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Choque de poderes

El rey calla en medio del pulso de la derecha política y judicial a la separación de poderes

Felipe de Borbón saluda a Alberto Núñez Feijóo el miércoles en un acto en Madrid.

Felipe de Borbón no tiene intención de mediar en el conflicto que amenaza con enfrentar a los poderes ejecutivo y legislativo (el Gobierno y las Cámaras) con el Tribunal Constitucional como consecuencia del pulso que la derecha política y judicial está echando a la separación de poderes. Ni siquiera está en su mente intervenir públicamente para frenar un conflicto que amenaza con desatar una crisis institucional sin precedentes, la más grave desde la aprobación de la Constitución de 1978.

“Debe ser el ámbito político y las instituciones referidas a quienes les corresponde resolver” esta situación, señalaron a infoLibre fuentes de la Casa del Rey después de que este diario preguntara si Felipe de Borbón está haciendo alguna gestión o alguna clase de arbitraje para resolver el conflicto entre el Congreso, el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. 

El monarca español sí decidió dar un paso al frente el 3 de octubre de 2017 y tomar posición en el enfrentamiento abierto entre la Generalitat de Catalunya y varios poderes del Estado, entre ellos el Constitucional, tres días después del referéndum ilegal de independencia cuya celebración el Gobierno de Mariano Rajoy fue incapaz de impedir. Entonces la derecha política y mediática jalearon aquel discurso y lo justificaron al amparo del artículo 56 de la Constitución, precisamente el que atribuye al monarca la función de mediación y arbitraje.

En aquel mensaje, que duró seis minutos y fue emitido en todos los canales de televisión, el rey no hizo ni una sola concesión a la búsqueda de una solución política negociada, lo que creó malestar en los partidos que están a la izquierda del PSOE y en los nacionalistas. Los socialistas, a pesar de que el monarca obvió su propuesta de que el Ejecutivo de Rajoy abriese una negociación con la Generalitat, asumieron el discurso del monarca sin matizar una coma. 

Aunque no lo citó expresamente, las duras palabras del Felipe VI aquel día allanaron el camino al Gobierno para aplicar poco después el artículo 155 de la Constitución e intervenir la autonomía catalana. 

No obstante, muchas de las críticas que recibió el monarca en aquella ocasión vinieron de quienes creen que tomó partido y renunció a jugar un papel arbitral en un conflicto que hoy, cinco años después de aquellos hechos, sigue condicionando la vida política española.

El precedente del 23F

No faltó entonces quien comparó el discurso de Felipe VI con el que pronunció 36 años antes su padre, el hoy rey emérito Juan Carlos de Borbón, en la noche del 23F. Un mensaje televisado en el que intervino para pedir a los militares que se mantuvieran fieles a la Constitución mientras un grupo de guardias civiles mantenían secuestrados en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo al Gobierno en pleno y a la totalidad de los miembros del Congreso.

El artículo 56 de la Constitución, el que abre el Título II dedicado a “la Corona”, establece como primera función de la monarquía española un poder “arbitral” sobre las instituciones: “El Rey (…) arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”. Se trata, según la interpretación que hacen los constitucionalistas españoles, de una función “muy relacionada con la idea de una magistratura suprema que represente con su personalidad la unidad abstracta del Estado”. 

Este artículo sitúa al monarca como un “poder armónico o regulador” y le atribuye “las potestades de impulso de los poderes del Estado y la resolución de conflictos entre los mismos”. Exactamente lo que está pasando en estos momentos en España en un conflicto sin precedentes que enfrenta la independencia del poder legislativo (el Congreso de los Diputados y el Senado) con otro poder del Estado como el Tribunal Constitucional.

 El rey tiene, en virtud de este artículo, capacidad para actuar “como mediador, árbitro o moderador, pero sin asumir la responsabilidad de sus actos”. Una “función arbitral” que se basa, según las mismas fuentes, “mucho más en su auctoritas, en la dignidad y prestigio de la Corona, que en un auténtico poder político —una potestas casi inexistente— otorgado por la Constitución”.

Felipe de Borbón estuvo este miércoles en un acto en Madrid en el que se entregaron los premios anuales de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y en el que coincidió con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Allí pronunció unas palabras en las que se ciñó a las víctimas del terrorismo y evitó cualquier referencia a la crisis institucional que vive España.

La agenda del rey

Este viernes visitará las instalaciones del Tercio de la Armada (TEAR) y del Tercio Sur (TERSUR) de la Fuerza de Protección, ambas bajo la dependencia de la Fuerza de Infantería de Marina, en la localidad gaditana de San Fernando. Y el lunes, el mismo día en que Tribunal Constitucional tiene previsto decidir si atiende la petición del PP para impedir al Congreso y al Senado la tramitación de la reforma de esta institución, el azar ha querido que vaya a coincidir con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la inauguración de la línea de Alta Velocidad Madrid-Murcia. Ambos compartirán varias horas de viaje en compañía de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y de los presidentes de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), y de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig (PSOE).

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Felipe VI está a poco más de una semana de enfrentar su mensaje anual de navidad, que en esta ocasión cobrará especial relevancia a la vista de la gravedad del conflicto institucional abierto en España. Hace un año esquivó por segundo vez consecutiva los escándalos de su padre. 

En su octava alocución navideña, el monarca evitó cualquier referencia directa o indirecta a las actividades del emérito, que van desde el fraude fiscal –confesado por Juan Carlos I– a la ocultación de fondos en fundaciones de las que también fue beneficiario Felipe de Borbón. Un asunto que se limitó a despachar con la ya clásica llamada genérica a "respetar y cumplir las leyes y ser ejemplo de integridad pública y moral". Fue todo lo que dijo sobre el escándalo en uno de los discursos navideños más grises que se le recuerdan. 

Una intervención de doce minutos en la que, eso sí, hizo especial hincapié en la necesidad de consensos y llamó la atención sobre el incremento del número de personas en situación de vulnerabilidad en el país a pesar del repunte económico. “El entendimiento y la colaboración son actitudes necesarias que dignifican las instituciones; más aún, las fortalecen, porque generan la confianza de los ciudadanos”, sostuvo Felipe VI. “Las diferencias de opinión” no deben “impedir consensos que garanticen una mayor estabilidad, mayor bienestar en los hogares y den la necesaria tranquilidad a las familias ante su futuro”. 

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