Los togados también tuitean: "Cuido que mi opinión no comprometa la imparcialidad que se me exige"

No suele ser nada habitual que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronuncie sobre el uso que magistrados y jueces hacen de las redes sociales. Y, mucho menos, que abra investigaciones por los mensajes que publican en las mismas. De hecho, la base de datos del órgano –actualizada hasta cierre de 2020– sólo recoge una resolución dictada en materia disciplinaria que tenga que ver con la actividad de los togados en estos espacios digitales. En ese caso, se decretó el archivo. Igual que hizo la pasada semana el Promotor de la Acción Disciplinaria al dar carpetazo a la diligencia informativa que se había abierto contra un magistrado de Barcelona por sus tuits contra el Govern catalán. El CGPJ consideró que no eran "constitutivos" de "falta disciplinaria alguna". Lo que no quiere decir que algunos de sus mensajes no quebraran su "apariencia de imparcialidad". De hecho, así lo consideró unos meses antes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al aceptar su recusación en una causa en la que era parte la periodista Pilar Rahola.

El número de togas que usan las redes sociales se ha ido incrementando paulatinamente. "Más o menos en la actualidad hay [en Twitter] más de 200 cuentas de jueces y fiscales españoles, identificados o identificables como tal", calculaba el pasado mes de mayo el juez Adolfo Peralta Gutiérrez en un artículo difundido por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Un uso cada vez más extendido de estas herramientas por parte de miembros de la Administración de Justicia que ha ido acompañado de un amplio debate sobre los riesgos inherentes al mismo y la posible quiebra de los principios éticos a los que se ven sometidos. De ahí, los recientes pronunciamientos tanto de la Red Mundial de Integridad Judicial de Naciones Unidas como del Consejo General del Poder Judicial intentando arrojar luz sobre cómo usar redes como Twitter o Facebook.

La Comisión de Ética Judicial del CGPJ lo hizo a comienzos de 2019. Y su conclusión fue clara: los togados, como cualquier ciudadano, pueden acceder a estas herramientas y expresar sus opiniones en el ejercicio de su libertad de expresión. Eso sí, siempre con "prudencia" y "moderación". "Puede afectar gravemente a la apariencia de independencia e imparcialidad. [...] Por eso surge el correlativo deber ético de ser extremadamente cuidadosos a la hora de expresar sus opiniones, efectuar valoraciones personales y reaccionar ante publicaciones ajenas, siempre que exista la razonable posibilidad de que puedan ser reconocidos como integrantes del Poder Judicial", se recogía en el extenso dictamen, emitido a raíz de una consulta realizada por un juez.

No pronunciarse sobre asuntos propios

En este equilibrio se mueve la usuaria LadyCrocs. Esta jueza puso en marcha su cuenta de Twitter a finales de 2014. Lo hizo tras la sugerencia de una compañera. Ahora, tiene más de 100.000 seguidores. En conversación con infoLibre, reconoce que el uso de las redes sociales por parte de miembros de la Administración de Justicia "puede" poner en cuestión su independencia. Por eso, precisamente, no esconde que en ocasiones se "autocensura". Cuenta que no habla de política. Y si interactúa con un perfil de estas características, lo hace siempre "desde una perspectiva jurídica o técnica" y con el fin de "aclarar alguna norma", exponer su "parecer jurídico" o "comentar la situación normativa", lo que no impide que, incluso así, la acaben etiquetando "en un sentido o en otro". "Por otro lado, más que límite es modo de actuar: escribo pensando que tengo delante al interlocutor y evitando faltar nunca al respeto", completa.

LadyCrocs es solo un seudónimo. No recurre a él porque a los jueces no les esté permitido identificarse como tales en redes sociales. Pueden hacerlo, con nombres y apellidos, si bien el Poder Judicial avisa de que "cuantos más datos" aporten sobre su identidad judicial "mayor será el riesgo de que sus intervenciones y publicaciones" puedan "incidir" en la "percepción ajena sobre independencia judicial, apariencia de imparcialidad e integridad". De hecho, esta tuitera decidió hace un año actuar con su imagen y su nombre, si bien terminó volviendo al avatar y al seudónimo tras llevarse un "susto": fue alertada de que un tipo con antecedentes penales se había fijado en ella y residía cerca del trabajo. De todos modos, dice que su "identidad es conocida" desde que hace un tiempo "personas" ajenas a ella "decidieron proporcionar esa información".

Fernando Germán Benítez, fiscal especializado en Medio Ambiente, sí que se identifica completamente en la red social –fotografía incluida–. Comenzó en Twitter allá por 2011. Y tiene en la actualidad más de 27.000 seguidores. En conversación con este diario, dice que nunca ha tenido necesidad de ocultarse. "Ya advierto que mi cuenta es personal y no institucional, y mis opiniones, estrictamente personales", señala. Al igual que la jueza, se marca ciertos "límites". Por ejemplo, no se pronuncia "sobre asuntos" en los cuales tenga que intervenir o sobre otros "ajenos" en los que no haya "sentencia firme". "Y, desde luego, cuando opino sobre algún tema tengo cuidado de que mi opinión no comprometa la imparcialidad que en el desempeño de mi profesión se me exige", completa, al tiempo que recuerda que les está "prohibido" dirigir a los poderes públicos "felicitaciones o censuras" por sus "actos".

Un caso por incumplir el deber de sigilo

La jurisprudencia se ha encargado de recordar en más de una ocasión que los jueces y magistrados tienen derecho a expresar libremente sus ideas y opiniones. Sin embargo, ese derecho se encuentra supeditado, por ejemplo, al deber de sigilo. De hecho, la única resolución de la Comisión Disciplinaria que guarda relación con las redes sociales tiene mucho que ver con esta obligación de reserva. Se dictó en septiembre de 2018. El caso en cuestión afectaba a una magistrada que había publicado en Twitter una fotografía de lo que sería la carátula de un atestado de la Guardia Civil. Tachó los elementos identificativos, pero no sabía que pasando la imagen por un programa informático se podían terminar extrayendo esos datos. El asunto fue archivado al considerarse que el hecho de haber intentado censurar tal información eliminaba la querencia de "descubrir o manifestar lo ignorado o secreto" que requiere ese tipo disciplinario.

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El dictamen emitido en su momento por el Consejo General del Poder Judicial sobre el uso de las redes sociales abordaba incluso, aunque más de pasada, cómo debían afrontarse las relaciones con otros usuarios o las reacciones ante otras publicaciones. "Es conocido que los términos 'amigo' o 'seguidor' que se emplean en algunas redes sociales no tienen el mismo significado que fuera de ese contexto. En principio, aparecer como 'amigo' o 'seguidor' de otro no tiene por qué afectar, por sí mismo, a la apariencia de imparcialidad, aunque se presente en esa red social como miembro del Poder Judicial. Pero tampoco puede descartarse el riesgo de que esa actuación pueda afectar a la independencia o a la imparcialidad", recogía entonces el órgano de gobierno de los jueces.

"Función pedagógica" y vía para acercarse al ciudadano

Aquel documento, no obstante, también ponía el foco de los beneficios que tiene la presencia de estos profesionales en Twitter o Facebook. Al fin y al cabo, puede "favorecer" el "cumplimiento de los deberes éticos" relacionados con la "función pedagógica" o la "defensa de los derechos fundamentales y los valores en los que se sustenta nuestro ordenamiento jurídico". "Desde mi experiencia creo que es la mayor virtud que se le puede atribuir a esta red social. Tanto divulgar en sentido neutro como aclarar alguna noticia ambigua, o desmentir informaciones jurídicamente erróneas", señala LadyCrocs, que asegura que por el momento no ha tenido problema alguno por verter opiniones sobre determinadas cuestiones a través de Twitter.

En la misma línea se pronuncia el miembro del Ministerio Público, que "hasta ahora" tampoco ha tenido sustos por el uso que hace de la red social. "Cumplen una función importante", insiste Benítez. Y no solo en materia divulgativa, donde asegura que la Fiscalía General del Estado está haciendo en los últimos tiempos "una importante labor" a través de sus boletines informativos. También a la hora de romper ese muro que en multitud de ocasiones separa a los ciudadanos de a pie de la Administración de Justicia. "Nos dan a conocer de una forma más cercana y lejos de estereotipos, tanto nuestro trabajo como las condiciones en las que se desarrolla", sentencia.