Ana Botella

El tribunal considera que la venta se realizó por concurso público y que no se puede imputar a los implicados una "negligencia grave". Revierte así el fallo inicial dictado el 27 de diciembre, que cifraba en casi 25,8 millones de euros el perjuicio que ocasionó esta operación.

Se busca esclarecer posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude desde la venta del Gobierno de Botella de 1.860 viviendas protegidas en 2013.

La cruz de la Hermandad del Baratillo ha sido arropada por numerosos ciudadanos, entre los que se encontraban José María Aznar, Ana Botella y Juan Ignacio Zoido.

El nuevo fiscal alega que su decisión se basa en que "la legislación permisiva existente constituyó el origen del conflicto generado con la enajenación de las promociones".

Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia en el primer Gobierno de Aznar, y José Manuel Suárez Robledano, uno de los puntales del sector conservador en el órgano fiscalizador, revisarán la sentencia junto con Felipe García, designado también en 2012 pero a instancias del PSOE. 

El Tribunal de Cuentas obliga a la exalcaldesa y a siete miembros de su equipo a pagar 25,7 millones por el daño que la 'operación Blackstone' infligió a las arcas municipales. Uno de los condenados es el número dos de Justicia en el actual Gobierno de Madrid.

El Tribunal de Cuentas cifra en 25,8 millones de euros el perjuicio que esta operación ocasionó a la Empresa Municipal de la Vivienda.

El auto explica que no se justifica, ni en su escrito ni en el momento actual de la investigación que dirige, adoptar las decisiones que formulaba la defensa de Granados.

El informe del fiscal apunta a que las viviendas se vendieron por debajo de su precio real y que el hecho de que se vendieran todas a la vez es un indicio de malversación.

La Junta de Gobierno presidida por Ana Botella vendió 1.860 viviendas sociales en 2013 al fondo de inversión Blackstone, que gestiona a través de Fidere.

Lo reincorpora sin obligación legal al año de su despido disciplinario tras la sentencia que le absolvió porque la falta de homicidio por imprudencia ya no existe, pero le condenó a indemnizar a las familias de las cinco víctimas.

La demanda que el gobierno de Manuela Carmena acaba de presentar ante el organismo fiscalizador sostiene que la opaca venta de 1.800 viviendas sociales al fondo buitre causó un daño multimillonario al erario madrileño que cuantifica en 127 millones. 

Los socialistas consideran que la operación pudo vulnerar las normas  de mercados públicos y el derecho de la competencia recogido en los artículos 101 y siguientes del Tratado de Funcionamiento de la Unión.

Una "Nota interna" de instrucciones lanzada en 2014 por la asesoría jurídica de Madrid Destino, la empresa municipal que centra la denuncia del PP, ya señalaba que los contratos con bufetes externos para representación en sede judicial "no están sujetos a las reglas" sobre adjudicaciones públicas. 

Tras dar audiencia pública en un plazo de seis meses, el Ayuntamiento elevará una propuesta de resolución a la Comisión Jurídica de la Comunidad de Madrid, que deberá emitir un informe vinculante.

El órgano fiscalizador pone en marcha el mecanismo para dirimir si el equipo de Ana Botella causó un quebranto económico a las arcas municipales con la 'operación Blackstone'.

El ministerio público reitera que la operación materializada en 2012 por el equipo de Ana Botella pudo causar al erario municipal un quebranto de 2,3 millones.

La Empresa Municipal de Vivienda espeta al organismo fiscalizador que la operación no constituyó una "mera irregularidad" sino "un incumplimiento flagrante de principios elementales en el manejo de los fondos públicos". La sociedad municipal subraya que además de un daño para el erario público hubo un "falseamiento de la competencia" y se contrató una supuesta intermediación inmobiliaria "oculta" por dos millones de la que no queda rastro

El órgano fiscalizador esgrime que la enajenación de 1.860 viviendas públicas a Blackstone tuvo "naturaleza privada" y aunque el fiscal cifraba el quebranto económico en 2,3 millones concluye que no hubo "menoscabo" para las arcas públicas.

En la demanda el Ayuntamiento pide la nulidad del contrato de arrendamiento y la devolución de las cantidades abonadas hasta hoy, en total unos 3 millones de euros de los 12 millones brutos blindados por contrato hasta el año 2032.

Cree que el "impulso modernizador, ambicioso y profundo" que, según él, caracterizaba España "se ha agotado".

La defensa de los inquilinos reprocha al magistrado que aceptara como "hechos incontrovertibles" la versión del equipo de Botella y "desprecie" los datos aportados ahora por el ayuntamiento de Madrid

El magistrado sostiene que ni el dictamen del Ayuntamiento de Madrid ni el informe de la Cámara de Cuentas aportan "nada realmente nuevo"