Es uno de los muchos logos que se ven en la cancha o en la sala de prensa del Polideportivo Pisuerga, la casa del UEMC Baloncesto Valladolid. Y hubo una época en la que ocupaba un lugar privilegiado en las camisetas del equipo filial. Se trata de Clínica Sur. Una de las marcas con las que opera CMD Salud, un pequeño grupo empresarial que cuenta con más de un centenar de empleados y que se ha quedado desde la pandemia con la mitad del negocio sanitario que ha florecido alrededor de las cárceles españolas. Desde hace años faltan médicos en los centros. Y el Ministerio del Interior está recurriendo a la sanidad privada para cubrir la asistencia de los internos.
Desde la pandemia y hasta finales del pasado diciembre, las direcciones de al menos 17 cárceles, según los datos recopilados por infoLibre a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, habían adjudicado a distintas compañías sanitarias contratos por más de 1,1 millones de euros para que se hicieran cargo de la atención primaria de los presos. Las adjudicaciones incluidas en la factura se limitaban a aquellas centradas en proporcionar a los reos la asistencia sanitaria más básica, dejando fuera las que giraban alrededor de especialidades, las que no establecen una cuantía total por el servicio –fijan precio por hora–, las que se cancelaron por incumplimiento de contrato o los servicios médicos puntuales que por su cuantía se tramitan como contratos menores.
El conglomerado vallisoletano se ha hecho en el último lustro con, al menos, una docena de estos contratos por un total de 510.178,28 euros. El grupo se ha encargado de prestar, por ejemplo, asistencia sanitaria a los reclusos del Centro Penitenciario de A Lama, con más de un millar de celdas. En la Plataforma de Contratación figuran dos adjudicaciones en 2022, otra en 2023 y una cuarta en 2024. Contratos adjudicados por un total de 169.251,06 euros. Como adjudicataria, la sociedad Acció Salut SL.
Constituida en julio de 2006, esta empresa, que forma parte del conglomerado CMD Salud –de hecho, el administrador único de la misma es CMD Salud Castilla y León SL–, cerró 2024 con 46 empleados y una cifra de negocio de 1,8 millones de euros, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Además de en la prisión pontevedresa, a esta sociedad también se le adjudicó en 2023 un contrato por 43.819,78 euros para dar servicio de atención primaria a los internos del Centro Penitenciario Alicante Cumplimiento.
En los dos años posteriores, esas labores en este último centro las asumió CMD Salud Castilla y León, a la que en 2024 se adjudicó un contrato de 43.222,12 y en 2025 otro de 50.182,53. En sus últimas cuentas, esta sociedad refleja 21 empleados y una cifra de negocio de 777.853,11 euros. Y, además de los contratos en la cárcel de Alicante, también le han adjudicado trabajos similares en la palentina prisión de Dueñas o en la madrileña de Soto del Real por un montante total de 84.950,82 euros.
Esta sociedad figura asimismo como administradora única de otra de las empresas del grupo: CMD Salud Calidad Integral. Esta firma, que cerró 2024 con 79 empleados en plantilla y facturando 3,1 millones de euros, ha recibido tres contratos para la asistencia sanitaria básica de los reclusos en el último lustro. El más reciente, del año pasado y centrado en la cárcel de Mallorca, está valorado en 41.389 euros. En 2023 recibió uno de 50.245,8 euros para prestar sus servicios en la prisión de Zaragoza. Y en 2022, otro de 27.116,25 euros para el centro penitenciario de Cuenca.
De Quirón Prevención a Medical Service JIM
El resto de adjudicaciones para cubrir las necesidades sanitarias básicas de los reclusos en estos últimos años se los han ido repartiendo distintas empresas o médicos de forma autónoma. Dentro del primer grupo destaca, por ejemplo, Medical Service JIM, contratado recientemente para prestar servicio en la cárcel de Málaga II o Córdoba, a la que en 2021 también ofreció sus servicios Quirón Prevención, sobre la que en los últimos tiempos se ha puesto el foco a raíz de los negocios mantenidos con el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En la lista figuran, del mismo modo, Ansalu Onuba, contratada para la cárcel de Huelva. O Altiplano Salud y Gestión Sanitaria Tressalud, contratados por poco más de 50.000 euros cada una para dar servicio a la prisión de Villena y Valdemoro, respectivamente. Y Emergencias 360 SL, con quien hace solo unos meses rompió contrato la dirección del Centro Penitenciario Puerto III. "El servicio dejó de prestarse a mediados del mes de agosto, el médico dejó de acudir al centro aduciendo que la empresa no le pagaba la nómina", reza la propuesta de resolución de contrato del pasado mes de noviembre, que resalta que la ausencia de facultativo, "que no fue sustituida", generó "un riesgo" para la "salud y seguridad de la población reclusa".
Es uno de los muchos logos que se ven en la cancha o en la sala de prensa del Polideportivo Pisuerga, la casa del UEMC Baloncesto Valladolid. Y hubo una época en la que ocupaba un lugar privilegiado en las camisetas del equipo filial. Se trata de Clínica Sur. Una de las marcas con las que opera CMD Salud, un pequeño grupo empresarial que cuenta con más de un centenar de empleados y que se ha quedado desde la pandemia con la mitad del negocio sanitario que ha florecido alrededor de las cárceles españolas. Desde hace años faltan médicos en los centros. Y el Ministerio del Interior está recurriendo a la sanidad privada para cubrir la asistencia de los internos.