Bienestar social
El PSOE propone derogar la ley que permite privatizar hospitales
Es una ley corta, de un sólo artículo, y aprobada en 1997, menos de un año después de la llegada de José María Aznar al Gobierno. Pero esta ley, la 15/1997, es la que permitió abrir la veda de la privatización de los centros sanitarios. La que sirvió de coartada al PP para impulsar recientemente la externalización de seis hospitales en la Comunidad de Madrid, recurrida ante el Tribunal Constitucional. Una ley que el PSOE propone el PSOE formalmente derogar en cuanto regrese al Ejecutivo.
La voluntad de los socialistas se refleja en el documento Ganarse el bienestar. Recuperar los valores del modelo social europeo, que este domingo se someterá a debate en Albacete, en la quinta convención temática que organiza el partido en el camino hacia su Conferencia Política de octubre, llamada a regenerar el proyecto ideológico. El texto, de 66 páginas, desarrolla dos aspectos básicos: la consolidación del cuarto pilar del Estado del bienestar (dependencia y servicios sociales) y la preservación de un sistema sanitario "público" basado en la "universalidad, igualdad, solidaridad y cohesión social". La reflexión parte de la constatación del crecimiento de la pobreza, la exclusión social y la desigualdad a causa de la crisis, la profundidad de los "recortes" del Gobierno de Mariano Rajoy y la "clara intención privatizadora" de sus políticas.
La derogación de la ley 15/1997 es, sin duda, uno de los puntos estrella del documento. La norma fue aprobada por el Ejecutivo del PP, aunque entonces contó con los votos a favor del PSOE. En aquel momento, en la sanción definitiva del proyecto del Gobierno, los socialistas incluso subrayaban que con la redacción consensuada final se cerraba "el paso a la privatización de la sanidad". El tiempo acabaría demostrando, para los socialistas, lo contrario. De hecho, en la pasada legislatura, cuando todavía ocupaba la Moncloa José Luis Rodríguez Zapatero, se tomó en consideración la proposición de ley de IU para la derogación de la 15/1997. Corría el año 2009 y la portavoz socialista, Pilar Grande, ya denunciaba que los conservadores, en las comunidades en las que gobernaban, estaban promocionando fórmulas de gestión indirecta de centros sanitarios que "retuercen, estrujan, estiran como un chicle y llevan al límite" la ley. Pero la propuesta de IU cayó en el olvido y no acabó su tramitación.
Poner en orden la "maraña" creada por la derecha
En esta legislatura, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) volvió a la carga. El PSOE volvió a apoyar al diputado Gaspar Llamazares. Pero la nueva mayoría parlamentaria, en manos del PP, tumbó la iniciativa, en septiembre de 2012.
Justo después llegó el anuncio de la Comunidad de Madrid de la privatización de seis hospitales y 27 centros de atención primarias. Y la aprobación a finales del año pasado pese a las numerosas protestas de los profesionales sanitarios. Mareas blancas que no se han disipado tampoco este año. El PSOE recurrió la externalización ante el TC porque suponía el "desmantelamiento" de la sanidad pública en Madrid y advirtió de que si llegaba al Gobierno revertiría el proceso privatizador.
El PSOE formaliza su compromiso en el documento que llevará a Albacete este sábado, cuya coordinación ha recaído en la secretaria federal de Política Social, la exministra de Sanidad Trinidad Jiménez, y en el diputado José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad de 2005 a 2011. "Frente a las políticas de privatización desarrolladas por el PP, vamos a promover revertir las decisiones de privatización de la gestión adoptadas bajo estas fórmulas mediante una ley de buen gobierno y gestión del Sistema Nacional de Salud que procederá a derogar también la ley 15/1997", señala el texto.
Los socialistas apuntan que es preciso suprimir la norma "utilizada fraudulentamente" por el PP "en Valencia y Madrid para privatizar no sólo la gestión sanitaria, sino el mismo aseguramiento de poblaciones enteras". Los socialistas juzgan necesario, alega el documento, que se ponga orden "en la actual maraña creada por la derecha en materia de colaboración público/privada y hacer que esta colaboración se someta a criterios de complementariedad, transparencia, exigencias estrictas de garantías de calidad y control, así como una evaluación pública periódica".
Clara "determinación" desprivatizadora
La pregunta es si la desprivatización será posible, habida cuenta de los contratos de concesión firmados por las Administraciones públicas. Porque ese proceso no viene detallado en el texto. Fuentes socialistas aseguraron que sí: "Si hay voluntad y determinación para revertir las privatizaciones, y el PSOE la tiene, las compañías lo entienden y lo saben", por la amenaza de pérdida de negocio.
Otra de las propuestas clave del documento es el aumento de recursos. El objetivo del PSOE es "llegar a invertir en sanidad pública un 7% del PIB en el horizonte de dos legislaturas". Ahora, indican fuentes del partido, si se compilan los datos oficiales y se suman los presupuestos en sanidad del ministerio, de las comunidades autónomas y de lo que el Gobierno central destina en Ceuta y Melilla (que no tienen la competencia transferida), el total da "unos 53.000 millones de euros" más otros "7.000 millones de deuda a proveedores". "No llegamos a los 60.000 millones de euros. En España nos movemos en una inversión en estos momentos en sanidad de un 5,5%-5,7% del PIB", aseguraba uno de los participantes de la redacción del texto. En 2011, cuando el PSOE salió de la Moncloa, la cantidad era algo mayor, 70.000 millones de euros, un 6,5% del PIB.
La media europea está en el 8%, pero la comparación, añadió este dirigente, hay que tomarla con cautela, porque en otros países se gasta más por la provisión privada y los salarios de los profesionales. "Aquí la inversión ha sido menor y en cambio es uno de los mejores sistemas del mundo. Hay que gastar lo que necesitamos para que el sistema siga siendo público, de calidad y equitativo".
Blindaje en la Constitución
Documento 'Ganarse el bienestar' del PSOE (borrador del 18/06/2013)
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Fuera de la sanidad, otro de los puntos medulares de la reforma del PSOE es la "extensión paulatina y extraordinaria de la prestación por desempleo" con programas que combinen "acciones de recualificación, orientación e inserción laboral" con ayudas económicas. Los socialistas desean que el programa Prepara, del que se benefician los parados sin prestación, debe alcanzar a "todos los desempleados con experiencia laboral previa". Además, se articularía de forma distinta: hoy en día se cobra por un máximo de seis meses. El PSOE plantea que se perciba la ayuda por periodos de seis meses interrumpidos durante otros seis meses y por un total de tres años. Los parados con cargas familiares "deben poder volver a participar en los programas de apoyo" pasado el tiempo de interrupción de la percepción.
La derogación de la 15/1997, el aumento del gasto en sanidad y el cambio de la prestación por desempleo son dos de los ejes de la propuesta socialista, que pretende "reivindicar, defender y consolidar el modelo social europeo" y los avances conseguidos en España. El PSOE se arroga la autoría de las normas que cimentaron el "Estado del bienestar en España" y recuerda que su enfoque es distinto al del PP, que ve las políticas sociales no "como una carga", sino como una "inversión" que genera bienestar, riqueza y empleo. Entre otras propuestas, destacan las siguientes:
- Blindaje del Sistema Público de Servicios Sociales en la Constitución. Alfredo Pérez Rubalcaba ya lo ha indicado en varias ocasiones: hay que retocar la Carta Magna para salvar las políticas sociales de los recortes.
- También se propone incluir en la Constitución "el derecho a la protección de la salud y la cobertura del sistema sanitario público como un derecho cívico igual para todos los ciudadanos"
- En dependencia, "profundizar por el camino de la gestión de casos". Es decir, que la actuación se centre en las "personas concretas", en los afectados y en sus familiares, reforzando su capacidad de decisón. El PSOE quiere que se garantice la "aplicación homogénea en intensidades y velocidades de implantanción en todo el Estado" de la ley. Hasta ahora, la aplicación de la norma ha sido muy desigual, en función de cada comunidad y del color de su Gobierno.
- Configurar un catálogo de "prestaciones mínimas garantizadas" para todos los ciudadanos.
- Asegurar un sistema de financiación garantista por parte de las Administraciones públicas.
- Coordinar el Sistema Público de Servicios Sociales, el cuarto pilar del Estado del bienestar, con el Sistema de Salud. El criterio "básico" de organización del primero debe ser la "proximidad", que de ello se encargue en primera instancia la Administración local.
- Creación "urgente" de un fondo de emergencia contra la pobreza y la exclusión social, dotado con 1.000 millones de euros. Medida ya planteada desde abril por Rubalcaba.
- Recuperación de la cobertura universal de la atención sanitaria, sin que esté sujeta a ningún seguro ni aportación.
- Derogación del real decreto ley 16/2012, el que supuso el recorte de la cobertura sanitaria y el que aumentó el copago farmacéutico.
- Eliminación de los "copagos que generan barreras de acceso para pensionistas y pacientes crónicos".
- Aprobación de una ley de buen gobierno y gestión del Sistema Nacional de Salud para impulsar "la autonomía de gestión y el fomento de la gestión clínica, la introducción de órganos colegiados de gobierno" y la "profesionalización" de estos, para que no quepan criterios "políticos". Los socialistas también inciden en la transparencia, de tal manera que el usuario disponga de los datos del sistema y de cada centro.
- Única cartera común de servicios para toda la ciudadanía.
- Creación de un Instituto de Calidad y Excelencia Clínica, a imagen y semejanza del NICE británico. Se trataría de un organismo profesional encargado de revisar la eficiencia de la cartera de servicios y de asegurar la incorporación de la innovación científica. Hoy en día, la definición de la cartera de servicios depende del Gobierno central.
- Desarrollo de una tarjeta sanitaria común, de tal forma que los pacientes se puedan mover sin problemas por las comunidades autónomas.
- Promulgación de una Ley de Muerte Digna. Una tarea pendiente de la anterior legislatura. No se trata, sin embargo, del reconocimiento de la eutanasia.
- Rendición de cuentas de los responsables de los servicios públicos de salud ante la ciudadanía.
