es una demanda de los regidores de su partido en cumplimiento de su programa electoral. Pero el presidente también sabe que no todos los dirigentes de su partido comparten que se tome una decisión de este calado sin contar, al menos, con el principal partido de la oposición.

Uno de los principales problemas con los que se va encontrar Ayllón es con el de haber incluido el tema de la reforma electoral en el paquete de medidas de regeneración. ¿Por qué? Porque ese conjunto de iniciativas se ha convertido en un cóctel en que caben textos de todo tipo y en varias fases de tramitación. Esto implica que el rechazo de algunos grupos a negociar sobre la elección directa de alcaldes pueda llevar a frenar otro tipo de cuestiones sobre las que sería más fácil el acuerdo, como el tema de los aforados. 

Así las cosas, las fuentes consultadas no descartan que en un momento determinado de las reuniones, el PP y el Gobierno se vean obligados a sacar este tema para que se negocie desligado de la totalidad del paquete de regeneración. Rajoy se ha dado un plazo: dos meses para que las medidas sean aprobadas, por lo que la decisión sobre este asunto de la reforma electoral debería tomarse en las próximas semanas.

EH Bildu es el único partido que ha planteado propuestas a la subcomisión del Congreso para la reforma de la ley electoral

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