Ana Botella

Los socialistas consideran que la operación pudo vulnerar las normas  de mercados públicos y el derecho de la competencia recogido en los artículos 101 y siguientes del Tratado de Funcionamiento de la Unión.

Una "Nota interna" de instrucciones lanzada en 2014 por la asesoría jurídica de Madrid Destino, la empresa municipal que centra la denuncia del PP, ya señalaba que los contratos con bufetes externos para representación en sede judicial "no están sujetos a las reglas" sobre adjudicaciones públicas. 

Tras dar audiencia pública en un plazo de seis meses, el Ayuntamiento elevará una propuesta de resolución a la Comisión Jurídica de la Comunidad de Madrid, que deberá emitir un informe vinculante.

El órgano fiscalizador pone en marcha el mecanismo para dirimir si el equipo de Ana Botella causó un quebranto económico a las arcas municipales con la 'operación Blackstone'.

El ministerio público reitera que la operación materializada en 2012 por el equipo de Ana Botella pudo causar al erario municipal un quebranto de 2,3 millones.

La Empresa Municipal de Vivienda espeta al organismo fiscalizador que la operación no constituyó una "mera irregularidad" sino "un incumplimiento flagrante de principios elementales en el manejo de los fondos públicos". La sociedad municipal subraya que además de un daño para el erario público hubo un "falseamiento de la competencia" y se contrató una supuesta intermediación inmobiliaria "oculta" por dos millones de la que no queda rastro

El órgano fiscalizador esgrime que la enajenación de 1.860 viviendas públicas a Blackstone tuvo "naturaleza privada" y aunque el fiscal cifraba el quebranto económico en 2,3 millones concluye que no hubo "menoscabo" para las arcas públicas.

En la demanda el Ayuntamiento pide la nulidad del contrato de arrendamiento y la devolución de las cantidades abonadas hasta hoy, en total unos 3 millones de euros de los 12 millones brutos blindados por contrato hasta el año 2032.

Cree que el "impulso modernizador, ambicioso y profundo" que, según él, caracterizaba España "se ha agotado".

La defensa de los inquilinos reprocha al magistrado que aceptara como "hechos incontrovertibles" la versión del equipo de Botella y "desprecie" los datos aportados ahora por el ayuntamiento de Madrid

El magistrado sostiene que ni el dictamen del Ayuntamiento de Madrid ni el informe de la Cámara de Cuentas aportan "nada realmente nuevo" 

La Empresa Municipal de Vivienda de Madrid aceptó el viernes 19 de julio de 2013 la petición de Blackstone y el 24 la negociación ya se había cerrado.

Admitida la querella de la familia de la joven contra el representante de Blackstone, que se negó a renovarles el contrato de alquiler

La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo pide la reapertura de la investigación penal sobre la venta de pisos a Blackstone. E insta al Tribunal de Cuentas a analizar el extraño pago a una UTE que ejerció de comisionista.

La Empresa Municipal de Vivienda (EMVS) de Madrid se adhiere a la solicitud de los afectados y se persona también en las diligencias abiertas por el Tribunal de Cuentas

Pablo Echenique: "Ojalá se hable tanto de esto en las tertulias y los telediarios como se ha hablado en los últimos días de un chaval de veintipocos años [el ahora senador Ramón Espinar] que no pudo pagar la hipoteca de su piso".

La Fiscalía pide para Miguel Ángel Flores, el empresario que organizó el evento, una condena de cuatro años de cárcel por cinco delitos de homicidio imprudente grave

Por qué el equipo de Botella vendió a Blackstone 1.860 viviendas pese a que ofrecía 2,5 millones menos que otra empresa persiste como incógnita tras el cierre de la comisión municipal. Los documentos acreditan que la EMVS anunció a otro fondo –justamente el que garantizaba el mantenimiento del carácter social del parque de viviendas– que había ganado para retractarse tres días después por un "error" inexplicado.

La Cámara de Cuentas de Madrid aprueba por unanimidad un informe que subraya cómo la venta 1.860 viviendas públicas a Blackstone en 2013 implicó "la vulneración de las más elementales reglas de buena gestión y administración". Ni hubo concurrencia real, ni tasación oficial y sí, en cambio, un pago de 2,4 millones a un intermediario de cuyo trabajo nadie ha encontrado el menor rastro

La organización de la marcha del Orgullo Gay vuelve a vetar, al igual que el pasado año, la presencia de los conservadores. El PP busca la reconciliación con el colectivo después del recurso que presentó para tumbar la ley de matrimonio homosexual en el año 2005. Pero, de momento, solo ha perdonado a Cristina Cifuentes.

Una UTE capitaneada por un antiguo socio y directivo de Aguirre Newman cobró 2,4 millones por su supuesta mediación en la venta de 18 promociones con 1.860 viviendas al fondo Blackstone mientras que una filial de BNP Paribas ingresó 1,46 millones por encontrar compradores para distintos suelos.