La sentencia favorable a la banca sobre el impuesto de las hipotecas destapa la guerra sin cuartel en el Tribunal Supremo

Tres semanas después de que el presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, desatara una crisis sin precedentes al capitanear el regreso a la doctrina favorable a la banca en cuanto al impuesto de las hipotecas, la sentencia final sobre la materia ha demostrado que todo podía ir aún a peor.

La sentencia, que desautoriza a los magistrados que fallaron en favor de los clientes con términos que los aludidos consideran humillantes, y los votos discrepantes, algunos de ellos muy duros, que la acompañan y respaldados por 11 de los 28 jueces que participaron en la deliberación, han puesto en evidencia el estado de guerra sin cuartel en que hoy vive una sala clave del alto tribunal: la encargada de resolver en última instancia todos los litigios que afectan al Gobierno y a las restantes administraciones públicas.

La sala, llega a decir el voto particular más duro, firmado por el juez Francisco José Navarro, sometió a los impulsores de la nueva jurisprudencia a "una suerte de auto de fe" promovido por un "tribunal inquisitorial". Lo ocurrido, lo que él mismo define como "cacería cinegética", quedará en la historia jurisprudencial "como un baldón sonrojante".

"Tan inopinado como radical"

Fechada este martes y con nula virtualidad para el futuro toda vez que el Gobierno ya ha decretado que paguen los bancos, la sentencia carga contra los magistrados cuyo criterio previo, favorable a los clientes y plasmado en tres sentencias, ordenó revisar de inmediato Díez-Picazo mediante la convocatoria de un pleno que él mismo justificó por la "enorme repercusión económica y social" de la nueva jurisprudencia adoptada y finalmente revisada. Esa revisión de las resoluciones dictadas en octubre por la sección segunda de la Sala de lo Contencioso tiene un efecto práctico: que quienes ya pagaron el impuesto de actos jurídicos documentados al suscribir un préstamo hipotecario no podrán pedir su devolución.

La sentencia carga contra los magistrados de la sección segunda de manera abierta en ocasiones, como cuando define así su criterio: "Tan inopinado como radical". O de forma más velada como cuando sostiene que su actuación puede llevar al "arbitrismo judicial" y a que "una eventual alteración coyuntural de la composición de un órgano judicial colegiado conduzca a la modificación de la jurisprudencia".

La resolución alega que las sentencias de octubre, las que obligaban a la banca a abonar el impuesto, fueron emitidas "sin fundamento suficiente". Y que "carecen de justificación" porque no había razón alguna para alterar la jurisprudencia sostenida por el tribunal en las tres últimas décadas y según la cual es quien recibe el préstamo hipotecario el que debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados.

En aquel pleno convocado por Díez-Picazo y que se celebró los días 5 y 6 en un clima enrarecido y días después de que el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, hubiera pedido disculpas, participaron 28 magistrados. Díez-Picazo, que en ningún momento ha asumido ninguna responsabilidad en lo ocurrido, inclinó con su voto la balanza en favor de los bancos. La votación quedó 15 a 13. Y ahora, la propia sentencia que refleja esa posición mayoritaria –en realidad son tres, idénticas en sus planteamientos– ve la luz acompañada de seis votos particulares.

Firmado por quien debía haber sido el ponente original de los tres recursos sobre el impuesto de actos jurídicos documentados cuya resolución encomendó Díez-Picazo al pleno y con la adhesión de otros tres jueces, el voto particular más descarnado tilda como "auto de fe" lo sucedido en aquel pleno. Su autor es Francisco José Navarro, de la sección segunda de la Sala, que es la que al dictaminar sobre los recursos de casación planteados por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid falló en favor de los clientes e imprimió así lo que Díez-Picazo definió como un "giro radical" en la nota donde anunció la convocatoria de un pleno.

Con la adhesión de otros tres magistrados –Eduardo Calvo, Ángel Aguallo y Jesús Cudero–, Navarro lanza un reproche amargo: "Lejos de incurrir en esta especie de desabrida provocación, las sentencias con que finalizan estos recursos de casación podrían haber sido un primer paso hacia la normalización de la Sala y la serenidad de las actitudes, de que tan necesitados estamos todos; y, probablemente por impericia, no dejan de ser sino muestras de extravagancia añadidas a las que hemos vivido estas últimas semanas".

El expresidente de lo Contencioso, José Manuel Sieira, a quien Picazo sustituyó en 2015 tras un controvertido procedimiento de designación, se cuenta entre quienes han expresado sus discrepancias por escrito. Sieira pone el acento en un aspecto que recorre todos los votos como una espina dorsal: "Si el propio Tribunal Supremo –escribe– pone en cuestión el valor de su jurisprudencia, cómo podrá pedirse el respeto a la misma por los Juzgados y Salas de lo Contencioso de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional".

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Otro de los votos lleva la firma de Nicolás Maurandi, presidente de la sección que dictó las sentencias cuyo criterio buscaba revertir Díez-Picazo y que es la especializada en tributos. La confianza en la justicia, escribe Maurandi, "queda gravemente quebrantada si, después de un cambio jurisprudencial extensamente argumentado, el más alto órgano jurisdiccional del Estado lo deja sin efecto, sin justificar que sea un claro desacierto jurídico, en el breve espacio temporal de un número de días que no completa un mes".

En total hay seis votos particulares apoyados por 12 magistrados, pero uno de ellos está suscrito por José Manuel Bandrés, que era partidario de reinstaurar la tesis de que deben pagar los clientes. Lo que considera Bandrés es que el tribunal debió acudir al Constitucional porque el origen del problema estriba en "la inconcreción de la norma aplicada".