Derechos humanos

La Unión Progresista de Fiscales denuncia que la retención del 'Open Arms' es una medida política que "blanquea" la violación de los derechos humanos

El fundador de la ONG Open Arms, Oscar Camps , habla por teléfono, tras recibir el despacho enviado por el Ministerio de Fomento a través de la Capitanía Marítima de Barcelona, que les deniega el permiso para zarpar hacia el Mediterráneo central.

La Unión Progresista de Fiscales mostró este miércoles su preocupación por la decisión que adoptó este lunes la Capitanía Marítima de Barcelona. Desde ese día, el organismo, dependiente del Ministerio de Fomento, impide al buque Open Arms zarpar con destino a la zona SAR de LibiaOpen Arms donde, desde hace más de dos años, lleva a cabo labores de observación y rescate de miles de migrantes y refugiados que se juegan la vida en su intento por llegar a Europa. Según la organización judicial, esta decisión se debe a un acto político y no administrativo que, además, "blanquea y convalida las políticas atentatorias contra los derechos humanos"

"El despacho de un buque debe ser un acto administrativo, no político, y limitarse a comprobar que el buque cumple los requisitos necesarios para la navegación y la actividad que pretende realizar", han manifestado los fiscales a través de un comunicado hecho público este miércoles. Pero no ha sido así. Tal y como denuncian, la denegación del permiso de continuar con las labores de rescate "constituye de facto una medida cautelar preventiva que impide al buque navegar hasta aguas próximas a Libia, principal puerta de entrada de inmigrantes por mar a Europa y convertidas ahora en una fosa común". 

Esta medida, además, se ha llevado a cabo en base a unos argumentos inadecuados. La Capitanía, recuerdan, supedita la autorización de la salida del barco "a la existencia de un acuerdo para el desembarco de los rescatados con las autoridades responsables de las zonas SAR concernidas". Es decir, Italia, Malta y Libia. Pero, según, afirman, esta exigencia es de "imposible materialización". Lo es porque, desde hace meses, la política migratoria de los dos países mediterráneos se ha basado, únicamente, en el cierre de puertos y en la prohibición de desembarcar a los migrantes y refugiados rescatados en el mar Mediterráneo y porque, además, Libia es un país declarado inseguro para el desembarco por distintos organismos internacionales de derechos humanos. 

Pero es que además, afirman desde la organización de fiscales, que se consiga o no este acuerdo "escapa a la posibilidad de actuación" de la ONG Proactiva Open Arms, la propietaria del buque. En este sentido, recuerdan que en otras ocasiones los tripulantes del barco se han visto obligados a navegar miles de millas en busca de un puerto seguro en el que poder atracar. "Les impide la salida haciendo recaer sobre ellos la responsabilidad de actos ajenos", critican. "Aún mayor reproche merece el hecho de que las consecuencias de la denegación recaigan sobre cientos de personas en peligro, que son privadas así de una asistencia vital ante la falta de medios oficiales de salvamento y rescate en la zona", añaden. 

Por todo ello, solicitan al Gobierno el cese de la retención "y una respuesta firme y valiente", denunciando ante el Tribunal del Mar los incumplimientos de las obligaciones de los Gobiernos de los países mediterráneos y liderando "una respuesta europea coordinada y respetuosa con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y el Convenio Europeo de Derechos Humanos". 

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Cataluña explicaron sin embargo este lunes que se trata de una decisión que obedece a criterios técnicos de la Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento, y que ha permitido a la entidad presentar un recurso para poder operar con garantías. El jefe de la Capitanía Marítima de Barcelona, Javier Valencia, denegó el despacho del 8 de enero con destino a la zona SAR de Libia "hasta que no garantice que existe un acuerdo para el desembarco de los auxiliados con las autoridades responsables de las zonas" concernidas. Además, considera que el buque "no cuenta con certificados de seguridad que le habiliten a transportar más de 18 personas", por lo que situaciones en las que se supere esta cifra tienen que durar el mínimo posible y hacerse según disposiciones internacionales sobre el salvamento concebidas para emergencias, lo que considera que se está obviando.

La entidad, por su parte, presentó un recurso de alzada contra esta denegación, alegando que esta resolución "no atribuye uno sólo de estos incumplimientos al capitán del buque Open Arms ni a su tripulación, pues todos los incumplimientos se atribuyen en abstracto y en tercera persona a las autoridades responsables; en definitiva, los Estados".

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