Participación ciudadana

PSOE, Unidos Podemos y Cs pactan limitar mandatos y celebrar primarias en todos los partidos

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en una imagen de archivo.

Los tres principales partidos de la oposición unen fuerzas para mejorar la democracia interna de las formaciones políticas. PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han acordado el texto de un documento conjunto al que ha tenido acceso infoLibre y en el que proponen establecer como obligatorias las elecciones primarias para elegir a los candidatos de los partidos a la Presidencia del Gobierno, así como a las presidencias autonómicas y a las alcaldías de los municipios más poblados. De igual forma, los tres partidos plantean poner un tope al número de años que los dirigentes de las formaciones políticas pueden desempeñar cargos internos.

PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han pactado la redacción del informe en la subcomisión de Régimen y Financiación de los Partidos, dependiente de la Comisión de la Calidad Democrática del Congreso. El documento –que no tiene carácter vinculante pero sí una fuerte carga política– será aprobado este miércoles por esa comisión, y en él se hace hincapié en que es necesaria una actualización de la regulación del funcionamiento de los partidos después de años en los que las formaciones han tenido manga ancha para gestionarse internamente a su gusto.

Por ello, los tres principales partidos de la oposición proponen en ese informe introducir la obligación legal de que todas las formaciones deban celebrar primarias para escoger "al menos" a sus candidatos a las presidencias autonómicas, a la Presidencia del Gobierno y a las alcaldías de los municipios que superen un determinado número de habitantes, que no se concreta. La ley, apunta el texto, debería garantizar que en estas primarias pudiera haber una competición real entre candidatos prohibiendo, por ejemplo, que se exija un número excesivo de avales que termine impidiendo concurrir a los aspirantes no bendecidos por el aparato del partido.

También debería fijarse legislativamente, señala el informe, que en estos procesos de primarias obligatorios los ingresos recibidos por cada candidato tengan el mismo tratamiento que las donaciones recibidas por el partido, unos ingresos que fiscaliza anualmente el Tribunal de Cuentas. Asimismo, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos proponen que los partidos puedan sufragar al menos una parte de sus procesos de primarias mediante subvenciones públicas, como ocurre en las elecciones.

El documento propone otras dos medidas legales para mejorar la democracia interna de los partidos: fijar un periodo máximo de tiempo entre congreso y congreso de las formaciones políticas y limitar el número de años que una misma persona puede desempeñar un cargo interno en su organización. En la actualidad, de los cuatro grandes partidos solo Podemos y el PSOE aplican la limitación interna de mandatos: la formación morada a ocho años –ampliables a doce si así lo decide la cúpula del partido– y los socialistas a tres mandatos consecutivos, salvo las excepciones que determine la ejecutiva.

La financiación de los partidos, a examen

PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos también abordan la reforma de la financiación de los partidos y, en particular, de sus fundaciones, que a su juicio deben tener las mismas limitaciones que las formaciones políticas a la hora de recibir donaciones y también las mismas obligaciones contables que ellas. En este sentido, las fundaciones y entidades vinculadas deberían –según la propuesta– remitir anualmente al Tribunal de Cuentas un informe detallado de toda su actividad en el que se incluyera expresamente una relación de las donaciones recibidas y también información sobre los intercambios monetarios entre la fundación y el partido al que esté vinculada.

Igualmente, el informe propone que los partidos tengan que informar trimestralmente al Tribunal de Cuentas de todas las aportaciones privadas recibidas, todos los créditos bancarios suscritos y los acuerdos que se hayan alcanzado con las entidades pare renegociar deudas. El documento también establece que todos los organismos públicos que otorguen ayudas a los partidos tengan la obligación de comunicar al Tribunal de Cuentas la cuantía, el origen del dinero y el destinatario concreto que las recibe. Y también se plantea la idea de que estas ayudas públicas pudieran incrementarse en función del nivel de cumplimiento de objetivos como el equilibrio de género en las listas y los órganos internos del partido, la limitación de mandatos internos e institucionales o la implantación de sistemas de participación para la militancia.

Los tres principales partidos de la oposición también hacen propuestas en su informe para regular los nuevos métodos de financiación de los partidos, concretamente los microcréditos utilizados por Podemos para financiar sus campañas electorales y el crowdfundingque utiliza la formación morada y que también usó el líder del PSOE, Pedro Sánchez, antes de las primarias del año pasado. El documento plantea la necesidad de que la ley establezca que las microdonaciones no son donaciones finalistas al partido, algo prohibido, y se propone regular expresamente el funcionamiento de los microcréditos –que, a diferencia del crowdfunding, se devuelven a los prestamistas– adaptándolos a las reglas generales que se siguen con los créditos bancarios a los partidos.

El Código Penal y el Tribunal de Cuentas

Asimismo, el informe también plantea reformar el Código Penal y, concretamente, endurecer el delito de financiación irregular de los partidos. En este sentido, se propone rebajar significativamente la cuantía mínima de financiación ilegal a partir de la cual se pueden imponer penas de prisión, y tipificar como delito la manipulación de cuentas anuales de un partido. De igual forma, el documento plantea la necesidad de que los partidos que se hayan financiado ilegalmente a través de la corrupción de sus cargos públicos u orgánicos sean considerados responsables patrimonialmente de los actos, para evitar que el dinero desfalcado no se recupere.

Por último, los partidos proponen reformar el Tribunal de Cuentas para que asuma nuevas competencias a la hora de fiscalizar a los partidos, y reforzar los recursos de la institución para evitar que los informes sobre las cuentas de los partidos sean publicados con años de retraso, como ocurre en la actualidad. En este sentido, y aunque no se ofrecen más detalles al respecto, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos plantean otorgar una mayor capacidad sancionadora al Tribunal de Cuentas y permitirle, por ejemplo, retener las subvenciones públicas a los partidos que no le hayan remitido sus cuentas.

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