Los abusos de la banca
La Sareb paga 120.000 euros de multa a la Junta por la opacidad de sus activos en Andalucía
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) abonó el pasado 29 de enero 120.000 euros de multa a la Junta de Andalucía, según informa a infoLibre la Consejería de Fomento y Vivienda, instructora del expediente sancionador. El motivo es que el también conocido como banco malo, propiedad en un 55% de socios privados y en un 45% del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), incumplió en 2014 la legislación andaluza sobre vivienda al no facilitar a la administración autonómica un inventario de sus inmuebles protegidos en la comunidad.
Es la primera sanción a una administración pública que abona la Sareb, según un portavoz de la sociedad, que aclara que la misma intentó suspender el pago por vía judicial incluso después de cerrado el expediente, pero que su reclamación fue desestimada. También señala que la Sareb, a pesar de haber abonado la sanción, mantiene un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La Consejería abrió en 2014 expediente a la Sareb por el incumplimiento de la disposición adicional séptima de la Ley de Vivienda Protegida y Suelo, que establece la obligación de las entidades financieras de aportar a la Junta inventario de las viviendas protegidas que se encuentren en sus balances. El incumplimiento de este punto, que fue introducido en su actual redacción por la Ley de Función Social de la Vivienda (conocida como ley antidesahucios), supone una infracción "muy grave" de la misma. La Consejería, entonces dirigida por Elena Cortés (IU), dictó una resolución sancionado a la Sareb por la cuantía máxima posible, 120.000 euros. El PP acusó entonces a la Junta de buscar "el enfrentamiento" con la Sareb por motivos políticos.
Un recurso con datos erróneos
El Gobierno recurrió en diciembre de 2013 la Ley de Función Social de la Vivienda ante el Tribunal Constitucional (que de hecho suspendió determinados preceptos de la misma el pasado año) apoyándose en un informe de la Sareb que señalaba que dicha norma devaluaría los activos de la sociedad en Andalucía, entre ellos 911 viviendas protegidas. La Consejería aprovechó este dato para enviar a la Sareb –en paralelo a la apertura del expediente de los 120.000 euros por opacidad– un requerimiento de información: ¿estaban estos 911 inmuebles a disposición de los registros municipales de demandantes de vivienda? En caso contrario, y en función de la normativa de vivienda, el banco malo se exponía a 120.000 euros de sanción por cada una de las viviendas que no lo estuvieran. Esto es, a un máximo de 109,32 millones de euros.
No obstante, por este caso no hay abierto expediente sancionador. El que sí se abrió fue el de los 120.000 euros. En sus alegaciones, la Sareb desmintió la información aportada por el propio Gobierno al señalar que no poseía 911 viviendas protegidas en Andalucía, sino 98, y que "las cifras inicialmente consideradas constituían datos meramente estimativos". Es decir, el Gobierno incluyó en un recurso a una ley aprobada por el Parlamento andaluz un informe con datos estimativos, finalmente falsos o erróneos, presentados en forma de informe contrastado. La Junta informó al Constitucional de este desfase de las cifras, pero no sirvió de nada. Tampoco sirvieron de gran cosa las alegaciones de la Sareb. La multa se quedó en 120.000 euros. El expediente se hizo firme y la Sareb acabó pagando el 29 de enero.
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La sociedad sostiene que en ningún caso tuvo una intención deliberada de ocultar sus activos a la administración y atribuye el incumplimiento de la norma –que no niega– a la complejidad de su cartera de activos, que hizo imposible cumplir con los requerimientos. Recuerda que, en contra de la creencia general, la mayoría de los activos de la Sareb no son viviendas, sino activos financieros, fundamentalmente préstamos al promotor. Sólo un 20%, según la Sareb, son activos inmobilarios.
Por otra parte, insiste en que ha reservado unas 4.000 viviendas para su uso por parte de administraciones autonómicas y ayuntamientos. De ellas, la Sareb ya ha cedido mediante convenio unas 1.700 a los gobiernos de Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia y País Vasco, además de a los ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Esta sociedad de gestión de activos fue creada en 2012 en cumplimiento del Memorando de Entendimiento (MoU) firmado por el Gobierno y la Comisión Europea. La Sareb fue un requisito para que España accediera al rescate de su sistema bancario. La sociedad recibió casi 200.000 activos por valor de más de 50.000 millones de euros. La misión de la Sareb es venderlo todo en 15 años.
La Consejería de Fomento y Vivienda, actualmente dirigida por Felipe López (PSOE), mantiene abiertos expedientes sancionadores por valor de 9,12 millones de euros a entidades financieras y sociedades de titulización y gestión por no poner viviendas protegidas a disposición de los registros municipales, que son los instrumentos públicos que garantizan que su adjudicación se realice con criterios de equidad y transparencia. Entre las entidades expedientadas están el Santander, el BBVA, el Popular y el Sabadell. Estas sanciones están pendientes de recurso contencioso-administrativo, según la Consejería, y no han sido abonadas.
