El PP se parapetará en el Senado para intentar torpedear un futuro Gobierno de Sánchez
El Partido Popular quiere convertir al Senado en una de sus trincheras contra el Gobierno si Pedro Sánchez logra sacar adelante su investidura. La Cámara Alta reparte un número fijo de senadores independientemente del tamaño (cuatro, en el caso de las provincias peninsulares), beneficiando de manera clara a la formación más votada. En cada circunscripción salen elegidos los cuatro candidatos más votados, que suelen ser 2-2 o 3-1 para PP o PSOE.
Con el resultado del 23J en mano, los conservadores han pasado de tener 83 a 120 sillones, del total de 208 senadores electos. A esta cifra se le tienen que sumar los 58 que designarán los parlamentos autonómicos, por lo que el PP superará previsiblemente la mayoría absoluta. Aunque el Senado no tiene poder de vetar las iniciativas que salen aprobadas del Congreso, sí puede retrasar su aprobación, algo que jugará en contra de un Gobierno que, previsiblemente, tendrá difícil articular mayorías en el Congreso.
No es la primera vez que el PP plantea esta estrategia. Sucedió en 2018, cuando el líder socialista llegó a La Moncloa tras una moción de censura, y los conservadores, entre otras maniobras, vetaron la senda de estabilidad (el déficit y la deuda pública). Como norma general, cuando la Cámara Alta impone su veto a una iniciativa que le llega del Congreso, la Cámara Baja puede levantarlo con el apoyo de la mayoría absoluta de los diputados o por mayoría simple transcurridos dos meses de la fecha del veto. Solo los decretos, que requieren únicamente ser ratificados en el Congreso, podrían evitar estos retrasos.
El veto al techo de gasto
La aprobación de la senda de estabilidad en el Congreso y en el Senado es el paso previo a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Lo que se hace es fijar los objetivos en términos de capacidad o necesidad de financiación y de deuda pública, tanto de la Administración general como de las comunidades autónomas, corporaciones locales y de la Seguridad Social. Si el PP veta los nuevos objetivos de estabilidad la consecuencia no será un bloqueo presupuestario sino el mantenimiento de los límites actuales, es decir, el Gobierno no podría reducir el gasto o aumentar los ingresos.
Si el PP optase por vetar el techo de gasto, las comunidades autónomas también se verían afectadas y hay doce de ellas lideradas por los de Alberto Núñez Feijóo. La senda de estabilidad fija los objetivos de déficit de las autonomías y el nivel de deuda que pueden alcanzar, por lo que no los conservadores podrían salir perjudicados si decidieran tirar para atrás esta partida y el Ejecutivo tendría más margen para negociar.
La capacidad de veto del Senado en los objetivos de estabilidad no siempre ha existido: el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en minoría en el Senado entre 2004 y 2011, cambió la norma para evitar el plácet de las dos Cámaras. Con la redacción de una nueva ley en 2012 aprobada por Mariano Rajoy –la que está ahora mismo en vigor– se volvió al método anterior. En esta legislatura, en la que el PSOE tenía mayoría sólida, presentó una proposición de ley para eliminar este requisito, pero quedó en un cajón hasta que decayó con el adelanto electoral.
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El PP también ha amagado ya con utilizar las comisiones de investigación contra Sánchez. Así lo trasladó la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso durante una rueda de prensa celebrada el miércoles, en la que dijo que el PP activaría este mecanismo para tener "información real" que sobre "cuestiones que han estado ocultas" a los españoles, como los pactos con Otegi o "los golpistas catalanes". "El sanchismo ha utilizado las Cortes a su antojo", afirmó.
La creación de estas comisiones está supeditada a la mayoría parlamentaria, lo que suele beneficiar al partido más votada. Una vez creada es la propia mayoría la que controla su funcionamiento y sus eventuales acuerdos. Un ejemplo del uso partidista de estas comisiones es lo que ocurrió en el Senado en el año 2017. El PP, que contaba con mayoría en la Cámara Alta, creó una comisión de investigación sobre la financiación de todos los partidos políticos. Lo hacía en respuesta a la constitución de la comisión que se formó en el Congreso específicamente para la presunta financiación ilegal de la formación conservadora.
Además, otra de las prerrogativas del Senado es la aprobación del artículo 155 de la Constitución. Al ser una Cámara de representación territorial, le corresponde según la Carta Magna autorizar la puesta en marcha de este artículo (que tiene que ser solicitado por el Gobierno). Hasta la fecha solo se ha aprobado en una ocasión, en el año 2017, cuando el expresident Carles Puigdemont declaró la independencia de Cataluña de manera unilateral tras la celebración de la consulta del 1-O.
