Las relaciones con el Magreb

Sánchez mueve la ficha del rey para tratar de desbloquear el conflicto con Marruecos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Estado, Felipe de Borbón. en el Palacio Real durante la recepción al cuerpo diplomático acreditado en España.

Felipe de Borbón defendió este lunes la necesidad de que España y Marruecos empiecen a “caminar juntos” con el fin de “materializar” una nueva relación bilateral de los dos países y “encontrar soluciones a los problemas que preocupan a nuestros pueblos”. Su referencia al país vecino, de apenas 48 palabras en un discurso de casi un millar, no pasó desapercibida. Es una respuesta al discurso que el jefe de Estado marroquí, el rey Mohamed VI, pronunció el pasado 20 de agosto cuando anunció su deseo de inaugurar una “nueva etapa inédita” en sus relaciones con España construida sobre la base de la “confianza, la transparencia, el respeto mutuo y la honra de los compromisos”. 

Con esta declaración, el presidente Pedro Sánchez mueve la ficha del rey en el tablero de las relaciones con su vecino más problemático, formalmente en ruinas desde que el gobierno marroquí decidió poner a prueba la fortaleza de España permitiendo la llegada masiva de migrantes a Ceuta en mayo de 2021. 

La atención prestada por España al líder del Frente Polisario, Ibrahim Gali, fue el detonante que Rabat esgrimió para abrir aquel conflicto, el más grave en las relaciones hispanomarroquíes desde la Marcha verde, en las postrimerías del franquismo. Aunque fuentes diplomáticas y expertos en la geopolítica del Magreb apuntan a otra razón: la negativa del Gobierno de Sánchez a seguir los pasos de Estados Unidos y reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, la antigua provincia española.

Los discursos oficiales del jefe de Estado son supervisados por el Gobierno, lo que lleva a pensar que fue el Ejecutivo español el que eligió que la referencia al interés de España por arreglar las cosas con Marruecos se trasladase en un acto en el Palacio Real al que acudía todo el cuerpo diplomático, en presencia tanto de Sánchez como del ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares.

“Con Marruecos, nuestros respectivos gobiernos han acordado redefinir conjuntamente una relación para el siglo XXI, sobre pilares más fuertes y sólidos. Ahora, ambas naciones debemos caminar juntas para empezar a materializar ya esta nueva relación. Se trata de encontrar soluciones a los problemas que preocupan a nuestros pueblos”, señaló el rey en línea con lo que en agosto expresó Mohamed VI.

La decisión de Sánchez de sacrificar a su ministra de Exteriores, Arancha González Laya, en la remodelación del Gobierno del pasado verano, fue la excusa perfecta para que el monarca alauita trasladase, apenas un mes más tarde, su intención aparente de hacer borrón y cuenta nueva. Su deseo, anunció entonces, es inaugurar una “nueva etapa inédita" en sus relaciones con España, construida sobre la base de la “confianza, la transparencia, el respeto mutuo y la honra de los compromisos”.

Un diálogo en el que aseguró estar implicado “personalmente y de manera directa” y que Marruecos entiende, dijo, como una oportunidad de “revisar los fundamentos y los determinantes que gobiernan” las relaciones entre Madrid y Rabat. “Así pues, además de los tradicionales puntos constantes (...) hoy velamos por consolidarlas mediante la comprensión conjunta de los intereses de los dos países vecinos”.

De momento, sin avances

Sin embargo, entre las palabras de Mohamed VI y las de Felipe VI han pasado cinco meses y no ha habido novedades. Al menos no lo suficientemente relevantes como para que Madrid o Rabat decidiesen compartirlas con la opinión pública. De hecho, Marruecos mantiene vivo el gesto de desaire que protagonizó durante la crisis de Ceuta al retirar de Madrid a su embajadora, Karima Benyaich.

De ahí que Felipe VI hablase de la necesidad de “empezar a materializar ya esta nueva relación”. El recurso al rey confirma que el Gobierno de Sánchez quiere desatascar cuanto antes las relaciones, algo que la semana pasada ya explicó el ministro de Exteriores en una rueda de prensa convocada con ocasión de una visita de su colega paquistaní, Shah Mehmud Qureshi. “No me conformo con la cooperación [en materia de inmigración], tenemos que ir a más”, proclamó.

A España le apremia no sólo la necesidad de reconstruir las relaciones con un país clave en materia de seguridad, terrorismo e inmigración. También el hecho de que Rabat sí esté dando pasos en el deshielo con Alemania aprovechando que Angela Merkel ya es historia y que en Berlín han cambiado las caras (y el partido) al frente del Gobierno. 

En el caso alemán, la crisis con Marruecos tiene el mismo origen que con España: la negativa del Gobierno germano a reconocer el Sáhara como territorio marroquí. Pero en Alemania la capacidad de presión de Marruecos es insignificante en comparación con la que ejerce sobre España cada vez que relaja el control de la inmigración o amaga con reducir la cooperación antiterrorista.

El nuevo gobierno germano, capitaneado por el socialdemócrata Olaf Scholz y con la dirigente de Los Verdes Annalena Baerbock al frente de Exteriores, sigue defendiendo para el Sáhara la solución del referéndum de autodeterminación que promueve desde hace décadas Naciones Unidas. Pero ahora asegura que “Marruecos hizo una importante contribución” a la solución del conflicto saharaui “al presentar un plan de autonomía”, algo que refuerza la estrategia marroquí de abrir paso a que la solución pase por la integración del Sáhara, aunque el precio a pagar sea reconocer cierta capacidad de autogobierno a la antigua colonia española. Esa declaración ha gustado mucho en Rabat.

Estos movimientos coinciden además con el deterioro de las relaciones entre Argelia y Marruecos —están rotas y el clima político en la zona recuerda a una situación prebélica— y con la llegada a la zona del nuevo enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, que el domingo se entrevistó con el líder del Frente Polisario, Ibrahim Gali, en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia).

De Mistura es el funcionario italiano de la ONU elegido para desatascar el conflicto del Sáhara y poner fin al vacío de casi dos años y medio causado por la dimisión de su antecesor, el expresidente alemán Horst Koehler.

La situación se deteriora

Koehler logró sentar a las partes de nuevo a la mesa, pero desde su renuncia la situación se ha deteriorado. Marruecos se siente más fuerte, gracias al espaldarazo que el expresidente de EEUU Donald Trump dio a su reclamación de soberanía sobre el Sáhara. Y el alto el fuego firmado en 1992 por Rabat y el Frente Polisario está en la práctica roto desde el desalojo de activistas saharauis del paso fronterizo con Mauritania de Guerguerat por fuerzas militares marroquíes en noviembre de 2020. 

La antigua provincia española fue ocupada por Marruecos en 1975 y desde 1991 está pendiente la celebración de un referéndum de autodeterminación al que Rabat se opone. 

España quiere reconstruir las relaciones con el vecino del sur pero se resiste a abonar el peaje de tener que declarar marroquí el territorio saharaui. La posición española es clave para Marruecos, según todas las fuentes consultadas por infoLibre, porque sin su visto bueno será imposible conseguir que la Unión Europea en su conjunto desbarate el sueño de un Sáhara independiente. El Gobierno de Sánchez, igual que sus antecesores —también los del PP— se mantiene firme en que la solución pasa por el referéndum que promueve Naciones Unidas.

De momento ningún actor internacional importante ha seguido la senda de Estados Unidos y ha reconocido el Sáhara como parte integral de Marruecos. Ni siquiera Francia, que es su aliado más importante en Europa. 

Marruecos es capital para la política exterior española y Rabat lo sabe. Hace años que nuestros vecinos reciben dinero por cumplir funciones de contención de la inmigración irregular, lo que no les impide graduar su eficacia a la hora de supervisar el tránsito de personas que quieren llegar a Europa en función de sus intereses.

Tanto es así que el Gobierno español ha acabado por “subcontratar el control” de la frontera. El mismo día que Marruecos abrió su frontera en Ceuta, el Consejo de Ministros aprobó destinar 30 millones a financiar a la policía marroquí.

Como telón de fondo está además la relación comercial: España es el principal socio comercial de Marruecos y a Marruecos también le interesa el “enganche económico” con España y con la Unión Europea. 

Entretanto, el Frente Polisario se muestra comprensivo con la necesidad del Gobierno de Pedro Sánchez de recomponer sus relaciones en Marruecos pero se mantiene vigilante para impedir que ese objetivo sirva de excusa para no defender los derechos humanos en la región. Pero “intentar agradar constantemente” al Gobierno de Rabat “no es el camino correcto”, sobre todo si tiene consecuencias para los activistas saharauis que sufren la represión del reino alauita, sostiene su representante en España, Abdulah Arabi.

También el Polisario otorga una enorme importancia a la posición española no sólo porque siguen considerando a nuestro país como la potencia colonial administradora, a pesar de que el Gobierno rechaza esta condición, sino porque tiene un efecto arrastre con el resto de la Unión Europea.

La justicia europea dio hace pocos meses a los representantes del pueblo saharaui una carta trascendental que complica aún más la solución del conflicto: el fallo que ilegalizó los acuerdos de pesca en aguas saharauis que Bruselas había pactado con Marruecos. Quien quiera operar en la zona “tiene que contar con el pueblo saharaui”, proclaman desde entonces los dirigentes del Polisario.

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