90 años de la proclamación de la Segunda República

Una sociedad cada vez más republicana florece entre las grietas de una monarquía asediada por sus propios escándalos

Bandera tricolor durante un acto de homenaje a cientos de pamploneses fusilados en 1936.
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Madrid, 1995. El expresidente del Gobierno Adolfo Suárez concede una entrevista televisiva a la periodista Victoria Prego. La conversación transcurre con normalidad hasta que la reportera le pregunta por la inclusión de la monarquía en la Ley para la Reforma Política de 1977. "Claro, y lo meto [al rey] por una razón que no te voy a contar", desliza quien fuera líder de la UCD. A continuación, se tapa el micro. Pero lo que dice queda perfectamente registrado. "La mayor parte de los jefes de Gobierno extranjero me pedían un referéndum sobre monarquía y república. [...] Hacíamos encuestas y perdíamos", desliza Suárez. La confesión, recuperada décadas después por La Sexta Columna, se produjo en un momento en el que la Corona gozaba de una enorme aceptación social. Un apoyo que, sin embargo, se ha ido derrumbando al calor de los sucesivos escándalos que han rodeado a la institución en los últimos años. Porque la brecha entre los que apostarían en un hipotético referéndum por continuar en una monarquía y los que se decantarían por girar hacia una república, noventa años después de la proclamación de la Segunda, es cada vez más reducida.

La actuación del rey durante el golpe de Estado del 23F permitió consolidar su figura entre la ciudadanía. En 1984, tres años después de la intentona, nada menos que un 77,1% de los encuestados en un barómetro especial sobre la Constitución del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se mostraban "muy" o "bastante de acuerdo" con la afirmación de que el monarca era "una garantía de orden y estabilidad". Y casi nueve de cada diez españoles con la de que el monarca había sabido ganarse la "simpatía y afecto" de los españoles, incluso entre aquellos que no veían a la institución con buenos ojos.

Un respaldo férreo que se continuaba manteniendo en los últimos compases de la década de los noventa. Por aquel entonces, según se recoge en el informe sociológico Pulso de España 2010, coordinado por el presidente de Metroscopia, las encuestas que se realizaban daban una aplastante victoria a una monarquía parlamentaria frente a una república como sistema preferido para el país. En 1996 y 1997, la diferencia a favor de la primera era de 53 y 50 puntos. En 1998, escalaba hasta los 61 puntos: un 72% de los ciudadanos eran partidarios de un continuismo mientras que solo un 11% se inclinaba por girar hacia un modelo como el que los griegos habían respaldado en referéndum un año antes de la muerte de Francisco Franco.

Pero con el cambio de siglo las distancias se fueron reduciendo lentamente. En 2007, la monarquía aventajaba a la opción republicana en 47 puntos. Por aquel entonces, los socialistas baleares habían exigido ya al Govern de Jaume Matas que aclarara el destino de 1,2 millones de euros abonados por organizar el Illes Baleares Forum al Instituto Nóos, que había estado dirigido por Iñaki Urdangarín. En 2010, cuando el juez José Castro abrió una pieza en la causa en la que solicitaba información sobre los convenios firmados con la entidad y en el que se empezaba a rumiar la posible implicación del cuñado del rey, la distancia se había recortado a la mitad.

Una brecha que siguió disminuyendo en los meses siguientes al calor de los escándalos que acorralaban a la Corona. Las noticias sobre los negocios del marido de la infanta Cristina, sobre la que también se situaba el foco, no cesaban. Y el duque de Palma acabó siendo imputado. Era diciembre de 2011. Y, por aquel entonces, los estudios demoscópicos de Metroscopia situaban el apoyo a una monarquía parlamentaria en el 49%, frente al 37% que se inclinaba por una república, solo doce puntos de diferencia. Luego llegó el viaje del rey Juan Carlos I a Botsuana –una escapada para cazar elefantes en medio de una durísima crisis económica– y su posterior abdicación. En el momento en el que dejó el trono, un 62% de los ciudadanos estaban a favor de un referéndum sobre el modelo de Estado. Una hipotética consulta en la que 49% apoyaría mantener la institución frente a un 36% partidario del cambio.

Una crisis sin precendentes

A pesar del paso a un lado dado por el emérito, los fantasmas vinculados a su etapa como jefe del Estado siguieron sobrevolando la institución. Hasta que, en verano de 2018, un nuevo escándalo volvió a estallarle en la cara a la Corona con la publicación de aquella conversación entre Corinna Larsen y el comisario jubilado José Manuel Villarejo en la que la examante del rey le acusaba de haber cobrado comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca, de haberla utilizado como testaferro y de haber tenido cuentas ocultas en bancos suizos. Un año después de aquello, en noviembre de 2019, infoLibre hizo pública una encuesta elaborada por SW Demoscopia. Con una muestra de un millar de personas, el sondeo revelaba que casi siete de cada diez españoles querían una consulta. Y volvía a recortar la distancia entre las dos opciones hasta los 7,6 puntos.

Por aquel entonces, la Casa Real ya conocía la existencia de la fundación panameña Lucum, de la que era beneficiario Juan Carlos y Felipe VI y por cuya cuenta radicada en Suiza circularon los 65 millones de euros que el régimen de Arabia Saudí habría transferido al emérito. Sin embargo, el asunto no trascendió hasta marzo de 2020, en plena pandemia y cuando el diario británico The Telegraph lo llevó a sus páginas. A partir de ahí, el cerco alrededor del monarca no ha parado de estrecharse. Uso de tarjetas bancarias con fondos de un empresario mexicano amigo suyo, gastos en especie financiados por Zagatka –otra fundación bajo la lupa–, regularizaciones fiscales... Y una investigación abierta desde hace casi un año en la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre la supuesta fortuna oculta del rey Juan Carlos, para la que se ha pedido numerosa documentación al Ministerio Público suizo.

Un contexto que ha convertido el año de la crisis sanitaria como uno de los más ricos en sondeos privados centrados en la institución. Sináptica, Gad 3, Invymark, 40dB o Sociométrica se han encargado de preguntar a los ciudadanos por el futuro de la jefatura del Estado. De todas ellas, son las dos últimas las que han trabajado sobre una muestra de mayor tamaño –3.000 personas–. Y los resultados que ofrecen son tremendamente dispares. En la primera, se otorga una victoria con seis puntos de diferencia a la opción de la república –40,9% frente a 34,9%–, mientras que la segunda da 38,6 puntos de ventaja a favor de la monarquía. Si se hace un promedio de estos siete últimos sondeos, el continuismo se impondría con un 47,4%, mientras que el giro republicano obtendría el 38,5% de apoyos. A poco menos de nueve puntos una opción de la otra.

Deterioro del bienestar, escándalos y cambio generacional

A ojos de Tomás Alberich, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, los diferentes estudios reflejan un evidente "deterioro" de la "imagen de la monarquía" desde que, hace una década, se empezó a poner más el foco sobre la institución. Algo que, dice, no ocurría en la década de los noventa. "Entonces, el silencio en los medios era total al haberse santificado el papel de Juan Carlos I durante la Transición", apunta el sociólogo en conversación con este diario. Y eso que alguna que otra pista de posibles tejemanejes se había dejado caer. A comienzos de los noventa, sin ir más lejos, quien fuera jefe de Gabinete del Sha de Persia publicó un libro autobiográfico en el que desvelaba una de las cartas enviadas por el rey español a su homólogo pidiéndole 10 millones de dólares para reforzar la monarquía. La ayuda, decía, fue enviada.

Coincide en buena parte con este diagnóstico el secretario ejecutivo de la Federación Española de Sociología (FES), Roberto Barbeito. "En aquellos años, con un contexto de bonanza económica, había una percepción de que las instituciones traían bienestar y la monarquía se había distanciado de sus orígenes. Sin embargo, este bienestar se ha ido deteriorando y hay un sentimiento ciudadano de que las instituciones no defienden sus demandas. Si a esto le sumamos los escándalos de corrupción que han ido apareciendo...", explica el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.

A esto, el sociólogo le añade también el cambio generacional. Algo que reflejaba a la perfección la encuesta que SW Demoscopia hizo para este diario hace año y medio. En aquel sondeo, casi siete de cada diez encuestados de entre 18 y 24 años se mostraban partidarios de una república, una cifra que también era mayoritaria en el siguiente tramo de edad (25-34 años) –era la opción preferida del 55,7%–. Entre los 45 y 64 años, ambas posiciones recibían un apoyo similar. La balanza se inclinaba hacia la monarquía en los más mayores: 67,3% en el grupo de encuestados de entre 65 y 74 años y 79,6% entre los mayores de 75.  

Un CIS que se desentiende

La evolución sobre la opinión de la sociedad respecto al modelo de Estado se conoce gracias al trabajo de firmas demoscópicas privadas. Porque la principal institución sociológica a nivel nacional, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) nunca ha llegado a plantear esta cuestión a los ciudadanos. Como mucho, se les ha preguntado cuáles son los principales aspectos de la Constitución que habría que reformar. Una falta de interés que, en opinión de Alberich, es inconcebible. "Son datos que se deben conocer en una democracia madura", dice el sociólogo, que se muestra convencido de que si no se pone sobre la mesa abiertamente esta cuestión es para evitar que se abra el melón: "Si no se sabe, es algo que queda oculto y todo continúa como está".

Barbeito también considera que es una pregunta que debería plantearse: "Nos puede ayudar a salir de dudas, porque hay que tener en cuenta que los sondeos del CIS se hacen con muestras altamente fiables. Si se pregunta debidamente, puede expresar muy bien la preferencia de la población española". El resultado que arrojaría dicha encuesta, aclara, no quiere decir que sea extrapolable a una supuesta consulta, porque ahí entra en juego la capacidad que tengan ambas opciones de movilizar a un lado y al otro. "Simplemente, reflejaría la opinión o la falta de opinión sobre esta cuestión", completa.

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Esto no quiere decir que el CIS no haya tomado nunca el pulso a la Corona. De hecho, lo hacía de forma más o menos regular en los ochenta, los noventa y la primera década tras el cambio de siglo. Primero, con algunas preguntas sobre el grado de acuerdo con distintas afirmaciones sobre la monarquía y el monarca o con aspectos determinados de la Ley Fundamental. Luego, llegó la medición del grado de confianza. En total, los ciudadanos han puesto nota a la institución una quincena de veces. La última, en 2015, cuando recibía un 4,34, algo mejor que en el momento de la abdicación –3,68– y muy lejos del máximo histórico de los notables altos registrados en 1994 y 1995. Seis años después de aquel barómetro, sigue sin haberse vuelto a introducir esta valoración en las encuestas elaboradas por el centro.

El pasado mes de septiembre, el presidente del CIS, José Félix Tezanos, rechazó la posibilidad de que las encuestas del ente público pregunten a la ciudadanía sobre la Casa Real. "No voy a abrir un debate sobre la monarquía", apuntó el director del centro. Y no lo hará, dijo, porque es un asunto que "no interesa" a los españoles. Es decir, porque no es uno de los principales problemas que declaran los ciudadanos en los distintos barómetros. De hecho, en el último, solo el 0,6% situaban a la institución entre los tres principales. "No es una excusa válida. Hay que tener en cuenta que los preguntados responden de forma espontánea, por lo que, obviamente, lo primero que les viene siempre a la cabeza son las preocupaciones por el paro, la pobreza o los políticos".

"El CIS es un servicio público y tiene que preguntar por aquello que considera que tiene interés para los españoles. Es, por tanto, muy oportuno que pregunte por cuestiones básicas y fundamentales como el modelo de Estado, de forma que permita conocer cómo evoluciona la sociedad en este asunto. Es un tema de interés general y público", se queja también Barbeito. Mientras, son las empresas privadas las que se encargan de tomar este pulso. Y de reflejar cómo en las últimas dos décadas la distancia que separaba a la monarquía de la república se ha ido recortando hasta situarlas en unas posiciones bastante cercanas.

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