REFORMA ELÉCTRICA

El acuerdo con Bruselas bajará sobre un 40% la tarifa regulada de la luz con respecto a la media de 2022

La vicepresidenta y ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, atiende a los medios de comunicación tras el acuerdo de España y Portugal con la Comisión Europea.

Fumata blanca. A falta de negociar los últimos detalles, el Gobierno limitará el precio del mercado mayorista de la electricidad con el visto bueno de la Comisión Europea, tras intensas semanas de discusiones con el Ejecutivo comunitario y sin la aprobación de las grandes empresas que controlan el sector. No es la intervención ideal que tenía en mente Teresa Ribera, la ministra para la Transición Ecológica; ha sido una negociación, y en toda negociación hay que ceder. Pero, si se cumplen los plazos prometidos, a partir del miércoles 4 de mayo el 40% de los consumidores españoles sujetos a la tarifa regulada de luz (el conocido como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) disfrutarán de un descuento en el recibo que puede rondar el 40%, aunque la cifra puede aumentar o disminuir dependiendo de la letra pequeña y los factores que influyen en una casación de precios volátil y, a ratos, impredecible.

El Gobierno pretendía limitar en 30 euros/MWh el coste del gas para las centrales de ciclo combinado, que son las que marcan lo que cobran del resto de las tecnologías. Estas instalaciones recibirán una ayuda para adquirir el combustible, con cargo a los consumidores, que se compensará –en principio– con el descenso del mercado. Finalmente, se han acordado 50 euros por cada megavatio hora, pero "de media" y durante 12 meses. La restricción empezará con 40 euros el MWh pero podría subir, siempre que se respeten esos 50 euros en el promedio anual.

Gracias a ese tope, el mercado eléctrico rondará los 140 euros/MWh como máximo. Algo más si el límite al gas sube de 50 euros, y algo menos al principio, aunque Transición Ecológica no ha aclarado si la subida de ese mismo tope será gradual o atendiendo a las circunstancias del mercado. Son 90 euros menos con respecto a la media del mercado mayorista español durante 2022, de 228 euros el MWh. Teniendo en cuenta que la tarifa regulada de electricidad tiene en cuenta el resultado de la subasta, y sin tener en cuenta cargas, peajes e impuestos, el recibo se abaratará en torno a un 40% con respecto a ese promedio del año actual.

Las ventajas para el consumidor, tanto doméstico como industrial, que tiene contratos de electricidad sujetos a la subasta diaria serán mayores cuando el gas tenga que entrar en la generación, encareciendo el resultado, y menores cuando la eólica y la fotovoltaica tiren hacia abajo del mercado mayorista, como ha pasado durante varios días de abril. Pero el beneficio será notable e inmediato, promete el Gobierno, a partir del 6 de mayo –si da tiempo a llevar la reforma al próximo Consejo de Ministros– y hasta mayo del año que viene, incluyendo el próximo invierno.

Como ha explicado la ministra Ribera en rueda de prensa junto a su homólogo portugués, José Duarte, los Gobiernos han aceptado elevar el tope al gas a cambio de mejorar las interconexiones con Europa. Irónicamente, esa falta de redes que vinculen energéticamente a los países ibéricos con el resto del continente ha sido utilizada para justificar que la intervención no afectará al sistema comunitario: la ya famosa "excepción ibérica". Sin embargo, entienden los Ejecutivos, más interconexiones y no menos son el camino a seguir. "Estamos muy lejos de beneficiarnos de las ventajas del mercado interior", ha resumido la titular de Transición Ecológica.

¿A qué se refiere? El saldo, en materia eléctrica, de España con respecto a Francia es exportador en los últimos meses. El país galo nos necesita porque tiene parado casi la mitad de su parque nuclear, entre reparaciones, revisiones y problemas. Sin embargo, lo habitual es lo contrario: que Europa nos suministre electricidad a un precio más competitivo de lo que marca nuestra subasta. Pero solo hasta, aproximadamente, un 3% del total generado. Los cables que conectan ambos países no dan para más. A nivel de seguridad de suministro, aunque España no suele tener problemas con ello, más interconexiones también ayudan.

La Comisión, ha explicado Ribera, "se ha comprometido a ser más activa" para cumplir los objetivos que se fijaron, de un 10% de interconexiones para 2020. A cambio, España y Portugal aceptan, en definitiva, no bajar demasiado la electricidad en el mercado mayorista para no afectan al mercado común. Bruselas temía que un precio demasiado bajo mandara energía subvencionada por el consumidor español al vecino galo constantemente, y no ha aceptado la propuesta ibérica de limitar esos flujos, porque las normas del mercado liberalizado no se pueden alterar tanto como para evitar el libre negocio. Los Gobiernos español y luso han aceptado esta limitación.

El mercado libre sigue siendo una incógnita

La intervención, como ha explicado la ministra, beneficiará directamente a los consumidores que cuentan con una tarifa regulada. Durante meses estuvo sobre la mesa, a petición de las eléctricas, una reforma del PVPC para que dejara de verse afectado por la subasta mayorista de cada día: sin embargo, ese particular diseño permitirá a, aproximadamente, el 40% de los consumidores domésticos disfrutar instantáneamente de la rebaja.

Sin embargo, sigue siendo una incógnita qué pasará con el 60% de consumidores sujetos al mercado libre, donde las comercializadoras marcan un precio por el kWh que no tiene por qué estar sujeto a la subasta mayorista. "Todos los consumidores se verán beneficiados de este mecanismo", insistieron este martes fuentes de Transición Energética. En principio, las empresas que firman los contratos con el cliente final en esta modalidad podrán acceder a una electricidad más barata, por lo que podrán bajar los precios cuando se vayan cumpliendo los contratos ya firmados.

Sin embargo, a las grandes eléctricas no les gusta el tope al gas, y han amenazado con subir los precios del mercado libre, en vez de bajarlos. La compensación a las centrales de ciclo combinado será abonada por las comercializadoras, según el plan ibérico, y estas podrán trasladar esa subvención a los clientes, que por otro lado, en teoría, se beneficiarían de la bajada del coste de la electricidad... pero algunas empresas están dispuestas a ejecutar lo primero obviando lo segundo. Y pueden hacerlo sin avisar, en base a la letra pequeña de muchas tarifas. Al Ejecutivo le parece "sensato" y "poco razonable", pero no imposible. Aún queda tela que cortar.

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