El Senado autoriza a Rajoy intervenir la autonomía de Cataluña

Tras seis horas de debate, el pleno del Senado Senado dio luz verde este viernes al acuerdo del Consejo de Ministros para aplicar el artículo 155 de la Constitución, el que permite al Gobierno la intervención de una comunidad autónoma. Lo hizo en su versión más dura, manteniendo casi intacto el texto original del Ejecutivo: cese del president de la Generalitat y de todo el Govern, retirada de la capacidad de convocar elecciones, que ahora corresponderá a Mariano Rajoy, y medidas de control especial en materia de Interior, Economía y Hacienda y Telecomunicaciones.

La iniciativa contó con 214 votos a favor, 47 en contra y 1 abstención. No había pasado una hora desde que los independentistas habían proclamado la secesión de Cataluña con el voto a favor del 52% de diputados.

Al Gobierno le bastaba con la mayoría absoluta de su partido, el Partido Popular, en la Cámara Alta. Pero Mariano Rajoy no quiso llevar al Consejo de Ministros esta iniciativa hasta garantizarse que el Partido Socialista y Ciudadanos le iban acompañar a la hora de aplicar un precepto de la Constitución no aplicado en 40 años de democracia.

El acuerdo del Senado dando autorización al Gobierno para aplicar el artículo 155 de la Constitución se publicará este mismo viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), antes del Consejo de Ministros que se celebrará esta misma tarde en su edición electrónica, informa Europa Press.

Una de las medidas más inmediatas sería la destitución del president y del Govern y el nombramiento de una especie de ministro o delegado para Cataluña. Esta figura, que en la Moncloa consideran que debe ser de "perfil técnico" se encargará junto con los ministerios del detalle de las medidas.

Puigdemont, el culpable

La jornada había comenzado con la intervención de Rajoy, que señaló a un único culpable de la aplicación del 155 en Cataluña: Carles Puigdemont. "Fue Puigdemont el que escogió el 155". "Él y sólo él", incidió. Porque desde que el pasado sábado, cuando el Consejo de Ministros acordó solicitar al Senado la autorización para aplicar el 155, "nada sustancial" ha ocurrido en Cataluña que haya hecho al Ejecutivo replantearse dar marcha atrás. De hecho, el presidente subrayó que es imposible glosar lo que sucedió el jueves en la Generalitat "sin caer en la impiedad". Se refería a la jornada en la que pareció que el president convocaba elecciones y en la que parecía casi cerrado un acuerdo en el que trabajaban varios actores del mundo político y empresarial.

Ya desde la primera respuesta al requerimiento del Gobierno, Puigdemont ha venido exigiendo al Gobierno que cesase la "represión" en Cataluña citando la intervención de la Hacienda Catalana, el despliegue de Policía y Guardia Civil en Cataluña y el ingreso en prisión de los presidentes de Òmnium y la ANC.

Pero no sólo se remontó a lo inmediato. Como hizo un día antes la vicepresidenta del Gobierno en la Comisión destinada a tramitar este precepto constitucional, el líder de los conservadores recordó cómo en los últimos meses en Cataluña "se ha pretendido ignorar las leyes, desconocerlas, derogarlas e incumplirlas". "Cualquier término vale", dijo.

"De lo que hay que salvar a Cataluña no es de la aplicación de un artículo constitucional, sino de los estragos que están causando las conductas anticonstitucionales. De lo que hay que proteger a todos los catalanes no es, como dicen, del imperialismo español, sino de una minoría que de forma intolerante se erige en propietaria de Cataluña y considera como exclusivos una historia, una cultura y unos sentimientos que son patrimonio de la comunidad y pretende someter a todos los catalanes al yugo de su doctrina", justificó su actuación.

Mientras, el PSOE acabó defendiendo sin fisuras al Gobierno enterrando las discrepancias que afloraron esta semana con los conservadores respecto a cuál debería ser la respuesta a Puigdemont si este acababa convocando elecciones. 

Ander Gil, portavoz socialista en el Senado, se sumó al turno a favor de la intervención de Cataluña en los términos propuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy repitiendo buena parte de los argumentos que ya utilizó el jueves durante el el debate en comisión. Y lo consumó al 100% después de que se confirmase que el Parlament de Cataluña iba a votar la declaración de independencia a petición de Junts pel Sí y la CUP.

Poco antes de conocerse la noticia, había emplazado a Rajoy a aceptar la enmienda del PSOE y dejar abierta hasta el último minuto la puerta para que el president convocase elecciones haciendo posible que, en ese supuesto, la aplicación del 155 quedase suspendida.

Los conservadores aceptaron las otras dos enmiendas de los socialistas: la que pedía una mención expresa en el texto a que las medidas se aplicarán de forma "gradual" y la que suprime el párrafo relacionado con el "ejercicio de las facultades de la Generalitat en el ámbito del servicio público autonómico de comunicación audiovisual".

Por su parte, el senador de Ciudadanos Francisco Javier Alegre defendió que se aplique el artículo 155 de la Constitución en Cataluña para "restaurar la autonomía" de esta comunidad y convocar unas elecciones autonómicas en las que se "devuelva la voz" a todos los catalanes.

Alegre acusó al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a su vicepresidente, Oriol Junqueras, de haber "liquidado la Constitución y el Estatut" y de haber contribuido a la "fractura social" al "despreciar a la mayoría de los catalanes y pretender señalar" a aquellos que no quieren la independencia. Pero también tuvo críticas para Rajoy. A su juicio, el presidente del Gobierno "ha permitido que se llegara hasta aquí con esa inacción" que demostró al "permitir" la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

Mientras, el senador de Unidos Podemos-En Comu Podem-En Marea Óscar Guardingo, se mostró en contra de la aplicación del 155 para "intervenir por la vía rápida y autoritaria el autogobierno de Cataluña", y acusó al Gobierno y al PP de recurrir a esta vía sólo por su propio interés.

"No aman a Cataluña ni a los españoles. Sólo se quieren a sí mismos", denunció.

Guardingo, que ha sido el encargado de defender la postura de su grupo contraria a la aprobación del 155 durante toda su tramitación en Comisión, lamentó que el Pleno de este viernes será recordado como "el que puso punto y final a los acuerdos y pactos constitucionales del 78".

Por su parte, los independentistas aprovecharon sus intervenciones en la Cámara Alta para advertir a Rajoy de que no reconocerán su autoridad y defenderán la del Parlament y de Puigdemont.

Las medidas concretas

El acuerdo del Consejo de Ministros ratificado por el Senado implica que las funciones de Puigdemont y su Ejecutivo serán asumidas por los ministerios "a lo largo del plazo que dure esta situación excepcional".

En consecuencia, la Administración catalana actuará "bajo las directrices" de los órganos o autoridades designados por el Gobierno central. El fin último, según el acuerdo del Ejecutivo de Rajoy con PSOE y Ciudadanos es el de disolver el Parlament y convocar elecciones adelantadas en Cataluña en un plazo de seis meses o "en cuanto se recupere la normalidad". 

Respecto al poder legislativo, el gabinete de Rajoy no ha acordado la disolución del Parlament. No obstante, la Cámara de representación catalana si verá mermadas sus funciones de manera considerable, pues no podrá celebrar ningún debate ni votación de investidura y su presidenta, cargo que actualmente ostenta Carme Forcadell, no podrá proponer candidato a la presidencia de la Generalitat. Fuentes del Gobierno precisaron que la presidenta de la Cámara catalana, en tanto que diputada, no puede ser relevada de sus funciones. "El Govern no deja de ser una elección derivada; la Mesa de la Cámara es una elección más directa".

El Parlament tampoco podrá ejercer el control de los órganos que gobiernen provisionalmente Cataluña ni "adoptar iniciativas contrarias a la Constitución ni al Estatuto". De hecho, el Gobierno central tiene capacidad de veto sobre cualquier iniciativa que apruebe.

El acuerdo también establece que el Gobierno podrá desplegar Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña para que coordinen las actuaciones de los Mossos d'Esquadra a los que también podrán sustituir.