El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) fue el primero en denunciar a la Fiscalía por el desmentido de un bulo aireado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, sobre la confesión de dos delitos fiscales por el novio de esta, el comisionista Alberto González Amador. Inmediatamente después de acabar el juicio que terminó con la inhabilitación del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, tres magistrados acudieron a la sede de ese colegio profesional para impartir un curso pagado por la institución. Y a solo nueve días de conocerse el fallo condenatorio, en pleno proceso contra el jefe del Ministerio Público, el Gobierno de Ayuso convirtió el centro de estudios del ICAM en una universidad privada adscrita a la Complutense.
Dos asociaciones progresistas de abogados –la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y la Asociación Libre de la Abogacía (ALA)– han denunciado públicamente por esos hechos la falta de neutralidad del ICAM y han acusado a su decano, Eugenio Ribón, de poner la institución al servicio de intereses partidistas, en concreto los de la presidenta de la Comunidad de Madrid. A las denuncias de ambos colectivos se suma la de Defiéndete en derecho, otra asociación que tiene por objeto la defensa de los derechos fundamentales, las garantías democráticas y el Estado de derecho. ADADE es conocida por actuar como acusación popular en causas de corrupción como Gürtel, Koldo, Púnica, Lezo o Kitchen.
ADADE y Defiéndete en derecho consideran que el ICAM se ha convertido "en punta de lanza partidista". Las dos asociaciones ven "insólito" el apoyo del colegio a González Amador, "un particular que habiendo reconocido sus deudas con Hacienda, está procesado". Ambas organizaciones recuerdan que el ICAM fue el único colegio de toda España que decidió acusar a García Ortiz, para el que pidió cuatro años de cárcel (el Consejo General de la Abogacía Española, que engloba a todos, rechazó hacerlo). Los colectivos subrayan la "singular circunstancia de la simultaneidad de la posición como acusación del ICAM y la concesión de una universidad privada por la Comunidad de Madrid, con absoluta falta de transparencia".
Tanto ADADE como Defiéndete en derecho se suman a ALA. La asociación de abogados progresistas ya denunció durante el juicio al fiscal general "la inusitada celeridad en la respuesta" de la dirección del colegio, que denunció a la Fiscalía solo seis días después del desmentido oficial de Ayuso y su entorno difundido por el Ministerio Público. ALA también criticó entonces el "desorbitado y sobreactuado protagonismo" del equipo de Ribón, que afirmó actuar "no solo en nombre de la abogacía madrileña", sino "en nombre de la sociedad en su conjunto". La asociación progresista aseguró que el colegio se había posicionado de forma innecesaria conforme a las tesis de la defensa de González Amador, apuntando incluso a una operación diseñada desde la presidencia del Gobierno que el Supremo descartó desde el primer momento.
El ICAM y su decano mantuvieron una actitud especialmente beligerante contra la Fiscalía y su máximo responsable desde el primer momento por la supuesta revelación en una nota de prensa de unas negociaciones de conformidad del novio de Ayuso en las que confesaba la comisión de dos delitos fiscales. Pero, tanto en la instrucción como durante el juicio al jefe del Ministerio Público, se demostró que la primera filtración de esas conversaciones había partido del propio González Amador y de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de Ayuso. Sin embargo, el colegio mantuvo "un clamoroso silencio" sobre este chivatazo, como recuerda ALA. El Estatuto General de la Abogacía establece que "el deber de secreto profesional del profesional de la abogacía comprende todas las comunicaciones que, como profesional de la abogacía, haya recibido en su ejercicio profesional".
De las tres asociaciones que denuncian la politización de la institución, ADADE y Defiéndete en derecho solicitan al colegio "que vuelva a los cauces de la debida neutralidad política y la defensa de los intereses profesionales de los abogados". También reclaman que se les entregue "el expediente completo que llevó a la personación como acusación del ICAM contra el fiscal general" y que se convoque "una asamblea extraordinaria para debatir sobre esta actuación del colegio". Y avisan de que, si no se atienden sus peticiones, solicitarán "la inmediata dimisión" de Ribón "por la absoluta falta de neutralidad del colegio bajo su mandato".
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) fue el primero en denunciar a la Fiscalía por el desmentido de un bulo aireado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, sobre la confesión de dos delitos fiscales por el novio de esta, el comisionista Alberto González Amador. Inmediatamente después de acabar el juicio que terminó con la inhabilitación del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, tres magistrados acudieron a la sede de ese colegio profesional para impartir un curso pagado por la institución. Y a solo nueve días de conocerse el fallo condenatorio, en pleno proceso contra el jefe del Ministerio Público, el Gobierno de Ayuso convirtió el centro de estudios del ICAM en una universidad privada adscrita a la Complutense.