El Tribunal de Cuentas descubre también en León pagos irregulares de cuotas en las primarias de Mañueco

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

El Tribunal de Cuentas (TCU) ha dado una vuelta de tuerca al caso que investiga un juez de Salamanca sobre la supuesta financiación ilegal del PP en las primarias de marzo de 2017, ganadas por quien este lunes y con la ayuda de Vox volverá a ser investido presidente de Castilla y León: Alfonso Fernández Mañueco. Un oficio remitido al juez por el TCU destapa que también en León el tribunal ha detectado el pago de cuotas atrasadas mediante un sistema expresamente prohibido por la Ley de Financiación de Partidos (LOFPP).

Al igual que en Salamanca y en contra de lo que, como recuerda el Tribunal de Cuentas, preceptúa la ley, fueron dirigentes del PP quienes en León abonaron parte de las cantidades pendientes de pago por militantes morosos. Estar al día constituye un requisito imprescindible para que un afiliado pueda participar en las elecciones internas. Pero, para prevenir que llegue a un partido dinero de origen opaco en pequeñas cantidades –lo que se denomina pitufeo– y garantizar la limpieza de su contabilidad, la ley solo permite que sea el afectado y no un tercero quien satisfaga la cuota.

Desde noviembre, permanecen imputados en esta causa el presidente provincial del PP salmantino, Javier Iglesias; la gerente provincial, Isabel Sánchez; y el partido como persona jurídica a escala estatal. En el auto de imputación el juez recalca que ni siquiera se conoce el origen de todos los fondos que 28 cargos y otros 11 afiliados de Salamanca aseguran haber aportado de su bolsillo. El magistrado destaca que estamos ante la figura de la "donación anónima ilegal". El recurso del PP contra las tres imputaciones se encuentra en espera de que resuelva la Audiencia Provincial.

Fechado el 14 de marzo y remitido al juez de instrucción 2 de Salamanca, que a instancias de la acusación popular (Foro de Izquierdas) le había solicitado respuesta sobre el pago de cuotas atrasadas, el oficio del TCU reproduce literalmente un párrafo del informe estatal de fiscalización de los partidos en 2017. El texto, que había pasado inadvertido, relata así lo que sucedió en 2017: “En el extracto de la cuenta bancaria de la sede de León se han observado 97 ingresos de cuotas no identificadas con el nombre del afiliado sino con el nombre de varios dirigentes provinciales del partido”.

Dos de esos dirigentes, cuyo número total no precisa el máximo organismo fiscalizador del país como tampoco sus identidades, hicieron “13 ingresos nominativos cada uno”. Y un tercero, 39. Todos, por la misma cantidad: 124 euros “que suponían la regularización de las cuotas de los años 2014 a 2017”. En total y tal como explica el tribunal, esos “varios dirigentes” cuyo número total no se precisa entregaron 12.028 euros. O sea, que los tres referidos al comienzo del párrafo aportaron 8.060 euros. No se sabe cuántos cargos más pusieron el resto hasta los 12.028 que, según el Tribunal de Cuentas, suman en total los "ingresos en la cuenta bancaria de cuotas no identificados con el nombre del afiliado".

“Este procedimiento –continúa el Tribunal de Cuentas– no asegura la trazabilidad de la identidad del pagador de la cuota, que necesariamente ha de ser el afiliado, como establece el artículo 8.2 de la LOFPP, según el cual todos los ingresos de cuotas deben realizarse mediante domiciliación bancaria o ingreso nominativo”.

¿Significa lo anterior que se ha vulnerado la Ley de Financiación de Partidos? Fuentes del Tribunal de Cuentas sostienen que sí. La segunda duda se relaciona con el concepto que el escrito del tribunal define literalmente como “trazabilidad de la identidad del pagador de la cuota”. Y según las mismas fuentes, eso equivale a que no se puede concluir que la cuota pagada corresponda al afiliado que señala el partido. ¿Por qué? Porque el dinero lo puso otra persona. En este caso, tales personas, las que pagaron, son los dirigentes ya citados. Uno efectuó 39 ingresos mientras que otros dos realizaron 13 cada uno.

Confiando en que la Audiencia de Salamanca anulará las imputaciones, el PP justifica el sistema investigado por el juez. Y lo hace con este argumento: que aquí no cabe aplicar la Ley de Financiación de Partidos sino un artículo del Código Civil que autoriza la liquidación de deudas de terceros en la forma que quiera el pagador.

¿Significan mucho en el escenario contable de un partido los 12.084 euros de León o los 24.140 euros de origen injustificado en Salamanca y que el juez califica como “donación anónima ilegal”? No. pero en este caso, y como sostienen las distintas fuentes consultadas, lo relevante a efectos penales no es la envergadura de las cuantías bajo sospecha sino que su propia existencia destapa lo que los indicios presentan como un sistema de financiación al margen de la ley.

Hasta ahora la investigación judicial solo afecta a Salamanca. Pero ya en 2020, cuando tras un cerrojazo fue reabierto el caso, la acusación popular elevó un amplio escrito al magistrado salmantino. En sus páginas, Foro de Izquierdas sostenía que lo ocurrido en las primarias de 2017 afectaba no solo a la provincia salmantina sino a toda la comunidad de Castilla y León. Y que no se trataba solo de donaciones anónimas ilegales sino de financiación con dinero B, algo que el PP niega de modo taxativo. Aquel escrito de la acusación cayó en saco roto.

En marzo de 2017, Alfonso Fernández Mañueco se convirtió en presidente regional del PP tras vencer a su rival en las primarias internas, Antonio Silván. El primero era alcalde de Salamanca. El segundo, de León. Ese dato aumenta la importancia de ambas provincias en el proceso de elecciones internas. Porque tal proceso determinaría cuál de los dos pasaría a controlar el partido y se erigiría en candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

infoLibre se dirigió a los portavoces del PP de León para conocer su opinión sobre las afirmaciones del Tribunal de Cuentas. Las fuentes consultadas adujeron que el nuevo equipo dirige la organización provincial desde hace menos de un año, añadieron que ignora lo sucedido en 2017 y concluyeron que, por tanto, no puede pronunciarse.

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