'Operación Lezo'
El registro en la sede de la colombiana Inassa estrecha el cerco al clan de Ignacio González en Latinoamérica
El operativo español desplegado en la ciudad colombiana de Barranquilla y adelantado por infoLibre ha estrechado el cerco en torno al equipo de Ignacio González en Latinoamérica, con especial relevancia para quien durante nueve años fue allí su hombre fuerte, Edmundo Rodríguez Sobrino. El rastreo emprendido el lunes en busca de pruebas sobre los manejos en torno a Inassa, la principal filial del Canal de Isabel II, coloca también en la cuerda floja al equipo de confianza de González y Rodríguez Sobrino en el país centroamericano. Y eso incluye a sus poderosos aliados locales.
El registro de la sede de Inassa puede complicar aún más la situación del expresidente de la compañía. A Rodríguez Sobrino, preso desde abril al igual que su antiguo mentor, a quien ya acompañó a Cartagena de Indias en un viaje realizado en 2008 y grabado en vídeo por unos detectives, los investigadores del caso Lezo le señalan como la persona que diseñó la estructura opaca creada para comprar en 2013 la "hipervalorada" firma brasileña Emissao con un coste total de 31 millones de dólares. Encontrar sus propiedades en Colombia, sus cuentas y las sociedades de que haya podido valerse para ocultar allí bienes es parte del objetivo de la operación.
Aunque observadores colombianos que llevan años alertando de lo sucedido en Inassa y su subsidiaria Triple A se muestran escépticos sobre el resultado real de los registros lanzados en Barranquilla –al de Inassa, practicado este martes, le precedieron el lunes otros, estos en domicilios privados, aseguran las fuentes consultadas–, el avance de las pesquisas en España juega en favor de la causa judicial. Pese a ello, también los investigadores españoles sospechan que los implicados están moviendo fondos desde cuentas en el extranjero e intentando trasladar documentación incriminatoria.
"Los socios locales de Inassa tienen mucho recorrido, muy buenos abogados y han tenido mucho tiempo". Quien así lo sostiene es un empresario local bajo absoluta exigencia de anonimato. El principal accionista colombiano de Inassa, el segundo de la compañía tras el Canal de Isabel II, es la empresa Soluciones Latinoamericanas del Agua (Slasa). A finales de 2012, Slasa ostentaba casi el 20% de las acciones. Y quien la representaba al menos en esa fecha es Enrique Gerlein, miembro de una de las sagas familiares con mejores conexiones en el Caribe colombiano. La compra de Emissao se efectuó a través de una compañía instrumental uruguaya con tentáculos financieros y societarios en Panamá y cuyo nombre evoca el de la mercantil de Gerlein: Soluciones Andinas del Agua.
Constituida por el bufete andorrano que encabeza Ignasi Maestre, también investigado en la Operación Lezo, Soluciones Andinas del Agua solo ha operado con cuentas abiertas en el paraíso fiscal de Panamá. Entre el 26 de diciembre de ese año y el 27 de enero de 2014, a una de esas cuentas, abierta en el Helm Bank, llegaron seis millones de dólares transferidos por Inassa. De ellos, 4,4 millones fueron a su vez enviados a una cuenta suiza, teóricamente para abonar al antiguo propietario único de Emissao, el brasileño Sebastiao Cristovam, uno de los pagos pactados. El millón y medio restante se utilizó, también teóricamente –aparecen reflejados en la contabilidad- para inyectarlo como fondos propios de Emissao. En un solo mes, la cuenta panameña de Soluciones Andinas en el Helm Bank movió así 4,4 millones de dólares.
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¿Quiénes se beneficiaron realmente de esos pagos? Esa es una de las preguntas centrales cuya respuesta esperan encontrar los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desplazados a Colombia bajo las órdenes de la Fiscalía Anticorrupción y que están practicando registros en Barranquillo con apoyo de las autoridades locales. En Colombia, la investigación paralela –y complementaria de la española– ha quedado bautizada como Operación Acordeón.
En el argot financiero, una operación acordeón es aquella en la que una compañía acosada por las deudas acomete una reducción de capital para, de inmediato, ir a una ampliación. Se trata de una maniobra que permite sanear las cuentas pero que entraña riesgos para los accionistas iniciales –que su porcentaje quede diluido– y que debe quedar en todo caso debidamente justificada.
Las actas a que ha tenido acceso infoLibre constatan que Inassa efectuó, como mínimo, dos reducciones de capital y otras tantas ampliaciones. Una de las operaciones tuvo lugar entre el 28 de marzo de 2006, jornada en que la asamblea de accionistas aprobó una disminución de capital, y el 25 de julio de ese mismo año, día en que se produjo el aumento. Entre esas dos fechas Edmundo Rodríguez Sobrino accedió a la presidencia de Inassa: el 24 de abril de 2006, especifica la denuncia enviada hace un año a Anticorrupción por el Gobierno de Cristina Cifuentes. Y pasó algo más: el 23 de mayo, Inassa decidió suscribir un contrato de prestación de servicios con el bufete del propio Edmundo Rodríguez Sobrino. Averiguar quiénes autorizaron esa fórmula, también es objeto de los registros que se llevan a cabo en Barranquilla.