Coronavirus

El PP utiliza las residencias como ariete político donde es oposición y se pone de perfil donde gobierna

Una cuidadora ayuda a comer a una mujer mayor en la residencia Casablanca, en el barrio madrileño de Villaverde.

El Partido Popular está aplicando un doble rasero a la hora de responder a la crisis del covid-19 en función de si los gobiernos regionales están o no bajo sus siglas. Así, en los últimos días se ha puesto de manifiesto cómo los conservadores presionan con el drama de las residencias en las comunidades donde están en la oposición mientras marcan distancias o esquivan el debate donde gobiernan.

Las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias de los centros de mayores, están reactivando estos días la actividad de sus cámaras legislativas, en muchos casos de forma telemática. Y la situación de las residencias es uno de los temas clave del debate político.

Solicitud de comisiones de investigación sobre la relación de esta pandemia con los mayores ingresados en residencias, acusaciones de ocultación de datos, de falta de recursos y de mala gestión forman parte de la respuesta de los conservadores donde no son ellos quienes tienen la responsabilidad de gobernar.

Los conservadores asturianos anunciaron este lunes el registro, por parte del Grupo Parlamentario Popular en la Junta General del Principado, de la petición de creación de una Comisión de Investigación "de manera inmediata" sobre la gestión del coronavirus en las residencias de mayores de esta comunidad autónoma. El presidente autonómico es el socialista Adrián Barbón.

La portavoz del PP, Teresa Mallada, justificó la decisión ante el "oscurantismo" con el que, a su juicio, el Gobierno está gestionando esta crisis sanitaria.

Según la información difundida por el PP en el Parlamento asturiano, "más de la mitad de las víctimas provienen de estos centros". "Hay 80 fallecidos en residencias de mayores, de un total de 149 fallecidos por coronavirus en Asturias", puede leerse en la nota. El PP sostiene que el total de fallecidos en residencias de ancianos en esta región, 50 pertenecen a la red pública (ERA). "En las residencias privadas tomaron medidas por su cuenta antes de decretarse el estado de alarma". Pero "el Principado actuó tarde".

En el PP asturiano cree que la situación que atraviesan las personas mayores en toda la red de residencias de mayores eran "en parte evitables" pese a que "es donde más vidas humanas se están perdiendo". 

Este martes, el Gobierno asturiano advirtió a siete residencias privadas que el incumplimiento injustificado del envío de datos sobre la incidencia del covid-19 conllevará sanciones.

La "desdichada gestión" de Vara en Extremadura

En la línea que otros dirigentes del PP mantienen hacia el Gobierno central, el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, acusó este martes a la Junta, en manos de socialista Guillermo Fernández Vara, de no rendir bien cuentas sobre el número de fallecidos en residencias. Según sostuvo, el Gobierno regional está silenciando que en la Residencia Asistida de Mayores El Cuartillo (Cáceres) han fallecido ya más de 40 mayores, además de negarse a aportar información sobre los residentes a los familiares de los ocupantes de estos centro. El Cuartillo es una residencia de titularidad pública para las que la gestión ha sido "desdichada", en palabras de Monago.

Según señaló el dirigente conservador, los más de 40 mayores fallecidos en este centro de Cáceres son más que todos los que han fallecido por el virus en las áreas de salud de Badajoz y Mérida. "Ha quedado acreditado que no se hicieron bien las cosas", sentenció.

El PP extremeño también ha denunciado que la Mesa de la Asamblea de Extremadura, "con el rodillo socialista de su mayoría absoluta", impide que Vara comparezca en la próxima reunión de la Diputación Permanente.

No será hasta el 23 de abril cuando el presidente extremeño comparezca para rendir cuendas de la gestión que el Gobierno regional ha hecho de la crisis del coronavirus.

Muy crítico también con la gestión del Gobierno regional se ha mostrado en los últimos días el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. El pasado fin de semana, el PP castellanomanchego informó de las "conclusiones" de una serie de reuniones que su presidente había mantenido los días previos con alcaldes y portavoces de la formación en la región. Una de las exigencias que desde el PP se lanzó al socialista Emiliano García Page fue la de que solicite ayuda al Ejército para que colabore con el personal de las residencias de mayores.

Según informó el partido, Núñez defendió que los alcaldes de la región están trabajando desde su posición para ayudar a las residencias, "pero que la falta de personal es importante". Además de solicitar "test masivos", exigió "conocer los protocolos que ha dictado la Junta en las residencias, así como el triaje y cómo se lleva a cabo la atención sanitaria". "Los datos de fallecimientos son estremecedores y dramáticos y habrá que modificar los protocolos porque no están funcionando", añaden.

Y mientras, en Madrid...

Las críticas de la oposición y la estrategia del PP nacional demandando controles al Gobierno central en el Congreso han sido claves para que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicite comparecer en la Asamblea de Madrid. Está prevista la convocatoria de un pleno de la Cámara madrileña para el próximo día 23 y la idea de la presidenta de la región más golpeada por la pandemia es dedicar una sesión parlamentaria de forma exclusiva al covid-19 en el mes de mayo. Una especie de debate sobre el estado de la región pero con la pandemia como tema dominante.

En Madrid el drama de las residencias ha tensado hasta la relación entre PP y Ciudadanos, socios en el Gobierno regional. El pasado 27 de marzo, la Consejería de Sanidad asumió el control de estos centros para el cuidado de mayores, lo que supuso que su consejero, Enrique Ruiz Escudero, del Partido Popular, se que quedase con parte de las competencias de Alberto Reyero, el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. Sobre este, cuota de Ciudadanos en el Gobierno regional, recaía hasta el momento la gestión de las residencias. 

Más de 2.800 muertes en residencias

Este martes compareció en la Comisión de Sanidad, de forma telemática, el consejero Ruiz Escudero. Los grupos de la oposición fueron críticos con la gestión de la crisis sanitaria por parte del Ejecutivo regional y exigieron información sobre los centros de mayores. Desde Unidas Podemos, su portavoz en la comisión, Vanessa Lillo, calificó este drama como "la cara más cruel de esta pandemia, el producto de la política privatizadora más voraz".

La pandemia del covid-19 golpea con mayor dureza a los mayores de 65 años. Por ello, las residencias son uno de los principales focos de contagio y de expansión del virus, además de concentrar un altísimo porcentaje de muertes. El virus ha puesto de manifiesto las debilidades de un sector dominado por las privatizaciones, falto de recuros y en el que dominan los sueldos precarios. El Gobierno central ya ha avanzado que una de las urgencias, cuando la pandemia esté controlada, será abordar con seridad las carencias de este sector para hacerlo menos endeble de cara al futuro. 

En la comparecencia, el consejero confirmó 6.568 muertes en hospitales de la Comunidad y 2.820 en residencias con pruebas de diagnóstico PCR positiva2.820 en residencias o sospecha de ello. No obstante, advirtió de que este último dato "seguro que va a ser mayor" porque hay "un decalaje" entre el momento en el que se produce la muerte en el centro residencial y la confirma Sanidad Mortuoria, informa Europa Press.

De momento, no se ha hablado de la posibilidad de poner en marcha una comisión de investigación sobre esta cuestión en la Asamblea de Madrid.

El BNG pide comisión de investigación en Galicia

En Galicia, el BNG ha avanzado que pedirá una comisión de investigación sobre las residencias. Esta es la única comunidad en la que gobierna el PP con mayoría absoluta. Alberto Núñez Feijóo está a la espera del levantamiento del estado de alarma para retomar la convocatoria de las elecciones autonómicas, convocadas en principio para el cinco de abril.

Preguntado por este asunto, el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero,  consideró que ahora toca combatir el virus y que una vez "superada" la crisis sanitaria, los socialistas exigirán "todas las medidas de investigación" que vean oportunas. "Habrá que investigar que pasó y la Xunta tendrá que cambiar su modelo de política social", señaló. Y lamentó que desde que Feijóo gobierna, el modelo de residencias de la Comunidad "se basa más en lo privado", lo que ha tenido consecuencias para el sistema.

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