Las ‘aldeas irreductibles’ que resisten a la invasión de los ‘chiringuitos’ de la universidad privada
Son, como mínimo y según algunos expertos, una amenaza. Primero para los estudiantes y, después, para todo el sistema público. Fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que quiso poner coto, a través de la reforma del decreto de universidades, a lo que denominó sin titubeos "chiringuitos" universitarios, provocando varias reacciones. La primera, la de los centros públicos, que celebraron la decisión porque los consideran responsables —al menos en parte— de su infrafinanciación; la segunda, la de las propias universidades privadas, que criticaron que la norma provoca "inseguridad jurídica" y vulnera "principios fundamentales". Por ahora la reforma sólo ha dado el primer paso en el Consejo de Ministros, pero se espera su aprobación definitiva para mayo. Cuando lo haga, el mapa universitario actual sólo cambiaría en caso de que se cumplan unos requisitos cada vez más duros. Ahora bien, algunas autonomías, aun con la normativa actual, ya están siendo un dique de contención contra este tipo de centros.
La desigualdad territorial es evidente. Se palpa en el mapa actual y se confirma con los proyectos que, al menos hasta ahora, había encima de la mesa. Si observamos el primero, que se puede extraer de la estadística oficial del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se comprueba que es Madrid la que está a la cabeza. Tras ella, Cataluña, Castilla y León y Comunitat Valenciana. Sobre la mesa, otros tantos proyectos que incluirían en ese listado a Extremadura y a Andalucía. Oficialmente, ahora mismo tienen cero y un centro privado, respectivamente, una situación que comparten con Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y Aragón pero en la que sobresale, sin ningún tipo de duda, Castilla-La Mancha. Allí no hay ninguna universidad privada. Pero lo realmente importante es que tampoco se la espera.
Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha son claros: no tienen nada contra la universidad privada, pero sí contra las "expendedoras de títulos". Su "apuesta", explican fuentes del Ejecutivo de Emiliano García Page, está en la universidad pública y sólo en la privada "seria y de calidad, con estándares y exigencias como las de las públicas". Es un discurso idéntico al del equipo de Sánchez. "Hay que perseguir las prácticas que atenten contra los estándares de calidad universitaria", señaló él mismo cuando anunció la reforma del decreto de acreditación de nuevos centros. "Vamos a asegurar que todo título que se expida en una universidad de nuestro país tenga la calidad que creemos que tenemos que garantizar", añadió la ministra de Universidades, Diana Morant, en una entrevista con infoLibre.
Hasta ahora todo proyecto que quisiera instalarse en una región concreta podía, perfectamente, no cumplir ningún criterio. Es más, según los datos del departamento de Morant, desde 2018 ha habido cuatro centros abiertos de ese modo: dos en Canarias (Universidad de las Hespérides y Universidad Tecnológica de Canarias), uno en Madrid (Universidad del Diseño, Innovación y Tecnología) y otro en Andalucía (Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo).
Es lo que rechaza de plano Castilla-La Mancha. En primer lugar, a partir de la nueva Ley de Universidades que el pasado mes de febrero sacó el Ejecutivo a consulta pública y que consiste, en síntesis, en endurecer los criterios para permitir la apertura de nuevos centros y en exigirles mayor relación con las instituciones. "A todos los aventureros de considerar la universidad solo un negocio no les vamos a dar ninguna facilidad", señaló el propio Page hace ahora un año, cuando presentó la normativa que pretende tener lista en 2026. Según concretan fuentes de su Consejería de Educación, su plan "no trata de universidades públicas contra universidades privadas, sino de proyectos universitarios de calidad". "La universidad juega un papel esencial en el desarrollo de Castilla-La Mancha y es la mejor aliada para construir el futuro de la región, ya que tiene la capacidad de generar futuro, oportunidades, expectativas, ilusión y compromiso con la región", añaden.
Hasta ahora, informan, han recibido aproximadamente una decena de propuestas de instalación de universidades privadas, pero se encuentran todas en stand by hasta que se apruebe la ley regional de universidades.
La conclusión está clara: la proliferación o no de la universidad privada y, sobre todo, de este último tipo de centros, depende en gran medida de la política. Como coinciden todos los expertos —y en cualquier caso corroboran los datos— un gobierno de derechas al frente facilita casi al completo que un nuevo proyecto salga adelante. Sea como sea. Tenga o no instalaciones. Contrate o no profesores suficientes. Y ofrezca o no variedad en sus titulaciones. Por eso Castilla-La Mancha, con el PSOE al frente en estos últimos años, en los que más se han propagado este tipo de "chiringuitos", sigue un rumbo radicalmente diferente. Ahora bien, no sólo es el color del sillón del gobierno el que explica todo.
La renta, un factor clave
"Los gobiernos regionales pueden fomentar o impedir el auge de las universidades privadas, pero su presencia no es sólo política", confirma desde el otro lado del teléfono la profesora de Sociología de la Educación en la UCM María Fernández Mellizo-Soto. ¿Y qué es el resto, entonces? Ella considera que hay un factor fundamental y que explica en gran medida esa desigualdad territorial en la implantación de estos "chiringuitos": la renta de la población que integra cada autonomía. Al final, subraya, "el sector privado se instala en aquellos lugares en los que sabe que puede tener éxito. Y esto deja fuera a las regiones más pobres".
La explicación es muy sencilla: por mucho que la universidad privada busque abarcar cada vez a más estudiantes, sigue siendo el cortijo de las clases más altas. Según un informe del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el porcentaje de alumnos de las privadas con progenitores con ocupaciones altas se sitúa en el 60%, un porcentaje que en las públicas se reduce hasta el 40%. Y es que allí los precios pueden llegar a ser hasta tres veces más bajos.
Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las tres comunidades con menor renta anual media por persona son Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Ahora mismo la primera tan sólo tiene un centro privado, pero data de 1996 y se aleja de lo que el Gobierno tacha de "chiringuito". En Andalucía, por su parte, hay, por ahora, dos: Loyola Andalucía (fundada en 1963) y la CEU Fernando III, que empezó a operar en octubre de 2023. Otros dos esperan ya poder abrir sus puertas, por lo que la autonomía podría considerarse una excepción. Pero allí gobierna el PP desde que ganó las elecciones de diciembre de 2018.
El rumbo de Extremadura es muy parecido. Allí, según explica el catedrático de Tecnología Educativa en la Universidad de Extremadura Jesús Valverde, ni la renta ni la competitividad es elevada pero, sin embargo, tienen un proyecto a puntito de ver la luz —el de UNINDE, con capital chileno y peruano detrás— y otros tres sobre la mesa del Gobierno conservador de María Guardiola. "Cuando gobernaba el PSOE empezaron a hacer peticiones, pero no han prosperado hasta ahora", señala el experto, que sigue creyendo que la región no es lo económicamente atractiva para este tipo de proyectos como lo son, en cambio, las que más renta per cápita registran.
Son, volviendo a los datos del INE, País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña. Y allí el panorama es muy distinto. La primera tiene tres universidades privadas y una pública; la segunda, 13 privadas y seis públicas; la tercera, una de cada sistema; y la última, cinco privadas y cuatro públicas. "Madrid por ejemplo no es sólo una de las regiones más ricas, sino la ciudad a donde más personas acuden a estudiar, ya sean de otras regiones o países. Es decir, es donde el mercado es más amplio y existe por tanto una mayor posibilidad de rentabilidad en los negocios", explica la experta.
Según los datos oficiales del ministerio, a la presidida por Isabel Díaz Ayuso la escogen estudiantes de todas las demás comunidades. Sobre todo de Castilla-La Mancha, una comunidad en la que no existe ese tipo de movilidad.
El "estabilizado" sistema catalán que nadie quiere tocar
¿Y los 'chiringuitos' que ya dan clase? Más preguntas que respuestas en el plan que acota la universidad privada
Ver más
Cataluña está dentro de ese listado, pero sus características son muy diferentes. Lo explica el catedrático emérito de la Universitat Politècnica de Catalunya Albert Corominas. Ninguna de las cinco universidades privadas catalanas tiene afán de lucro. Tres, además, son confesionales: la Ramón Lllull, la Universitat Internacional de Catalunya y la Abat Oliva CEU. Las otras dos que componen el listado son la Universitat Oberta de Catalunya y la Universitat de Vic, ambas subvencionadas parcialmente con fondos públicos: la primera de la Generalitat y la segunda del Ayuntamiento de Vic.
Pero más allá de las manos que las manejan, su fecha de creación también es relevante. Como recuerda Corominas, la más reciente es la Abat Oliva CEU, reconocida como universidad en 2003 aunque en funcionamiento como escuela desde 1973. Desde entonces, hace más de dos décadas años, ninguna más. "Es complicado saber los motivos, pero creo que tiene mucho que ver el hecho de que el sistema en Cataluña está muy estabilizado y nadie quiere tocarlo. Ni la administración, ni las universidades públicas ni, tampoco, las privadas que ya tienen tantos años de bagaje", señala el experto.
Y ni siquiera algo parecido ocurre en ningún otro lugar de España. Porque si no no se entendería que un gobierno business friendly como el de Artur Mas no hubiera apoyado la creación de centros privados. "En Cataluña siempre ha habido una especie de control sobre las universidades, y creo que eso no se quiere perder de ninguna manera", sentencia Corominas.
