Congreso de los Diputados

PSOE e IU acusan al PP de romper el acuerdo de 2010 sobre las vacaciones parlamentarias

Mariano Rajoy y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el pasado 27 de diciembre de 2013 en la Moncloa.

Este enero, el pleno del Congreso estará abierto, como máximo, dos días. Sólo habrá una sesión este mes, que se celebrará el miércoles 22 y, si así lo quiere el PP, se prolongará hasta el jueves 23. Y también, sólo si así lo quiere el PP, habrá control al Gobierno. A esa apertura del hemiciclo se sumarán, probablemente, dos reuniones de la Diputación Permanente –en la tercera y cuarta semana del mes–, el órgano que componen 52 diputados (y otros tantos suplentes) y que sustituye al pleno en el periodo de vacaciones parlamentarias. Habrá que ver si además se convocan las comisiones. La Cámara baja funcionará muy a bajo gas en el primer mes del año, lo que para PSOE e Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) supone un "incumplimiento" por parte del PP del acuerdo parlamentario al que llegaron todos los grupos en marzo de 2010. 

En aquel año, con una España crujida tras dos años de crisis, abundaron las fotos de un Congreso semivacío, se llenaron páginas y minutos de radio y televisión sobre la "vagancia" de los parlamentarios, todo ello calentado por los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que situaron a la clase política como tercera preocupación de los españoles. El entonces presidente del Senado, Javier Rojo, y después el jefe del Congreso, José Bono, ambos socialistas, consiguieron trenzar con todos los grupos un pacto unánime para celebrar sesiones plenarias en enero y en julio, dejando agosto únicamente como mes de asueto. En el caso de la Cámara baja, el acuerdo incluyó convocar cuatro plenos extraordinarios más al año: uno en enero, dos en julio y otro más en la primera semana de febrero, que tradicionalmente carecía de actividad. En las cuatro habría control al Gobierno y tendrían tres días de duración, como en las de los periodos ordinarios. O sea, preguntas e interpelaciones de los diputados, una cuestión en la que había insistido especialmente el Grupo Popular.

Todo ello fue posible sin tocar una coma de la Constitución y de los reglamentos de las Cámaras, y gracias al acuerdo político. La Carta Magna establece, en su artículo 73, en la línea de otras leyes fundamentales, que las Cortes se reúnen anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones: de febrero a junio y de septiembre a diciembre, así que enero, julio y agosto son, constitucionalmente, periodos inhábiles. 

Tras la formalización del acuerdo, han tenido lugar seis plenos extraordinarios con control al Ejecutivo: 21 de julio de 2010, 26 de enero de 2011, el 13 y 20 de julio de 2011 y, ya en esta legislatura, con el PP en el poder, el 18 de julio de 2012 y el 30 de enero de 2013. El pasado julio ya se oyeron las quejas de la oposición por la cancelación de la sesión de control y la consiguiente "huida" del presidente del Gobierno, lo que impidió que diera explicaciones por el caso Bárcenas, entonces en plena ebullición. El PP alegó que el orden del día de los plenos de julio se concertó en junio, sin que nadie se opusiera. El desenlace es conocido: tras la amenaza de moción de censura por parte del PSOE –solemnizada justo después de que El Mundo publicara los mensajes de SMS intercambiados entre Mariano Rajoy y Luis Bárcenas–, el jefe del Ejecutivo compareció de forma extraordinaria el 1 de agosto, donde reconoció que haber confiado en su extesorero había sido un error y adelantó que no dimitiría. En aquellos días, la Cámara culpó al PP de haber roto el acuerdo "unánime" de 2010. 

Para explicar la cumbre europea y convalidar decretos

Ahora, los dos principales grupos de izquierda se ven venir la misma estrategia. El jueves pasado, 2 de enero, la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, reclamó hasta tres plenos extraordinarios este mes: uno de control, con preguntas e interpelaciones; otro para el debate y votación de su proposición no de ley para la retirada "inmediata" de la Ley del Aborto, y un tercero para la discusión de una comisión de investigación sobre la gestión del PP en Caja Madrid. 

Desde el PP replicó José Antonio Bermúdez de Castro, portavoz adjunto del grupo. No habrá tres plenos, sino uno, el del 22 de enero, cuyo orden del día fijará poco antes la Junta de Portavoces. En ese pleno, según aseguraron fuentes parlamentarias a este diario, Rajoy dará explicaciones de la última cumbre europea y, ese día o al siguiente, podría celebrarse el debate de convalidación de varios reales decretos leyes –reestructuración del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), subida de la luz del 2,3% en el primer trimestre de 2014...–. Haya o no pleno sobre la iniciativa del aborto del PSOE, lo cierto es que parte de esa discusión se adelantará en la Diputación Permanente de mediados de mes, ya que se pondrán sobre la mesa las comparecencias de varios ministros pedidas por varios grupos. El primer pleno ordinario se celebrará, previsiblemente, en la semana del 4, 5 y 6 de febrero. 

El PP rechaza "alimentar" la polémica

"Ya en 2010 se acordó que los plenos extraordinarios de enero y julio tendrían carácter ordinario, con mociones y proposiciones de los grupos, control al Gobierno y tramitación legislativa. Y el PP nos dijo que no. Ahora no parece que quieran meter el control y volverán a incumplir el acuerdo. Pero lo volveremos a pedir. El Gobierno pensará que pudiendo no ir, haciendo uso de su mayoría absoluta, para qué va a ir", protesta Rodríguez. Gaspar Llamazares, portavoz de la Comisión de Justicia de Izquierda Plural, considera "claramente incumplido" el acuerdo de 2010. "El PP va a la mínima. Hace de su capa un sayo y hace tabla rasa de los acuerdos anteriores. Claro que patalearemos y seguiremos denunciando que el Parlamento no puede quedar amordazado", remacha.

Los conservadores rehusaron "alimentar" la polémica y se ciñeron a las palabras de Bermúdez de Castro y pidieron no adelantar conclusiones, porque que haya o no control "aún no está decidido" y "todo dependerá" de lo que quiera el Gobierno. "Pero que no diga Soraya [Rodríguez] que no va a haber ningún pleno en enero, porque ya se cerró que habría uno el 22 de enero el mes pasado, y Soraya estaba en aquella reunión de la Junta de Portavoces", indicaron. En el PP niega que se incumpliera el trato en julio pasado. "No hubo control –resaltaron fuentes oficiales del grupo–, pero sí una comparecencia monográfica del presidente", la del 1 de agosto citada. 

De cualquier modo, el Congreso funcionará al ralentí en el primer mes del año, un hecho que no ayuda a mejorar la imagen de la institución y de sus inquilinos, los diputados, cuyo sueldo –3.684,43 euros brutos un parlamentario de Madrid y 4.637,73 euros si es de fuera de la capital–, aparte del tijeretazo de 2010, sigue congelado por sexto año consecutivo. Y si no hay control en enero, supondrá que Rajoy y su Gobierno no pisan la Cámara para someterse al escrutinio de la oposición durante 49 días: desde el 18 de diciembre hasta el 5 de febrero. 

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