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El TSJ de Madrid inhabilita por prevaricación a la jueza que intentó reabrir el 11-M

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la magistrada María del Coro Cillán, hasta ahora al frente del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, a una inhabilitación de quince años por un delito continuado de prevaricación por favorecer supuestamente a un amigo íntimo al precintar en 2011 la discoteca madrileña Moma, en la calle José Abascal.

En la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, los magistrados condenan a la juez a una multa de 18 meses y un dia por una cuota de 15 euros y a la citada inhabilitación.

En el juicio, Coro Cillán aseveró que acordó precintar la discoteca Moma en septiembre de 2011 a raíz de la denuncia de uno de los socios para evitar que se produjera otro caso como la muerte del joven Álvaro Ussía, quien falleció en 2008 a manos de un portero de El Balcón de Rosales.

Cillán, conocida por reabrir el caso del 11-M o llevar la investigación del caso Ussía, se enfrentaba a la petición de que se la inhabilitara durante veinte años para ejercer como magistrada. Finalmente, se han quedado en 15 años.

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El TSJM sostiene que Cillán cometió ese delito, ya que dictaminó varias resoluciones injustas. Así, menciona el auto de precinto del local y la resolución en la que nombraba un administrador. "No eran sostenibles jurídicamente", asevera el tribunal madrileño y añade que no cumplían "los mínimos parámetros de motivación".

En el auto de procesamiento, el TSJM apreciaba la existencia de elementos típicos del delito continuado de prevaricación. Por ejemplo, señalaba como conducta irregular que la juez implantó una administración judicial respecto a "unos locales en los que ni consta ni se denuncia la comisión de hechos delictivos, sino una controversia entre sus titulares".

El pasado diciembre, la comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial incoó un expediente disciplinario a Coro Cillán por cuatro posibles faltas de disciplina cometidas en relación diversas decisiones que afectaron a la administración judicial de la citada discoteca.

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