La condena a Ana Botella por la venta "ilegal" de pisos públicos confirma que el fondo buitre tuvo información "privilegiada"

La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella.

La sentencia del Tribunal de Cuentas que condena a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a siete miembros de su equipo por la venta de 1.800 pisos públicos confirma no solo que la operación fue "ilegal" sino que el fondo buitre Blackstone, que adquirió el lote a bajo precio, tuvo información "privilegiada". A través de dos filiales –Fidere Gestión de Vivienda SL y Fidere Vivienda SL–, Blackstone compró en total 5.315 inmuebles (los pisos, sus garajes y trasteros) por 128,5 millones, un precio que la sentencia declara muy inferior a los 151,2 millones que la empresa municipal de vivienda (EMVS) habría ingresado de habérselas vendido a los inquilinos que residían en ellas. 

Bajo el argumento de que solo así podía salvarse de la quiebra la EMVS, la venta se llevó a cabo sin tasación previa, sin concurrencia real que abriera la puja a cualquier ofertante, sin pliego de condiciones y con una rebaja de dos millones aceptada a última hora porque Blackstone adujo, sin aportar nunca pruebas, que la morosidad de los arrendatarios era superior a la prevista. Todo eso consta en los hechos probados de la sentencia, que obliga a Botella y a los otros condenados a pagar de su bolsillo 25,7 millones

La exalcaldesa ya ha anunciado un recurso que deberán dirimir tres consejeros del Tribunal de Cuentas cuya identidad no se conoce aún. Y el equipo de su sucesora, Manuela Carmena, estudia ahora cómo abordar, sentencia en mano, un nuevo procedimiento administrativo para declarar nula la venta y recuperar las viviendas. Lo intentó hace un año tras el informe de la Cámara de Cuentas autonómica que ya desnudó, hasta donde permitían los datos disponibles, la madeja de irregularidades y opacidad de aquella operación. Pero el consejo jurídico de la Comunidad de Madrid, cuyo informe es preceptivo y vinculante, cerró esa puerta el pasado mes de abril. 

Ningún cese previsto

Entre los condenados figura el actual viceconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, José Enrique Núñez, que era concejal de Economía y portavoz del gobierno municipal del PP cuando la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid cerró en octubre de 2013 la ruinosa venta de 18 promociones de vivienda protegida. El Gobierno de Madrid confirmó este mismo viernes que la continuidad de Núñez no está en duda. Ni tampoco la de otro de los condenados, el también viceconsejero –de Medio Ambiente– Diego Sanjuanbenito. El presidente del Ejecutivo regional, Ángel Garrido, se ha declarado este miércoles contrario a "formalizar" ventas de pisos protegidos con fondos buitre.

Entre los condenados hay otros dos cargos públicos: Pedro María Corral, que se mantiene como edil de oposición en la capital, y María Dolores Navarro Rey, ahora concejal de Transparencia en Torrejón de Ardoz. Completan la lista Concepción Dancausa, delegada del Gobierno en Madrid hasta junio de este año; la antigua delegada municipal de Urbanismo, Paz González; y el exconsejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé.

La resolución del Tribunal de Cuentas no establece ninguna responsabilidad de índole penal –no es su competencia–, esta última pendiente de las diligencias abiertas en un juzgado de instrucción de Madrid y en las que tanto el PSOE como la asociación de inquilinos afectados ejercen la acusación desde que en 2014 interpusieron querella por malversación, prevaricación y fraude. Tras la llegada de Manuela Carmena al gobierno local, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid se personó en la causa, cuya reapertura forzó hace un año la Audiencia de Madrid tras el cerrojazo decretado por el juez instructor. El informe emitido por la Cámara de Cuentas, y aprobado incluso por los consejeros elegidos a propuesta del PP, fue determinante para que la Audiencia de Madrid ordenase la reapertura del caso penal que instruye el juzgado de instrucción 38.

Pero, aun respondiendo a una demanda de carácter estrictamente contable, las 90 páginas de la sentencia que firma la consejera del Tribunal de Cuentas María Antonia Lozano trazan un diagnóstico demoledor. Los demandados –dice el último párrafo del apartado de hechos probados– "no advirtieron y evitaron que la enajenación se hiciera a través de un procedimiento ilegal y por un precio lesivo para el patrimonio público".

La sentencia aplica ese entrecomillado tanto al que era consejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé, como a Botella y sus concejales, que encarnaban la junta universal de accionistas de la empresa municipal. A Botella y sus ediles se les condena de manera solidaria al pago de 22,7 millones. Es decir, la diferencia entre los 128,5 millones que pagó Blackstone y los 151,2 millones que habría reportado la venta de las viviendas a particulares. El Ayuntamiento cree que el daño económico fue mucho mayor –127 millones– y no descarta recurrir.

Más de dos millones a cambio de no se sabe qué

Para Oslé, la condena es mayor –25,7 millones– porque, además de su implicación directa en la operación Blackstone, autorizó la venta de 44 viviendas más a otras dos empresas con un menoscabo de un millón para las arcas municipales. Y porque impulsó la firma de un contrato de "intermediación inmobiliaria" con una UTE (Ítaca Desarrollos Urbanos SL y Promociones y Desarrollos Creaciona SL) que cobró 2,4 millones de euros sin que a día de hoy nadie sepa qué trabajo real hizo, y así lo remarca la sentencia.

Como publicó infoLibre, al frente de esa UTE se situaba un arquitecto, Guillermo Barturen, que había sido socio y directivo de Aguirre Newman, la consultora de la que un hermano de Esperanza Aguirre es copropietario. Fuentes jurídicas vinculadas al caso que instruye el titular del juzgado 38 de la madrileña Plaza de Castilla han asegurado a este periódico que Guillermo Barturen ni siquiera ha declarado como testigo porque "no se le ha podido localizar aún".

La sentencia destaca que el anuncio en prensa con que la empresa municipal de vivienda (EMVS) dio oficialmente por iniciado el trámite para la venta en mayo de 2013 solo perseguía un objetivo: "Crear una apariencia de que se respetaba el requisito" de publicidad y transparencia. En realidad, concluye el máximo órgano encargado de velar por la legalidad del gasto público, para cuando salió impreso el anuncio el fondo buitre Blackstone y otras tres empresas ya estaban al tanto del plan de la EMVS para desprenderse de los pisos, los garajes y los trasteros a ellos vinculados.

En realidad –dice la sentencia–, la EMVS "no promovió una verdadera concurrencia de interesados en la compra" sino que facilitó "el acceso a la información de la compraventa, con carácter previo y por tanto privilegiado, al menos a cuatro entidades jurídicas, una de las cuales resultaría ser la adjudicataria final de los inmuebles vendidos".

Que el anuncio en prensa fue un auténtico paripé lo ilustra la sentencia con un dato: "Ello [que lo que se buscaba era crear una apariencia] viene también avalado, entre otras pruebas documentales, por el plazo para presentar ofertas; que era de 14 días naturales desde la fecha de publicación de la compraventa, un período insuficiente, a menos que se pudiera disponer de información previa, para realizar una inspección, valoración económica y comprobación de la situación jurídica rigurosas, al tratarse de 5.315 inmuebles".

Pero hay más elementos que acreditan la "opacidad" y la discrecionalidad con que la empresa municipal madrileña se embarcó en una transacción multimillonaria y dañina para el interés público. La sentencia lo relata así: "En las escrituras públicas en las que se formalizaron las enajenaciones, se incluyó una cláusula de confidencialidad, mediante la cual las partes se comprometen a mantener la confidencialidad respecto a las negociaciones que han precedido al otorgamiento de esta escritura, lo que evidencia la falta de transparencia y objetividad con la que se articuló una venta, por una entidad pública, de inmuebles igualmente públicos y afectos a una función social perfectamente delimitada. Esta opacidad expresamente pactada resulta incompatible con la naturaleza jurídica y finalidad de los inmuebles enajenados".

Alegría y esperanza entre el miedo y la vergüenza

Los afectados han recibido con alegría la sentencia. Pero no ocultan que, pese a la "esperanza" que les insufla la condena del Tribunal de Cuentas, su existencia no garantiza que el Ayuntamiento de Madrid logre revertir la operación si finalmente se propone hacer un segundo intento.

Si esta vez consiguiera anular la venta, la EMVS tendría que devolver a Blackstone los 128,5 millones que pagó. En tanto se disipa la incertidumbre sobre esa vía, la vida de los inquilinos que cayeron en manos de Blackstone poco cambiará. Las subidas de precios sin control para unas viviendas a cuyos arrendatarios prometió Ana Botella que nada cambiaría en su situación se ha saldado ya, solo en el distrito de Carabanchel, con "unos 50 desahucios"

Quien ofrece esa cifra es Arancha Mejías, cuya condición de portavoz de los afectados le costó hace dos años una represalia tangible: Blackstone se negó a renovar el contrato de alquiler de su familia. El fondo dio finalmente marcha atrás. Pero no todos los golpes, cuenta ella misma, han visto la luz ni han provocado por tanto escándalos seguidos de rectificación: "Mucha gente desahuciada se ha ido sin decir nada por vergüenza y por miedo".

No obstante, la joven portavoz considera la sentencia un éxito en toda regla: "Estamos contentos, felices y muy esperanzados por la vía penal". Su abogado, José Mariano Benítez de Lugo, ya ha anunciado que aportará la sentencia del Tribunal de Cuentas al juzgado de instrucción 38 de Madrid para reforzar sus argumentos de que sí hubo delito. Benítez de Lugo fue el abogado que en el verano de 2017 consiguió que el tribunal de Gürtel llamase a Mariano Rajoy como testigo.

Una sala dominada por consejeros elegidos a propuesta del PP decidirá si confirma la condena del Tribunal de Cuentas a Ana Botella

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