La semana pasada, el Ministerio de Transportes decidió prolongar su larguísimo enfrentamiento político-jurídico con la Comisión Europea en relación con la concesión de la AP-9. Una cuestión que, de tan comentada, tiende a perder el meollo del asunto: de dónde viene el contencioso y quiénes son sus protagonistas originales.
Si la UE interviene es por una denuncia de la organización de consumidores En Colectivo en 2019. El Ejecutivo comunitario abrió un expediente a España en 2021 y ha concluido en 2025 que fue ilegal la última prórroga de la concesión, la otorgada por el Gobierno del PP de José María Aznar en el año 2000, al conceder directamente a Audasa 25 años más de explotación —extendiendo la fecha de finalización del 18 de agosto de 2023 al mismo día de 2048— en lugar de convocar un concurso público. Además, lo hizo solo tres años antes de privatizar la empresa.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez se encuentra así en la tesitura de que defender ante la Comisión Europea los "intereses" del Reino de España en este contencioso supone, de facto, intentar justificar una decisión de la época de Aznar que, según el Ministerio de Transportes, "va en dirección contraria" a las "políticas de movilidad y reequilibrio territorial que defiende este Gobierno". Con su respuesta de la semana pasada, el Ministerio deja en manos de la UE la posibilidad de llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la UE con la voluntad declarada de "agotar las posibles opciones de respuesta".
La Xunta y el PP se suman a las voces a favor del rescate de la AP-9 con un matiz relevante: borrar de la escena a José María Aznar, bajo cuyo mandato el fin de la concesión pasó de 2023 a 2048, y atribuir la prórroga a Pedro Sánchez
Mientras todo esto sucede, en Galicia se multiplican las voces políticas y económicas que piden aprovechar la ocasión para rescatar la concesión y, en cualquier caso, convertir la AP-9 en una autovía. Es decir, en una vía de alta capacidad en la que los usuarios no deban pagar por circular. Con diversos matices o propuestas lo piden el BNG y el PSdeG, asociaciones de transportistas, ayuntamientos... Y también la Xunta y el PP, en su caso, con un matiz relevante: borrar de la escena a un José María Aznar que en los últimos días ha vuelto a los titulares para marcarle el camino al PP de Alberto Núñez Feijóo en su posición respecto al genocidio en Gaza.
La representación más gráfica de este intento la protagonizó hace unos días un diputado del PP en el Parlamento, habitualmente ausente de la primera línea. Roberto Rodríguez, también concejal en A Coruña y gerente del Consorcio de Bienestar en la época de Beatriz Mato como conselleira, defendió la ahora posición oficial del PP a favor del rescate mostrando un gráfico en la tribuna del Pazo do Hórreo. Se trataba de un cronograma según el cual la prórroga de Aznar duraría solo dos años, desde 2023 —cuando tendría que haber terminado la concesión si su Gobierno no la hubiera prorrogado— hasta este 2025, según el dictamen de la Comisión Europea.
La Comisión Europea declara ilegal la prórroga hasta 2048 de la concesión de la AP-9 aprobada por Aznar
De ahora en adelante, sostuvo el parlamentario, lo que está "en vigor" es "la prórroga de Sánchez". "La responsabilidad recaerá exclusivamente en el Gobierno de Pedro Sánchez y su socio, el BNG", afirmó Rodríguez en unos días en los que diversas voces del Gobierno gallego y del PP calificaron la ampliación de los peajes en la Autopista del Atlántico a causa de la prórroga como "condena" o "injusticia". Un "castigo" a Galicia, según la secretaria general del partido, Paula Prado, del que sería el único responsable el líder socialista y no Aznar, que amplió la concesión en una época en la que entre los altos cargos del Ministerio de Fomento figuraba Feijóo como presidente de Correos.
Con la ley para la transferencia de competencias sobre la autopista cogiendo polvo en el Congreso —tras ser aprobada su toma en consideración en 2024 por tercera vez, acumula más de medio centenar de prórrogas en el plazo de enmiendas—, todo apunta a que la resolución definitiva del contencioso durará años. Y que, al menos por el momento, la vía elegida por el Gobierno de España es la del aumento de las bonificaciones en los peajes hasta llegar a cubrir el 100% del coste.
Por el momento, la vía elegida por el Ejecutivo es la del aumento de las bonificaciones, que ya alcanzan el 75% y que elevan a un tercio los fondos públicos en la facturación de Audasa
Para esos descuentos, el Estado ya ha comprometido unos 2.000 millones de euros hasta el final de la concesión, aproximadamente la misma cantidad que, según los cálculos más elevados, costaría el rescate. Esas medidas, una de las bases de los pactos del BNG y el PSOE para la investidura de Sánchez, son las mismas que ya permiten rebajas de hasta el 75% en las tarifas y contribuyen de manera decisiva a que tres de cada diez euros que ingresa Audasa ya sean fondos públicos: 33 millones en los primeros seis meses de este año por las bonificaciones. Al mismo tiempo, la AP-9 vuelve a ser, por enésima vez, la gran protagonista en el debate sobre la movilidad en Galicia, eclipsando todos los demás.
La semana pasada, el Ministerio de Transportes decidió prolongar su larguísimo enfrentamiento político-jurídico con la Comisión Europea en relación con la concesión de la AP-9. Una cuestión que, de tan comentada, tiende a perder el meollo del asunto: de dónde viene el contencioso y quiénes son sus protagonistas originales.