Podría decirse que en Segovia conviven, a la vez, tres tipos de personas. Uno son sus vecinos; otro, los turistas; y otro, los estudiantes universitarios. Caminar por la ciudad Patrimonio de la Humanidad es escuchar, al mismo tiempo, varios idiomas. Cruzarse con un abanico de nacionalidades. A priori, nada que pueda tener consecuencias negativas. Ahora bien, el primer grupo ha puesto el foco en los otros dos. Sobre todo en el tercero. Básicamente, porque está siendo el responsable de expulsarlos de la ciudad.
El objetivo principal con el que el Gobierno anunció la reforma del decreto de creación y autorización de nuevas universidades era garantizar que dejasen de abrirse nuevos centros privados sin cumplir los "estándares de calidad". Pero no sólo. Más allá del endurecimiento de los requisitos para la búsqueda de ese fin, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades también incluyó la obligación de que cada nueva institución se comprometiera a disponer de una capacidad mínima de vacantes de alojamiento equivalente al 10% de las plazas ofertadas. Con ello se pretendían dos cosas: que el precio de la vivienda no fuese impedimento para matricularse en una universidad, y que el incremento de la demanda en los alrededores de los centros no aumentase los precios. Es decir, evitar precisamente lo que está pasando en Segovia. Y en muchas otras ciudades.
El Ejecutivo ha sido claro en todo momento: sus medidas no van de universidad pública contra privada, sino de universidades buenas contra universidades malas. Ahora bien, en lo relativo a la vivienda sí que hay que apuntar sobre todo a las segundas. Lo hizo la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, cuando el verano pasado aseguró que el alumnado de estos centros de nueva creación "ha llegado a ocupar ciudades enteras, alterando mucho el problema del alquiler". Y lo señaló también Diana Morant, cuando en una entrevista con infoLibre aseguró que se ha detectado que muchos propietarios optan por el alquiler por habitaciones a alumnos de estos centros porque pueden sacar mayor rentabilidad a sus viviendas. Por eso ambos departamentos firmaron un protocolo y crearon un grupo de trabajo que continúa en funcionamiento, aunque por el momento sin avances.
El alumnado, inquilinos de rentas altas (y en buena parte extranjeros)
La universidad privada lleva años proliferando sin control en nuestro país. Los cuatro centros que históricamente componían ese mapa se han convertido hoy en decenas que el Gobierno no ha dudado en tachar de "chiringuitos". El último informe de Datos y cifras del sistema universitario español recoge que actualmente hay 50 universidades públicas por 41 privadas, pero los datos que el ministerio de Morant facilita a infoLibre reflejan que, además, hay otros seis proyectos con evaluaciones desfavorables pendientes de que los gobiernos regionales del PP les den luz verde definitiva. Es decir: el sorpasso es cuestión de tiempo. A no ser que la reforma del decreto entre antes en vigor y consiga impedirlo.
Los centros han cambiado en todo este tiempo, pero quienes no lo han hecho han sido los estudiantes. Aunque la pretensión es aglutinar a todo tipo de alumnado, lo cierto es que los datos muestran que la privada no es más que la universidad de la clase alta. Basta un dato para corroborarlo: según un informe del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el porcentaje de alumnos de las privadas con progenitores con ocupaciones altas se sitúa en el 60%, un porcentaje que en las públicas se reduce hasta el 40%.
Hay, en cualquier caso, otro dato relevante: muchos de estos estudiantes son extranjeros. Los últimos datos oficiales del departamento de Morant reflejan que el alumnado extranjero que estudia en instituciones públicas lo hace bajo un programa de movilidad (como Erasmus, por ejemplo), pero los que lo están en privadas lo hacen con matrícula ordinaria. En concreto, en el curso 2022-2023 eran 38.286, mientras que en las universidades públicas eran 49.440. Teniendo en cuenta el alumnado que hay en cada una de ellas, el alumnado extranjero con matrícula ordinaria supone el 4% de estudiantes de grado y máster de la pública y el 9% de la privada.
Con los datos en la mano, en cualquier caso, se puede hacer una disección mucho más fina. Porque no es lo mismo el alumnado de las universidades privadas que podríamos denominar clásicas del de las de reciente creación. Esas a las que el Gobierno tacha de "chiringuitos". Son estas las que en su mayoría se han convertido en un imán para estos estudiantes extranjeros. Y es, de hecho, de lo que presumen.
La IE University —antiguo Instituto de Empresa— ofrece un programa de estudios exclusivamente en inglés y no duda en poner en un lugar prominente de su página web sus números: más de 65.000 antiguos alumnos de todo el mundo y más de 130 nacionalidades representadas en el campus. Tienen dos: el de Madrid y el que ha cambiado por completo el dibujo de las calles de Segovia. "El 90% de los alumnos y alumnas de la universidad son extranjeros", señala desde el otro lado del teléfono Juan, vecino de la ciudad y uno de los integrantes del recién creado —hace apenas dos semanas— Sindicato de Inquilinas.
Entre 1.100 y 1.600 euros por habitación y barrios "prohibitivos"
La ciudad se ha convertido en paradigma del problema porque en ella se ha formado lo que Guillermo San Juan, concejal de Segovia en Marcha, tacha de "tormenta perfecta". Las zonas residenciales han tenido un muy escaso desarrollo y tampoco existe, denuncia, política pública de vivienda. "La Junta de Castilla y León lleva 20 años sin hacer una sola promoción y el Ayuntamiento, 15 sin aumentar el parque social", critica desde el otro lado del teléfono. Con ese escenario aterrizó la IE University, en 2012. Plena crisis. Desde entonces y hasta hoy, congrega a un 380% más de alumnado, según los datos que ofrece el concejal y que han sido presentados en el informe Segovia, ciudad tensionada presentado hace unos días por el la Fundación Rosa Luxemburgo y el Foro Segovia no se Vende.
Lo relevante es el perfil de quienes llenan esas aulas. "Es una de las universidades privadas más caras de nuestro país y por eso sus estudiantes son los hijos de la élite mundial", explica San Juan. En números absolutos son ya 4.000, el 11% de la población de toda la ciudad. Y un número elevadísimo para las apenas 500 plazas residenciales que ofrece la propia universidad. ¿El resultado? "La demanda de vivienda por parte de estos estudiantes ha crecido un 96% entre 2016 y 2021. Pagan, de media, entre 1.100 y 1.600 euros por una habitación", desgrana el concejal. "La gente corriente no podemos pagar esos precios", lamenta Juan. Así que se ven desplazados. "El recinto amurallado está ya copado por estudiantes del IE y hay barrios extramuros que ya se han convertido en prohibitivos para cualquier segoviano o segoviana de a pie", continúa el concejal.
El precio del metro cuadrado se ha duplicado. Según los datos de Idealista, los seis euros que se pagaban en abril de 2016 son hoy 12. En apenas dos años, Juan ha pasado de pagar 450 euros al mes por su casa a tener que desembolsar 600. "Todos en Segovia conocemos a alguien que tiene un problema de este tipo", lamenta.
La misma situación se ha repetido con el campus madrileño del mismo centro. Lo explica Pablo Pérez, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. La antigua Torre Caleido del distrito financiero de la ciudad es desde el 2021 un campus vertical: la IE Tower. Y eso ha repercutido en el barrio de Tetuán y hasta en algunas zonas de Fuencarral. En el primer distrito el precio del alquiler es hoy un 52% mayor que hace cuatro años y en el segundo, por su parte, un 42,5%. "En Madrid, además, tenemos una administración que promociona la creación de universidades privadas para atraer a personas de mayor poder adquisitivo. Eso sumado a no emprender ningún tipo de política de regulación de precios da como resultado el desplazamiento y la inseguridad de los inquilinos", lamenta el activista. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, siempre ha manifestado su voluntad de atraer al estudiante internacional y su deseo de convertir Madrid en "capital mundial del español".
Así, hay otros lugares como por ejemplo Villaviciosa de Odón, donde se ubica la Universidad Europea, que han vivido una evolución similar. Mientras que el precio del alquiler en Madrid ha subido un 11,7% en un año —entre abril de 2024 y el mes pasado—, en ese municipio lo ha hecho un 20,4%.
En Málaga, ciudad que espera la apertura de dos instituciones privadas, temen que ocurra lo mismo. Tania Moya, miembro de la plataforma Málaga por la Vivienda, lamenta que las dos universidades prevén acoger a unos 7.000 alumnos, un número de personas que será inabarcable para las residencias de estudiantes. "Va a afectar, sobre todo porque van a venir estudiantes que podrán pagar mucho más que los vecinos, que van a acabar desplazados", critica.
Subida exponencial de la demanda sin oferta suficiente
Se trata de un fenómeno que pasa por varias causas. La primera es la que responde al propio funcionamiento del mercado: si hay más demanda y la oferta no crece al mismo ritmo, el precio sube. Lo explica así Ferrán Font, director de estudios y portavoz de Pisos.com. "Es lo que se denomina gentrificación", señala. Los precios suben cuando se instala una universidad del mismo modo que lo hacen en una zona cuando pasa de estar incomunicada a disponer de una amplia red de transporte, por ejemplo. "Cualquier mejora estructural tiene un impacto positivo y otro negativo. Una universidad privada mejora los servicios que ofrece una población, pero también genera interés y atracción", detalla. La particularidad en este caso es que, reconoce, el perfil de quienes atrae es el de jóvenes con alta capacidad económica, que puede ofrecer más renta a los arrendadores.
El Gobierno endurece los criterios de creación de universidades para frenar "chiringuitos privados"
Ver más
Pasa, sobre todo, en ciudades pequeñas porque es "donde normalmente la oferta tiene menos capacidad para la demanda". Como lo que ocurre en Segovia.
La mayoría de estos alquileres, por otro lado y según explica San Juan, son de corta duración. Por temporada. "El 90% de estos jóvenes permanecen nueve meses y luego se van. Es una especie de turismo académico", lamenta. Pero eso genera efectos devastadores sobre el mercado de la vivienda. Un informe de investigadores de las universidades de Granada, Málaga y Sevilla reveló que los pisos turísticos —que también están sometidos a alquileres de corta duración— incrementan los precios de toda la vivienda. Según sus datos, un 33% cuando suponen el 10% de todo el parque residencial.
El alquiler de temporada, además, se ha convertido en una especie de "coladero" muy efectivo para esquivar la ley de vivienda, según explican desde el Observatorio Desca. Al no estar sujeto a la regulación de precios, algunos arrendadores alquilan sus viviendas por once meses, una técnica con la que también crea inseguridad a los inquilinos.