LAS NUEVAS MEDIDAS ANTICRISIS

Feijóo cree que "el Gobierno acierta al copiar al PP" y CCOO dice que las medidas "van en buena dirección"

El presidente del Gobierno de España , Pedro Sánchez

infoLibre

Tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del nuevo paquete de medidas para hacer frente al alza de la inflación derivada de la guerra en Ucrania, las reacciones no se han hecho esperar. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al líder del Ejecutivo de "copiar" las medidas del PP tras el "varapalo" de las elecciones de Andalucía de este mes.

En cuenta de Twitter, el líder del PP ha destacado que "el Gobierno acierta al copiar las medidas del Partido Popular en el Consejo de Ministros para bajar el IVA de la luz y ayudar a los vulnerables", pero ha lamentado en que "se equivoca en no ir más allá". Por ello, Feijóo ha pedido al Gobierno ajustar el IRPF a rentas medias y bajas, reducir el gasto del Gobierno "más caro de la historia" y trabajar para suspender el impuesto de hidrocarburos y que "baje así el precio de la gasolina tal y como propusimos".

Satisfacción en sus socios de coalición

Unidas Podemos ha mostrado su satisfacción al lograr que una parte importante de sus reivindicaciones se incluyan en el nuevo decreto anticrisis, tras una negociación con el PSOE cerrada in extremis y donde los tiempos se han llevado al límite. De esta forma, el socio minoritario de la coalición aprecia un decreto más ambicioso que el articulado a finales de marzo y ve plasmado varios de sus planteamientos, como alargar el grueso de las medidas a finales de año, en lugar de una prórroga trimestral, con mejoras como la reducción del transporte público, un cheque ayuda a las personas con menos ingresos y, sobre todo, destacan fuentes del espacio, el compromiso de aplicar un impuesto extraordinario a las eléctricas.

Los principales líderes del espacio han destacado las mejoras introducidas en el decreto, aprobado este sábado en el Consejo de Ministros tras una prolongada negociación durante una semana entre las dos ramas de la coalición, que se ha cerrado este mismo sábado. Por ejemplo, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha defendido que el decreto es una "herramienta sólida" para frenar la subida de los precios, ejemplifica que el Gobierno de coalición está "determinado a seguir al lado" de la gente y garantiza que continuará trabajando con el presidente, Pedro Sánchez, para ampliar la protección de la ciudadanía.

A su vez, la titular de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha señalado que las mejoras conseguidas revelan la capacidad del Ejecutivo para proteger a las clases populares cuando PSOE y su espacio trabajan "codo a codo". Además, ha proclamado que con "más Gobierno y más coalición" serán "más fuertes" para continuar impulsando mejoras sociales.

También el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha reivindicado su papel de para potenciar el decreto, dado que sin su presencia no estarían las principales medidas del decreto. "¿Nos habría gustado bajar el abono transporte a 10€? Sí. ¿Nosotros habríamos aprobado un cheque de 300€ y no de 200€? Sí. ¿Querríamos que el impuesto a las eléctricas empezara ya? Sí. Pero, sin nuestra presión, no habría ni bajada en el abono, ni cheque ayuda, ni impuesto", ha reivindicado en redes.

Por otro lado, el secretario de Estado para la Agenda 2030 y líder del PCE, Enrique Santiago, ha señalado que su espacio ha conseguido "importantísimas medidas", que es para lo que están en el Gobierno con la importantísima ayuda de 200 euros todos los meses para personas con ingresos de hasta 14.000 euros, o el futuro impuesto a los beneficios de las eléctricas. "Esa es nuestra tarea en el Gobierno de España", ha explicado el también dirigente de IU.

CCOO cree que las medidas del Gobierno "van en buena dirección"

Comisiones Obreras cree que las nuevas medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno "van en buena dirección", si bien está a expensas de la concreción de las medidas fiscales, las cuales ha pedido que vayan "más allá de las referidas a las empresas energéticas". En concreto, el sindicato ha calificado de "razonable" la vigencia de las medidas hasta final del año y ha tildado de "relevante" la cuantía de 9.000 millones de euros, así como ha destacado la "sensibilidad social" que demuestra el Ejecutivo de coalición con estas acciones.

CCOO ha aplaudido así el incremento de las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital, al tiempo que ha valorado la medida "paliativa y temporal" del bono de 200 euros de ayuda directa, del que espera aún conocer los detalles. Además, ha celebrado la disminución del IVA de la electricidad del 10% al 5% ya que aliviará la carga de consumo en los hogares, si bien ha advertido de que esta "debería ir acompañada de medidas efectivas de control de precios para evitar que en un plazo breve de tiempo quede absorbida por un incremento de los mismos".

CCOO ha puntualizado que este tipo de medidas son "válidas en un contexto de emergencia como el actual, pero no deben consolidar la idea de la necesidad de una bajada generalizada de impuestos".

Además, el sindicato ha destacado especialmente las medidas para el fomento del transporte público con la reducción de los bonos y ha demandado a las comunidades autónomas y administraciones locales que contribuyan a este punto con "un esfuerzo adicional, en precio y en despliegue de vehículos, unidades y medios de transporte público".

Por último, ha situado como favorable el impuesto que gravará los beneficios de las grandes empresas energéticas, una medida de la que, no obstante, quiere una "concreción inmediata". "El Gobierno debería utilizar también estas y otras medidas con el objetivo de condicionar la resistencia empresarial a abordar un pacto de rentas equilibrado en el que todas las fuentes de renta contribuyan a abordar las tensiones inflacionistas apoyadas en potentes medidas de política pública, sin volver a presionar de manera exclusiva sobre los salarios", ha añadido CCOO.

Madrid critica que la rebaja de los abonos transporte nace "sin diálogo ni garantías"

Desde la Comunidad de Madrid, en manos del PP, el consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, ha criticado la decisión de aprobar un paquete de rebajas para el transporte público y ha denunciado que el fondo aprobado para las tarifas invade competencias autonómicas y no ha sido consensuado con ellos. Pérez ha calificado que la medida aprobada es "conyutural, un parche, que no sirve para intentar frenar la escalada de precios desde su raíz".

Asimismo, ha añadido que son unas medidas que "no van a servir ni para controlar dicha escalada" ni para "aliviar la situación de la economía de las familias españolas". Desde el Gobierno regional creen que la reducción de las tarifas aprobadas en un 50% supondría que las comunidades autónomas tendrán que incrementar los impuestos para poder financiar esa rebaja.

El consejero ha recordado que el transporte público madrileño se encuentra "fuertemente bonificado" de manera íntegra por la Comunidad de Madrid en "más de un 60%" y que los usuarios "apenas pagaron un 40% en 2019, y un 30% en 2021 de media del coste del servicio".

David Pérez ha asegurado que lo aprobado por el Gobierno de la Nación "nace sin diálogo ni garantías financieras" y va dirigida a "condicionar" a todas las administraciones prestadores del servicio de transporte para que sus tarifas "se vean reducidas al margen de cualquier criterio profesional, presupuestario o racional".

En este sentido, ha reprochado que no se les haya solicitado desde el Gobierno ningún tipo de datos o criterios que pudieran servir de base para la adopción de la medida aprobada, además de la, según ellos, "ocasión perdida" por parte de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España, Raquel Sánchez, de convocar por primera vez la sectorial de transportes donde "se podía haber planteado" la medida.

También, Pérez ha criticado que estas medidas pueden afectar de manera "directa" en los usuarios que poseen abonos de carácter anual que ya "han sido pagados", o bien, por la exclusión de los títulos de viaje sencillos o de un único uso, que en algunos prestadores de servicios "son muy importantes". "Ya está bien que hagan anuncios y propaganda y luego quien acaba pagando son las comunidades autónomas, exigimos seriedad, lealtad, dialogo y los fondos necesarios para aplicar cualquier medida que afecta a todas las finanzas de las comunidades autónomas", ha añadido.

Desde el Ejecutivo Autonómico apuestan por la creación de bonos sociales o bonificaciones teniendo en cuenta la renta de los ciudadanos y aplicándose no solo a las tarifas del transporte público sino con carácter general. Además de que el "abaratamiento" del transporte público supone una medida "muy parcial" para fomentar su uso".

Barcelona aplaude la rebaja en el transporte público: "Es el camino a seguir"

En cambio, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha aplaudido la reducción del 50% en todos los abonos de empresas de transporte estatal: "Este es el camino a seguir". Lo ha dicho en un comunicado después del anuncio de Sánchez.

Colau ha explicado que a finales de marzo ella misma propuso esta medida "de sentido común" al Gobierno y a la Generalitat para paliar el impacto de la inflación, y que fue rechazada tanto por la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, como por el Ejecutivo de Pere Aragonès. "Ahora el Gobierno rectifica y yo me alegro: sería una incoherencia subvencionar la gasolina del vehículo privado y no ayudar a quien emplea el transporte más sostenible", ha añadido.

Ha dicho que "ahora solo falta que la Generalitat se sume y que a partir del 1 de septiembre tanto metro, bus como los trenes de Rodalies tengan esa reducción del 50%, tal y como está haciendo Alemania hace semanas". Ha destacado que medidas como esta permiten lograr que la lucha contra el cambio climático vaya de la mano de la justicia social, "ayudando a quienes más lo necesitan".

Cs: "El Gobierno sólo ofrece electoralismo"

El vicesecretario general de Ciudadanos (Cs) y portavoz nacional, Edmundo Bal, ha criticado al Gobierno por "ofrecer electoralismo disparando el gasto público" con las nuevas medidas anticrisis. "Ni bajada de impuestos ambiciosa a las clases medias, ni apuesta por las nucleares, ni recorte de gasto superfluo, ni ayudas al tejido productivo que mantiene y genera empleo", ha afeado Bal en una publicación en su perfil de Twitter.

"Hoy el Gobierno sólo ofrece electoralismo disparando el gasto público sin explicar quién paga la fiesta", ha añadido, junto a una noticia sobre el nuevo paquete de medidas.

El BNG ve positivas "algunas medidas" del nuevo plan aunque cree que son "tardías"

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha considerado positivas "algunas medidas" del nuevo plan anticrisis del Gobierno. Así, ha valorado como positivas medidas como la prórroga de las que ya figuraban en el Real Decreto Ley anterior y la inclusión de otras nuevas como el incremento del 15% de las pensiones no contributivas, la ayuda extraordinaria de 200 euros para personas con bajos ingresos, el anuncio de la bajada del IVA de la electricidad o el nuevo impuesto a los beneficios extraordinarios de las eléctricas.

Pese a esto, considera que estas medidas "serán insuficientes" para controlar la escalada de precios y "proteger a las clases populares" si el Gobierno "no establece un tope al precio de la electricidad y de los carburantes en el mercado final". Además, cree que también se quedarán cortas "si no se aborda una modificación profunda en la regulación del sistema eléctrico que elimine el mercado marginalista y si no puede recoger la excepción gallega, es decir, una tarifa eléctrica gallega".

Sobre la bajada del IVA de la electricidad al 5%, el diputado nacionalista ha reivindicado que el BNG "lleva dos años reclamando que se reduzca al tipo súper reducido del 4%, por tratarse la electricidad de un bien esencial" y que "se compense con un impuesto a las grandes empresas, particularmente a las energéticas y de forma especial a aquellas que hacen negocio con bienes públicos como las eléctricas". En este sentido, ha valorado como "un paso positivo" que Pedro Sánchez haya anunciado este sábado un impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, pero considera que "llegará tarde" porque no entrará en vigor antes del 1 de enero de 2023.

En esta misma línea, Rego ha criticado que en el año 2021 "las tres grandes eléctricas tuvieron unos beneficios de 6.500 millones de euros y las cinco principales energéticas del Ibex 35 unos lucros que superaron los 10.000 millones de euros". Por eso, considera que la decisión del Gobierno es "tardía" y sospecha que se hace "pensando en cómo no enfadar excesivamente a personajes como Sánchez Galán y no en cómo beneficiar a las mayorías sociales".

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