El Tribunal Superior paraliza la privatización de seis hospitales en Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado en un auto la paralización cautelar del proceso de privatización de seis hospitales contruidos con fondos públicos en Madrid. Este tribunal, que desestimó un recurso del PSM al considerar que los seis diputados socialistas que pidieron la detención del proceso no representaban un “interés legítimo”, sí determina que la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) está legitimada para recurrir. 

El TSJM acuerda por tanto la paralización del mayor proceso de privatización de la sanidad española –ya suspendido de forma cautelar por el juzgado número cuatro de lo contencioso administrativo de Madrid– y solicitada por la asociación de facultativos, impulsora de la marea blanca y de las movilizaciones a favor de la sanidad pública. Estima que si la privatización siguiera hacia adelante podrían darse situaciones "irreversibles" o "de difícil o costosa reversibilidad" si una futura sentencia la suspendiera definitivamente. De hecho, este es el mismo argumento que esgrimió hace una semana el tribunal de rango inferior. 

En su recurso contra la "publicación" de los pliegos, entre otros motivos, los médicos argumentaron que la Consejería de Sanidad cambió las condiciones de la licitación a cuatro días de que se cerrase el plazo de presentación de documentación para las empresas que querían acceder a la gestión de los seis hospitales. Señalaron que había flexibilizado las condiciones al cambiar la cantidad económica que las empresas tenía que presentar a modo de aval de un 5% del total de la adjudicación del contrato al mismo porcentaje pero sólo sobre la cantidad correspondiente al primer año. 

El tribunal, que no entra en consideraciones de fondo, sí dice que esta es una "modificación sustancial de las condiciones" que "podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva al haber podido impedir licitaciones de empresas por el importe de la garantía definitiva". 

El pasado jueves, un día después de que se conociera la suspensión cautelar de este proceso dictada por un juez de lo contencioso administrativo, el consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández Lasquetty, cargó con dureza contra el juez que dictó el auto en el que se contenía esta resolución y dijo que ese juzgado no era "competente" para hacerlo. En ese momento tachó de "incomprensible" que un juzgado hubiese vuelto a tratar "exactamente lo mismo que trató el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), un órgano superior". Pues bien, ahora es un órgano superior es que, de nuevo, ordena la privatización de la gestión de seis hospitales madrileños. 

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Este verano la Comunidad entregó a las empresas HIMA San Pablo –compañía puertorriqueña experta en turismo sanitario e investigada por el quebranto económico causado a algunas entidades financieras de este país–, Sanitas y el consorcio formado por Ribera Salud, El Corte Inglés y una filial de la constructora OHL la gestión de seis hospitales construidos con fondos públicos. De esta forma Madrid pretendía consumar el mayor proceso privatizador de la sanidad española.

Si la Justicia no lo impide, el plan de la Consejería es que Hima San Pablo gestione el Infanta Sofía y el lote compuesto por el Infanta Cristina y el Hospital del Tajo, mientras Unión Temporal de Empresas en la que participa Ribera Salud haga lo propio con el Infanta Leonor y el Hospital del Sureste. Sanitas, por su parte, gestionaría el Hospital del Henares.