Políticos y paraísos fiscales

La sicav de los eurodiputados en Luxemburgo: privilegios privados con dinero público

Eurodiputados asisten a la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) en noviembre de 2013.

Tres meses después de que Luxemburgo aceptara suministrar información a partir de 2015 sobre cuentas y fondos de pensiones de ciudadanos comunitarios, la revelación de que uno de esos fondos pertenece a un amplio grupo de eurodiputados –de ellos, más de 100 españoles– y la de que sus inversiones están gestionadas por su propia sicav ha desatado un verdadero terremoto político.

Y no por la legalidad de la fórmula –que es legal– sino por cuanto implica el descubrimiento de un suculento privilegio privado pagado con dinero público a través del país más opaco de la Unión Europea en materia financiera: Luxemburgo. Al menos desde la constitución de la sicav en 1994, el Parlamento Europeo ha desembolsado dos euros públicos por cada uno que aportaban los miembros del fondos. Y solo en el decenio 2000-2009 eso se tradujo en 95 millones de euros. El rotativo británico The Guardian ha cuantificado la pensión vitalicia que los suscriptores del fondo podrían llegar a cobrar: 51.000 euros al año. Ese importe debe sumarse al de la pensión básica establecida por Estrasburgo para todos los miembros de la Cámara en 2009.

La dimisión del portavoz de IU en Estrasburgo, Willy Meyer, abrió la espita de las contradicciones: mientras que varios eurodiputados que pertenecían al fondo –el propio Meyer, Elena Valenciano, Rosa Díez– sostienen que ignoraban la existencia de la sicav, distintos analistas han tratado de minimizar el asunto poniendo el acento en que la existencia de ese fondo “ya se conocía” y era de dominio público.

Las noticias sobre el fondo han puesto sobre la mesa un segundo debate, de ámbito español: el de por qué se incorporaron al fondo eurodiputados que militan en formaciones contrarias a las sicav o muy críticas con sus enormes ventajas fiscales –y es el caso de IU, pero también del PSOE y UPyD. Durante el periodo de vigencia del fondo, hasta 2009, los eurodiputados españoles ya tenían garantizada una pensión gracias a que el Congreso de los Diputados cotizaba por ellos.

Entre los suscriptores españoles de ese fondo se cuentan, además de los citados, destacadísimas figuras, como Miguel Arias Cañete –exministro de Agricultura, portavoz del PP en la Eurocámara y hoy aspirante a comisario europeo– que llegó a ser administrador de la sicav al menos en 1996. InfoLibre no ha logrado, desde el lunes, hablar con Arias Cañete.

La nómina de suscriptores incluye también al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a los exministros Jaime Mayor Oreja (PP) y Josep Borrell (PSOE), a la actual portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, y la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi (PP).

Casi 100 millones públicos en diez años pero… ¿y antes?

A falta de que el Parlamento Europeo acceda a facilitar los datos completos de sus aportaciones al fondo desde su creación en 1990, los documentos oficiales del Registro de Luxemburgo constatan que la institución inyectó 95 millones de euros entre 2000 y 2009. Y eso equivale al 68,5% de las aportaciones totales durante el decenio analizado.

La institución desembolsaba más de dos euros por cada uno que aportaba cada eurodiputado a ese fondo, de carácter “voluntario y adicional”, dado que cada parlamentario ya gozaba de cobertura en su país. Y en realidad, esa aportación que supuestamente procedía del bolsillo del eurodiputado se la adelantaba también el Parlamento con cargo a sus dietas, como han confirmado el exeurodiputado Ignasi Guardans y el auditor Jesús Bueno. Lo anterior plantea una pregunta: si las dietas daban como para que sus beneficiarios detrayeran mensualmente una parte con destino al fondo, ¿significa eso que la Cámara calculaba al alza las necesidades de sus parlamentarios para gastos?

La dimisión del cabeza de la delegación europarlamentaria de IU, Willy Meyer, marcó el miércoles el inicio del seísmo. A partir de ahí, otros destacados diputados, como la socialista Elena Valenciano o la líder de UPyD, Rosa Díez, han defendido el carácter legal y ético de su posición, aunque Valenciano ha anunciado su baja del fondo. Tanto Pedro Sánchez como Eduardo Madina, los dos principales candidatos del PSOE a suceder a Rubalcaba –que no se ha pronunciado sobre el asunto–, han afeado la conducta de aquellos de sus compañeros que suscribieron el fondo pese a que el Congreso de los Diputados ya les garantizaba con sus cotizaciones una pensión pública. El Congreso también abrió en el BBVA un fondo privado de pensiones para diputados y senadores en 2007. La aportación de dinero público, interrumpida a comienzos de 2012, se limitaba aquí al 10%. En el caso del Parlamento Europeo, se cuantificaba en el 68,5%.

Pensión vitalicia por dos años de cotización

El sistema “voluntario” de pensiones aprobado en 1990 y vigente hasta 2009 se rige por un reglamento cuyo artículo primero –transcrito en un auto judicial de 2010– dice así: “Hasta tanto no se adopte el estatuto único de los diputados, y con independencia de los derechos a pensión establecidos en los anexos I y II, todo diputado al Parlamento Europeo que haya cotizado durante al menos dos años al régimen voluntario de pensión tendrá derecho, después de haber cesado en sus funciones y a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que haya cumplido los 60 años de edad, a una pensión vitalicia. En 2009, la edad mínima para cobrar la pensión se elevó a 63 años, según fuentes oficiales de la Eurocámara.

Según el diario El Mundo, cada eurodiputado aportaba al mes 1.194 euros, mientras que el Parlamento Europeo inyectaba el doble: 2.388 euros. Y, según el El Huffington Post, la rentabilidad del fondo era tan alta que reportaba al beneficiario el 50% del capital invertido. Es decir, si un eurodiputado invertía 10.000 euros, ingresaba en su fondo de pensiones 5.000. Según el diario británico The Guardian, que en abril destacó la incongruencia de que el antieuropeísta Nick Farage, líder del Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP), perteneciera a este fondo de pensiones, los partícipes del fondo podrían cobrar hasta 51.000 euros de pensión al año, “adicionales a la pensión básica” establecida en 2009 por la Eurocámara.

En este sistema participaron eurodiputados de todos los países salvo dos: Alemania y Holanda. El viernes, el periodista y exasesor parlamentario Jesús Bueno lo explicó del siguiente modo en declaraciones a infoLibre: "Cuando en el año 1998 salió un programa en la televisión holandesa hablando del escándalo del fondo de pensiones, el Gobierno holandés reaccionó de inmediato y en tres meses publicó una normativa obligando a sus diputados a tributar por el dinero que el Parlamento Europeo había cotizado en su nombre a la pensión y ordenando que tomaran una pensión u otra".

De la Mesa del Parlamento al fondo de pensiones

El fondo, como han reiterado a lo largo de esta semana tanto el Parlamento Europeo como los eurodiputados españoles que pertenecen a él, es legal. La sicav europarlamentaria creada en 1994 –y que en Luxemburgo tributa solo por el equivalente al 0,01% de sus activos, cifrados en 164 milones en 2012–, también. Ambas afirmaciones son ciertas.

Pero igualmente lo es que al menos 10 de los 17 miembros de la Mesa del Parlamento que en junio de 1990 aprobaron la creación del fondo se incorporaron luego a él. Por supuesto, el acuerdo de la Mesa nada dice de sicav luxemburguesas. 

Fechado el 12 de junio de 1990, y adoptado por el órgano de gobierno bajo la presidencia del socialista Enrique Barón, con el entonces eurodiputado de IU Fernando Pérez Royo y la conservadora francesa Nicole Fontaine en el plantel de vicepresidentes, el acta de la sesión se limita a reflejar la decisión de “crear” el fondo.

La propuesta de creación llegó a la Mesa del Parlamento nada menos que de la mano del Colegio de Cuestores, órgano de gobierno de la Cámara que tiene encomendada la supervisión de las cuentas. Fue el conservador británico Anthony M.H. Simpson quien, como presidente del Colegio de Cuestores, elevó esa petición a la Mesa de la Cámara, que el 12 de junio de 1990 dio vía libre a este fondo voluntario y adicional.

Los datos contenidos en el acta de esa reunión ponen en solfa la versión oficial difundida por el Parlamento Europeo desde el martes: que la iniciativa partió de “un grupo de diputados” y la institución meramente “aceptó colaborar” con el fondo.

La Eurocámara ha dejado esta semana varias preguntas por responder. La primera, cuánto dinero público llegó al fondo desde que en 1994 se constituyó la sicav de Luxemburgo. La segunda, quiénes han participado en él en algún momento desde su creación.

¿Por qué la lista sigue sin ser pública a efectos oficiales?

La lista publicada por este diario fue confeccionada tomando como fuente los documentos oficiales depositados en el Registro de Luxemburgo por la asociación sin ánimo de lucro creada para formalizar el fondo y cuyas inversiones gestiona la sicav homónima. El Parlamento sostiene que la composición del fondo no posee carácter público dado que se trata poco menos que de una iniciativa privada.

Y ello pese a que una nota de prensa oficial difundida el 23 de junio de 2009 dice lo siguiente: “La Eurocámara ha aprobado, asimismo, un informe del socialista portugués Paolo Casaca sobre el sistema voluntario de pensiones para los eurodiputados, que tuvo un déficit de 30,92 millones de euros a finales de 2007”.

En ese informe, añade el comunicado oficial, se recalca que "en ninguna circunstancia proporcionará el Parlamento dinero suplementario procedente del presupuesto para cubrir el déficit financiero, como hizo en el pasado, y que, para garantizar los derechos de pensión, el Parlamento debería ejercer plenamente el control del fondo y de sus políticas de inversión”. “El informe también reclama a la Mesa del Parlamento que publique una lista de los miembros que se han adherido a este sistema”. Así finaliza el párrafo.

Tampoco se sabe en qué fecha exacta se incorporaron al fondo los miembros de la Mesa. O si al hilo de esa incorporación debatió algún órgano de la Cámara la posible existencia de un conflicto de intereses. O si alguien cuestionó que la fórmula elegida fuera la constitución de una asociación luxemburguesa “sin ánimo de lucro” –vulgo, ONG– que se aprestó a constituir una sicav como instrumento destinado a “gestionar las inversiones del fondo”, coletilla que figura en las memorias anuales de la asociación. Tanto esa asociación sin ánimo de lucro como la sicav, ambas domiciliadas en Luxemburgo, tienen idéntico nombre: Fonds de Pension du députés au Parlement Européen.

Para nada de lo anterior hay respuesta aún. Pese a su tradición de transparencia, el Parlamento Europeo no ha facilitado todavía ninguno de esos datos. Y queda igualmente otra incógnita de calado por resolver.

¿En qué empresas privadas invertía el fondo?

La web de Bloomberg, uno de los gigantes de información económica mundial, muestra en un gráfico la evolución de la sicav europarlamentaria en los últimos meses. Bajo una línea quebrada en alza constante desde marzo, y en la leyenda sobre las características del fondo, Bloomberg dice lo siguiente: “El objetivo del Fondo es la revalorización del capital a largo plazo mediante, principalmente, la inversión en instrumentos europeos de deuda de empresas”. ¿Cuáles son esas empresas? ¿Podrían esas inversiones del fondo comprometer en algún instante la independencia de los parlamentarios o, como mínimo, de aquellos que participan en la gestión de la sicav y conocen por tanto en qué empresas está invertido el dinero?

¿Y qué pasa con la tributación de los partícipes del fondo y la sicav?

Al menos en España, otros dos interrogantes permanecen irresueltos: primero, el de si los miembros del fondo reflejaron las aportaciones anuales de Estrasburgo al fondo en sus declaraciones de renta, un paso que –recalcó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, también suscriptor del plan de pensiones gestionado por la sicav– era obligado.

La segunda cuestión pendiente es la de por qué eurodiputados que formaban parte del fondo no lo incluyeron, una vez nombrados diputados al Congreso, en la declaración de bienes publicada por la Cámara Baja. Es el caso de Elena Valenciano o de Miguel Arias Cañete, que aspira a convertirse en comisario de la UE.

En Luxemburgo, con secreto bancario

Durante la semana, distintos líderes políticos –incluso de formaciones de izquierda– y analistas económicos han recalcado públicamente que Luxemburgo “no es un paraíso fiscal”. En efecto, la OCDE no incluye al Gran Ducado en la cada vez más escuálida lista de lo que en inglés se conoce como “puertos de refugio fiscal”, una locución que inevitablemente remite a la piratería. Pero, en la práctica, Luxemburgo se comporta aún como un paraíso fiscal: bajísima tributación y férreo secreto bancario. Hace solo siete meses, el prestigioso rotativo Financial Times, en absoluto sospechoso de veleidades izquierdistas, dio cuenta del último informe del Forum Global sobre Transparencia (de la OCDE). Y, a despecho de la terminología oficial, tituló la noticia así: “El informe del Forum Global acumula presión sobre el paraíso fiscal de Luxemburgo”. 

Lo sorprendente del asunto es que el afloramiento informativo de la sicav europarlamentaria y de la relación de sus miembros –la ya denominada Lista Simpson, por el apellido del supervisor económico de la Cámara que propuso la creación del fondo– ha sacado a la luz un dato sobre el que ningún partido español ha puesto jamás el acento: que Luxemburgo es el centro financiero del Parlamento Europeo. Todas sus nóminas y obligaciones económicas se abonan desde allí y no desde Bélgica o Francia, donde se localiza la principal sede parlamentaria, la de Estrasburgo.

¿Ignoraban los eurodiputados la existencia de la sicav?

Cuando, el pasado lunes, infoLibre contactó con los primeros eurodiputados españoles cuyo nombre figuraba en la lista de miembros del fondo difundida en 2009 por el laboratorio de ideas británico Open Europe, obtuvo la siguiente respuesta: tanto el dirigente de IU Willy Meyer como la jefa de la delegación socialista, Elena Valenciano, alegaron total ignorancia sobre la existencia de la sicav de Luxemburgo.

Miguel Arias Cañete, que no ha accedido a hablar con este diario desde que en mayo publicó sus vinculaciones societarias con empresas de Panamá y las Antillas Holandesas, no fue localizado. Pero, al día siguiente, fuentes oficiales del PP enmendaron la plana a Meyer, Valenciano y Rosa Díez, que para entonces había facilitado la misma versión: pertenecía al fondo pero no tenía ni la más remota idea de que sus inversiones fueran gestionadas por una sicav.

El PP, en cambio, adujo lo mismo que el eurodiputado Ignasi Guardans: que todos los sabían. Porque periódicamente recibían información de cómo evolucionaba el fondo. Y en esa información figuraba la sicav. En una entrevista con la Cadena Ser, Guardans introdujo una matización: al firmar, es muy posible que muchos no lo supieran pero, luego, el asunto del fondo formaba parte “de las conversaciones de café”, con lo que todos acababan por percatarse de la existencia de la sicav. Además de Guardans, que no quiso entrar en el fondo porque le pareció “muy complicado” –adjetivo que, como él mismo precisó, era suave–, no es el único español que se ha desmarcado del plan de pensiones de Luxemburgo.

Valenciano, como otros socialistas presentes en el fondo, ha anunciado su baja. Y Díez, que en octubre de 2013 pidió a Rajoy que “apretase” en tributación a las sicav –españolas–, ha pedido a Estrasburgo que clarifique la situación. La versión oficial de Valenciano, Díez y el propio Meyer coincide en un punto clave: saben que pertenecen al fondo pero ignoraban la existencia de una sicav. La versión del PP –cuyo portavoz en Europa, Miguel Arias Cañete, no solo pertenece al fondo sino que además llegó a ser administrador de la sicav– fue de inmediato la contraria: “Todos sabían de la sicav”.

Como Guardans, tampoco la exministra del PP y hoy diputada al Congreso Celia Villalobos se sumó al fondo durante su paso por Estrasburgo. Aunque fue ella misma quien se encargó de difundir su ausencia, a renglón seguido se ocupó también de subrayar que no entiende “el escándalo”. 

Doble cotización, doble pensión

Los integrantes del fondo ya tenían durante ese periodo garantizada su jubilación gracias a las cotizaciones asumidas por los países en los que fueron elegidos. En España, cotizaba por ellos el Congreso de los Diputados hasta que, en 2009, la Eurocámara unificó retribuciones y prestaciones de previsión social y dejó de sostener económicamente el fondo privado de la sicav. Un fondo que, al cierre de 2012, acumulaba un déficit de 209 millones: exactamente la diferencia entre los activos de la “asociación sin ánimo de lucro” formalizada para canalizar el fondo y sus obligaciones de pago. Pero no serán los suscriptores del fondo quienes tapen el agujero para abonar las pensiones comprometidas. Lo hará el Parlamento. Con dinero de todos los ciudadanos de la Unión.

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