La borrasca Leonardo ha perdido este viernes intensidad al despedirse de la península, aunque deja unos 11.000 desalojos solo en Andalucía, gran inquietud ante las crecidas de muchos ríos como el Guadalquivir, y un cadáver hallado en Málaga, informa EFE.

Pero, si bien Leonardo se despide, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de la entrada de una nueva borrasca, Marta, prevista para mañana y que traerá "precipitaciones persistentes".

En la comunidad andaluza, el riesgo de precipitaciones y derrumbes ha originado unos 11.000 "desalojos preventivos", de ellos 3.400 en la ciudad gaditana de Jerez.

En el municipio de 1.400 habitantes de Benaoján (Málaga), ubicado en la Serranía de Ronda, se ha dado hoy la orden de desalojar a unos 200 vecinos de zonas inundables ante el "riesgo de desbordamiento de la presa de Montejaque".

En San Roque (Cádiz), los 341 vecinos que habían sido desalojados eran hoy autorizados a volver a sus viviendas adoptando medidas de precaución. En cambio, en Grazalema, también en esa provincia y considerada "epicentro" del temporal, los 1.500 habitantes evacuados ayer no podrán volver a sus casas antes de seis o siete días, según las autoridades.

En toda la comunidad andaluza, el temporal ha ocasionado asimismo el corte de más de un centenar de carreteras y el servicio ferroviario está muy afectado. Cádiz es la más damnificada por el corte de vías con 50 carreteras afectadas. En total, 152 sufren algún tipo de afectación, según el último balance.

Por otro lado, la crecida del Guadalquivir mantiene en vilo a Córdoba, a cuyo paso el caudal ha rebasado los 5,5 metros, más del doble del nivel que marca la alerta roja (2,5 metros). La subida del caudal provocó el corte del Puente Romano. El jefe de Coordinación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en Córdoba, Pedro Escribano, ha advertido de que "lo malo está por venir".

Está previsto que se acumulen hoy más de 60 litros por metro cuadrado en doce horas en Grazalema (Cádiz). En el caso de Ronda (Málaga), Cazorla y Segura (Jaén) y la sierra sur de Sevilla las precipitaciones podrán superar 40 litros por metro cuadrado en doce horas.

Por otra parte, en Málaga se ha hallado hoy un cuerpo en la zona donde el pasado miércoles una mujer de unos 40 años cayó al río Turvilla, en Sayalonga, al intentar salvar a su perro. Aunque no ha sido identificado oficialmente, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado el fallecimiento de la mujer.

Durante la noche, en Jaén una mujer ha resultado herida en Mengíbar (Jaén) al caerle el techo de su vivienda y por la mañana ha cedido la muralla que rodea la Ermita del Santísimo Cristo en el municipio jiennense de Iznatoraf.

Hasta Andalucía se ha desplazado hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, con quien ha sobrevolado en helicóptero las áreas más dañadas.

En una declaración, Sánchez ha alertado de la llegada de "días complejos" ante la entrada de una nueva borrasca y ha hecho un llamamiento a la "calma y la prudencia".

En Castilla y León 53 tramos de ríos de la cuenca del Duero están hoy en aviso, nueve en nivel rojo (alarma) y una decena en alerta naranja, con la vigilancia puesta en el Duero a su paso por Aranda (Burgos), el Tormes en Salamanca y el Cea y el Órbigo, en León. Hay otros 34 tramos de ríos de la cuenca del Duero en nivel amarillo.

Se ha detectado una crecida notable del río Tormes a su paso por Salamanca, lo que ha obligado a precintar la zona bajo un puente para evitar el acceso de vehículos y personas.

En León, el estado del Cea y Órbigo ha llevado a la Subdelegación del Gobierno a pedir extrema precaución en Sahagún y Cebrones del Río. El Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos) ha activado el Nivel 1 del Plan de Emergencias ante la evolución del caudal del Duero y sus afluentes y su previsible crecida en las próximas horas.

Extremadura ha experimentado una tregua de lluvias intensas reduciendo el nivel de alerta sobre los arroyos y ríos, entre ellos el Guadiana, cuyo cauce está estabilizado, si bien alrededor de un millar de personas siguen realojadas a la espera de la evolución meteorológica y fluvial.

Se mantiene activada la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones por los desembalses y los niveles hidrológicos de arroyos y cauces.

En las pedanías de Valuengo y La Bazana, en el término municipal de Jerez de los Caballeros (Badajoz), los vecinos que fueron desalojados ayer por riesgo de inundaciones, en torno a 800, ha podido hoy regresar a sus casas con un preaviso de evacuación que podría producirse "en cualquier momento". 

La borrasca Leonardo que afecta a la península ha vuelto a impactar con mayor dureza este jueves en Andalucía, donde se contabilizan ya más de 7.000 desalojos tras la evacuación de Grazalema (Cádiz) por riesgo de inundaciones, mientras sigue la búsqueda de una mujer que cayó a un río y un anciano ha resultado herido, informa EFE.

En la comunidad andaluza, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha decidido evacuar de emergencia a los 1.500 habitantes de esa localidad gaditana "por prevención". Esa cifra se suma a las casi 4.000 personas evacuadas de sus viviendas en localidades de Cádiz, Granada, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla.

Además de Grazalema, la Junta mantiene desplegados Puestos de Mando Avanzados (PMA) en Jerez de la Frontera y San Roque, en la provincia de Cádiz, y en Ronda y Casares, en Málaga, y se analizan nuevos desalojos en Arcos de la Frontera, El Puerto y Jerez.

En Málaga prosigue hoy el operativo de búsqueda y rescate de la mujer de unos 40 años que cayó ayer al río Sayalonga tratando de socorrer a su perro. En esa provincia, también un anciano de 81 años ha resultado herido leve al caerse parcialmente un muro de una vivienda de Genalguacil, en la Serranía de Ronda.

Sevilla cerraba por segunda vez en la historia las compuertas del Muro de Defensa para proteger al barrio de Triana de la crecida del Guadalquivir. Además, la Giralda suspendió temporalmente las visitas por el desprendimiento de una maceta de bronce que simula una azucena y que cayó a la calle esta mañana.

En la capital hispalense se han registrado daños además a unas 40 tumbas de su cementerio, así como más de 60 árboles.

La Agencia de Emergencias ha remitido un nuevo mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de quienes se encuentran en el entorno del Guadalete, en Jerez, y el Puerto, en Cádiz ante los desembalses extraordinarios en las presas de Bornos y Arcos, por lo que se espera una gran crecida del río Guadalete.

El temporal también ha sacudido con fuerza el noroeste. En Galicia se han suspendido todos los trenes con origen y destino en Vigo y se han registrado alteraciones en el aeropuerto y en su transporte marítimo.

Los efectos del temporal se notan especialmente en el sur de la comunidad, especialmente en las carreteras, donde se han registrado al menos 79 incidencias.

La Xunta ha activado la alerta naranja por lluvia en el interior de Pontevedra, donde se esperan acumulados de ochenta litros por metro cuadrado en doce horas y de cien litros en veinticuatro horas, e incluso puntualmente 120 litros.

Un total de 165 carreteras siguen cortadas al tráfico (nivel negro) por lluvias, inundaciones y los desprendimientos que ha provocado la borrasca, tres de ellas de la red principal: la M-14 en Madrid para el acceso al aeropuerto; la A-44 en Campillo de Arenas (Jaén), sentido Granada, y la A-48 en Vejer de la Frontera (Cádiz), sentido Tarifa.

Según datos actualizados de la Dirección General de Tráfico (DGT), del total de vías cerradas al tráfico, 142 se localizan en Andalucía. De ellas, 39 pertenecen a la provincia de Cádiz, la más afectada.

En Castilla y León, el número de tramos de ríos de la cuenca del Duero que muestran incrementos relevantes de caudal ha aumentado hasta los 46, con tres de ellos en situación de alarma -nivel rojo- en las provincias de Salamanca, Soria y Ourense, otros diez en alerta -naranja- y otros 33 con aviso amarillo.

En Castilla-La Mancha se ha activado el Plan de Riesgo de Inundaciones (Pricam) en fase de alerta y el temporal ha afectado a 31 rutas escolares en Ciudad Real, Albacete o Guadalajara. En Talavera de la Reina el Tajo ha causado inundaciones en viviendas.

En Alcolea de Tajo (Toledo), una mujer de 67 años ha sido rescatada tras haber quedado atrapada en su vivienda debido a una inundación provocada por el desbordamiento del arroyo Bienvenida.

En Extremadura, los desalojos preventivos por el aumento del nivel de diversos ríos, con mayor preocupación en los cauces del Guadiana, Ardila, Alagón y Zapatón, afectan a un millar de residentes, principalmente de Jerez de los Caballeros y Badajoz, en una región que presenta una treintena de carreteras cortadas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho en X que sigue "con preocupación" la situación en las zonas afectadas, al igual que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha indicado en la misma plataforma que "el pueblo andaluz está viviendo días muy duros", por lo que es "imprescindible" seguir las recomendaciones de la Junta andaluza para "evitar mayores desgracias". 

El dispositivo conjunto entre diferentes entidades sociales y el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión ha realojado este jueves a una decena de antiguos residentes del instituto B9 de Badalona (Barcelona) que vivían bajo la autopista C-31 en otros puntos del ámbito metropolitano barcelonés.

Así lo han explicado a EFE fuentes conocedoras de la situación, que han detallado que, hasta antes del traslado, eran unas 30 las personas que todavía vivían debajo del largo puente de la C-31 a su paso por Badalona, una cifra que -advierten- varía cada noche.

Se habría reubicado a las personas sintecho en otra ciudad del área metropolitana de Barcelona, y el traslado se habría efectuado en autobús, como han añadido las fuentes consultadas.

El pasado 17 de diciembre de 2025, los Mossos d'Esquadra desalojaron el edificio tras una orden judicial a instancias del Ayuntamiento de Badalona, que tiene previsto reconvertir el edificio en una comisaría de la Guardia Urbana, una ejecución que dejó en la calle a unas 400 personas.

Desde entonces, el dispositivo de emergencia impulsado por Derechos Sociales e Inclusión en colaboración con entidades sociales ha dado respuesta residencial temporal a unas 180 personas, aunque decenas de personas que se alojaban en el antiguo B9 se quedaron bajo el puente de la C-31.

El Ayuntamiento de Badalona, encabezado por Xavier García Albiol (PPC), habilitó el pabellón de La Colina el 4 de enero, en plena bajada de temperaturas, para que las personas sintecho de la ciudad pudieran pasar las noches resguardadas, si bien la llamada operación Frío recibió críticas de la oposición, que la consideró una "estafa".

“De Mesón de Paredes nadie se mueve”. Es el lema con el que los vecinos de un edificio en el barrio madrileño de Lavapiés quieren evitar que los desalojen. A la altura del número 88 de esa calle, la fachada luce desde hace meses pancartas en los balcones: “25 años pagando”, “Nos quedamos”, “14 años pagando”, “Nos quieren echar”... Y así, casi una por cada ventana. Los inquilinos del edificio —que es propiedad de la empresa Furud SL y las familias Campos Cebrián y González Ruano— han recibido notificaciones porque los dueños pretenden vaciar el edificio para, según los afectados, poner en su lugar viviendas turísticas. “Hay gente que puede llevar viviendo aquí 50 años, gente que muy probablemente haya pagado con creces el valor de su casa”, explica Benjamín, que además de ser uno de los inquilinos afectados que tiene como fecha de salida el 31 de agosto, ejerce de portavoz. “Han decidido que el dinero que reciben no les basta y que quieren seguir ganando mucho más expulsando a personas que llevan décadas pagando un alquiler”, concluye.

Al mal trago de tener que luchar por no quedarse sin casa, los afectados han decidido responder con una jornada de reivindicación festiva, centrada en contar su caso, pero también los problemas que genera un mercado de la vivienda a precios disparados. “Es una jornada festiva y reivindicativa en este San Isidro”, señalan desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid.

Quienes viven en el inmueble han ido recibiendo notificaciones en las que se les informaba que tendrían que abandonar sus casas a medida que sus contratos terminasen, ya que no iban a ser renovados. La respuesta de los vecinos fue oponerse y reclamar un proceso de negociación que, por el momento, no ha dado ningún fruto. “Se han ido cuatro vecinos, pero ahora estamos organizados y más juntos. Vamos a tratar de forzar una negociación colectiva para conseguir la renovación de los alquileres que vencen ahora”, señala el portavoz. “No nos vamos a ir”, concluye. Cuentan que los propietarios, herederos de los caseros, han cortado toda comunicación y ni siquiera han respondido a los intentos de algunas personas de negociar o comprar el piso en el que residían. “También intentaron cambiar la titularidad de los recibos de agua y luz sin avisarnos”.

Para que su caso —y otros muchos que se están dando en la capital— no se diluyan en la masa, los vecinos de Mesón de Paredes 88 han decidido hacer de la fiesta de San Isidro una celebración reivindicativa a las mismas puertas del edificio que, si nada cambia, tendrán que abandonar. Esta protesta trata de ser el contrapunto a un desalojo silencioso, en el que cada vecino recoge su casa, hace las maletas y se va. Porque la idea, más allá de conservar sus casas, es hacer visible y comunicar a la opinión pública un problema que no para de crecer y que, según el CIS, figura como una de las mayores preocupaciones para los españoles: el acceso asequible y estable a la vivienda.

Las acciones de la jornada comenzarán desde los balcones, convertidos en escenarios (para las actuaciones musicales en directo) y en atriles improvisados (para debatir sobre el mercado inmobiliario). “No es solo para presentar nuestra lucha, sino para mostrar cómo los barrios se están convirtiendo en sitios para turistas y expulsando a los vecinos de la mano de la especulación y del rentismo”, explica Benjamín. Su lucha, dicen, está en conseguir una ciudad para quienes viven en ella y no para quienes llegan de paso. “Nos parecía ideal reivindicar el barrio en una fiesta que es madrileña, reivindicar como esta ciudad ya no es para la gente que vive en Madrid”, concluye.

La protesta de Mesón de Paredes sigue la estela de la que realizaron otros vecinos de Lavapiés un año antes, cuando la empresa Elix Rental Housing, propiedad del fondo buitre AltamarCAM Partners, comenzó a desalojar a los vecinos de Tribulete. Pasacalles, música en directo y el respaldo de algunas personalidades del mundo de la cultura dieron visibilidad en aquel momento a la situación de más de medio centenar de familias que debían dejar su casa. Convertir los desalojos en mítines, atraer a los medios y sumar ejemplos sobre las consecuencias de un mercado inmobiliario a precios imposibles, son algunas de las estrategias que impulsan desde el Sindicato de Inquilinas.

Modesto Lafuente 8, San Ildefonso 20, Tribulete o General Lacy 22 (este último, propiedad de la misma familia Campos Cebrián), son direcciones que alojan a vecinos que como Benjamín viven con las maletas a medio hacer porque están en un proceso idéntico de desalojo. Muchos de ellos participan en el acto de este jueves y, de la mano de sindicatos de vivienda y grupos vecinales, mantienen un pulso a grandes tenedores aún en posiciones de inferioridad.

“El barrio y las asociaciones puede funcionar como una red de seguridad”, señalan desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). “En momentos de necesidad como la pandemia o la borrasca Filomena los barrios fueron los primeros en movilizarse para cumplir una función social”, apuntan. Sin embargo, cuando tienen que señalar el problema que más les trasladan desde la calle, el mercado inmobiliario vuelve al primer plano. “Si hablamos de problemas generales que afectan a la vecindad de Madrid, aquellos relacionados con la vivienda y con el acceso a una casa son centrales. Son los que más se tienen que gestionar y pelear”, explican a infoLibre.

La jornada, que con permiso de San Isidro, protagonizan los vecinos de Mesón de Paredes, se ha organizado para repartir a las 12 del mediodía limonada, escuchar conciertos en directo y acompañarlo todo con la lectura de manifiestos que cuentan la realidad de muchos ciudadanos. “A este edificio no entran nuevos inquilinos, los pisos se quedan vacíos y colocan puertas blindadas”, concluye Benjamín. “Si cambia la composición de los barrios porque la población ya no se puede permitir vivir en ellos, se terminan convirtiendo en una suerte de parques temáticos para turistas donde los vecinos ya no existen”, coinciden desde la FRAVM.

Unas 2.500 personas, según la Guardia Urbana, y 10.000, según la organización, se han manifestado este martes en la rambla del Raval de Barcelona por el desalojo de la Antiga Escola Massana, ejecutado este martes después de que el edificio fuese okupado en 2020. La operación, efectuada por la Guardia Urbana con la colaboración de los Mossos d'Esquadra, fue autorizada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 17 de la capital catalana, según informaron fuentes municipales y recoge EFE.

Hasta este martes, el recinto era utilizado como espacio de actividades de varias entidades, como el Sindicato de Vivienda del Raval, la Red de Apoyo Mutuo Laboral del Raval, la Red Popular de Alimentos, la Escoleta Popular del Raval y el Gimnasio Popular Matilde Landa.

Tras la expulsión, se han producido varios episodios de tensión durante la jornada, con choques entre los agentes y los manifestantes que se han saldado con cinco detenciones, según los Mossos d"Esquadra, y decenas de heridos. Finalmente, los portavoces de la Antiga Escola Massana han desconvocado la protesta hacia las 12.15 horas y han anunciado una nueva movilización a las 19.30 horas en la rambla del Raval.

Bajo el lema Contra la dictadura de políticos y empresarios, esta segunda tanda de protestas del día se ha ido formando a través de columnas de manifestantes que han ido llegando desde distintos puntos de la ciudad y del área metropolitana. Lo han hecho desde el Baix Llobregat (partiendo desde la estación de Renfe de Cornellà), Zona Norte (Clot), Zona Sur (plaza de Sants), Eixample (plaza Tetuan) y Ciutat Vella (plaza Vuit de Març).

Poco a poco, los manifestantes han ido llenando la plaza con consignas de "PSC, desahuciador", "Viva la lucha de la clase obrera o "Defendamos la Antiga Massana" y ondeando banderas con el logo de la Antiga Escola Massana. “Este no es solo un ataque a la Antiga Massana, sino a toda la clase trabajadora que se organiza cada día para tener una vida que merezca ser vivida”, ha explicado en una atención a los medios Arnau, portavoz de la Antiga Escola Massana. En esta línea, ha recriminado al PSC “la ejecución de miles de desahucios, los recortes en derechos políticos de la clase trabajadora y el encarecimiento de la vida”.

La protesta ha proseguido hasta llegar a La Rambla, donde han habido varios enfrentamientos con la policía al intentar volver a acceder al Raval y han sido quemados varios contenedores. Al llegar a los jardines del Doctor Fleming, pegados a la plaza Gardunya, donde se encuentra la Antiga Massana, la policía ha impedido que los manifestantes se acercaran a la escuela y la manifestación se ha disuelto poco a poco. Durante esta protesta, el balance fue de dos personas detenidas y nueve mossos heridos durante los incidentes registrados.

Este martes por la mañana, el teniente de alcaldía de Prevención y Seguridad y concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha destacado que en el edificio “no había nadie”, pues es un espacio que solo se utiliza para actividades de las entidades del barrio, pero donde no hay inquilinos. "La recuperación ya está hecha y, por tanto, se mantendrá. No vamos a permitir más okupaciones", ha asegurado.

Según han informado a EFE fuentes del consistorio, durante el día, Batlle y otros representantes políticos municipales han mantenido una reunión con la Biblioteca de Cataluña, la Real Academia de Medicina de Cataluña, La Perla 29, el Institut d"Estudis Catalans (IEC) y la Real Academia de Farmacia. “Las entidades han sido informadas de que con la recuperación del edificio se adelantará en el proyecto de remodelación del Antic Hospital, donde todas ellas tienen implicación”, han explicado las mismas fuentes.

Los lanzamientos o desahucios por impago del alquiler se redujeron un 4,6% en el tercer trimestre del año frente al mismo periodo de 2023, hasta alcanzar los 3.984 procedimientos, un 75,1 % del total, según los datos publicados este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recogidos por EFE.

En su estadística sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales, el órgano judicial indica que 927 lanzamientos, el 17,5% del total, obedecieron a ejecuciones hipotecarias, que se redujeron un 3,7%, y los 396 restantes se originaron por otras causas. Asimismo, indica que entre julio y septiembre se practicaron 5.307 desahucios, un 3,1% menos que un año antes.

Desglosados los datos por comunidades autónomas, Cataluña –con 1.341, el 25,3% del total nacional- fue donde se practicaron más lanzamientos; seguida de Andalucía, con 857; la Comunidad Valenciana, con 710; y Madrid, con 550.

Si se tienen en cuenta sólo los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), Cataluña figura también en primera posición, con 1.032, el 25,9% del total; a continuación se sitúa Andalucía, con 572; la Comunidad Valenciana, con 493; y Madrid, con 469. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la lista la encabeza Andalucía, con 219; seguida por Cataluña, con 203; y por la Comunidad Valenciana, con 167.

En el tercer trimestre se presentaron 5.794 ejecuciones hipotecarias, un 113,3% más que en el mismo periodo de 2023, y de ellas la mayor parte se produjo en Andalucía, con 1.277 o el 22,6 % del total; por detrás figuran Cataluña, con 1.166; la Comunidad Valenciana, con 939; y Madrid, con 491.

El CGPJ pone en relación el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas con la población, y con este método destaca Murcia, con 18,7 ingresadas por cada 100.000 habitantes; la Comunidad Valenciana, con 17,5; y Andalucía y Cataluña, con 14,5, respectivamente. 

Los avales ICO, que son parte de la solución, no se desarrollan los convenios con las entidades financieras privadas a falta de una banca pública son apremiantes. Con ello se facilitaría a buen seguro el acceso a miles de ciudadanos, embalsados en el alquiler cuando desearían tener una en propiedad. Ello ayudaría mucho a pinchar la burbuja existente sobre los precios de los alquileres al restar esta numerosa demanda.

Paralelamente incentivaría la construcción y rehabilitación de viviendas por parte de las pymes, generando a la vez empleo. El gobierno de la Generalitat con el PP ha vuelto a incumplir su promesa electoral de reducir el ITP al 3% para jóvenes y colectivos especiales. Se sigue sin facilitar avales públicos a las familias para facilitarles el acceso a la vivienda en alquiler, dejando así un auténtico ejército de errantes demandantes de vivienda social en alquiler; por desgracia algunos no tienen más camino que ser okupas.

Ustedes mismos analicen el Plan VIVE, que emana del nefasto Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, que prevé subvenciones directas a los grandes operadores y fondos de inversión con el objeto de alquilar esas viviendas, cuando a todas luces esa subvención o bien la cesión del suelo público prevista permite destinarlas directamente a los propios demandantes de vivienda habitual y social en propiedad.

La encuesta del CIS dice que un 81.8% es partidario de comprar una vivienda propia, ya que es la mejor forma de ahorrar para el futuro y evitar no poder pagar un alquiler hasta su jubilación, más con los contratos limitados a un máximo de 7 años.

Ejemplos actuales tenemos muchos, desde la actuación de los fondos buitres en Madrid y otros lugares a lo último: que desahucian de un convento en Cádiz a sus trabajadores de toda la vida, así como a incapacitados y vulnerables de todo tipo en toda España.

Por desgracia, esta es la actual política de vivienda que unos y otros nos ofrecen. Entre ellas una errónea y enmarañada ley de vivienda que ni siquiera contempla el derecho subjetivo.

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José Joaquín Belda es socio de infoLibre.

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se disparó un 84,1% en el primer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2020, hasta situarse en 3.207, su cifra más alta en cuatro años, según la estadística de ejecuciones hipotecarias publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recigida por Europa Press.

El objetivo principal de esta estadística es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los Registros de la Propiedad durante el trimestre de referencia. Estadística recuerda que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios.

Estadística recuerda que en marzo de 2020, cuando entró en vigor el primer estado de alarma, se adoptaron medidas extraordinarias consistentes en procurar una moratoria de la deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual.

Thank you for watching

En el primer trimestre del año se iniciaron 8.257 ejecuciones hipotecarias, un 17,5% menos que en el trimestre anterior y un 23,7% menos en tasa interanual. De ellas, 7.906 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 351 a fincas rústicas.

Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas bajaron un 17,2% en relación al trimestre anterior y un 22,9% respecto al primer trimestre de 2020.

Dentro de las fincas urbanas, 5.178 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 9,3% menos en tasa intertrimestral y un 6,7% menos en términos interanuales, y de ellas 3.889 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas, un 3,4% más que en el trimestre anterior y cifra un 69,1% superior a la del primer trimestre de 2020.

Y dentro de las viviendas de personas físicas, 3.207 ejecuciones se realizaron sobre viviendas habituales de personas físicas y 682 sobre viviendas que no son residencia habitual de los propietarios. Las primeras se dispararon un 84,1% en tasa interanual y subieron un 6,2% en tasa trimestral, mientras que las segundas aumentaron un 22,3% respecto al primer trimestre de 2020, aunque bajaron un 8% en relación al trimestre anterior.

Por su parte, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas jurídicas totalizaron 1.289 entre enero y marzo, un 33,8% menos que en el trimestre anterior y un 60,4% menos que en el mismo periodo de 2020.

El 89% de las ejecuciones sobre viviendas afectan a pisos usados

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas concentraron el 62,7% del total de ejecuciones hipotecarias en el primer trimestre de este año.

El 38,8% del total de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas afectaron a viviendas habituales de personas físicas, el 15,6% correspondió a viviendas de personas jurídicas y el 8,3% a otras viviendas de personas físicas.

Por su parte, las ejecuciones hipotecarias de otras fincas urbanas (locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios destinados a viviendas, otros edificios y aprovechamientos urbanísticos) representaron el 30,1% del total.

El 10,5% de las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas del primer trimestre fueron sobre viviendas nuevas y el 89,5% sobre usadas. El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas nuevas disminuyó un 45,1% en tasa anual (-26,6% en tasa intertrimestral) y el de usadas subió un 1,7% en relación al mismo trimestre de 2020 (-6,7% trimestral).

El 18,8% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en el primer trimestre corresponde a hipotecas constituidas en el año 2007; el 13,7% a hipotecas constituidas en 2006 y el 10,6% a hipotecas de 2005. El periodo 2005-2008 concentra el 52,2% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas entre enero y marzo.

Andalucía lidera las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas

Por comunidades autónomas, Andalucía lideró las ejecuciones sobre viviendas en el primer trimestre, con un total de 1.094, seguida de Comunidad Valenciana (1.093), Cataluña (1.011) y, más lejos, Madrid (463). En el lado opuesto, con el menor número, se situaron Navarra (14), La Rioja (41) y Extremadura (43).

Sobre el total de fincas, Comunidad Valenciana encabezó el número de ejecuciones hipotecarias, con 1.731, seguida de Andalucía (1.526), Cataluña (1.426) y Madrid (691). Por su parte, Navarra (16), La Rioja (50) y Extremadura (68) registraron el menor número.

El Ministerio de Justicia, tal y como había adelantado días anteriores, ha ejecutado esta semana el desalojo de este centro social de referencia en la capital madrileña y de todos los espacios autogestionados del territorio español. Desde La Ingobernable desconocen qué día exactamente se hizo efectivo, ya que por el estado de alarma el inmueble se encontraba vacío.

No es el primer revés que sufre este colectivo. Cuando aún se encontraba emplazado en la calle del Gobernador de Madrid, inmueble de titularidad municipal, sufrió el desalojo por parte del Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida, cuya campaña electoral se centró en parte en acabar con este caballo de Troya de los movimientos sociales. Ese edificio posteriormente fue cedido a la Fundación Hispanojudía cuyo vicepresidente es el exministro del Partido Popular Alberto Ruiz-Gallardón.

El siguiente edificio que tomaron, el que ha sido ahora desalojado, emplazado en la calle Alberto Bosch, es de titularidad estatal y llevaba vacío y sin uso más de 5 años. Dados los colores que forman el gobierno de coalición en la Moncloa, desde Unidas Podemos se manifestaron en más de una ocasión a favor de los espacios autogestionados, por lo que parecía lógico que La Ingobernable tendría menos problemas e incluso se podría establecer un diálogo con la Administración.

El lunes 23 de marzo, ya en pleno estado de alarma, el BOE recogía la reanudación del proceso administrativo para desalojar el centro social, a pesar de que el 14 de marzo con el Real Decreto del covid-19 todos los procedimientos administrativos quedaban paralizados. Por su parte, el Ministerio de Justicia alegaba motivos de "salud pública" y de "interés general" para proceder a activar el desalojo.

El 27 de marzo un vecino asiduo al centro social presentaba alegaciones contra este proceso administrativo y días más tarde, el 16 de abril, el BOE volvía a traer una sorpresa para los ingobernables. El Ministerio de Justicia iba a proceder al desalojo del espacio en 48 horas y señalaba que no había constancia de que se hubieran presentado alegaciones durante el procedimiento abierto.

infoLibre tuvo acceso al recurso de reposición, con fecha de 15 de abril, en la que se señala que la resolución de desalojo "es nula de pleno derecho puesto que no ha tenido en cuenta las alegaciones efectuadas por este ciudadano" y pide la revocación y anulación de la resolución, así como que se "retrotraigan las actuaciones hasta el momento en que se presentaron las alegaciones".

A pesar de todo ello, el desalojo se ha hecho efectivo esta semana. "El Ministerio de Justica ha ignorado las alegaciones presentadas vulnerando así el derecho fundamental a la legítima defensa en el procedimiento administrativo –denuncian desde La Ingobernable–, se reiteró que sí había alegaciones a través de un recurso emitido al ministerio el pasado viernes 17 de abril, pero continuaron ignorándolas. El resultado, tan surrealista como habitual: un Gobierno que se escuda en el legalismo saltándose a la torera su propia legalidad".

Además, denuncian "la instrumentalización del estado de alarma y un uso político de la justicia al justificar el desalojo durante la crisis por motivos de 'interés general' o 'problemas de salud pública' cuando la actividad del espacio estaba completamente detenida desde el principio del estado de alarma". Y se preguntan, "¿cómo puede este Gobierno plantear como una prioridad el desalojo de la Ingobernable, destinando recursos públicos para ello, en medio de esta crisis?".

"Silencio cómplice" de Unidas Podemos

"Es tan decepcionante como vergonzoso que, tras el anuncio de la amenaza de desalojo la semana pasada, aquellos políticos 'del cambio' que habían manifestado su apoyo a los centros sociales y al proyecto de la Ingobernable en particular, hayan mantenido un silencio cómplice e insensible a una infraestructura básica para nuestras redes comunitarias", señalan.

"El Gobierno en su conjunto se ha sumado a la línea judicial/punitiva de la derecha en vez de ponerse del lado de los movimientos sociales", denuncian vía comunicado.

La Ingobernable y la crisis sanitaria

Durante estos días, los miembros de La Ingobernable colaboraron activamente en la emergencia sanitaria. "Estamos fabricando mascarillas, tenemos una impresora 3D para hacer las piezas que se necesitan para habilitar las máscaras de snorkel como respiradores y también mascaras protectoras. También hemos estado en cooperación con Médicos Sin Fronteras (MSF) para dejarles materiales que teníamos en el centro para el montaje de hospitales de campaña", contaba a infoLibre una de las portavoces tras la primera notificación de la reanudación del proceso de desalojo.

Estos espacios sociales cumplen una función ciudadana como sedes para movimientos sociales de calado internacional, además de ofrecer charlas, actividades y talleres totalmente alejados del ocio mercantilizado. "La crisis social, económica y sanitaria que estamos viviendo visibiliza más que nunca que los cuidados, el apoyo mutuo y la solidaridad son imprescindibles para la reconstrucción de una sociedad. Volveremos a recuperar y abrir espacios para las vecinas, para los movimientos sociales y para la vida. Nuestra prioridad es poner la vida en el centro y en esta crisis ecónomica, social y sanitaria vamos a necesitar 10, 100, 1.000 centros sociales", advierten.

Concluyen enviando un firme mensaje al Gobierno, "si creéis que esto os ha salido bien, os equivocáis. La Ingobernable es un proyecto que va más allá de un espacio, y la okupación una práctica legítima que continuaremos llevando a cabo mientras este sistema sea así de injusto".

A pesar de estar en pleno estado de alarma y de que todos los procesos administrativos se encuentran paralizados, este martes 14 de abril el BOE publicaba la orden de desalojo de La Ingobernable, ubicada en la calle Alberto Bosch (Madrid). El Ministerio de Justicia otorgaba 48 horas, plazo que se cumple este jueves día 16, para abandonar este nuevo espacio recuperado por La Ingobernable, que llevaba más de cinco años cerrado y sin uso.

El 1 de abril se anunciaba la reactivación de este desalojo. Desde el Ministerio de Justicia alegan motivos de "interés general" y afirman que el espacio no reúne las "condiciones mínimas de salubridad e higiene". Por su parte, La Ingobernable sostiene que el Ministerio "se aprovecha de la confusión generada por este shock sistémico para colar el procedimiento de desalojo de la Ingobernable como uno de los procesos que, en nombre de un inexistente interés público, debe concluirse cuanto antes".

El colectivo lamenta la "absoluta falta de interés en el diálogo de este Ministerio y del ministro Juan Carlos Campo", que "ha decidido que su prioridad en plena cuarentena es reanudar un proceso como es el desalojo de la Ingobernable, omitiendo incluso el derecho de alegación".

Este inmueble es de titularidad estatal, a diferencia del de calle del Gobernador (antigua sede de La Ingobernable) que es de titularidad municipal. Por lo que la precipitación de este desalojo choca con los ideales "progresistas" que el Gobierno de coalición promulga, señala el colecitvo. En especial, Unidas Podemos que afirma mostrarse a favor de este tipo de iniciativas ciudadanas. "Será decepcionante si todo esto se produce bajo el silencio cómplice de una parte del Gobierno que, públicamente se ha manifestado y apoyado la importancia de los centros sociales, incluso ha defendido abiertamente el proyecto de la Ingobernable. Esperamos que no observen impasibles esta obscena agresión de su Gobierno que se sitúa más cerca de las amenazas y formas del PP y Almeida, acompañados de sus socios gobierno Ciudadanos y Vox, que de los movimientos sociales", señala, vía comunicado, La Ingobernable.

Omisión del recurso de alegación

El pasado 27 de marzo un vecino que participa activamente en el espacio autogestionado presentó alegaciones. Pero el BOE señala que "no hay constancia de que se hayan entregado alegaciones por los ocupantes del inmueble". infoLibre ha tenido acceso al recurso de reposición, con fecha de 15 de abril, en la que se señala que la resolución de desalojo "es nula de pleno derecho puesto que no ha tenido en cuenta las alegaciones efectuadas por este ciudadano" y pide la revocación y anulación de la resolución, así como que se "retrotraigan las actuaciones hasta el momento en que se presentaron las alegaciones".

De esta manera, La Ingobernable señala al Ministerio de Justicia y "la renuncia hipócrita a sus propias reglas de juego no admitiendo las alegaciones que han recibido, saltándose así un derecho fundamental" y reclaman "la apertura de un proceso de diálogo" entre el Gobierno y la Ingobernable. Asimismo, hacen un llamamiento a la colaboración ciudadana para sumarse a su campaña y "visibilizar lo que está ocurriendo".

La reanudación del proceso administrativo para desalojar el nuevo centro social emplazado en la calle Alberto Bosch ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el lunes 23 de marzo, según informan desde La Ingobernable. "Pese a que el pasado 14 de marzo, con el Real Decreto del Covid-19 todos los procedimientos administrativos, incluyendo el nuestro, quedaban paralizados", resaltan desde el centro social. El Ministerio de Justicia alega motivos de "salud pública" y de "interés general" para proceder a activar el desalojo de este inmuebel de titularidas estatal.

Esta noticia ha cogido por sorpresa al colectivo, que como ya informaron previamente, mantiene su "actividad en el edificio en pausa desde la declaración del estado de alarma" estado de alarma por lo que no pueden, como en otras ocasiones, proteger el inmueble del desalojo mediante una manifestación pacífica.

Por este motivo, desde el centro ven que esta acción atiende a una voluntad política. "Aprovechando el estado de excepcionalidad que nos impide defendernos, se pretende consumar una nueva agresión a los centros sociales autogestionados y privar a la ciudad de Madrid de un espacio esencial para los movimientos sociales", alegan desde La Ingobernable. "Creemos que se esta usando el estado de alarma como una excusa para quitarse del medio una realidad que no les conviene. Incluso este Gobierno que dice que tanto apoya los movimientos sociales", lamenta una de las portavoces del colectivo.

"No nos consta que vayan a hacer nada con el inmueble", afirma la portavoz. El Ministerio de Justicia, a preguntas de infoLibre, tampoco resuelve esta duda, a la espera de más información, y remite unicamente a lo que publica el BOE. BOE

El pasado 4 de marzo el colectivo okupó este nuevo espacio situado en la calle Alberto Bosch, 4 que llevaba más de 5 años vacío y en desuso. Tras el desalojo del inmueble de calle del Gobernador, que posteriormente se cedió a la Fundación Hispanojudía, de la que el Alberto Ruiz Gallardón es vicepresidente.

La necesidad de los centros sociales

Además resaltan que, ante "lo que viene", se necesitan "reforzar las relaciones de solidaridad y de colaboración comunitaria". "En este sentido, los centros sociales cumplimos y cumpliremos una función vital", afirman en su comunicado.

Estos espacios cumplen una función ciudadana, además de ejercer como sedes para multitud de movimientos sociales como puede ser Fridays For Future en el caso de La Ingobernable, también ofrecen talleres, charlas y múltiples actividades totalmente gratuitas. "Lugares que se alejan conscientemente del ocio mercantilizado y alienante. Lugares donde sentir que, frente a un modelo de ciudad basado en un turismo salvaje y descontrolado, se pueden construir alternativas horizontales, donde el bienestar de las vecinas esté en el centro", explica el colectivo.

Actualmente, los miembros de La Ingobernable colaboran activamente en la emergencia sanitaria. "Estamos fabricando mascarillas, tenemos una impresora 3D para hacer las piezas que se necesitan para habilitar las máscaras de snorkel como respiradores y también mascaras protectoras. También hemos estado en cooperación con Médicos Sin Fronteras (MSF) para dejarles materiales que teníamos en el centro para el montaje de hospitales de campaña", nos cuenta la portavoz.

"Hoy, como todos los días, seguimos indesalojables. Somos ingobernables", resumen desde el centro.

Tras el desalojo de la Ingobernable en la madrugada del martes al miércoles, las principales agrupaciones sociales del centro de Madrid se quedan sin centro de reunión, algunos vecinos del barrio de Las Letras sin poder hacer sus reuniones del AMPA y la capital sin su símbolo de autogestión, participación y lucha social.

El Ayuntamiento de Martínez Almeida no se pronuncia sobre a qué van a destinar ahora ese espacio de 3.000 metros cuadrados situado en el Paseo del Prado ya que argumenta que "es muy pronto para saberlo". Aunque sí se pronuncia sobre el estado del inmueble afirmando que se encuentra en "mal estado" y tiene problemas de "salubridad e higiene". Algo que niegan rotundamente asiduos al centro.

Desde la Asamblea de la Ingobernable no se manifiestan sobre si van a okupar otro espacio, pero dejan claro que "el proyecto sigue" y que "las ideas no se desalojan".

El primer intento de desalojo tuvo lugar el pasado 28 de agosto, pero gracias a la movilización ciudadana se paralizó. Aunque no fue suficiente para que el Ayuntamiento estableciera conversaciones con los ingobernables. Un mes y medio después, la policía regresó, pero esta vez sin previo aviso y de madrugada, por lo que el espacio no contaba con el apoyo ciudadano de la anterior ocasión, en la que más de 300 personas blindaban la puerta del centro.

Aunque sí tuvo mayor afluencia la manifestación posterior al desalojo definitivo, en la que más de 600 personas acudieron a protestar por el cierre del conocido centro social.

Otro de los lugares de enfrentamiento han sido las redes sociales. A través de estas plataformas, algunos de los líderes de Más Madrid se hacían eco estos días de las infructuosas negociaciones que llevó el anterior Ayuntamiento liderado por Manuela Carmena con La Ingobernable, culpando al espacio de no llegar a buen puerto. Entre ellos, destacó el mensaje del concejal José Manuel Calvo, que tras la críticas en Twitter borró el tuit y pidió disculpas por si se había podido malinterpretar.

Ayuntamiento de Ana Botella y la Fundación Ambasz

Ayuntamiento de Ana Botella y la Fundación Ambasz

Ahora el inmueble vuelve a estar en manos del Partido Popular. Durante el mandato de Ana Botella, en el año 2013, la entonces alcaldesa cedió por 75 años el edificio a la Fundación Emilio Ambasz, estrechamente relacionado con José María Aznar, para la construcción del museo de Arte, Arquitectura, Diseño y Urbanismo (MAADU). Este proyecto jamás llegó a materializarse y tras cuatro años en desuso un grupo de 20 manifestantes contra la mercantilización del centro de Madrid okupó el espacio.  

El nuevo Ayuntamiento de Madrid presidido por José Luis Martínez-Almeida se tomó desde la campaña electoral el desalojo de la Ingobernable como un símbolo de su lucha contra la okupación.

Otros muchos espacios autogestionados de la geografía española vieron, y ven, en la Ingobernable un ejemplo a seguir, algo que no comparten desde la actual Alcaldía. En estos últimos días muchos han mostrado su solidaridad con el desalojo del inmueble.

"Nosotras apoyamos todos los proyectos que deseen desarrollar procesos de participación y politización desde abajo, desde lo comunitario. Con la Ingo tenemos especial afinidad, como otros centros sociales, por los vínculos relacionales, que son lo más importante para nosotras". "Las redes que se generan de afecto y solidaridad. El sentir que no estamos solas, que tu lucha es mi lucha. Eso nos da fuerza para seguir", declaran a infoLibre desde el Centro Social Luis Buñuel (Zaragoza).

"Es un espacio hermano. Ha sido punta de lanza en el corazón de la bestia. Ha habido gran colaboración desde el principio porque venimos y vamos a lo mismo", afirma un portavoz del malagueño centro social La Invisible.

CorruPPtos

Durante estos meses de incertidumbre, desde la Ingobernable lanzaron iniciativas de todo tipo, desde aumentar el número de actividades para "llenar de vida" el espacio, hasta una pequeña serie de cinco capítulos, titulada CorruPPtos, de la que ya están disponibles los tres primeros episodios. Esta miniserie explica paso por paso cómo nació y a qué se enfrentó este proyecto ingobernable.

Un amplio grupo de manifestantes en contra del desalojo del centro social autogestionado La Ingobernable están cortando el tráfico en un tramo del Paseo del Prado, a la altura de la calle de Almadén, donde se encuentra el Caixa Forum, informa Europa Press.

Este grupo de personas acudieron a las 19.00 horas para protestar por la desokupación del edificio de la calle Gobernador, que había sido utilizado por le colectivo La Ingobernable durante los últimos dos años. El Ayuntamiento efectuó el desalojo esta mañana con 130 Policías Municipales y con ningún altercado.

Durante la concentración, se ha leído un manifiesto en el que han expresado su repulsa a la medida tomada por el Consistorio encabezado por José Luis Martínez-Almeida y han asegurado que el proyecto de este centro social "continuará".

El corte de tráfico ha comenzado alrededor de las 20.30 horas. Los congregados han coreado consignas como "Aquí están los antifascistas", "Gobierne quien gobierne, la Ingo se defiende" o "Los sueños no se desalojan".

los asistentes a la movilización en apoyo a la Ingobernable se han encontrado representantes del movimiento ecologista Fridays For Future, que han agradecido al espacio haber acogido sus asambleas y reuniones.

Más de 300 personas se congregaron este miércoles a las puertas de La Ingobernable, en Madrid, para proteger el espacio autogestionado del desalojo que ya se había publicado en el BOE el pasado 12 de agosto. Ante la imposibilidad de acceder al edificio por los cientos de personas que blindaban el inmueble, la expulsión ha sido paralizada.

Alrededor de las 10.00 horas han acudido al edificio de la calle del Gobernador, a escasos metros del Paseo del Prado, técnicos del Ayuntamiento de Madrid, en concreto del área de Patrimonio, acompañados de seis agentes de la Policía Local y han entregado la notificación administrativa para que el edificio fuese desalojado en ese mismo momento. Algo que evidentemente no se produjo.

Aunque no se les informó del procedimiento que se va a abrir, desde La Ingobernable entienden que "al acabar la vía administrativa" el Ayuntamiento "abrirá un procedimiento judicial" a partir de ahora.

La paralización de este desalojo ha sido considerada como una victoria por parte de los defensores de este espacio. "Esta es una victoria más, que se suma a todas las que están ocurriendo desde que este nuevo alcalde tiene esta actitud beligerante. Victorias como Madrid Central o el orgullo crítico", ha declarado uno de los portavoces.

También agradecieron la colaboración ciudadana y la actuación de los movimientos sociales. "Este desalojo, así como los anteriores, se han podido parar gracias a la cantidad de vecinos y vecinas que han acudido, que han llenado este espacio de actividades y gracias a los movimientos sociales que aquí, día a día, llenan este espacio y hacen de Madrid una ciudad más habitable", han señalado.

Decenas de personas han pasado la noche del martes en las inmediaciones del edificio ante la posibilidad de que acordonasen la zona. Tanto la noche como la mañana han transcurrido pacíficamente. A las 9.00 horas se ha organizado una chocolatada bajo el lema "Almeida no nos vamos. ¡Desayunamos! Menos porras y más churros".

"Ingobernable, indesalojable" y "Un desalojo, otra okupación" fueron los lemas más coreados durante la mañana mientras se esperaba la actuación policial.

"Un espacio social construido entre todas y para todas"

Este edificio situado en la calle del Gobernador 39 nació hace dos años como un espacio autogestionado del que forman parte multitud de organizaciones de diferente índole, como Fridays for future, Abrir Brecha, 8M o la PAH… entre otros.

En estos 3.000 metros cuadrados, aparte de asambleas y reuniones de las diferentes organizaciones, se llevan a cabo actividades de todo tipo: cine, talleres de danza, pintura, música, teatro, clases de yoga, boxeo, idiomas… estas actividades están destinadas para todos los públicos de manera gratuita. Cualquiera puede ofrecer su propio conocimiento y compartirlo de manera voluntaria.

Desde La Ingobernable la definen como "un bien común autogestionado por las propias personas que lo utilizan y que trabajan para darle vida. Es un espacio social construido entre todas y para todas".

La financiación de estos espacios se la costean ellos mismos con los ingresos de la cafetería instalada en el edificio, cuyo servicio cubren las distintas organizaciones a través de turnos. También organizan fiestas para poder mantener el espacio y la financiación de las distintas organizaciones. Si La Ingobernable echase el cierre muchas de estos colectivos se quedarían no solo sin lugar de reunión, sino también, sin la posibilidad de organizar eventos para autofinanciarse.

En estos dos últimos meses, La Ingobernable ha multiplicado sus actividades y ha recibido "cientos de solicitudes de toda España", declaraba este miércoles una de sus portavoces. Aunque hay más espacios de este tipo en Madrid, algunos ya desalojados como el Patio Maravillas, la gran mayoría se encuentran en riesgo. Así, la Ingobernable ya no es un centro social más, sino un símbolo que el nuevo Ayuntamiento ha tomado en su lucha por la okupación.

Por ello, desde La Ingobernable hacen un llamamiento a ayudar a estos espacios. "Llenarlos de vida y exponer lo que de verdad son", afirma una joven integrante del grupo Fridays For Future.

¿Cómo nace?

En marzo de 2013, el Ayuntamiento de Madrid presidido por Ana Botella cedió este edificio a la Fundación Emilio Ambasz por 75 años para la construcción del Museo del Arte, Arquitectura, Diseño y Urbanismo (MAADU). La fundación del arquitecto, el cual mantenía una estrecha relación con el PP, empezando por José María Aznar, se haría cargo del museo durante el tiempo de la concesión. Sobra decir que este proyecto no se llevó a cabo.

Cuando esta información vio la luz en 2017 se okupó el inmueble por una veintena de personas que se manifestaban en contra de la mercantilización del centro bajo el lema "Madrid no se vende". A finales de 2018 el Ayuntamiento de Madrid, esta vez presidido por Manuela Carmena, aprobó una indemnización a la Fundación Ambasz de 1,4 millones de euros, para compensar la extinción de mutuo acuerdo de la concesión. Tras negociaciones poco exitosas, el Ayuntamiento tomó la decisión de establecer en el inmueble la Biblioteca de Mujeres Marisa Mediavilla. Proyecto que también quedó paralizado. Ante la falta de acuerdo entre las partes, "la biblioteca de mujeres dijo que era impensable que pudiera ubicarse allí, ya que este espacio es indispensable para el feminismo", resalta uno de los portavoces de La Ingobernable.

Con la llegada del nuevo Ayuntamiento tras el pacto entre las tres derechas, los problemas de este espacio han aumentado. Desde Fridays for future se subraya que "este Ayuntamiento niega la posibilidad de que haya un espacio así". "Cuando Almeida llegó al Ayuntamiento lo primero que hizo fue ir en contra del medio ambiente (con el intento de acabar con Madrid Central) y cerrar un espacio que lo que hace es ayudar a la gente de Madrid. Sabemos que en cualquier momento entran", cuentan algunos miembros de la organización ecologista.

Almeida opta por la vía judicial

El Ayuntamiento de Madrid acudirá "desde este mismo momento" a la vía judicial para lograr "lo más rápido posible" el desalojo de La Ingobernable después de que no se haya desalojado este miércoles de forma voluntaria tras la notificación oficial entregada por parte del Consistorio. Así lo ha indicado la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, en la que ha puesto de manifiesto que se ha puesto "punto y final" a la vía administrativa, por lo que "parece que no se desaloja por la vía voluntaria".

Al acudir a al vía judicial, el equipo de Gobierno espera que el desalojo sea "lo más rápido posible". "No ha sido posible desde el punto de vista administrativo porque no se ha querido hacer ese desalojo; esperamos que se tramite de la forma más breve", ha reiterado.

Quien también se ha presentado en las inmediaciones fue el concejal y portavoz adjunto de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Pedro Fernández, que ha exigido al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que desaloje ya un inmueble okupado por un colectivo al que ha calificado como "los amigos de Carmena". "Manifestamos nuestro rechazo al hecho de que los amigos okupas de Carmena sigan utilizando este espacio público que pertenece a todos los madrileños y no a unos pocos", ha recalcado el edil, quien ha solicitado que si el inmueble no se desaloja "pacíficamente", intervengan los Cuerpos de Seguridad del Estado.

La acampada de las personas sin hogar seguirá en el Paseo del Prado de Madrid después de que la Policía Municipal haya desalojado la docena de tiendas que habían instalado este miércoles en la misma Plaza de Cibeles, en la entrada de la sede del Ayuntamiento, y detenido a uno de sus portavoces por resistencia. Los acampados exigen al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, soluciones, y no moverles de un lado a otro.

"Queremos soluciones, no que nos estén moviendo de un lado a otro como si así se fuera a solucionar el problema", ha declarado a Europa Press una de las acampadas, María, de vuelta al Paseo del Prado. De la docena de tiendas instaladas, la Policía Municipal ha incautado dos de ellas, según los acampados.

Por su parte, Martínez-Almeida se ha dirigido este miércoles a las personas sin techo acampadas diciéndoles que "la ocupación de espacios públicos no es forma de dialogar" y ha reiterado que de los cerca de 80 acampados solo 12 son personas sin hogar, en los que el Ayuntamiento "centra sus esfuerzos".

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha insistido en que sólo doce son personas sin techo y que el resto de la acampada "son activistas". Estas declaraciones chocan con las de los miembros de la acampada. "Dicen que sólo hay doce sin techo pero somos todos. Creemos que querían deslegitimar la acampada diciendo que es una acampada activista, una simple protesta, pero es nuestra casa, es la realidad", decía el ahora detenido y portavoz de los acampados, Micky Carrera.

La acampada de las personas sin techo había trasladado a primera hora de este jueves una docena de tiendas –tantas como número de personas sin hogar real hay en ella según el Ayuntamiento– a la plaza de Cibeles, una acción con la que trataban de alertar de "la estrategia de deslegitimización de Pepe Aniorte (delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social) para justificar un desalojo".

"Es insultante porque todos los que estamos somos personas sin techo y (Aniorte) lo sabe. Y sabe que el Samur no ha querido atendernos en ningún momento", ha declarado. "Han dicho que son doce sin techo. Pues aquí van a tener doce tiendas con doce sin techo. Que empiecen a realojarlos pero cuando realojen a uno van a tener a otro sin techo porque según el último recuento somos casi 700 las personas que dormimos en la calle todos los días", ha manifestado el portavoz.

El documento lleva estampadas tres firmas: Clara Serra (Más Madrid), Isabel Serra (Unidas Podemos-IU-Madrid en pie) y José Manuel Rodríguez Uribes (PSOE). En blanco, los espacios reservados para PP y Ciudadanos. El texto que refrendan ha sido elaborado por la Coordinadora de Vivienda de Madrid, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Y dice así: "Que los abajo firmantes en representación de las candidaturas electorales presentes se comprometen a impulsar como proposición de ley en el primer pleno posible de la legislatura la Ley urgente de Vivienda para la Comunidad de Madrid". El vacío de la derecha ha motivado la reacción de las plataformas sociales, que este viernes dan el pistoletazo de salida a una campaña: escraches contra los líderes de las candidaturas conservadoras.

Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, detalla en conversación con infoLibre lo que a su juicio son dos bloques en la Comunidad de Madrid: aquellos partidos "dispuestos a aprobar la ley y otro que gobernará para los bancos", dice. El objetivo de la campaña que inician no es otro que "señalar y visibilizar que estos dos partidos políticos están en contra del derecho a la vivienda".

Alejandra Jacinto, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), define la campaña como un conjunto de "señalamientos pacíficos" a los dos partidos. Los activistas acudirán a "actos y mítines para pedir explicaciones de por qué prefieren que se siga desahuciando a familias sin alternativa habitacional", ofreciendo además "la oportunidad de que los candidatos puedan explicarse".

Las plataformas aseguran llevar semanas negociando con los partidos y poniendo sobre la mesa el problema de la vivienda en la comunidad, con el fin de preparar una ley autonómica. "Aprovechando la coyuntura electoral hemos querido interpelar a todos los partidos para que se comprometan a promover nuestro texto", añade Jacinto. Una norma [consultar en este enlace] que tiene un largo recorrido a sus espaldas. Fue diseñada en el año 2017 en forma de Iniciativa Legislativa Popular, con el aval de 76.773 firmas. El texto fue finalmente tumbado en noviembre de aquel año a consecuencia de los votos en contra de PP y Ciudadanos.

Ahora, los mismos partidos que impidieron su puesta en marcha son los que evitan el compromiso de recuperarla en la próxima legislatura. Por el contrario, las formaciones que sí han estampado su rúbrica han suscrito un "texto que dice, de forma muy sencilla pero contundente, que en el primer pleno de la legislatura estos partidos tienen que promover la ley de vivienda", detalla Jacinto. Y no les vale, dice, ni un aplazamiento ni otro texto.

Fuentes oficiales de Cs señalan a este diario que los motivos para rechazar el acuerdo tienen que ver con que, según informes propios, la ley "es susceptible de ser inconstitucional pero, adicionalmente, viola diferentes leyes de ámbito nacional", como la Ley Hipotecaria, la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley de Defensa de la Competencia, "el concepto de propiedad privada según el Código Civil y así una lista de leyes nacionales". En cuanto al PP, los argumentos defendidos en su día fueron similares. Se acogieron durante la votación de la ILP a un informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, que apela a la inconstitucionalidad o la invasión competencial de seis artículos.

Para los activistas, es importante señalar que la ausencia de PP y Cs "es bastante grave teniendo en cuenta la situación de emergencia habitacional y estructural en la comunidad". La Comunidad de Madrid registró a lo largo de 2018 un total de 6.435 desahucios, de los cuales 5.157, el 80,14%, fueron por impago del alquiler; 1.038 por impago de hipotecas y el resto por otras causas, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No atender a esta situación es para Gil "una forma de gobernar que vulnera el artículo 47 de la Constitución", relativo al derecho a una vivienda digna y adecuada.

A día de hoy, todas las comunidades excepto Madrid y Asturias cuentan con una ley de vivienda propia en vigor o en proceso de tramitación. A lo largo de 2018, varias leyes recurridas por el Gobierno de Mariano Rajoy al Tribunal Constitucional recibieron el aval del órgano, como ocurrió en Murcia o el País Vasco, aunque parte de algunas normas fueron tumbadas por su inconstitucionalidad, como la Ley Foral de la Vivienda (Navarra).

La propuesta para Madrid

Los activistas madrileños han tomado como referencia, dicen, las leyes que existen en País Vasco, Navarra y Cataluña, "tres leyes de referencia". Aunque el texto que pretenden llevar a la Asamblea de Madrid reproduce en esencia el original de 2017, lo cierto es que añade algunas novedades como la creación de un índice de precios para las viviendas de alquiler, el registro de la fianza por ley o la creación de un observatorio de la vivienda.

El grueso de la propuesta se estructura en cuatro grandes bloques. El primero tiene que ver con la vivienda social y con "el cambio de modelo de la Agencia de la Vivienda Social, el organismo para asignar vivienda pública". El objetivo en este punto tiene que ver con "impedir de forma rotunda que se pueda vender vivienda pública a los fondos buitre y garantizar la gestión de una forma transparente". A día de hoy, denuncia Jacinto, "no se sabe cuántas viviendas sociales tiene la Agencia, cuántas están ocupadas y cuántas están vacías".

Un segundo capítulo llama a la "sanción de las conductas antisociales de la propiedad privada". Entre tales conductas las plataformas incluyen mantener vivienda vacía "esperando a que suban los precios para especular". Proponen sanciones de hasta 600.000 euros a grandes tenedores de viviendas por la tenencia de vivienda vacía por un tiempo superior a seis meses o por la "interposición de acciones conducentes al desahucio omitiendo un alquiler social".

Las plataformas dedican un tercer apartado a la protección del consumidor, con propuestas como la creación de un organismo encargado de supervisar el comportamiento de portales inmobiliarios e intermediarios financieros, así como sancionar las conductas abusivas.

El punto final lo ponen las medidas encaminadas a evitar la pobreza energética. Plantean, entre otros asuntos, acuerdos entre las administraciones públicas y las compañías de suministro de agua potable, gas y electricidad para garantizar ayudas a fondo perdido a las personas en situación de vulnerabilidad.

Argumosa 11, ubicado en el madrileño barrio de Lavapiés, se ha convertido este viernes en protagonista involuntario de las portadas. Lo ha hecho tras el desahucio ejecutado en un edificio que amenaza con convertirse en símbolo. Cuatro familias han sido desalojadas por la Policía Nacional, después de varios intentos frustrados gracias al apoyo vecinal y asociativo. Ha sucedido, finalmente, pese a las advertencias de la ONU: el organismo internacional había señalado recientemente a través de una resolución que dos de las familias no podían ser desalojadas al no contar con una alternativa habitacional. La historia de Argumosa es, sostienen quienes se agrupan en las plataformas antidesahucios, reflejo de un fenómeno global y advertencia de un escenario que comienza ya a consolidarse.

El edificio que han dejado atrás las cuatro familias está en manos de dos propietarios: la familia Aguado y la empresa Proindivisos. Ambas partes tienen el propósito de subir el alquiler hasta un 300%, pese a que los vecinos llevan décadas habitando los pisos y consideran el aumento un abuso imposible de afrontar. Las cuatro familias desahuciadas son la continuación de otras que les han precedido y el preludio de lo que vendrá. "Según aseguró Proindivisos en la primera y única reunión con los inquilinos, la intención apunta a vaciar el edificio y subir los alquileres" para poder sacar importantes beneficios, según explican activistas de las plataformas implicadas en la defensa de la vivienda.

Fenómeno global

Mercedes Revuelta, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pasó la madrugada del viernes frente al edificio de Argumosa. Ha sido duro, reconoce al otro lado del teléfono. Y precisamente por eso recuerda que se trata de "un reflejo de lo que pasa en las ciudades y en muchos países europeos". La vivienda, admite, "se ha convertido en objeto de especulación porque da muchos réditos". Sucede algo similar, agrega, con la sanidad, "pero en vivienda ocurre a lo bestia". Lo dice y sus palabras dejan un sabor amargo, especialmente por afirmarlo precisamente el mismo día en que la PAH cumple diez años de actividad.

La especulación que observa la activista está necesariamente ligada "al lobby financiero bancario, que ha presionado al Banco Central Europeo para que obligue a la banca española a vender en cinco años la inmensa mayoría de su fondo inmobiliario". Y es que los bancos españoles, que "eran las grandes inmobiliarias de este país", han acumulado "miles de viviendas en esta crisis desahuciando familias". La forma de venderlas, señala Revuelta, es hacerlo directamente "a los especuladores de la vivienda", dejando a un lado a los propios particulares, inquilinos o regularizando a los ocupas.

El de Argumosa, regresa la activista, "no era un fondo tan grande, pero no deja de ser un inversor inmobiliario" que busca "desalojar a gente pobre para vaciar el edificio y subir los alquileres un 300%". Quien está detrás de los lanzamientos, sean bancos, grandes fondos o intermediarios, es una de las aristas del problema que explica Daniel Martínez, miembro del Sindicato de Inquilinas de Madrid. El activista sitúa en el punto de mira, en primer lugar, a las socimis, es decir "vehículos en los que las empresas inmobiliarias invierten para no tener que tributar" debido a los privilegios fiscales con los que cuentan. "Gracias a decisiones legislativas y políticas se permite la creación de fondos de inversión a coste nulo, como las socimis, y esto fomenta el mercado especulativo en torno al alquiler, como se vivió con la compra", aclara. Señala, por otro lado, a las agencias inmobiliarias que viven "de extraer masa de dinero a los inquilinos, muchas veces sin ser propietarios de los pisos". Estas inmobiliarias aumentan el precio de los alquileres para "llevarse ellos una parte y aflorar como setas en todas las ciudades".

Políticas públicas

Pero la situación no brota de forma espontánea, sino que parte de un proceso de lenta fermentación. Para Martínez el origen es bien claro: existen "una serie de reformas en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que fomentan esto". De esta manera, "con la idea de flexibilizar el mercado del alquiler, se permite actuar impunemente y con ventaja para desahuciar a las familias o exigir aumentos de precio sin límites".

En este escenario, consciente de la gravedad del problema, el Gobierno de Pedro Sánchez dio los primeros pasos para revertirlo. En un primer momento, el Ejecutivo alcanzó un acuerdo con Unidos Podemos para generar propuestas de cara a los Presupuestos Generales del Estado, "que contienen regulaciones en materia de vivienda". Aunque aquello era "insuficiente", en opinión de los activistas, sí contenía planteamientos positivos como "ampliar la duración de los contratos y crear un índice de regulación de precios", si bien este último no habría sido vinculante.

Sin embargo, cuando el Gobierno trató de sacar adelante el Real Decreto Ley relativo a la vivienda, "no mantiene la misma postura" mantenida en el acuerdo con Unidos Podemos, excluyendo la regulación de los precios. Esto, agrega Martínez, demuestra una "intentona electoralista de cerrar el problema en falso". El decreto, finalmente, no logra salir adelante en la Cámara Baja por la oposición de Unidos Podemos. Frente a ello, las plataformas exigen que "cualquier tipo de reforma tenga en cuenta la situación salarial de la población", de manera que los alquileres no puedan ejecutarse a cualquier precio, además de aumentar la duración de los contratos, crear vivienda pública y eliminar la figura de las socimis. Daniel Martínez cree que un Real Decreto Ley que cumpla esas características podría lanzarse antes de las elecciones, aunque lamenta que los partidos estén ahora "más centrados en la campaña".

Más de 11.000 desahucios

Pese a su carácter fallido, los intentos de los partidos por introducir el asunto de la vivienda en la agenda política dan cuenta de las dimensiones del problema. En el tercer trimestre de 2018, el último dato disponible que ofrece el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los lanzamientos derivados del impago del alquiler aumentaron un 7,9%. Del total de desalojos, 7.518 (65,1%) fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 3.404 (29,5%) partieron de ejecuciones hipotecarias. Los 625 restantes obedecieron a otras causas. El total del tercer trimestre sitúa el número de desahucios en 11.547.

Según explica Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters, el CGPJ no ofrece datos sobre las entidades que más desahucian, pero sí existen algunos estudios que esbozan parte del paisaje. De acuerdo con una encuesta realizada en Barcelona durante 2018 por el Observatori de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "de las personas afectadas por la hipoteca destaca que el 70% tienen problemas con el BBVA". En paralelo, un estudio confeccionado por investigadores de la Universitat Rovira i virgili (URV) sostiene que los bancos rescatados con dinero público han protagonizado en torno al 65% de desahucios por ejecución hipotecaria en Cataluña tras la crisis. En el año 2015, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anunció su voluntad de reunirse con las entidades que acumulaban un mayor número de casos y citaba a "Catalunya Caixa, BBVA, Bankia, Caixa Bank y Unión de Créditos Inmobiliarios".

Lo ocurrido en Argumosa 11, recuperan los activistas, funciona como una suerte de advertencia de lo que vendrá. "Las consecuencias las estamos sufriendo todos nosotros, nuestros hijos que no se pueden independizar, los vecinos", lamenta Mercedes Revuelta. Los efectos son claros y tienen que ver con "un empobrecimiento brutal del país, la precarización de la vivienda que deriva en secuelas mentales y físicas" para quienes la sufren en sus carnes.

Lo mismo opina Martínez. "La tendencia actual es que las ciudades ya no son para las personas", quienes se han convertido en "esclavas desplazadas a las zonas externas y van desplazando a su vez a otras personas". No hace falta imaginar un escenario distópico, cree el activista, sino que basta con mirar a las calles y constatar que "son para los privilegiados y para los turistas". Los demás, lanza Martínez, "son expulsados por ser pobres", algo que "se irá acentuando" con el tiempo hasta "replicar modelos que ya se dan en otros países".

Las familias de Pepi, Juani, Mayra y Rosi han sido desalojadas este viernes de sus viviendas de la calle Argumosa 11, en Lavapiés (Madrid), por la Policía Nacional. A las puertas del edificio se concentraban cientos de activistas de diversas plataformas antidesahucios (PAH, Sindicato de Inquilinas e Inquilinos), que llegaron de madrugada para intentar parar de forma pacífica el desalojo de estas cuatro familias. 

La Policía llegó a las 2:30 de la madrugada y montó un cordón policial de más de ocho furgones, según fuentes consultadas por infoLibre que se encontraban dentro del edificio. En torno a las 9:30 de la mañana, las autoridades entraban al portal y echaban por la fuerza a quienes oponían resistencia pacífica. Los agentes detuvieron a seis activistas, que fueron trasladados a la comisaría de Moratalaz.

Se trata de unos desahucios sin precedentes, según ha destacdo Alejandra Jacinto, abogada de Pepi y Juani, ya que son cuatro desalojos en el mismo edificio programados a la misma hora: las 9:30 de la mañana. Además, las órdenes judiciales han sido presentadas por tres juzgados diferentes que han ofrecido la misma resolución con el mismo auto y las mismas particularidades, entre ellas, el requerimiento al delegado del Gobierno para asegurar la ejecución. Asimismo, las órdenes de desalojo llegaban con tan sólo 48 y 24 horas de antelación para que los vecinos y activistas no consiguiesen organizarse y ayudar a que Pepi, Juani, Mayra y Rosi se quedasen en sus casas. Y es que incluso desde Naciones Unidas han advertido a través de una resolución que ni Juani ni Mayra pueden ser desahuciadas porque no cuentan con alternativa habitacional, y de hecho ninguna de ellas tiene un lugar en donde vivir después de que las hayan echado de sus hogares.

También resulta llamativo que cuando se iban a producir los desahucios, la comisión judicial no haya permitido entrar al inmueble a Alejandra Jacinto para que estuviese con sus defendidas. Sin embargo, sí han autorizado la entrada de los abogados de Pro indiviso, empresa propietaria del edificio. La propia abogada de Pepi y Juani ha asegurado que se trata de una empresa que cuenta con más de 70 inmuebles en todo el Estado español y desde la Plataforma Bloques en Lucha ahn advertido de que el objetivo de esta empresa es construir un bloque turístico en el que el precio de las casas sea un 300% más alto de lo que es ahora. Y es que según el Sindicato de Inquilinas de Madrid, Pro indiviso ha contactado en varias ocasiones con Rosi para subirle el alquiler de 400 a 1.700 euros, cantidad que saben de sobra que ninguna de las vecinas pueden pagar.

Las víctimas de desahucio son familias con menores de edad. Uno de ellos es un bebé de apenas un mes y también hay personas con discapacidad del 85% y con pensiones no contributivas. Dos de las familias se irán a una pensión, otra a una plaza hotelera y una cuarta se instalará con familiares, han informado a Europa Press fuentes municipales. El Ayuntamiento de Madrid ha otorgado este recurso de emergencia habitacional a las cuatro familias "a la espera de tener una alternativa más estable", según ha explicado la portavoz del Gobierno municipal de Ahora Madrid, Rita Maestre, y el delegado de Economía y Hacienda y presidente del distrito Centro, Jorge García Castaño, ante los medios de comunicación.

Exigen la expropiación del edificio

La multitud que se encontraba en el edificio para tratar de parar los desahucios ha destacado que han ofrecido resistencia pacífica y que a pesar de ello los policías han entrado con mazos “rompiendo los cristales sin mirar quien había por delante”.  El resultado ha sido la detención de seis activistas de la PAH de Vallecas.

Una inmobiliaria se hizo con el bloque y subió el alquiler de los vecinos un 300%

Entre las reivindicaciones de las plataformas y sindicatos antidesahucios hay una muy clara y es que el Ayuntamiento de Manuela Carmena expropie el edificio, para que así pueden ofrecerles a estas vecinas un alquiler social. Pues como dicen "quieren pagar y vivir en sus casas; no quieren vivir en mansiones, sino vivir y ya". Esta exigencia se debe a que el consistorio sí que ha expropiado varios edificios para salvarlos de fondos buitres y darles una nueva vida como centros sociales, por eso los activistas piden que se haga lo mismo con las viviendas que corren el peligro de ser compradas por estos empresarios para luego ser alquiladas a precios desorbitados. No sin antes echar a los vecinos de toda la vida de sus casas. 

El desahucio múltiple de esta mañana ha llegado a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha lamentado que la política "no ha llegado a tiempo" de evitarlo. "La policía ha cumplido su deber, pero la política no ha llegado a tiempo para evitar este nuevo desahucio que afecta a personas humildes, a gente que espera de nosotros una respuesta ante la ruina y los recortes provocados por la crisis", ha dicho Celaá. La portavoz del Ejecutivo ha recordado el rechazo en el Congreso de los Diputados del real decreto ley sobre alquileres presentado por el Ministerio de Fomento que incluía medidas como la obligación de comunicar al ciudadano con suficiente antelación y de pedir a los servicios sociales un informe sobre la vulnerabilidad social.

El pasado 18 de septiembre llegaba al Congreso la ley de vivienda articulada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La espera de su tramitación no concede, sin embargo, moratorias en lo que respecta a la actividad del colectivo. Los desahucios siguen dejando a familias sin casa y el problema no frena. Por eso la Coordinadora de Vivienda de Madrid, junto a organizaciones de barrio, ha lanzado la campaña Semana por la vivienda, a través de la que prevé visibilizar el problema habitacional que existe en Madrid, como espejo de la situación de emergencia en todo el territorio estatal.

Y es que en España se producen cerca de cien desahucios al día como consecuencia del impago de alquiler, casi el doble de los que generan las hipotecas. Las últimas cifras publicadas por el Consejo General del Poder Judicial ponen de manifiesto que durante el primer trimestre del año se registraron 9.719 desahucios por la morosidad en el alquiler, frente a 5.371 derivados de la ejecución hipotecaria. 

Tan sólo en la ciudad de Madrid, esta semana hay orden de practicar al menos nueve desahucios. Mientras se tramita la ley, las plataformas antidesahucios exigen "detener todos los desahucios del país de forma cautelar" y poner en marcha una "moratoria y renovación automática de los contratos de alquiler". De no ser así, dicen, la estrategia se centrará en "volver a la calle para tener casa".

Por el momento sus acciones están dando resultado. Hasta este martes, cuatro desahucios han sido parados. El último, el caso de Abdel, cuyo lanzamiento previsto para este viernes ha sido paralizado en el juzgado. El ejemplo de Abdel encaja en las subidas de alquiler articuladas por un arrendador particular. "Cuando el propietario no es un gran tenedor, lo que hacemos es exigir soluciones a las administraciones", explica Lotta Tenhunen, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Sindicato de Inquilinas de Vallecas.

Las subidas de alquiler que parten de caseros particulares son el resultado de cómo los propietarios "se suman a toda la subida y aprovechan la situación", pero el problema es estructural y parte de actores mucho más poderosos. Así lo afirma Mercedes Revuelta, activista de la PAH y Stop Desahucios. Las otras dos partes de la ecuación, explica la activista, se presentan como dos gigantes: los fondos de inversión y la banca.

Estos dos agentes acaparan la gran mayoría de los casos en los que las plataformas por la vivienda se vuelcan esta semana. El lunes fue parado el desahucio de Patry, cuya ejecución partía de las manos de Bankia. La mujer, según confirman fuentes de la PAH en Parla, es víctima de violencia de género. "Abandonó su casa y estuvo viviendo en la calle con su hijo" hasta que decidió ocupar una vivienda propiedad de la entidad bancaria. Aunque se ha intentado llegar a un alquiler social, el Ivima –Instituto de la Vivienda de Madrid– "sanciona durante diez años a la gente que ocupa". El piso, además, "está vendido a un fondo de inversión, con lo cual llegar a un acuerdo es completamente imposible".

También fue parado el de Abbasia, en Vallecas. Él y su mujer fueron adjudicatarios de un piso del Ivima, que finalmente fue vendido a un fondo buitre que decidió subirles el precio "tanto que no lo podían pagar".

La orden de desahucio contra Asun, en Orcasitas, también logró frenarse. Ella es una "mujer muy emblemática", explica Revuelta, quien alaba su figura como "luchadora por el derecho a la vivienda en el país". Lleva, según narra la activista, seis años peleando por un alquiler social "mientras que el banco ha preferido vender el piso al fondo de inversión Cerberus y ha estado casi seis años con juicios". El BBVA, por tanto, ha optado por "gastar todo su dinero en abogados y procuradores antes que buscar un alquiler social para una familia vulnerable".

Este miércoles está previsto el desahucio de Klebber en Parla y los de Miriam y Mari Carmen en Carabanchel. Klebber es deudor hipotecario y "no hay manera de llegar a un acuerdo de alquiler social". Además, su piso está ya vendido a un fondo de inversión "cuyo objetivo es hacer negocio". En cuanto a las mujeres de Carabanchel, ambas residen en pisos que pertenecen a Bankia y la segunda se encuentra ocupando la vivienda. Los activistas hablan de la ocupación como una recuperación. "Usamos el término recuperar por el rescate bancario, porque esas casas ya han sido pagadas por dinero público", razona Lotta Tenhunen. Revuelta explica que mucha gente se encuentra en dicha situación porque "no hay vivienda pública y las familias no tienen a donde ir". Entonces, añade, "se ven obligadas a ocupar viviendas vacías de bancos".

El jueves las plataformas antidesahucios prevén frenar el desahucio de Celia, en Vicálvaro. Esta última ejecución está ordenada por la Sareb, quien "prometió un alquiler social" que nunca llegó. El viernes es Irene, desde Getafe, la que intentará no ser expulsada de su hogar. En esta ocasión es Ibercaja la que lanza la orden de desahucio, y se trata de nuevo de una "vivienda recuperada".

Finalmente, explican fuentes de la PAH Centro, el caso particular de Sigan no cuenta con fecha próxima de desahucio pero este jueves hay prevista una acción de visibilización, después de que los activistas ya hayan conseguido frenar dos intentos. No hay fecha de lanzamiento, pero el proceso va a continuar, señalan. Su situación es "bastante común". Se trata de una familia que vive de alquiler y el casero es un hipotecado de una entidad bancaria. El banco subasta la casa del dueño de la vivienda y por lo tanto no subroga el alquiler ni las condiciones. 

Mercedes Revuelta tampoco olvida los llamados desahucios silenciosos. "Los propietarios quieren subir 300 euros más el alquiler, entonces el inquilino busca algo más barato en el pueblo de al lado y se marcha", expone. Si bien son casos no contabilizados como desahucios, en la práctica son el resultado del mismo fenómeno.

'Semana por la vivienda'

El objetivo de la campaña Semana por la vivienda, explica Tenhunen, consiste en "visibilizar que estamos viviendo y sufriendo una burbuja inmobiliaria, ahora de alquiler, pero igual que la hipotecaria está políticamente cocinada y sus responsables tienen nombres y caras". La portavoz de la PAH y el Sindicato de Inquilinas en Vallecas cree que, actualmente, no existe el suficiente grado de "madurez en la política representativa" para acabar con el problema, de manera que se hace necesaria "la movilización continua por parte de la ciudadanía para que esta burbuja se pinche". Ésa, dice, es precisamente el mensaje que lanza la campaña: "Organizándonos podemos pincharla".

La intención, añade, es visibilizar el "esfuerzo de la ciudadanía mientras no se legisla" y el éxito de la "desobediencia civil" a la hora de parar desahucios que de otra manera serían inminentes.

La campaña tendrá como gran colofón una manifestación –con aires de festival– prevista para el sábado en la capital. "Íbamos a lanzar una campaña para animar a la gente a venir a celebrar que hemos introducido una ley en el Congreso", detalla Revuelta, pero "cuando nos dimos cuenta de cómo está la semana hemos tenido que hacer una campaña de socorro porque nos están echando a todos a la calle".

La situación, continúa la activista, es que "ahora los fondos de inversión compran paquetes de vivienda vacía a precios de risa, acelerando trámites judiciales para echar a estas familias", lo que resulta en una "vorágine de desahucios". Por este motivo, agrega, "el movimiento por el derecho a la vivienda, la PAH, el Sindicato de Inquilinas y las asociaciones de barrios están volviendo a sacar a la luz lo que nadie quería ver" y es que "cientos de familias acaban en la calle cada día".

Se trata de una "situación de emergencia" que obliga a "pedir que los actores políticos se pongan las pilas y que se las pongan a los actores financieros". Revuelta llama a "garantizar por ley una alternativa de vivienda" y hacer un "gran pacto por la vivienda en este país", que se sostenga sobre el Estado, las comunidades autónomas –que tienen las competencias–, los ayuntamientos –"que son los que reciben las broncas de los vecinos porque les tienen al lado"– y los agentes sociales. Es, concluye, "un tema urgente, un SOS en toda regla".

La Policía Nacional ha desalojado este lunes por orden judicial las antiguas oficinas de Banco Madrid, en la plaza Margaret Thatcher, okupado desde abril del año pasado por el colectivo Hogar Social Madrid y donde vivían aproximadamente unas 20 familias, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Las mismas fuentes han señalado que el desalojo, que comenzó sobre las 6.30 horas de este lunes, ha transcurrido "sin incidentes". Por su parte, desde Hogar Social Madrid están reclamando que les dejen sacar los kilos de alimentos que hay en el interior para evitar que se caduquen. Durante el desalojo se han identificado a 17 personas, una de ellas menor de edad.

Su abogado, Ignacio Menéndez, ha señalado que no les había llegado la citación del desalojo, que se ha producido con niños en el interior, y ha pedido que se autorice la entrada para recoger estos alimentos con los que, según señalan, alimentan a 300 familias.

Este desalojo llega después de que el pasado 16 de mayo, la Policía Nacional, también por orden judicial tras la denuncia de los propietarios del inmueble, intentaran desalojar el edificio sin éxito, pues el cerrajero que acompañaba a los agentes no pudo abrir la puerta.

Ya entonces Menéndez explicó que era un desalojo "irregular" porque la defensa de Hogar Social Madrid había presentado un recurso hace unas semanas promoviendo un incidente de nulidad de actuación porque la ejecutoria del desalojo no había sido notificada ni a los condenados ni al procurador.

Ese día, unas 80 personas participaron en una performance, con monos azules y caretas, con una estética similar a la de los protagonistas de la serie de 'La Casa de Papel', que atracan la Casa de la Moneda, y clamaron consignas como 'No nos van a parar, escudo y espada de España, somos el Hogar Social'. En febrero el desalojo también había sido aplazado.

Desde 2014, este colectivo, con integrantes de ideología neonazi y que se caracterizan por ayudar a familias españolas, han okupado seis edificios, el primero, uno en Tetuán, muy cerca del Centro Social La Enredadera, lo que provocó enfrentamientos en el barrio con los integrantes de ambas casas okupas, unos de extrema derecha y otros de izquierda.

Los siguientes edificios fueron otro en Chamberí, ubicado en Bretón de los Herreros; la antigua sede de Forum Filatélico, en la calle José Abascal; la antigua sede del NODO, en Joaquín Costa; y el Palacete de Velázquez, antigua sede de la Dirección General de Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria.