El aumento del presupuesto de defensa en Europa, que en España ya supone el 2% del PIB pero que la OTAN quiere incrementar hasta un 5%, no es el único síntoma de los vientos de guerra que soplan en el continente. El empeño de Rusia en someter por la fuerza a Ucrania, privándola de una parte sustancial de su territorio y condicionando su política exterior, unido a la decisión de Estados Unidos de abandonar el papel de líder de la defensa europea, ha obligado a Bruselas a reordenar sus prioridades. Ahora, contar con armas y con soldados suficientes es una de ellas.
Es en ese contexto en el que el paso que acaba de dar el Gobierno alemán de Friedrich Merz para poner en marcha un modelo de servicio militar basado inicialmente en voluntarios a partir de 2026 impulsa un debate que en España se consideraba resuelto y en el que, al menos hasta ahora, el único discrepante es Vox.
El modelo alemán —a partir del año que viene, los jóvenes germanos de 18 años que respondan “sí” a la pregunta de si desean prestar servicio militar lo harán durante al menos seis meses— es una fórmula más de las muchas que los países de la UE están poniendo en marcha para suministrar efectivos a sus ejércitos: nueve de los 27 cuentan con algún tipo de servicio militar. Finlandia y Estonia, con frontera rusa, lo han impuesto de manera obligatoria para todos los hombres adultos. Dinamarca, Letonia y Lituania seleccionan a los reclutas mediante un sorteo. En Suecia se recluta a una pequeña proporción de los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad.
En España, sin embargo, ese debate ni se ha planteado. Todavía. A día de hoy, PSOE y Sumar, que son los partidos que forman el Gobierno, descartan categóricamente esta posibilidad. El Partido Popular nunca ha mostrado interés en un retorno a la obligatoriedad, que ellos mismos abolieron en 2001 durante el segundo mandato de José María Aznar.
Únicamente la extrema derecha, liderada por Santiago Abascal, ha propuesto explícitamente la vuelta a la mili, aunque sus iniciativas parlamentarias se orientan de forma más pragmática hacia la mejora del sistema de reservistas voluntarios y el apoyo al ejército profesional. El líder de Vox defiende en última instancia un servicio militar obligatorio, aunque nunca ha concretado si la duración sería de uno, tres o seis meses.
La discusión en los círculos de defensa no se centra en la conscripción masiva del pasado, sino en la posibilidad de un modelo de reserva selectiva, similar al utilizado en los países nórdicos, que los militares consideran que se ajusta mejor a las necesidades de un ejército moderno y tecnológicamente avanzado.
Lo que dice la Constitución
La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 30 que “los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España”, aunque deja en manos de la ley determinar “las obligaciones militares de los españoles” y, en su caso, “el servicio militar obligatorio”.
La transición hacia un ejército profesional fue un proceso gradual y, en gran medida, impulsado por un movimiento social de desobediencia civil que puso en jaque el sistema de reclutamiento. A partir de los años 70, grupos antimilitaristas y de objeción de conciencia, como el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), cobraron fuerza, defendiendo la no violencia y la insumisión. El PSOE de Felipe González intentó solucionar ese dilema aprobando en 1985 una Ley de Objeción de Conciencia que ofrecía un servicio social alternativo. Sin embargo, la movilización continuó, con miles de jóvenes declarándose insumisos e ingresando en prisión.
La crisis del sistema se acentuó a finales de los años 90. Cerca de la mitad de los jóvenes llamados a filas (todos varones, porque las mujeres estaban excluidas) eludían el servicio, ya fuera por objeción, motivos de salud, económicos o simplemente no presentándose, lo que los convertía en prófugos.
Quienes se negaban a prestar el servicio militar iban a la cárcel, pero acabaron siendo tantos que a finales de los 80 solo se detenía al 8,5% y la estancia media en prisión no pasaba de 18 días. El Gobierno del PSOE se vio desbordado. Las cifras de objetores llegaron al 37% del contingente militar en 1994. En 1995, la bolsa de objetores en espera de la prestación social sustitutoria llegó a 200.000.
La decisión final de abolir el servicio militar obligatorio puso fin a más de dos siglos de reclutamiento militar forzoso en España. El propio Aznar defendió la medida como un logro de su partido, argumentando la necesidad de contar con unas Fuerzas Armadas profesionales y modernizadas.
Los desafíos del ejército profesional
Lo que alimenta el debate sobre el servicio militar no es solamente la creciente inestabilidad geopolítica, sino también los desafíos a los que se enfrenta el ejército profesional y su necesidad de contar con efectivos de reserva suficientes en un contexto de bajo crecimiento demográfico y un acusado envejecimiento de la población.
La percepción social sobre el tema es compleja y contradictoria. Las encuestas de opinión reflejan una sociedad dividida. Mientras un estudio de YouGov indica que el 42% de los españoles apoyaría el servicio militar obligatorio, otra encuesta del mismo organismo reporta que el 53% está en contra. Un estudio de 40dB publicado en abril rebajaba el porcentaje de los que están “muy o bastante de acuerdo” con la reimplantación del servicio militar obligatorio a un 35%. Esta aparente discrepancia puede explicarse por la manera en que se formula la pregunta y el contexto ideológico de los encuestados. El apoyo es significativamente mayor entre las personas de más edad y los votantes de Vox.
La postura del Gobierno español, liderado por el PSOE, es de rotunda negativa a la reinstauración del servicio militar. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado explícitamente que su departamento no se plantea esta posibilidad “en absoluto”. Según la ministra, la profesionalización del ejército es la dirección estratégica correcta para España, y la decisión de otros países de recuperar la conscripción responde a sus propias particularidades geográficas y geopolíticas. Robles insiste en mantener el modelo militar español, basado en unas Fuerzas Armadas “profesionales”. “Cada país tiene su modelo. Tenemos fuerzas armadas profesionales, comprometidas. Nosotros apoyamos el sistema que tenemos en este momento”, ha zanjado la ministra ante las preguntas de los periodistas en Berlín.
El Partido Popular se encuentra en una posición singular en este debate, porque defender la vuelta a la mili obligatoria —una posición en línea con sus socios europeos— entraría en contradicción con una decisión de Aznar de la que el partido siempre ha hecho bandera.
Actualmente, las propuestas del PP en materia de defensa se centran en consolidar el modelo de ejército profesional y en fortalecer la posición de España como socio de la OTAN. Las propuestas de Alberto Núñez Feijóo se orientan, al menos de momento, a la mejora de la eficiencia, la planificación y las condiciones laborales dentro del marco del ejército profesional, no a una reforma fundamental de su modelo de reclutamiento.
Eso deja solo a Vox. Abascal ha defendido esta medida en múltiples ocasiones, ligándola a la formación de los jóvenes en “una entrega a la patria” y a valores como la disciplina y la lealtad. Sin embargo, existe una notable discrepancia entre esta retórica y la actividad legislativa del partido. Un análisis de sus proposiciones no de ley revela que sus prioridades en materia de defensa se alinean con un enfoque más pragmático y orientado al modelo profesional actual. Las propuestas de la extrema derecha se han centrado en la creación de un nuevo modelo de reserva voluntaria, en la mejora de la transición profesional para los militares de tropa y marinería que dejan el servicio al cumplir 45 años y en la dignificación de su acceso al mercado laboral civil.
Su propuesta de una mili obligatoria parece operar más como un elemento simbólico y de identidad política para movilizar a su base de votantes que como una política pública concreta. El propio Abascal evitó el servicio militar en su juventud al solicitar tres prórrogas, lo que demoró su cumplimiento hasta que entró en vigor la abolición de 2001.
El debate en España, más allá de la obligatoriedad, se ha centrado en la profesionalización de las Fuerzas Armadas y en el desarrollo de modelos de apoyo que no impliquen el reclutamiento forzoso. La discusión, en los círculos especializados, se orienta hacia la forma de fortalecer la reserva militar, una necesidad estratégica reconocida por expertos.
En España, la reserva militar es un cuerpo complementario de las Fuerzas Armadas, vigente desde 2007, formado por ciudadanos que, de manera voluntaria, firman un compromiso para incorporarse temporalmente en caso de necesidad. Su función es reforzar a los Ejércitos de Tierra, Aire y Espacio, la Armada y los Cuerpos Comunes en situaciones de crisis, misiones internacionales o refuerzos puntuales. Además de los reservistas voluntarios, existe la figura de los reservistas de especial disponibilidad (RED), que son antiguos militares de tropa y marinería que, al finalizar su compromiso activo, pasan a una situación de reserva hasta los 65 años con posibilidad de ser movilizados.
Cifra reducida
Actualmente, España cuenta con una cifra reducida de reservistas si se compara con el tamaño de sus Fuerzas Armadas. Los datos más recientes sitúan en torno a 3.000–4.000 los reservistas voluntarios y unos 9.500 los de especial disponibilidad, lo que supone un total de aproximadamente 12.500 reservistas operativos. Aunque cumplen un papel de refuerzo, el número es considerado bajo por muchos analistas de defensa, que señalan que esta fuerza tendría que multiplicarse varias veces para responder adecuadamente a un escenario de crisis de gran envergadura. Algunos se atreven a hablar de cifras y sostienen que para España sería adecuado contar con 80.000 españoles preparados para una movilización.
La comparación con otros países europeos es reveladora. Francia dispone de unos 44.500 reservistas y Alemania alrededor de 34.600, mientras que incluso países más pequeños como Finlandia cuentan con decenas de miles de ciudadanos integrados en sistemas de defensa territorial. Frente a estas cifras, España aparece en la parte baja de la tabla, con una reserva que es cuatro veces menor que la media europea en proporción a su población.
Para ser reservista se exigen diversos requisitos, como la nacionalidad española, una edad específica (entre 18 y 58 años, según el empleo), aptitud psicofísica y la ausencia de antecedentes penales. Las retribuciones durante los periodos de activación son idénticas a las de los militares profesionales del mismo empleo.
Es aquí donde el PP pone más el énfasis. Ha impulsado la creación de un grupo de trabajo en el Ministerio de Defensa para desarrollar un nuevo modelo de reserva voluntaria y modernizar el Reglamento de Reservistas Voluntarios. En su programa electoral propone desarrollar un nuevo modelo de reserva voluntaria que mejore las capacidades operativas y refleje el compromiso ciudadano con la defensa. En el Congreso, ha presentado proposiciones no de ley para reformar el reglamento de los reservistas, flexibilizar sus períodos de activación y ofrecer incentivos como becas, ventajas laborales o facilidades en el acceso a la administración pública.
Más allá del servicio militar obligatorio y el modelo voluntario, el modelo nórdico parece ser el preferido por la cúpula militar española. Este sistema, utilizado por países como Suecia y Noruega, no implica un reclutamiento masivo, sino una selección de un pequeño porcentaje (alrededor del 4-7%) de la población para un servicio militar intensivo, en teoría obligatorio pero en la práctica voluntario. El objetivo no es formar a una gran cantidad de soldados no especializados, sino reclutar a jóvenes con las habilidades y capacidades más adecuadas para integrarse en un ejército moderno que demanda un alto grado de especialización y conocimientos tecnológicos.
Alternativa a la vieja mili
Quienes lo defienden presentan este modelo como una alternativa viable a la antigua mili, ya que evita la mayoría de los desafíos logísticos y económicos de la obligatoriedad universal, al tiempo que permite al ejército mantener una base de reserva estratégica altamente cualificada.
La principal barrera para un retorno a la obligatoriedad es el coste económico. La formación de un gran contingente de jóvenes requeriría una inversión masiva en infraestructura (cuarteles, equipamiento), personal (instructores) y manutención. Además, los expertos señalan que el corto periodo de servicio que se podría imponer (de pocos meses) sería insuficiente para capacitar a los reclutas en el manejo de sistemas de armas cada vez más complejos y sofisticados.
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La previsible resistencia social, además, supone un problema. El movimiento de insumisión de las décadas de 1980 y 1990 puso de manifiesto la profunda impopularidad del sistema, que interfería en la vida académica y laboral de los jóvenes. En el contexto actual, la interrupción de la formación universitaria o profesional de una generación completa para una capacitación militar que podría ser estratégicamente ineficaz se percibe como un coste social inaceptable.
El analista, militar retirado y colaborador de infoLibre Jesús Núñez argumenta el sinsentido de volver a la mili obligatoria. “Desde el punto de vista estrictamente militar, esa medida sería un contrasentido. Hace ya mucho que el poder de un ejército no se mide por el número de efectivos que acumula”.
El análisis de los conflictos bélicos registrados desde el final de la II Guerra Mundial, explica en un artículo reciente, “muestra que raramente la victoria o la derrota se decide por el número de soldados en línea”. Y “nada indica que en el futuro se vayan a necesitar masas de hombres (y de mujeres) en armas; más bien al contrario, el desarrollo tecnológico aplicado a la maquinaria militar apunta a contingentes más reducidos. Más recursos humanos en armas no equivale a más poder militar”, sentencia.
El aumento del presupuesto de defensa en Europa, que en España ya supone el 2% del PIB pero que la OTAN quiere incrementar hasta un 5%, no es el único síntoma de los vientos de guerra que soplan en el continente. El empeño de Rusia en someter por la fuerza a Ucrania, privándola de una parte sustancial de su territorio y condicionando su política exterior, unido a la decisión de Estados Unidos de abandonar el papel de líder de la defensa europea, ha obligado a Bruselas a reordenar sus prioridades. Ahora, contar con armas y con soldados suficientes es una de ellas.