El final de ETA

La reclasificación de dos exmiembros de ETA desata una ofensiva del PP y Cs contra el acercamiento de presos al País Vasco

Manifestación a favor del acercamiento de los presos de ETA en Bilbao.

Fernando Varela

La reclasificación al tercer grado penitenciario de los presos de ETA Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo y, como parte de esa decisión, su traslado desde la prisión de Villabona (Asturias) a la de Basauri (Bizkaia) movilizó este miércoles al PP y a Ciudadanos para denunciar, al unísono, el supuesto pago de “favores” e “hipotecas” del Gobierno al PNV y a EH Bildu por su apoyo a la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa.

Sanz y Moreno son pareja, llevan 20 años en prisión, y forman parte del grupo de reclusos que pertenecieron a ETA pero que han manifestado su arrepentimiento y que se desvincularon del colectivo de presos de la banda, según confirmaron fuentes de Interior.

Ambos fueron detenidos en 1998 en el barrio bilbaíno de Zorroza y condenados en 2002 por la Audiencia Nacional a 71 años de cárcel Sanz y a 74 años Moreno, junto a otros 14 miembros y colaboradores del comando Bizkaia, al ser considerados culpables de haber planificado el asesinato del exconsejero del Interior del Gobierno Vasco Juan María Atutxa o del entonces presidente del PP en el País Vasco Carlos Iturgaiz.

Tanto uno como otro, subrayan fuentes de Interior, fueron reclasificados al tercer grado —que permite la salida de prisión— a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión de Asturias, al cumplir todos los requisitos que marca la ley desde el año 2003, entre ellos haberse desvinculado de la organización terrorista, pedir perdón, colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de casos pendientes y pagar su responsabilidad civil, tal y como confirmaron a infoLibre fuentes de Interior.

El paso al tercer grado les permitirá cumplir en la prisión de Basauri la última parte de su condena teniendo sólo que acudir a la cárcel a dormir. Se trata de la situación más favorable para los presos y, según el Reglamento Penitenciario, se aplica “a los internos que, por sus circunstancias personales y penitenciarias, estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad”.

Cada seis meses, como máximo, la situación de cada preso —sea o no etarra— es estudiada de manera individualizada por la Junta de Tratamiento de cada centro. La decisión sobre su cambio de grado se eleva a continuación a la dirección general de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, que es quien la aprueba. Fuentes conocedoras de la gestión de las prisiones españolas aseguran a infoLibre que lo normal es que Interior confirme las propuestas de las Juntas, en las que lo habitual es que se imponga el criterio del equipo técnico, especialmente el psicólogo y el educador.

Fuentes consultadas por Europa Press sostienen que Olga Sanz escribió el pasado mes de marzo una carta muy similar a la de otros arrepentidos en la que pidió perdón por el daño que había causado, lo asumió y pidió “disculpas”. “Lo lamento sinceramente”, escribió. Además, se puso a disposición de la Justicia a fin de “facilitar información para esclarecer algún delito si fuera necesario”, si tuviera información, y se comprometió a hacer frente a su responsabilidad civil. Esta carta le permitió disfrutar de permisos y, más adelante, obtuvo el tercer grado. Su pareja estaba trabajando en el economato de la prisión asturiana, uno de los puestos a los que han accedido otros reclusos de ETA arrepentidos como Valentín Lasarte o Iñaki Rekarte, en la actualidad excarcelados tras cumplir condena.

Covite critica al PP y avala al Gobierno

La dura reacción de la derecha —PP y Ciudadanos— contrasta con la de Covite, una de las organizaciones que representan a las víctimas del terrorismo. Su presidenta, Consuelo Ordóñez, confirmó que el paso al tercer grado de Sanz y Moreno y su traslado a Basauri es “absolutamente legal”, y lo atribuyó además a la Administración del PP —fuentes de Interior aseguran que la decisión sobre uno de ellos se tomó siendo Rajoy presidente y la que afectó al otro tuvo lugar ya con Sánchez en la Moncloa—.

Ordóñez se mostró crítica con el PP, al que acusó de querer hacer “oposición” con esta cuestión cuando el Gobierno de Rajoy ya “tenía pactado con el PNV los acercamientos, sin condición ninguna, y la transferencia de prisiones”. Covite, precisó, no se niega a que se acerque a los reclusos, pero exige que quienes sean trasladados “renieguen” de ETA.

Ordóñez corroboró que Sanz Martín y Moreno Ramajo “han cumplido toda la legalidad”, tal y como le confirmó personalmente, dijo, el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro: se han arrepentido, han pedido perdón, han asumido las responsabilidades civiles y se han comprometido a colaborar con la Justicia.

En este caso, reiteró, el colectivo que preside “no tiene nada que decir” porque ha comprobado “que efectivamente es un tercer grado, cumpliendo todos los requisitos”, y por tanto, estos reclusos tenían que ser trasladados a cárceles cercanas a sus domicilios. “Es la ley”, subrayó.

La presidenta de Covite se ha puesto en contacto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para trasladarle su postura. "Si repudian a ETA, ganamos todos. Nunca nos hemos opuesto a los acercamientos siempre que se cumplan los requisitos que los propios Gobiernos han establecido", subrayado. Por ello, ha asegurado el Ejecutivo tendrá "todo su apoyo", si exige a los reclusos que repudien a la banda para acercarles de forma individual.

Si el PP insiste en “hacer oposición” al Gobierno de Sánchez con este tema, Covite no hará “seguidismo”, advirtió. “Menudo año que nos ha hecho pasar el Gobierno del PP. Ellos tenían ya pactado con el PNV los acercamientos, sin condición ninguna, y la transferencia de prisiones”. Los populares “podrán decir misa” y “las barbaridades” que quieran, “pero a nosotros no nos engaña nadie ni nos manipula”, concluyó.

Iturgaiz dice que no le pidieron perdón

Esta vez, sin embargo, poco importó a la derecha la posición de Covite. A la cabeza las críticas de la derecha se puso el eurodiputado vasco del PP Carlos Iturgaiz, que remitió este miércoles una carta al ministro de Interior en la que le traslada su malestar por el hecho de que se haya concedido el tercer grado a Sanz y a Moreno por que a él no le han pedido perdón por haber intentado matarle.

Iturgaiz enmarca la reclasificación de ambos presos en un proceso de “debilitamiento de la lucha contra ETA que inició” el expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero con la intención de “premiar a los verdugos”. Y que ahora, a su juicio, sigue Pedro Sánchez.

El malestar de Iturgaiz guarda relación directa con las informaciones que aseguran que el paso al tercer grado ha sido decidido por la Junta de Tratamiento de la cárcel teniendo en cuenta, entre otras razones, que ambos pidieron perdón a sus víctimas. “En calidad de tal permítame recordarle e informarle, a los efectos oportunos, que ninguno de ellos se ha puesto en contacto conmigo a tal efecto”, subraya el eurodiputado del PP. “Todo ello forma parte del peaje que este Gobierno debe pagar a sus apoyos nacionalistas e independentistas”, concluye Iturgaiz.

PP y Ciudadanos, también en este caso, volvieron a competir por encabezar la protesta. En nombre del partido de Pablo Casado habló el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido para decir que el pase al tercer grado de estos dos presos no es “justo”, falta a la “memoria” y “dignidad” de las víctimas y sólo obedece a la voluntad del Gobierno de “pagar favores” al PNV. En la misma línea, la vicesecretaria de Comunicación del PP, Marta González, calificó la decisión de la Junta de Tratamiento de Villabona de ser el “rédito” del PNV por su apoyo en la moción de censura.

La reacción de Ciudadanos fue asumida por su secretario general en el Congreso, Miguel Gutiérrez. El partido de Albert Rivera cree que la reclasificación de ambos presos obedece a “las hipotecas” que adquirió Pedro Sánchez con el PNV y EH Bildu a cambio de sus apoyos en la moción de censura contra Mariano Rajoy. Gutiérrez acusó al Gobierno socialista de romper “de forma unilateral el consenso” en torno a la dispersión de los presos de la banda terrorista ETA. Se ha hecho, dijo, sólo para “para contentar a quienes quieren romper el Estado de derecho”.

Pese a la opinión de las víctimas y de la Junta de Tratamiento que hizo la propuesta, Ciudadanos afirma que no se reúnen las condiciones para reclasificar y trasladar al País Vasco a los dos presos porque, en su opinión, su petición de perdón no es “sincera” y no va acompañada de una colaboración para esclarecer los 379 asesinatos de la banda aún sin resolver.

La reacción de PP y Ciudadanos, que por primera vez contradice incluso la de parte de las víctimas, pone de manifiesto su voluntad de oponerse a toda costa a la decisión del Gobierno de modificar la política penitenciaria ahora que ETA ya se ha disuelto y empezar a poner fin a la política de dispersión que el Estado ha venido aplicando desde 1989.

La Ley General Penitenciaria recomienda que los presos cumplan condena lo más cerca que sea posible de sus domicilios con el objetivo de favorecer su reinserción, que de acuerdo con la Constitución en el principal objetivo de su paso por prisión. Pero permite hacer excepciones: bien porque no existen cárceles en su territorio —es lo que sucedió durante años con los presos canarios, hasta que la comunidad empezó a contar con centros penitenciarios—, porque no hay plazas libres o porque, como es el caso de los presos de ETA, el Gobierno decidió separar a los reclusos de la banda para romper el control y la disciplina que tenía sobre ellos la organización terrorista.

Tres décadas de dispersión

La dispersión se remonta 29 años atrás en el tiempo: se inició cuando gobernaba Felipe González y Enrique Múgica era el titular de Interior. El objetivo era que la separación en centros diferentes y la lejanía del País Vasco acabara reduciendo la influencia de ETA, favoreciese la disidencia interna y activara el abandono de la organización a través de la reinserción.

El alejamiento de los presos, avalado por la Justicia española en varias ocasiones, ha sido objeto de un intenso debate durante muchos años entre quienes lo han considerado un instrumento útil para debilitar a ETA y quienes sostienen que sólo ha servido para añadir a los presos una pena adicional a la que no habían sido condenados.

El objetivo oficial siempre fue debilitar a ETA y no castigar a los presos. Por eso, y una vez que la banda se ha disuelto, el Gobierno de Pedro Sánchez quiere poner fin a esta política. Fuentes de Interior aseguran a infoLibre que, en todo caso, se irán tomando decisiones de forma individualizada, estudiando caso a caso —nunca de forma colectiva— y teniendo en cuenta diferentes aspectos, como la edad de los presos, su estado de salud, el grado de cumplimiento de la pena a la que fueron condenados y, por supuesto, su distanciamiento de la desaparecida organización terrorista.

Este último aspecto será clave para que Sánchez y Marlaska conserven la credibilidad que en principio les están concediendo parte de las víctimas. La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, admite que es el Gobierno el que “tiene competencia exclusiva para decidir dónde cumplen las penas todos los presos en España y regulan qué requisitos exigen”. Pero quiere que el Ejecutivo, “en coherencia con los que su propio partido ha exigido en tiempos anteriores, [la denoominada vía Nanclares], exija a los candidatos a ser acercados a cárceles del País Vasco “un requisito fundamental: que renieguen de ETA”. “Que rechacen la banda criminal a la que ellos decidieron incorporarse para matar por un proyecto político totalitario”. “Rechazar a ETA significaría todo” para las víctimas y supondría “el inicio del camino de la reinserción”.

Ordóñez es muy consciente del juego político que se mueve en torno a su colectivo y a los presos de ETA. Por eso recuerda que “el que más [presos] acercó fue Aznar, sin ningún requisito. Luego, el Ejecutivo Rodríguez Zapatero creó la vía Nanclares, exigiendo tres requisitos, que eran el arrepentimiento, petición de perdón y asunción de responsabilidad”. Y en fechas tan reciente como 2012, ya con Mariano Rajoy en la Presidencia, el Gobierno realizó “su propio plan de reinserción individualizado”, que “requería el rechazo a la violencia y desvinculación de ETA”.

En este sentido, las cifras de presos trasladados a cárceles del País Vasco o próximas a esta comunidad y las de excarcelaciones de etarras que han quedado libres después de cumplir condena son muy elocuentes.

Los 703 presos de ETA que cumplían condena en 2011, cuando el PP de Rajoy llegó al Gobierno, se quedaron en 297 en abril de este año, cuando la banda anuncio su disolución, un 58% menos, según datos del Ministerio del Interior citados por El País. La inmensa mayoría de los que abandonaron la cárcel lo hicieron después de cumplir las penas que les fueron impuestas, sn haber disfrutado permiso alguno y habiendo permanecido bajo la calificación de primer grado penitenciario, el más duro de los previstos en la ley.

Interior no atendió este miércoles una petición de infoLibre para que facilitase una cifra actualizada de presos de ETA. La organización Etxerat, que promueve el acercamiento de los presos y sólo contabiliza aquellos que no han renegado de la organización, contabilizaba a comienzos de agosto un total de 272: de los que 218 de ellos estarían cumpliendo sus condenas en España pero fuera del País Vasco —la lista se completa con tres etarras que sí estarían en prisiones vascas, cincuenta internados en Francia y otro más en una prisión portuguesa—.

39 de ellos, siempre según los datos de Etxerat, ya han cumplido al menos 20 años de condena. Tras la puesta en libertad de Santi Arrozpide Sarasola, Santi Potros, el que más tiempo de cárcel acumula es Anton Troitiño, con 30 años. Fue condenado a 2.700 años por 22 asesinatos, entre ellos los de la plaza de la República Dominicana de Madrid, en el que ETA mató a doce guardias civiles.

La historia del acercamiento de presos al País Vasco corrobora el relato de la presidenta de la víctimas: el récord está en manos de José María Aznar, que en su primer mandato como presidente, entre 1996 y 2000, trasladó en plena actividad terrorista a 190 etarras, según datos recopilados por los medios. Fueron 33 en 1996, nada más llegar al Gobierno y en pleno secuestro de Ortega Lara; 26 en 1997, el año del asesinato de Miguel Ángel Blanco; otros 26 en 1998 y 105 en 1998, el año de la tregua durante la cual el Gobierno de Aznar intentó negociar con la banda a pesar de que la kale borroka dominaba las calles del País Vasco y continuaba la extorsión a los empresarios.

Eso sin contar la treintena de presos que accedieron al tercer grado en esos años, exactamente la reclasificación penitenciaria de Sanz y Moreno que ahora ha provocado la indignación del PP y de Ciudadanos.

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