Corrupción

El TSJ de Madrid confirma que Acuamed despidió a una directiva en "represalia" por negarse a avalar "irregularidades"

Arcadio Mateo del Puerto, director general de Acuamed.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) acaba de confirmar íntegramente la sentencia que obligaba a Acuamed a readmitir a una de las directivas a las que la empresa pública despidió por negarse a aceptar el amaño de contratos y liquidaciones. En una sentencia a la que ha tenido acceso infoLibre, el tribunal ratifica que el despido de la ingeniera Gracia Ballesteros, en 2015, se produjo en "represalia" por esto: su negativa "a participar en ciertas actuaciones, vamos a denominar en este orden jurisdiccional y como nuevamente atina el Magistrado de instancia [el juez que dictó la primera sentencia contraria al despido], "irregulares”.

El recurso de Acuamed llegó al TSJ de Madrid cuando ya había trascendido lo sustancial de las acusaciones que en enero de 2016 llevaron al juez de la Audiencia Nacional a encarcelar al ya exconsejero delegado de Acuamed y supuesto jefe de una monumental -y presunta- trama de amaño de contratos, Arcadio Mateo.

En ese recurso, la empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura pretendía que el TSJM borrase del apartado de "hechos probados" lo que en el siguiente enunciado aparece entre comillas: que, después del verano de 2013, Mateo les había dicho a Gracia Ballesteros y al director de ingeniería y construcción -Francisco Valiente, también despedido y cuyo testimonio resultó crucial para la investigación-  que se iba a pagar una liquidación de 10 millones "que no procedía" en la obra de la desaladora del Bajo Almanzora y que otra parte del pago se iba a hacer mediante un "modificado ficticio" de la obra del embalse de Flix.

Es decir, cuando ya la UE había pedido medidas al Gobierno de España en torno a Acuamed y cuando la Oficina Antifraude europea (OLAF) había reclamado toda la información sobre el asunto, la empresa pública dependiente de Agricultura siguió intentando que los tribunales no diesen carta de naturaleza a la existencia de "irregularidades", por utilizar el término empleado por el tribunal dado que la sentencia se inscribe en la jurisdicción social y no en la penal. La sentencia admite recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Como publicó infoLibre hace dos semanas, la "preocupación" transmitida al Gobierno por Bruselas en relación al caso Acuamed forzó al Ministerio de Hacienda a retirar 25,6 millones de fondos UE a 17 proyectos liderados por la empresa hidráulica. 

 

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