Técnicos de Hacienda alertan de que el fraude en las ayudas de la UE no se investiga y el Gobierno oculta los datos

El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha denuncia que la Agencia Tributaria no persigue el fraude contra las subvenciones comunitarias. A pesar de que desde 1995 el Código Penal tipifica como delito (artículo 305.3) el haber defraudado en un mismo ejercicio 50.000 euros o más en las ayudas recibidas por la Unión Europea, esta organización asegura que los sucesivos planes de control tributario del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda no incluyen ningún programa específico para determinar si se cumple la finalidad para las que fueron otorgadas las subvenciones provenientes de Europa. 

Desde la Agencia Tributaria aseguran, sin embargo, que estas ayudas están controladas por el área de Aduanas e Impuestos Especiales y de forma más específica por la Oficina Nacional de Inspección e Investigación –dependiente de la citada área–, que tiene entre sus funciones la investigación de todas las posibles irregularidades relacionadas con los recursos comunitarios, entre ellas, las que puedan suponer delito, pues el ejercicio de acciones penales corresponde a los Estados miembros. 

No obstante, a preguntas de infoLibre, un portavoz autorizado declina facilitar información sobre el número de denuncias presentadas en los últimos años por este tipo de fraude y sobre el número de funcionarios de este organismo encargados de su investigación. Y aunque señala que los países comunitarios "asumen la obligación de información a la UE de los importes correspondientes a los recursos propios constatados en sus controles", no especifica si España comunicó o no a las instituciones comunitarias incidencia alguna en los últimos ejercicios. En este punto, es importante destacar que las memorias que la Agencia Tributaria publica cada año sí recogen información detallada sobre el número de denuncias por fraude fiscal presentadas a la Fiscalía. 

El fraude a las subvenciones de la UE ha ganado cierto protagonismo de forma reciente porque tal y como recoge el Código Penal tiene un límite de cuota defraudada por ejercicio para que sea considerado delito de 50.000 euros. Y es precisamente este límite (50.000 euros), el misma que está fijado para que el fraude a la Seguridad Social sea considerado delito y es el que partidos políticos con representación parlamentaria como el PSOE o Izquierda Unida y también sindicatos como Gestha defienden que se fije para el fraude fiscal contra la Hacienda española. El límite de la cuota defraudada para considerar que se ha podido cometer delito contra la Hacienda Pública española está situado desde el año 2003 en 120.000 euros por ejercicio y delito.

las claves de la "falta de interés" 

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, asegura que las "excepcionales" investigaciones que la Agencia Tributaria ha realizado sobre las subvenciones comunitarias responden a denuncias previas de la OLAF, la oficina europea antifraude creada en 1999. Y que no hay precedentes de apertura de actas de investigación que no tengan su origen en esta oficina comunitaria.

A su juicio, esta "falta de interés" por parte de la Agencia Tributaria tiene dos explicaciones. Por un lado, asegura que de detectarse fraudes, se revelarían "comportamientos poco ejemplares" por parte de las empresas españolas que serían negativo en términos de imagen exterior y también una cierta "dejación de funciones" por parte de la Administración –el propio Estado o las comunidades autónomas–  que no han vigilado a tiempo que se cumpliera el fin para el que fue dada la subvención. Por otro lado, asevera Mollinedo, está el hecho de que el dinero recaudado tras las hipotéticas actas de inspección iría a parar a los fondos de la UE y no al fisco español. Sería por tanto, utilizar recursos del Estado español, para un fin que no repercutiría en el dinero recogido por el organismo encargado de la recaudación de impuestos. 

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que agrupa a las dos asociaciones de inspectores de hacienda existentes en la década de los ochenta: APIFE (Asociación Profesional de Inspectores de Finanzas del Estado), APIHA (Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda de Aduanas) y al Sindicato de Inspectores de Hacienda, declinó participar en este reportaje. 

Casos recientes 

Aunque el organismo natural para investigar este tipo de fraudes es la Agencia Tributaria, un simple barrido a la hemeroteca permite confirmar que detrás de muchas de estas investigaciones están la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que actúan tras las denuncias de particulares  o alertados por tramas sospechosas en el curso de otras investigaciones. 

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Uno de los casos de fraude contra las subvenciones de la UE más relevantes de los últimos años es el llamado caso Pallerols, que surgió a instancias de dos profesores de las academias del empresario andorrano Fidel Pallerols, que denunciaron una estafa con el uso de fondos comunitarios para formación de parados en Cataluña. Según dictaminó la Audiencia de Barcelona, Pallerols recibía fondos europeos a cambio de desviar dinero que iba a la financiación irregular de Unió Democràtica de Catalunya. El fraude rondó los 400.000 euros y tanto el empresario como el que fuera secretario de organización de UDC y director general de Empleo de la Generalitat Vicenç Gabaldà fueron condenados a prisión, si bien el segundo disfruta en la actualidad del régimen abierto. 

En Andalucía, varios juzgados de la comunidad, entre ellos, el de la juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, están investigando las ayudas a la formación que recibió UGT por parte de la UE porque se sospecha que el sindicato defraudó parte de los fondos públicos recibidos, unos siete millones de euros. En la actualidad se están investigando en total 19 expedientes de los años 2008 a 2012. En enero del año pasado la Comisión Europea abrió una investigación para determinar si hubo uso fraudulento de fondos europeos por parte del sindicato y suspendió desde entonces los pagos a la formación. El proyecto –es solo el primero– que está bajo lupa de las instituciones comunitarias ascendía a 500.000 euros, de los que 375.000 estaban cofinanciados por la UE. 

Según el Informe OLAF 2013 (el último publicado, consultar aquí) esta oficina recomendó a España entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2013 la apertura de una treintena de investigaciones judiciales ante la sospecha de que se pudiera haber producido fraude en las subvenciones europeas. Siete investigaciones seguían activas en ese momento y otras 23 ya se habían cursado con el resultado de 14 archivos y nueve condenas.