Memoria histórica

Los Presupuestos para la memoria histórica: 25,2 millones con Zapatero y ni un euro desde 2011

Los restos mortales de Francisco Franco abandonarán este jueves el Valle de los Caídos. Después de más de un año de tira y afloja en los tribunales, el Ejecutivo de Pedro Sánchez cerrará en las próximas horas una herida que lleva abierta más de cuatro décadas. Sin embargo, aún hay mucho trabajo por hacer para que llegue a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura la memoria, justicia y reparación que tanto anhelan. Queda pendiente la resignificación del complejo monumental para borrar cualquier mácula franquista de Cuelgamuros. Pero aún más importante es la localización, exhumación e identificación de las decenas de miles de asesinados cuyos restos reposan en fosas comunes esparcidas por toda la geografía española. Un trabajo que siempre ha recaído sobre los hombros de unos colectivos memorialistas que empezaron contando con ayudas económicas durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que sobreviven como pueden desde la etapa de Mariano Rajoy. Ni siquiera el Ejecutivo socialista actual ha sido capaz de recuperar, por ahora, esos fondos destinados a las víctimas.

Desde que se afianzase como líder de los socialistas en las primarias de mayo de 2017, Sánchez ha situado la memoria histórica como uno de los ejes de su discurso político. No han sido pocas las veces que el secretario general del PSOE ha acusado al PP de haber ignorado “de forma consciente” estando en el Gobierno la Ley de Memoria Histórica. “Ha demostrado no tener voluntad política; ha demostrado no volcar recursos económicos para su aplicación, tampoco tiene instrumentos de desarrollo y tampoco hay una vocación de diálogo con asociaciones y colectivos que han seguido trabajando desde la soledad y con el silencio incomprensible de la administración general del estado”, recalcó el líder de los socialistas durante un acto en el cementerio de Paterna en diciembre de 2017. Medio año después, Sánchez se sentó en la Moncloa. Fue entonces cuando se empezaron a dar algunos pasos para insuflar aire a la memoria histórica. Se creó una Dirección General, se puso en marcha el procedimiento de exhumación de Franco y se encargó un informe sobre el estado actual de las exhumaciones de fosas comunes.

Pero más de un año después de la llegada de los socialistas al Gobierno, la memoria histórica sigue todavía sin contar con un colchón económico. Los fondos que se esfumaron durante la etapa de Mariano Rajoy de las cuentas públicas, siguen desaparecidos tras el hundimiento de los Presupuestos Generales del Estado que puso sobre la mesa el Ejecutivo de Pedro Sánchez  el pasado mes de enero. Aquellas cuentas contemplaban una dotación de 15 millones de euros “para hacer efectivo el compromiso de asegurar el acceso a la verdad mediante mecanismos adecuados y eficaces que garanticen el derecho a la reparación a las víctimas del franquismo”. En concreto, para elaborar un plan anual de exhumaciones de fosas comunes, crear un Banco Nacional de ADN, reparar a las víctimas, constituir una Comisión de la Verdad, dignificar el Valle de los Caídos como “cementerio civil” o colaborar con las asociaciones de víctimas y sus familiares en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Un respaldo económico que se fue al traste con el rechazo de los presupuestos y la prórroga de los de 2018.

A pesar del fracaso de las cuentas socialistas, las asociaciones de memoria histórica han seguido presionando para que el Ejecutivo se tome en serio el asunto. De hecho, algunas de ellas recordaron el pasado mes de agosto tras su reunión con el presidente en funciones que “no es necesaria la aprobación de unos nuevos Presupuestos” para que se destinen “recursos materiales y humanos” en la búsqueda y exhumación de desaparecidos. Y esto es lo que se comenzará a hacer antes de finalice el año. La Dirección General de Memoria Histórica ya ha puesto en marcha un plan de choque que incluye la adjudicación de contratos menores para abrir 13 fosas comunes y exhumar a sus víctimas, siendo el importe máximo de cada una de estas licitaciones de 15.000 euros –en total, el gasto ascenderá a 195.000 euros–, según informa El País. Será la primera vez desde 2011 que el Ejecutivo central destina fondos para rescatar a víctimas de la Guerra Civil de las fosas comunes en las que llevan décadas olvidadas. Sin embargo, por la proximidad de las elecciones, algunos colectivos como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica tachan la medida de electoralista.

25,2 millones de euros con Zapatero en el Gobierno

Los fondos destinados a la memoria histórica se aprobaron por primera vez a raíz del Real Decreto 1891/2004, que establecía la creación de una comisión interministerial para analizar la situación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Este órgano, que debía funcionar con los medios personales y materiales adscritos al Ministerio de Presidencia, tenía entre sus funciones el “estudio de carácter general de los derechos reconocidos” a las víctimas de la contienda y a los “perseguidos y represaliados” por el régimen dictatorial, elaborando un informe sobre el estado de la cuestión. Además, estaba concebida también para estudiar las condiciones “que permitan el acceso a los archivos públicos y privados que resulten necesarios para llevar a cabo la finalidad perseguida” y para elaborar un anteproyecto de ley “en el que se regulen las medidas necesarias para ofrecer un adecuado reconocimiento y satisfacción moral a las víctimas”. Al calor de este Real Decreto, durante las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero se liberaron fondos públicos por un total de 25,2 millones de euros.

La primera vez que se contempló una partida para la memoria histórica fue en los Presupuestos Generales del Estado de 2006: 2 millones de euros. Con cargo a dicha aplicación presupuestaria el Ejecutivo socialista concedió ayudas públicas a casi medio centenar de asociaciones diferentes para llevar a cabo proyectos de todo tipo. Así, por ejemplo, se concedieron a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 180.000 euros para desarrollar exhumaciones en varias provincias. Para abrir fosas también recibieron fondos la Agrupación de Familiares de Fusilados de Marrupe, la Asociación Pozos de Caudé o la Coordinadora Provincial por la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos. Pero no solo eso. Con las ayudas procedentes de Presidencia también se financiaron actos de homenaje, jornadas, monumentos y memoriales, exposiciones, publicaciones o documentales, como por ejemplo uno centrado en la represión en León, para el que se concedieron 50.000 euros a la Asociación de Estudios sobre la Represión en León.

En los Presupuestos Generales del Estado de 2007, que coincidieron con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, la partida en las cuentas públicas se incrementó hasta los 3 millones de euros. De nuevo, una parte de ese dinero se dedicó vía subvenciones a apoyar varios proyectos de exhumación que pusieron sobre la mesa los colectivos memorialistas, como la fosa de La Puebla de Cazalla (Sevilla) –40.000 euros para la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia– o la fosa común nº1 de Alcañizo (Toledo), para la que se concedieron 24.200 euros al particular Antonio Otero Bueno. Con estos fondos, además, se apoyaron algunas publicaciones, como Memorias de la guerrilla antifranquista en Huelva o Los Institutos Obreros. 1937-2007, así como exposiciones (La revolución libertaria) o proyectos audiovisuales (documental El Olvido). Incluso se concedieron 53.979 euros a la entidad Amical Mathausen para organizar un viaje con estudiantes y sus profesores a diferentes campos de concentración.

En 2008 y 2009, la partida presupuestaria apoyada en el Real Decreto 1891/2004 aumentó hasta los 4 millones de euros anuales, concediendo más de un centenar de ayudas diferentes durante el primer ejercicio y más de dos centenares durante el segundo para llevar a cabo más proyectos de exhumación –en lugares como León, Burgos o Segovia, entre otros–, trabajos para la localización de fosas comunes o, incluso, estudios biográficos como el de Amos Salvador Carreras, ministro del primer Gobierno del Frente Popular. Pero las más importantes de las legislaturas de Zapatero fueron las de 2010 y 2011: 5,97 y 6,25 millones de euros, respectivamente. Con cargo a esas dos partidas, se apoyaron vía subvenciones prospecciones geofísicas, como la de Filmasub Sociedad Cultural en el ámbito de la batalla del Ebro –30.000 euros–, así como congresos, jornadas y diversos estudios, como el de los sumarios-expedientes de los consejos de guerra incoados a ciudadanos cordobeses entre 1937 y 1945. También se dio respaldo económico a identificaciones de ADN, proyectos para recopilar testimonios y, por supuesto, a las exhumaciones de fosas.

Cero céntimos con Rajoy

Pero con la llegada de las elecciones generales y la mayoría absoluta del PP, el apoyo del Gobierno a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo se esfumó. No pilló a nadie por sorpresa. De hecho, el nuevo presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ya lo había avisado en una entrevista con 20 Minutos unos años antes: “Yo eliminaría todos los artículos de la Ley de Memoria Histórica que hablan de dar dinero público para recuperar el pasado. No daría ni un solo euro público a esos efectos”. El líder conservador cumplió lo prometido. En los Presupuestos Generales del Estado de 2012, las primeras cuentas públicas elaboradas por el nuevo Gobierno del PP, la partida destinada a “toda clase de gastos derivados de las propuestas de la Comisión Interministerial creada por Real Decreto 1891/2004” se recortó un 60%: 2,5 millones de euros. Y en las cuentas elaboradas desde entonces, no se ha destinado ni un solo céntimo a la materia, lo que ha obligado a los colectivos que memorialistas a tener que subsistir con la ayuda de comunidades autónomas y entidades privadas.

Ni siquiera los 2,5 millones de euros recogidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 fueron repartidos entre las asociaciones. “El Ministerio de Presidencia ha acordado (…) proponer al Ministerio de Hacienda la aplicación de la no disponibilidad de 1,62 millones de euros en su totalidad al subconcepto 25.02.912O.483 ‘Para toda clase de gastos derivados de las propuestas de la Comisión Interministerial creada por el Real Decreto 1891/2004”, explicó el Gobierno conservador en octubre de 2012 al diputado de CiU Pere Macias i Arnau. Algo que también descacó, un año después, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón: “Es cierto que las medidas de contención del gasto público han obligado a declarar la no disponibilidad de créditos para las asociaciones, pero desde 2006 estas asociaciones han recibido 25 millones de euros. También es cierto que las actividades de localización y exhumación de gran importancia pudieron llevarse a cabo hasta 2011”.

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