Educación

Wert: un ministro incontrolable incluso para la Moncloa

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, este martes durante su comparecencia en el Senado.

Es el ministro peor valorado por los ciudadanos –en el último barómetro del CIS publicado hasta la fecha, que data de julio de este año, obtuvo 1.58 puntos sobre un máximo posible de 10–. Ha mantenido múltiples desencuentros con la comunidad educativa. Sindicatos, estudiantes y padres le afean su escasa voluntad de diálogo y su actitud chulesca –llegó a comparar sus movilizaciones con una fiesta de cumpleaños–. Acapara las críticas de la oposición en bloque –hay un compromiso en firme de todos los grupos salvo UPyD, Foro y UPN para derogar su reforma educativa si hay cambio de Gobierno y este martes el PSOE volvió a pedir su dimisión–. E incluso con los rectores, que este verano se declararon "molestos" porque el ministerio no les había tenido en cuenta para elaborar su controvertido decreto de becas. Hasta ahí, todo normal

Sin embargo, la oposición a José Ignacio Wert también está instalada en el PP e incluso dentro del propio Ejecutivo. Cada vez son más los que en las filas del PP –él, como los ministros de Defensa y Economía, no tiene carnet del partido– ven en el titular de Educación una figura incómoda. La orden ministerial por la que recortaba las becas Erasmus a miles de estudiantes con el curso ya iniciado y que rectificó tras reunirse con Rajoy, Santamaría y Montoro es sólo el último de una serie de sonados desencuentros.

De hecho, en esta ocasión al cuestionamiento del ministro llegaron a sumarse los jóvenes del PP, que sí han defendido con ahínco la reforma educativa e incluso el polémico decreto de becas. En un comunicado, Nuevas Generaciones alegó que esta medida dejaba "en situación de inseguridad a cientos de universitarios españoles". El portavoz parlamentario de los conservadores, Alfonso Alonso, también se unió a las críticas y admitió que la orden había generado "una gran incertidumbre entre los estudiantes que ya están estudiando con ese programa y que tenían una expectativa". "Creo que debemos escuchar y ser sensibles a esa incertidumbre que se está produciendo", amplió. Más contundente fue el vicesecretario general de Estudios y Programas, Esteban González Pons, que en un tuit, escribió: "30 años de militante y no poder explicar a mi hijo lo que hace mi partido". 

Las últimas dos semanas no han sido fáciles para el ministro. El pasado martes, en la Comisión de Autonomías del Senado, Wert tuvo que transigir con las quejas de algunos consejeros del PP, que llevaban meses pidiéndole que revisara el calendario de aplicación de la LOMCE y retrasara las medidas de más impacto económico. Finalmente, los responsables autonómicos de Educación consiguieron arañar a través de las enmiendas de los conservadores a la reforma educativa en esta cámara una implantación escalonada de la reforma con el objetivo de garantizar su financiación.

Una ley que no gusta a nadie en el PP

Su reforma educativa, la séptima que regulará la educación en democracia, no acaba de convencer en las filas conservadoras. De hecho, dirigentes de PP han dicho no sentirse representados por la 'ley Wert' –una denominación que indigna al ministro– por, entre otros asuntos, la distribución y clasificación que se hace de las materias integradas dentro del bloque de Humanidades en el Bachillerato. Consideran que la asignatura de Historia tiene un carácter residual y discrepan de que la enseñanza del Griego sea optativa en el Bachillerato de Humanidades. Este asunto no ha sido modificado en las enmiendas presentadas en ambas cámaras. 

Pero a Wert, las críticas también le han llegado por parte de la Iglesia católica. Y eso a pesar de que el texto sí incluye viejas reivindicaciones de la jerarquía católica, como que la calificación de la asignatura de Religión cuente para hacer media y para acceder a becas –esto no ocurría desde 1990– y que ésta tenga una alternativa fuerte. O que desaparezca Educación para la Ciudadanía, materia que se implantó en 2006 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que es considerada por los obispos como un instrumento que utiliza el Estado para adoctrinar ideológica y moralmente a los alumnos. Los obispos le reclamaron que Religión fuera una materia de oferta obligada en Bachillerato. Aunque el grupo parlamentario parecía dispuesto a hacer esta modificación, finalmente se impuso el criterio del ministro y el texto que saldrá del Senado no aclarará que la oferta de esta materia deba ser obligatoria.

Este martes, tras verse obligado a rectificar la orden que recortaba las becas a los Erasmus para este curso, dijo sentirse "respaldado" por sus compañeros del Consejo de Ministros. No obstante, en más de una ocasión ha repetido que no seguirá en política cuando se apruebe la reforma educativa, que se votará el próximo 20 de noviembre en el Senado y de ahí volverá de nuevo al Congreso. "No tengo ambiciones políticas de ningún género y no voy a seguir en política después de este empeño", dijo en un desayuno informativo el pasado julio ante varios miembros del Ejecutivo.

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