Ayuso se queda sola con Vox: ningún presidente del PP la sigue en su cruzada educativa contra el Gobierno

El Ejecutivo madrileño presidido por Isabel Díaz Ayuso está librando una batalla con el Gobierno central en materia educativa que parece no tener fin. Su objetivo es tratar de boicotear la aplicación de la nueva normativa estatal, conocida como ley Celaá por el nombre de la ministra que se encargó de impulsarla. Como parte de esta estrategia, el gobierno regional ha aprobado una ley dirigida a blindar la escuela concertada, otra para ampliar la vigencia de los conciertos educativos en la región hasta los diez años y ha amenazado con censurar libros de texto por su "contenido sanchista", tales como "conciencia democrática", "emergencia climática" o "centralización". 

Sin embargo, su estrategia no está dando los frutos esperados ya que en las últimas dos semanas ha recibido dos varapalos judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pese a ello, el Gobierno de Ayuso ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo el currículo de bachillerato por su supuesta "carga ideológica". Una decisión que no han secundado el resto de gobiernos autonómicos liderados por el Partido Popular (Andalucía, Murcia, Castilla y León y Galicia). "Soy presidenta de Madrid por encima del PP", defendió en rueda de prensa. La secretaria general de los conservadores, Cuca Gamarra, aseguró que en el partido "compartían" la "inquietud" de Ayuso, pero ciñó cualquier tipo de acción al ámbito de competencia de las autonomías.

La dirigente conservadora sigue así la estela de Vox. El pasado año, tras aprobarse la ley, el grupo ultraderechista presentó un recurso de inconstitucionalidad contra varios aspectos de la norma, entre ellos prohibición de financiar con fondos públicos a los colegios que segregan por sexo, es decir, que utilizan aulas separadas para niños y niñas. Se trata de un 'modus operandi' que sí aplica el PP en la Comunidad de Madrid. En solo una década, los fondos públicos que el Ejecutivo regional ha otorgado a los centros que basan su modelo educativo en esta segregación por sexos casi se ha duplicado.

El resto de regiones gobernadas por el PP ha optado por el silencio y, por el momento, no planean presentar ningún recurso. Descartan así formar un frente común autonómico como sí realizaron a principios de este año con el reparto de los fondos de la Unión Europea. Ayuso trató de quitarle importancia en declaraciones a la prensa: "El PP respeta que cada comunidad autónoma tome sus propias decisiones en asuntos de sus propias competencias", señaló. Y añadió: "La representación de todos los ciudadanos madrileños trasciende a las siglas de los partidos".

Ayuso sí encuentra apoyo a sus denuncias en Vox. Este mismo jueves la portavoz de la formación ultra en la Asamblea, Rocío Monasterio, le ha pedido a la presidenta madrileña que "sea valiente", "proteja a sus niños" y "derogue los artículos que permiten el adoctrinamiento en los colegios de la Comunidad de Madrid": "Sabe que la apoyamos en eso. Pero ahora que se ha dado cuenta de que existe el adoctrinamiento, sea coherente y ejecute asuntos que sí son de su competencia". En su réplica, la presidenta madrileña se ha limitado a decir que Vox se sube "al carro" y quiere protagonizar "el noticiero de la semana" para estar en el foco mediático.

Ayuso elimina conceptos como "diversidad familiar" y lo sustituye por "familias"

Este miércoles el Ejecutivo madrileño también ha anunciado que eliminará del currículo de educación infantil el objetivo de que en esa etapa se contribuya al "descubrimiento de la sexualidad" de los alumnos. Esa decisión, se une a la de la de reescribir expresiones que no son del agrado del equipo de Isabel Díaz Ayuso como "diversidad familiar" por "familias", los "andamiajes e interacciones de calidad" por "relaciones" y el "relato" por "historia". El Gobierno autonómico tiene derecho a decidir el 40% del contenido del currículo de cada etapa educativa.

Los argumentos dados por el Gobierno presidido por Ayuso van en la línea de las pronuncias por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y líder de Vox en esta Comunidad, Juan García-Gallardo, al decir que el Ejecutivo de Sánchez "pervierte a los niños" con una "educación sexual que califican de completa, a una edad impropia". "¿Por qué están tan obsesionados con enseñarles prácticas sexuales a los niños?", prosiguió el vicepresidente, tras afirmar que los niños de seis años no necesitan saber "posturas sexuales, el sexo no binario, el sexo fluido, el mediopensionista...".

No se trata de un argumento nuevo en Europa. El partido nacional-católico Ley y Justicia, el aliado polaco de Vox, liderado por Jaroslaw Kaczynski, también prohibió por ley la educación sexual en los colegios. El proyecto se titulaba ¡Alto a la pedofilia!, una denominación muy acorde con el tipo de conceptos que emplea la ultraderecha para criticar estos contenidos y sobre los que pretende verter una connotación que es, directamente, falsa. Pero sus defensores la justificaron por la supuesta necesidad de "proteger a los niños contra la promoción de las relaciones sexuales entre menores de edad". El Gobierno propuso incluso penar la enseñanza sexual con hasta cinco años de cárcel. 

Sin embargo, según el texto aprobado por el Gobierno de Sánchez, esta es la edad "en la que se produce el descubrimiento de la sexualidad y se inicia la construcción de género. También en este aspecto, es el momento de acompañar a cada niño o niña en su propio desarrollo personal, respetando la diversidad afectivo-sexual y ayudándole a identificar y eliminar toda discriminación".

Las asociaciones especializadas en infancia recomiendan esta educación

Esta exposición coincide con lo que plantean desde hace años asociaciones como Save the Children. Defienden que se hace necesario impartir en todos los ámbitos (educativo, familiar y sanitario) contenidos de educación afectivo-sexual para prevenir y combatir la violencia sexual que sufre la infancia y la adolescencia, a raíz de los últimos casos que tienen a los menores como protagonistas. Según el informe Ojos que no quieren ver de la propia organización, la educación afectivo-sexual desde edades tempranas ayudaría a reducir a la mitad los casos.

La organización recuerda la necesidad de impartir en las escuelas educación afectivo sexual, tal y como recoge la Ley de Educación y la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), que enseñe a niños y niñas, siempre de forma adaptada a su etapa educativa, conceptos necesarios para detectar la violencia o el abuso como son el consentimiento, la autonomía del cuerpo, el desarrollo de las emociones o la creación de relaciones igualitarias. A su juicio, esta educación no debe quedarse solo en el ámbito escolar, sino también extrapolarla a otros ámbitos, como el familiar y sanitario.

La educación: ¿chivo expiatorio, receta mágica o política estratégica?

Ver más

A finales del año 2004, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el Programa Mundial para la educación en derechos humanos, que se puso en marcha un año más tarde y que, todavía hoy, continúa vigente. En el año 2010, el Relator Especial sobre el Derecho a la Educación la ONU ya señaló que "el derecho a la educación sexual integral es parte del derecho de las personas a ser educadas en derechos humanos". Se puso en marcha a través de un "documento base" que asegura que "la educación en la esfera de los derechos humanos es un proceso a largo plazo que se prolonga durante toda la vida". 

Actualmente el programa se encuentra en el desarrollo de la cuarta, que comenzó, otra vez, con la aprobación de una resolución que reafirmó "el llamamiento que hizo la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993". Un llamamiento que consistió en resaltar y recordar a los distintos Estados "la importancia de incorporar el tema de los derechos humanos en los programas educativos".

Cinco años después de que se pusiera en marcha el programa de la ONU, el Consejo de Europa dictó una recomendación en el mismo sentido a los Estados miembros. A lo largo de 32 páginas, el organismo europeo insistió en la necesidad de respetar la diversidad sexual y la educación en estos valores. "Los Estados deberían abordar la cuestión de la orientación sexual y la identidad de género de manera respetuosa y objetiva en los programas de estudio o en las clases de salud y educación sexual, por ejemplo, y establecer programas de formación y actividades de apoyo y orientación para los maestros".