Es un partido político sin criterio, sin discurso constructivo, una agrupación destructiva que está preparando el pucherazo contra España con mentiras, bulos y embeleques.

Feijóo fue nombrado por la gracia del “dedo del ayusismo”, sin democracia interna. No tiene programa o proyecto político para la nación española. Solo le queda obedecer las órdenes de los ultraliberales y poderes fácticos, que lo ven como un ignorante y analfabeto político manejable por el poder y el dinero. Entre tanto, llega Aznar rebuznando y le exige que se acabe el flirteo con Junts y da orden de atacar desde todos los frentes antidemocráticos españolistas "del que pueda hacer que haga". Pide que dejen vaguear y nada de romances (tirón de orejas a Feijóo y Tellado) con Puigdemont y mucho amorío con el fascismo del nacionalcatolicismo por dinero y sin problemas. Ya están los amiguísimos íntimos o los colaboracionistas patriotas que llenan el cepillo de la cueva de Alí Babá del PP, como durante los años gloriosos del régimen, de la Gürtel y la Kitchen (ocho años de policía patriota fuera de la ley con M. Rajoy y Feijóo desde Galicia).

Feijóo sigue sesteando, se cree que será un paseo militar alcanzar el poder y que puede prohibir a más de 300.000 españolas y españoles del exterior, descendientes de los represaliados y amenazados de muerte, el derecho universal a votar libremente. Desde la prensa derechas no dicen ni mu y le han ordenado que, cuando hable, no se equivoque con lo que le escriben los plumillas al servicio del PP; que se limite a leer, como hacía en aquella radio de los insultos y los pecados, cuando se le vio leyendo hasta las respuestas, con un discurso hueco y vacío que le habían preparado. A los del PP se los ve derrotados; se los ve perdedores. Así lo expresó Isabel Díaz Ayuso desde el púlpito de la mentira y los bulos, tratando de calmar al rebaño conservador y neoliberal y faltando al respeto a todo el funcionariado y al cuerpo diplomático de las embajadas españolas, como si fueran compinches por reconocer a españolas y españoles la nacionalidad a la que tienen derecho, inscribirlos en el Registro Civil e incorporarlos al censo electoral español conforme a la ley.

Isabel Díaz Ayuso nos adeuda, además, explicaciones sobre su entorno familiar, la Formación Profesional y las residencias de mayores; sobre la Fórmula 1 y sus costes; sobre quién pagó la parranda en la Riviera Maya, y sobre por qué no invierte en climatizar los centros públicos de enseñanza.

Es evidente que los poderes fácticos están muy enfadados. La jugada de cambiar el Gobierno de España desde los tribunales y juzgados no funciona; desde los despachos, menos aún; y tampoco lo consiguen con editoriales incongruentes y repletas de bulos. Esos que pisan moqueta, sin presentarse a las elecciones generales, ven que han fracasado por mucho dinero que tengan. La democracia no se vende, aunque el PP esté vendiendo España a trozos: empezaron en Extremadura y ahora quieren rematar Andalucía, sin decencia.

El Gobierno progresista que lidera Pedro Sánchez y su Consejo de Ministras y Ministros no se rinde ni está derrotado. Está vivo y sigue haciendo política progresista en favor de las españolas y los españoles.

Aznar, Ayuso, Tellado y Feijóo no pudieron descorchar el cava que algunos consejos de administración habían reservado para celebrar la vuelta de las derechas y los ultras al Gobierno central. El Congreso de las Diputadas y los Diputados lo dijo claro: con Feijóo, NO; y NO es NO.

¿Quién manda en el PP, además de Vox? Es evidente que Feijóo no manda solo. El dedo que lo nombró sigue rondando, el viejo camisa azul continúa sermoneando y, mientras tanto, el visto bueno de las fuerzas ocultas se tambalea en privado.

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.

A Isabel Díaz Ayuso le crecen los adversarios dentro del partido, quizá porque ella se los ha buscado: Feijóo, Cayetana y hasta el propio Aznar, que se ha alejado de ella porque ha encontrado en Ester Muñoz alguien que le sirve mucho mejor, sin necesidad de llevar colgado del brazo un testateferro como quien lleva un bolso Louis Vuitton a todas horas hasta para ir a descargar al baño.

El Madrid D.F., así, es hoy una ciudad multifacial, lo que no estaría mal si hubiese armonía entre todas sus caras. Hay el Madrid de Florentino Pérez, motor inmóvil que va a su aire, como el Madrid de Aznar, que es un rascacielos horizontal o vertical desde el que otea el mundo. También tenemos el Madrid de Feijóo, que es un mitin de derechas a favor de la prioridad nacional desde la calle Génova. Chamberí, El Viso, Serrano son el camping de Isabel y tenemos el reino de Rajoy que sabemos que no es de este mundo, pues se sitúa en esa cosa abstracta, etérea y ensimismada que es el Camino de Santiago. Sólo una mujer tan provinciana como Isabelita puede haber llegado a eso que Agustín de Foxá llamaba “la horda” sin renunciar a sus áticos ni sus faldas que ocupan las cuartillas publicadas por Marhuenda o Manso y que son la moda de este año aunque uno piense que no se las compra ella, porque los sueldos de Sol dan para poco.

Madrid D.F., ciudad bifronte, donde los líderes de la derecha se van a a la guerra civil, dispuestos a dispararse unos a otros, apostados desde la azotea de un ático en el corazón de Chamberí, sin importarles el barrio ni la Comunidad ni, mucho menos, los madrileños. Y es que Madrid hace sus políticos pero también los gasta. Y luego está Aznar que, un suponer, sigue en forma y se dedica al casting de mujeres en el poder. Primero colocó a Cayetana, que en gran entrevista al diario El País, quiere un ministerio sin necesidad de consultar ni pedir permiso a Feijóo; después llegó Isabelita, que quiere un ático junto a su mamá, por si se separa de una vez por todas de Alberto; y ahora tenemos a Ester, afilada como un bisturí, que quiere ser candidata a "lo que caiga".

Ayuso vive sus últimos días huérfana de Aznar. Hay que remontarse a su viaje a Cancún para caer en ese parricidio que puso en “entredicho” los intereses de José María Aznar (y no sólo de Faes) en México. Por ahí no, dicen que dijo cuando Isabelita reivindicó a Hernán Cortés, en la Universidad de la Liberad de Ricardo Salinas Pliego, financiador de FAES y factótum de la derecha ultra y trumpista en México. Ayuso se asimiló a Trump, a sus psicosis, despertando la maldición de Malinche y la furia de Aznar. No conviene meter la mano en las cosas del comer y, menos aún, en las ideas.

Algo pasó en Cancún. Aquí hemos venido en rescatar la maldición de Malinche, aquella canción bandera escrita por el cantautor mexicano Gabino Palomares que denuncia la explotación humana y norteamericana de los pueblos indígenas latinoamericanos.

La maldición de Malinche llega a nuestros días, después de que el pueblo mexicano pusiera en evidencia el racismo y civismo que los indígenas sufrieron en sus propios países. Isabel llegó al México D.F. con el malinchismo norteamericano, invitada a los Premios Platino por Antonio Cosío Pando, una de las principales figuras del sector privado mexicano. El empresario hotelero (cuya firma gestiona complejos de lujo como Nizuc Resort & Spa) coordinó con otros empresarios este acercamiento para estrechar lazos entre el dinero latam y la Comunidad de Madrid. El mismo Cosío Pando es el propietario del emblemático teatro Frontón México donde se ha representado Malinche el Musical de Nacho Cano y que ha entrado en concurso de acreedores en España con una deuda de 6,2 millones de euros, de los cuales dos se deben a Sandra Ortega, hija de Amancio, fundador de Inditex, algo más de otro millón a Ifema, y algo menos de un tercio a Estrella Galicia.

La maldición de Malinche nos entrega otro musical. Isabelita, desenchufada, ha caído en desgracia en este Madrid D.F. que es un titán Polifemo devorando a sus hijos. Feijóo no ha pedido todavía explicaciones por lo sucedido en la compra del ático que destapó el diario El País la semana pasada. Teme acabar como Pablo Casado. Y mientras tanto, Miguel Ángel Rodríguez se ha desmarcado de su jefa. No te aferres, MAR, no te aferres, vengo cantando estos días. Pero ese, querido y desocupado lector, es otro musical.

Miguel Ángel Rodríguez ha demostrado que quien domina la relación con los medios puede condicionar de lo que se habla, quién aparece como el culpable y cómo se premia al que obedece a sus intereses. Ex secretario de Estado de Comunicación de José María Aznar, empresario, tertuliano y profundo conocedor de los ritmos internos de las redacciones, actualmente Rodríguez no se limita a trasladar las decisiones de su jefa, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, sino que participa en la construcción del personaje, escoge los marcos del enfrentamiento y establece las condiciones de acceso a la información.

Su sistema se apoya en una combinación conocida por muchos periodistas madrileños: recompensa para quienes reproducen el mensaje, distancia para quienes se apartan de él y hostilidad abierta para quienes investigan asuntos incómodos o se muestran críticos con Ayuso. Es lo que ha ocurrido, precisamente, con el ático comprado por la Comunidad de Madrid como “oficina” provisional de su jefa. En el momento en el que las explicaciones comenzaron a acumular contradicciones, el Gobierno de Ayuso anunció que lo vendería y destinaría el dinero a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios. Sin embargo, se han negado a aclarar muchas de las incógnitas que rodean al inmueble. 

La secuencia duró apenas unos días. La Comunidad de Madrid había adquirido en abril, a través de la empresa pública Planifica Madrid, un ático de 485 metros cuadrados en Chamberí (uno de los distritos más caros de la capital) con una terraza de unos 200 metros, para utilizarlo supuestamente durante las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos. La operación permaneció oculta hasta la semana pasada, cuando El País lo desveló. El Ejecutivo madrileño no explicó por qué había elegido una vivienda de lujo para ello en lugar de alquilar oficinas o utilizar algunos de los inmuebles que ya tiene la Comunidad de Madrid y tampoco aclaró por qué se iba a habilitar para ello un inmueble de uso residencial.

La primera reacción de Ayuso fue la habitual: denunciar una “campaña de desprestigio” promovida por el Gobierno central y su “prensa afín”. “No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí”, argumentó la presidenta madrileña, si bien no aclaró el coste del inmueble y tampoco por qué lo habían adquirido coincidiendo con la venta del piso en el que reside si la normativa urbanística solo permite dedicar el piso a uso residencial. Después llegó la rectificación y el mensaje de MAR consistió en presentar como falsa la hipótesis de la residencia oficial y limitar el asunto a una operación inmobiliaria de la empresa pública. 

La operación ha dejado muchas preguntas tanto a nivel patrimonial, como administrativo y urbanístico sin responder, lo que a su vez ha generado una crisis comunicativa en el relato de la Puerta del Sol. Hasta el punto de que medios afines a la presidenta madrileña, como ABC o El Mundo, cuestionaron las explicaciones con duros editoriales. Ante esa situación, MAR volvió a recurrir a su manual en redes: “Todos esos que gritan por un ático están de vacaciones. No les veo recorrer como [Isabel] Díaz Ayuso los pueblos devastados. La Comunidad de Madrid trabaja en la reconstrucción y los que gritan desean la destrucción. Ella recorre los pueblos; Sánchez no puede salir de su palacio blindado”, publicó este domingo en X.

La relación de MAR con la prensa ha sido conflictiva desde la época que dirigía la comunicación de José María Aznar en la Junta de Castilla y León. En el año 1989 salió a la luz un informe interno, de seis páginas y con sello de Presidencia, que clasificaba a doce periodistas mediante valoraciones profesionales, políticas y personales. Una “lista negra”, atribuida al propio Rodríguez, que les calificaba según su utilidad o peligrosidad para el Gobierno autonómico del Partido Popular. La Agrupación de Periodistas de Castilla y León pidió inmediatamente una investigación y calificó la utilización de datos privados y las valoraciones profesionales como un atentado contra derechos elementales. 

Tras dejar la portavocía de La Moncloa entre críticas de los suyos dos años después de que Aznar llegase a la Presidencia del Gobierno estatal, Rodríguez pasó dos décadas moviéndose entre la consultoría, la empresa y los medios de comunicación. Presidió Carat España, organizó grandes eventos como el centenario del Real Madrid, impulsó proyectos audiovisuales propios, fue consejero de Grupo Secuoya y colaboró con FAES.

También se convirtió en un rostro habitual de la televisión y la radio. Participó en tertulias como la de 59 segundos de TVE, Espejo Público de Antena 3, La Noria de Telecinco y El gato al agua de Intereconomía, entre otras. Su estilo provocador, agresivo y construido alrededor de frases efectistas que pudieran sobrevivir al programa y circular después fuera de él anticipó buena parte de la comunicación política que aplicaría en la Comunidad de Madrid.

Como tertuliano, MAR destacó por un estilo deliberadamente provocador y por varios enfrentamientos personales. La polémica más grave fue la del doctor Luis Montes, al que llamó reiteradamente “nazi” en 59 segundos y La Noria, a propósito del caso de las sedaciones del Hospital Severo Ochoa a enfermos terminales. En 2011, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó su condena por un delito continuado de injurias graves con publicidad, con multa e indemnización de 30.000 euros a Montes. Pero Montes no fue el único, también llamó “cocainómano” al Gran Wyoming e “imbécil” a la periodista María Antonia Iglesias.

Todo ello le permitió construir relaciones personales con presentadores, directivos, productores y tertulianos de los grandes grupos audiovisuales. Cuando regresó a la primera línea política en 2019, utilizó todo lo que le caracterizó en su faceta de tertuliano. Es decir, frases breves, confrontación permanente y polémicas casi diarias. Por el camino, además, eligió a un antagonista concreto, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Una parte esencial de la influencia de Rodríguez no está en leyes concretas ni siquiera en argumentarios políticos, sino en su agenda de teléfono. Rodríguez mantiene canales directos con periodistas, tertulianos y responsables de medios. Durante su declaración ante el Tribunal Supremo en el juicio al ex fiscal general del Estado explicó que había difundido determinada información en dos grupos de WhatsApp que reunían a 55 informadores.

Para MAR no se trata de dar información, sino de controlar el mensaje. En un ecosistema competitivo como el de los medios de comunicación, disponer de una declaración o unas fuentes off the record antes que los demás constituye una ventaja. En el citado juicio, el defensor del entonces fiscal general también quiso saber si el principal asesor de Ayuso fue la fuente de la noticia falsa de El Mundo publicada la noche del 13 de marzo que inició la escalada de desmentidos en diferentes medios y, finalmente, llevó a la Fiscalía a difundir una nota al día siguiente aclarando lo que en realidad había ocurrido. Una nota de prensa que acabó con su máximo responsable condenado.

La información, firmada por el periodista Esteban Urreiztieta se titulaba La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales, cuando en realidad fue al revés, fue el abogado de González Amador el que planteó ese acuerdo. La operación política montada por el principal asesor de Ayuso culminó con éxito, aunque Rodríguez parecía tener claro desde el principio que el ex fiscal general iba a ir "pa'lante". Es el lema popularizado por la mano derecha de Ayuso y que ha utilizado de manera reiterada cada vez que las decisiones judiciales, informes y resoluciones estrechaban el cerco sobre Álvaro García Ortiz o cualquier miembro del Gobierno de Pedro Sánchez.

Al preguntarle qué pruebas tenía para afirmar que la Fiscalía había frenado un acuerdo “por órdenes de arriba”, MAR admitió que no era información contrastada, sino una deducción personal: “No es información, es intuición, Tengo el pelo blanco y puedo colegir lo que está pasando”, justificó. Pero lo cierto es que su influencia sobre determinados medios fue decisiva y le permitió intervenir en la noticia para ofrecer una versión falsa. Eso no impidió que varios medios difundieran la versión impulsada desde el gabinete, obligando a la Fiscalía a reaccionar públicamente.

El acceso privilegiado a determinada información no es la única herramienta con la que el Gobierno madrileño se relaciona con los medios. También está la publicidad institucional. La investigación 'Ayuso parte y reparte' realizada por infoLibre demuestra que la Comunidad de Madrid no aplica el criterio que marcó en 2019 “de audiencia y no a dedo” sino que desde que gobierna ha incrementado su gasto publicitario y que el reparto ha beneficiado a medios conservadores y afines al Ejecutivo regional, mientras cabeceras progresistas han quedado relegadas pese a contar en algunos casos con audiencias superiores.

La propia Comunidad sostiene que sus planes se confeccionan mediante criterios “objetivos y técnicos”, entre ellos la audiencia, la cobertura, la frecuencia, la notoriedad y la afinidad. Pero los datos analizados por este periódico muestran desproporciones difíciles de explicar únicamente mediante esos parámetros y una falta de transparencia que impide reconstruir con facilidad las decisiones del plan de medios.

La distribución del dinero está marcada por la sobrerrepresentación de medios en el espectro de la derecha, que no solo se quedan la mayor parte del reparto publicitario, sino que también han absorbido la mayor parte del aumento de los fondos, especialmente algunos como El Debate, ABC y The Objective. En 2023 infoLibre y otros cuatro medios —La Marea, El Salto, Carne Cruda y CTXT— ya denunciaron el sesgo ideológico de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid en el reparto de la publicidad. En 2024 Ayuso dejó a los cinco sin un solo euro de los 23,96 millones adjudicados por esta vía. 

En el ‘manual MAR’ también hay espacio para la intimidación. El 12 de marzo de 2024, en plena publicación de las informaciones sobre el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, MAR envió a la periodista Esther Palomera varios mensajes amenazantes: “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Que os den. Idiotas”. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Asociación de la Prensa de Madrid calificaron los mensajes de amenazas y respaldaron públicamente a la redacción.

Cuando declaró posteriormente sobre el episodio, Rodríguez lo definió como una “conversación impropia” con una persona con la que creía que podía mantenerla. Pero no fue un hecho aislado. Ese mismo mes, dos periodistas de El País que investigaban una posible irregularidad urbanística en el inmueble donde vivían Ayuso y su pareja fueron identificados por agentes policiales. Rodríguez difundió sus nombres y una fotografía y los acusó de haber intentado acceder encapuchados al edificio y de haber acosado a vecinos, incluidos menores. Los afectados negaron los hechos.

La APM denunció que las acusaciones falsas de responsables de la Comunidad, y “singularmente” de Miguel Ángel Rodríguez, coartaban el libre ejercicio del periodismo. En abril de 2022, la APM ya había condenado la actuación de Rodríguez cuando interrumpió físicamente a la reportera de La Sexta, Andrea Ropero, mientras intentaba preguntar a Ayuso. La asociación reclamó respeto al trabajo de los informadores y recordó que los medios tienen derecho a preguntar en espacios públicos, no solo cuando los cargos políticos lo permiten.

El periodista Jordi Évole, que conoce a Rodríguez desde hace más de quince años tras trabajar juntos, cortó el contacto después de que MAR sugiriese en televisión que había que fusilar al expresident Artur Mas. Después lo recuperaron, aunque Évole lo describió como alguien menos accesible y “menos juguetón” desde su vuelta al poder. Pero tras los ataques de Rodríguez a familiares de fallecidos en residencias, Évole afirmó que aquello era “demasiado inhumano incluso para Miguel Ángel Rodríguez” y que no entendía ese grado de degradación política.

Miguel Ángel Rodríguez Banjón —MAR para amigos y enemigos— es el estratega, director de comunicación y mano derecha de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Tras años apartado de la política, regresó a la primera línea en 2019 para convertir a una candidata autonómica del PP inicialmente subestimada en la principal antagonista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde la jefatura de gabinete de Ayuso controla mensajes, administra crisis y mantiene una relación de confrontación permanente con todo aquel que se inmiscuya en el camino de su jefa, incluidos sectores del Partido Popular.

Desde hace ya más de seis años es oficialmente jefe del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El Portal de Transparencia regional lo presenta como consultor de comunicación, publicista, empresario, escritor y antiguo político. El organigrama apenas permite conocer algo más: una jefatura adscrita al núcleo de Presidencia y un correo institucional. Nada en esa descripción administrativa refleja el alcance político que tiene en realidad y el control que ejerce sobre lo que le rodea, especialmente la prensa. Es de esos que en apenas unos segundos lee los WhatsApp que le llegan de periodistas. Y también es rápido en responder, aunque eso no siempre le deja en buen lugar, como se vio tras amenazar a una periodista de eldiario.es con el mensaje “os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”.

El poder de Rodríguez consiste precisamente en operar un paso por detrás de quien habla y, al mismo tiempo, otro por delante de quienes intentan responder. Un mérito que le atribuyen tanto partidarios como detractores. Es el hombre que susurra al poder y consigue que los focos se dirijan, precisamente, hacia donde él quiere. Su éxito más visible ha sido convertir la política madrileña en un escenario nacional. Ayuso gobierna una comunidad autónoma, pero habla casi siempre como jefa de la oposición. A preguntas de este periódico, MAR rehusa hacer comentarios sobre él mientras continúe en el cargo.

Rodríguez llegó muy joven al entorno de José María Aznar. Cuando el futuro presidente del Gobierno dirigía Castilla y León, MAR se incorporó a su equipo y ejerció como portavoz de la Junta. Cuenta a infoLibre una periodista que lo conoce de esa época que Aznar lo eligió porque “era el que mejor preguntas hacía” y, en aquella época, sus compañeros lo consideraban como un periodista de izquierdas de verbo afilado. Tuvo que dimitir como portavoz de la Junta tras un fuerte enfrentamiento con el extinto CDS, partido que había pedido públicamente su cese fulminante tras asegurar que un diputado cobraba dietas de manera irregular. De allí regresó a El Norte de Castilla, pero esa etapa duró poco.

Aznar le pidió que le ayudase en la construcción del liderazgo nacional del PP y MAR aceptó. Al periodista se le atribuyen casi todos los éxitos de Aznar, en especial su famosa frase “váyase, señor González” y la dura oposición de esos años. El 7 de mayo de 1996, apenas estrenado el primer Gobierno de Aznar, fue nombrado secretario de Estado de Comunicación, dedicándose también a la tarea de portavoz en cada rueda de prensa de los viernes, cuando se celebraba el Consejo de Ministros. Tenía 32 años. Permaneció en el cargo hasta julio de 1998, cuando el BOE publicó su cese “a petición propia”. 

Él alegó motivos personales, dijo que quería hacer otras cosas y que estaba cansado de ser el “pararrayos del Gobierno”, pero políticamente, asegura una fuente que trabajó con él, fue un relevo pactado con Aznar tras las reiteradas quejas de algunos de sus ministros y socios como Convergència, que atribuían a Rodríguez parte de la mala imagen del Ejecutivo. En la Secretaría de Estado de la Comunicación lo sustituyó Pedro Antonio Martín y en la portavocía Josep Piqué. Su salida se celebró tanto de puertas hacia fuera como dentro del PP.

En aquellos años ayudó a dar forma a una comunicación política basada en la disciplina del mensaje, la simplificación y la repetición. La premisa no consistía en explicar exhaustivamente una política, sino en encontrar una frase capaz de trastocar toda la conversación pública. El adversario podía discutir los hechos, pero lo verdaderamente importante era obligarlo a discutir dentro del marco previamente elegido. Una estrategia que también aplica actualmente, con Pedro Sánchez como su principal antagonista.

Rodríguez dejó escrita una versión especialmente transparente de esa filosofía. En la novela El candidato muerto (Plaza & Janés Bueno), que publicó tras salir de La Moncloa, sostenía que el político más eficaz no tenía por qué ser el más preparado, sino aquel al que la gente pudiera entender. La presidenta no se presenta como una dirigente técnica ni especialmente interesada por los asuntos de la Administración pública, según admiten fuentes del PP. Lo que hace MAR es convertir a Ayuso una figura reconocible: espontánea, desafiante, capaz de condensar discusiones complejas en expresiones que funcionan como titulares. “Comunismo o libertad”, “Madrid es España dentro de España” o la confrontación permanente entre una supuesta forma madrileña de vivir y la que quiere “imponer” Sánchez.

Durante más de dos décadas Rodríguez permaneció fuera de los cargos públicos, aunque no fuera de la política ni de los medios. Trabajó como consultor, empresario y fue un polémico tertuliano, escribió libros y convirtió la provocación en parte de su personaje público. Su regreso institucional se produjo de la mano de Ayuso, que le admiraba políticamente. La había asesorado durante la campaña autonómica de 2019, cuando la candidata del PP era vista incluso dentro de su partido como una solución provisional ante lo que se vería como una inminente derrota por parte de la dirección de Pablo Casado.

En enero de 2020 fue designado jefe de gabinete. Volvía a ocupar un puesto político 22 años después de abandonar la Secretaría de Estado de Comunicación. La asociación resultó rentable para ambos. Ayuso dio con un estratega con experiencia, agenda mediática y ausencia de escrúpulos para la pelea pública. Rodríguez encontró un liderazgo sobre el que proyectar una fórmula perfeccionada desde los tiempos de Aznar: identidad nítida, antagonismo constante y dominio del ciclo informativo. Con todo, sus comienzos no fueron fáciles y la presidenta madrileña acumulaba polémicas constantes que le hacían ser percibida por un lastre, tanto por Génova como por sus compañeros de partido.

La pandemia fue el momento de consolidación. Mientras otros presidentes autonómicos intentaban aparecer como gestores, la Comunidad de Madrid transformó cada discrepancia sanitaria y económica con el Ejecutivo central en un conflicto ideológico. La apertura de la hostelería, las restricciones, los confinamientos y la gestión de los colegios dejaron de ser únicamente decisiones administrativas. Pasaron a representar dos modelos de país. El desenlace electoral de mayo de 2021 confirmó la eficacia del método. Ayuso rozó la mayoría absoluta y absorbió buena parte del espacio de Ciudadanos y Vox. Desde entonces, su capacidad para fijar la agenda del PP nacional ya no pudo considerarse un fenómeno local.

El método Rodríguez necesita, además, un enemigo visible. Y desde hace seis años es Pedro Sánchez, con el que Ayuso siempre encuentra una excusa para confrontar… hasta que necesita la ayuda del Gobierno central. Sin embargo, en otras ocasiones el adversario está dentro del propio PP. La relación de Rodríguez con Génova ha sido especialmente conflictiva. Durante la pugna entre Ayuso y Pablo Casado por el control del PP madrileño, la dirección nacional identificó al jefe de gabinete como uno de los principales impulsores de la ofensiva.

Es más, el entorno de Casado llegó a exigir que MAR quedara apartado de cualquier negociación sobre el futuro del partido regional, asegura a infoLibre una fuente afín a Casado que estaba en el PP de Madrid. La guerra terminó con la caída de Casado y con Ayuso al frente del aparato madrileño. Aquello, además de una demostración de fuerza de la baronesa del PP, ungida también por la prensa conservadora, fue una constatación de la influencia de su jefe de gabinete. La presidenta no solo sobrevivió a una investigación interna sobre el contrato relacionado con su hermano, sino que consiguió que el episodio se narrara como una operación de espionaje y persecución organizada por la dirección nacional contra ella.

Un patrón que se ha repetido después en varias ocasiones. Cuando ha surgido una información que afecta a la presidenta madrileña, el objetivo de MAR ha sido desviar el asunto con una acusación mayor. La inspección fiscal a su pareja, Alberto González Amador, fue rápidamente reconvertida en una conspiración de Estado que, además, acabó con la imputación –y posterior condena– del entonces Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. El investigado pasa a ser perseguidor y quien ocupa el poder institucional adopta el papel de víctima. Para MAR no es una estrategia defensiva, sino una contraofensiva.

Rodríguez no oculta su preferencia por la escalada. En una entrevista de 2024 resumió su consigna con una frase: “A cada insulto, dos”. Esa consigna explica buena parte de su relación con el ecosistema mediático y político. En 2011, durante su faceta de tertuliano, fue condenado por un delito continuado de injurias graves contra el médico Luis Montes. Dos años después fue condenado por conducir bajo los efectos del alcohol tras chocar contra varios vehículos estacionados. Ese mismo año volvió a ocupar titulares por acusar públicamente al presentador Gran Wyoming de consumir y suministrar cocaína. 

Las polémicas se intensificaron desde su llegada al entorno de Ayuso. Recientemente difundió de forma falsaria que dos periodistas de El País habían intentado asaltar, encapuchados, la vivienda de Ayuso cuando estaban recabando información sobre los pisos de González Amador y las obras que le paralizó el Ayuntamiento de Madrid. Terminó reconociendo que no se había producido ningún asalto. El episodio dio lugar a una causa por la difusión de datos de los informadores. La jueza acordó su archivo el pasado 2 de julio al no apreciar indicios suficientes de revelación de secretos. El PSOE recurrió la decisión ante la Audiencia Provincial, por lo que el sobreseimiento no es firme todavía.

La controversia muestra hasta qué punto se ha difuminado la frontera entre la actividad de un jefe de gabinete público y la defensa personal o política del entorno de la presidenta. Durante su declaración judicial en la causa del fiscal general llegó a reconocer que algunas de sus afirmaciones no procedían de información concreta, sino de su experiencia. “Tengo el pelo blanco”, alegó para justificar sus deducciones sobre la actuación de la Fiscalía. La frase resume otra característica del personaje. Su autoridad no se apoya necesariamente en documentos, sino en su experiencia adquirida tras décadas dentro de la política y los medios.

Sus partidarios lo describen como un estratega brillante, leal, divertido, protector y con un conocimiento extraordinario de los medios. En 2021, Ayuso lo definió públicamente como su “amigo”, “escudero”, “protector” y “compañero de aventuras”. Sus detractores lo consideran un propagandista agresivo, controlador, intimidatorio, dispuesto a difundir afirmaciones no comprobadas y a convertir cualquier crisis en una guerra personal, si bien reconocen su habilidad. Uno de los portavoces más destacados del Congreso lo resume así: “Es un desalmado con un indudable talento para la política y la comunicación”.

El respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía ha alterado de nuevo el tablero político y ha colocado al Partido Popular ante una contradicción estratégica que llevaba meses latente. Mientras la dirección de Alberto Núñez Feijóo insiste en mantener abiertos los canales de interlocución con Junts de cara a un eventual escenario postelectoral, una parte del partido endurece su rechazo a cualquier aproximación a los independentistas y reclama marcar distancias tras una resolución que reduce el recorrido judicial de uno de los principales argumentos del PP contra la norma.

El fallo del tribunal europeo concluye que la ley de amnistía no vulnera el derecho de la Unión Europea en los aspectos planteados por las cuestiones prejudiciales, aunque deja en manos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo la aplicación efectiva de la norma en los casos concretos. Génova, por su parte, insiste en separar el plano jurídico del político y sostiene que el fallo europeo no modifica su oposición a la amnistía.

Sin embargo, el debate dentro del PP trasciende ya la valoración de la sentencia. En los últimos meses, Génova ha asumido que, si los números parlamentarios vuelven a situar a Junts como fuerza decisiva, será inevitable mantener algún tipo de interlocución con la formación de Carles Puigdemont. Una tesis que provoca incomodidad entre dirigentes territoriales y referentes del ala más dura del partido, que ven con preocupación el coste electoral que podría tener cualquier imagen de entendimiento con Junts, especialmente entre el electorado más conservador y en comunidades como Madrid, Castilla y León o Andalucía, donde el rechazo al independentismo ha sido uno de los principales ejes del discurso del PP.

En ese sentido, José María Aznar ya ha lanzado varias advertencias dirigidas a Feijóo. El expresidente ha rechazado cualquier posibilidad de entendimiento con Junts y ha recordado que el independentismo sigue representando, a su juicio, un proyecto incompatible con el marco constitucional. Un mensaje que comparten dirigentes como el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, dos de las voces más críticas con cualquier intento de aproximación a Puigdemont.

A esto se le añade que Feijóo eligió Barcelona para lanzar un mensaje que hasta hace unos meses habría sido difícil de imaginar en boca del líder del Partido Popular. “Como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página”, dijo durante su visita a la capital catalana, en un movimiento destinado a rebajar la tensión con Junts y presentarse como un interlocutor posible para el partido de Puigdemont. Horas antes, su lugarteniente Miguel Tellado reforzaba esa idea en una entrevista en la Cadena Ser: “Estamos en 2026 y el contexto es distinto al de 2017”, señaló.

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, se encargó después de fijar los límites de esa nueva estrategia y dejó claro que no iban a retirar el recurso contra la ley de amnistía, ni hacer ningún otro gesto hacia Junts. Más allá del giro dialéctico, insistió, la posición política del partido permanece intacta. Una secuencia que resume el delicado equilibrio que intenta mantener Génova. El PP quiere dejar de aparecer ante Junts como un actor con el que resulta imposible entenderse, pero sin desmontar ninguno de los pilares sobre los que ha construido su oposición a Pedro Sánchez desde el inicio de la legislatura.

Desde las elecciones generales de julio de 2023, el PP ha comprobado que no existe una mayoría parlamentaria alternativa sin el concurso, directo o indirecto, de Junts. Los siete diputados de Puigdemont siguen siendo decisivos. Feijóo ya intentó, sin éxito, explorar esa vía tras aquellos comicios. Entonces el propio expresident respondió con una negativa rotunda, recordando el papel del PP durante los años del procés y las declaraciones de buena parte de sus dirigentes contra el independentismo.

Tres años después, el contexto político ha cambiado. El procés ya no ocupa el centro de la agenda catalana, el Gobierno ha aprobado la ley de amnistía y Junts trata de redefinir su papel en Madrid. En ese escenario, el líder del PP ha intentado abrir una interlocución que hasta ahora parecía imposible, pero tampoco ha encontrado apoyo para una moción de censura. Y es que Feijóo hace esta apelación pública mientras el PP mantiene intacto el discurso con el que calificó la norma como una "humillación", una "cesión al independentismo" y una vulneración de la igualdad entre españoles.

El aval europeo también modifica el contexto político en torno a Carles Puigdemont. Aunque la sentencia no implica automáticamente su regreso a España, sí reduce algunos de los obstáculos jurídicos que pesaban sobre la aplicación de la amnistía y desplaza el foco hacia las futuras decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

Para el PP, ese escenario añade un elemento de dificultad. Si finalmente Puigdemont recupera plenamente su capacidad de actuación en España, cualquier negociación futura con Junts quedará inevitablemente asociada a la figura del expresident, precisamente el dirigente que durante años simbolizó el desafío independentista contra el Estado.

El debate sobre la ley de amnistía refleja además una forma de hacer oposición que el PP ha repetido en los últimos años. Génova combate determinadas iniciativas legislativas del Gobierno con una enorme dureza política, las lleva a los tribunales o anuncia su derogación futura, pero una vez que esas normas modifican el marco institucional o generan efectos políticos favorables, termina adaptándose a esa nueva realidad sin revertirla, pese a que Vox se ha comprometido a hacerlo si llega a la Moncloa.

La amnistía es el ejemplo más evidente. Génova rechaza la herramienta jurídica que ha facilitado la desjudicialización del conflicto catalán, pero al mismo tiempo pretende beneficiarse políticamente del nuevo contexto que ese perdón jurídico ha contribuido a crear. Durante esta legislatura el PP ha convertido en una constante esa doble estrategia: denunciar determinadas reformas como ejemplos del "sanchismo", recurrirlas o prometer su derogación, al tiempo que habla de “pasar página” y busca los pactos con Junts en el Congreso.

¿Después se puede echar de menos lo que antes no te gustaba? ¿Es posible sentir nostalgia de lo que en su día quisiste dejar atrás o te hizo sentir miedo? Siempre me divierte recordar aquella frase del entonces vicepresidente del Gobierno socialista, Alfonso Guerra, con la que se burlaba de la supuesta apuesta por la moderación de sus adversarios de la oposición conservadora, aunque no sé bien si lo diría de AP o del PP, que para el caso es casi lo mismo: “¿Pero de dónde viene esta gente que lleva 15 años viajando hacia el centro y no llega nunca?”.

En aquellos tiempos excitantes de la Transición, el sarcasmo nos hizo gracia, pero ahora mismo nos provoca cierta melancolía al acordarnos de esa derecha con un tanto por ciento de mala conciencia, que proyectaba, según ella misma, dejar atrás los ecos de la dictadura que sonaban en algunos de sus apellidos, renunciar a una parte de sus ideas, lo mismo que lo hicieron el resto de los partidos, empezando por el PCE, y cambiar lo que fuese necesario para integrarse en la joven democracia que tantos ríos de sangre había costado recuperar. 38 años es mucho tiempo, sobre todo cuando el reloj está en manos de un asesino.

Lo contrario de aquella derecha civilizada es la derecha sin complejos de José María Aznar. Eso dijo este hombre que tiene la arrogancia de los caudillos: que la suya era una derecha sin complejos. “Pues estamos listos”, pensé, “si proviniendo de donde provienen, pensando como piensan y defendiendo lo que defienden, no tienen nada que ocultar, que dios nos pille confesados”. Y así fue, él y su Gobierno actuaron a cara descubierta, alardeando de su neoliberalismo de manual y sin esconder sus cartas; se mostraban orgullosos y seguros de sí mismos, y convencieron con sus promesas de bienestar y regeneración a la mayoría electora, que les votó con la esperanza de que el país mejorase económicamente. El resultado, ya lo sabemos: los ministros de sus gabinetes llevándose millones de dinero público; la entrada en la cárcel de varios de ellos, la guerra de Irak, la foto con George Bush y Tony Blair en la isla Terceira de las Azores; el 11-M, las mentiras, el nombramiento a dedo de M. Rajoy, la Gürtel y las otras decenas de tramas delictivas de sus colaboradores más cercanos… Y luego su advenimiento como ideólogo y su canción del verano, aunque el lema tenga un aire un poco involucionista y tal: “El que pueda hacer, que haga”, una llamada a la acción en la que hay quienes sitúan el asedio sin cuartel y por tierra, mar y aire al presidente Sánchez, al que, por otro lado, le crecen como setas los secretarios de organización ladrones: será que hay humedades en el edificio.

Y así llegamos a Feijóo, que estuvo a un puñetazo en la mesa de llegar a La Moncloa y prefirió usar la mano para dársela a la ultraderecha. Si le hubiera puesto una línea roja a Vox, no le habrían adelantado. Si hubiera roto, la habría arreglado. Pero él y su PP han preferido el hambre para hoy y el pan para mañana, que a mí no me parece que esté tan claro: ya veremos. Por el momento, ya no sólo es que dependa cada vez más de sus peligrosos socios y tenga que ir asumiendo sus órdenes a cambio de mantener el poder autonómico, sino que para competir con ellos se mueve, otra vez, en la dirección equivocada y con ello está provocando un efecto dominó preocupante: como él se va más a la derecha y con ello invade el territorio de Abascal y los suyos, estos se van todavía más hacia el extremo y, de postre, empiezan a aparecer grupúsculos neonazis que se sitúan aún más lejos y se presentan en sociedad con su parafernalia falangista, sin sentir, al dictado de la doctrina Aznar, ni la más mínima vergüenza o molestarse en disimular.

Quedamos a la espera de que se devoren entre ellos o de que las y los ciudadanos abran los ojos y vean a Feijóo decir que cuando estén de baja les van a descontar la enfermedad del sueldo y les van a poder despedir. Su argumento, entre líneas, es que los médicos son cómplices de esa estafa: otra vez la sanidad pública en el punto de mira. Mientras tanto, la patronal sonríe, que con sus sueldos es más fácil, y algún portavoz de la Iglesia se apunta al bombardeo y lanza sermones contra la libertad sexual de las personas y veneno contra los políticos de izquierdas. Ojalá sea que el cáliz estaba muy cargado, que una copa de más se le perdona a cualquiera, porque, como lo que dijo represente el pensar colectivo de la institución, sería para echarse a temblar. Sin complejos.

Pucherazo. Sí, el que los peperos venían ejerciendo principalmente en Galicia, y otros lugares (¡hasta en Extremadura!). Allí los gallegos lo llaman “carretaxe” (o acarreo de votos). Y en época de Feijóo (y antes también) lo hicieron a mansalva, y hay cientos de datos sobre ello en las hemerotecas.

“Poner en duda el sistema electoral (como lo hace míster Frijolito) es poner en duda la democracia española". Y, encima, después de tantos años durante los que el PP ha aceptado esas normas, porque eran justas y legales o les venían bien. Y lo más gracioso (o estrambótico) es que PP y Vox callaron en las Cortes durante los 15 meses de tramitación de la ley de nietos sin cuestionar las nacionalizaciones. El PP (y Vox) están copiando el manual de Trump en EEUU y de Bolsonaro en Brasil para ensuciar las urnas.

Están desesperados, sobre todo Frijolito. O sea, ni moción de censura, ni de confianza, ni pacto con ultraderechistas ni con el independentismo catalán de derechas, ni nada.

Y si sale mal la cosa (la de pactar con Vox y Junts), pues la otra ocurrencia, de que le den cuatro o cinco diputados (como un plus) al grupo que gane las elecciones.

¡Qué mal lo ve Frijolito para desear eso! Y para más inri, el asnarismo le susurró severamente que con independentistas nanay de la China: solo pacto nacional. La FAES y “Asnal” han atado de manos y de pies a Feijóo.

Partidos como el BNG o el PSOE han denunciado frecuentemente al PP gallego por el uso sistemático del voto por correo de personas mayores para inclinar los resultados en el entorno rural. A nivel de elecciones municipales y autonómicas, existen precedentes donde Juntas Electorales han expedientado a agrupaciones locales del PP, como ocurrió en Amoeiro (Ourense), por presuntas irregularidades en la gestión de estos votos.

Y con toda la cara lo gritan, aunque no lo cumplieron ni en Castilla y León con un Mañueco derrotado por Luis Tudanca, PSOE, ni en más autonomías.

Hace dos legislaturas (en las elecciones de mayo de 2019), el PSOE fue el claro ganador de los comicios en Castilla y León, pero el Partido Popular logró gobernar gracias a un pacto con Ciudadanos. En Andalucía en el año 2018, y también de forma simultánea en la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia en 2019, etc.

El PSOE ganó en diez autonomías, pero los pactos de derecha impidieron que gobernara en todas. El triunfo infructuoso en Madrid tapó las victorias en Castilla y León, La Rioja o Murcia.

Pero en el PP no aguantan una hemeroteca. En recientes declaraciones, Frijolito ha acusado al Gobierno de Pésanchez de intentar adulterar el censo electoral con fines partidistas. Sin embargo, el rechazo del Gobierno es contundente, quien defiende que el proceso de nacionalización y voto de la diáspora es estrictamente legal.

“…Ya es hora de que recuperen lo que nunca debieron haber perdido, la nacionalidad española", dijo en el Senado en 2023, Ester Muñoz, respecto a la ley de nietos. Y Óscar Puente responde a la bocazas vocera del PP: “¿Nos explicas, tú, esto que es del BOE, por qué Feijóo y tú defendíais una “ley de nietos” en 2022, la llevaba en el programa del PP de 2023, y ahora, desesperado, en 2026 la llama 'ingeniería electoral´, acusando a Pedro Sánchez de fraude electoral?”.

Feijóo acusó miserablemente a Sánchez de hacer "ingeniería electoral" porque "fabricaba" votantes con la nacionalización de millones de personas de cara a los próximos comicios. ¿Y qué hacían él mismo, y sus anteriores del PP (o AP), en Galicia? Su cinismo sobre este asunto es legendario. Desde el tongo en el voto por correo (criticando a los carteros) hasta el control de organismos como el CIS para interferir en los resultados. El PP lleva años, muchos años, sacando el fantasma del pucherazo electoral. Pero ni aumenta el censo en 2,5 millones de votantes ni todos apoyarán al PSOE.

La etapa de los peperos Aznar y m. rajoy “fue la más corrupta de la democracia española”. Y ya lo remató míster “Asnal” diciendo e insistiendo: “El que pueda hacer, que haga”. En esta arenga “asnariana”, el juez Peinado se ha llevado la medalla de oro por excelente cumplimiento. Este "hacer" apunta a los movimientos judiciales que Peinado ha realizado para impulsar la difícil imputación de B. Gómez.

El caso es que Peinado se va a ir de rositas a su jubilación, y antes va a enfilar a B. Gómez a un juicio con jurado popular para escarnio de ella, de Pésanchez y del PSOE.

¡Y tan tranquilos en el CGPJ y en la Justicia! Sí, algo harán, pero no le tocarán. De todas maneras, Peinado se jubila este septiembre, en apenas dos meses. El CGPJ no le va a “crucificar”. El expediente que le hagan quedará en nada y no afectará al caso. ¿Qué esperábamos?

Los recursos contra el juez Peinado por sus polémicas decisiones sobre B. Gómez serán resueltos el 13 de julio. La Audiencia Provincial de Madrid deberá decidir sobre la apertura de juicio y la elección de jurado popular. Ya veremos.

Y es que ¡“manda güevos!, que decía el pepero F. Trillo. La misión imposible de sancionar al juez Peinado tras dos años y medio de excéntrica instrucción contra Begoña Gómez. Y eso que han sido decisiones judiciales polémicas, desproporcionadas y poco convencionales.

¿La hemos “cogido” con el juez Peinado? No. Pero el hecho de que tenga una hija como concejala del PP por más de 77.000 eurazos, que la mujer trabaje para el PP madrileño por más de 50.000 eurillos y que el expediente de su chalet de 2.800 m2 con piscina (declarada como "almacén") haya estado paralizado en el ayuntamiento de La Adrada, del PP, por pura casualidad hasta que ha prescrito... insistimos, que confluya todo ello no significa nada, o mucho. Claro, amén de las varias excentricidades, abusos y despropósitos en la instrucción contra Begoña Gómez y cía.

“Estos torpes del PP ya no pueden controlar a los reptiles que liberaron. Están abocados a convertir su “quien pueda hacer que haga”, en un “quien pueda votar que vote”. Y lo mismo tenemos de nuevo una sorpresa, que ya pasó en 1993, en 2004 y en 2023. Sigamos. (Luis Arroyo en InfoLibre, “En el nido de las serpientes”).

Así que Frijolito, ya “acojonado”, vislumbra una posible derrota electoral. ¿Tanto miedo tiene? Por eso borra las líneas rojas con las que llegó a Génova para tratar de sobrevivir. Los ataques personales, la puerta abierta a gobernar con Abascal y el acercamiento a Junts evidencian hasta qué punto ha roto sus compromisos y el miedo que tiene al voto progresista. Con ese miedo a no ganar, Feijóo mete a la extrema derecha en su Gobierno y acata la “prioridad nacional”, entre otras concesiones.

Con tal de gobernar hará lo que sea, pero este Frijolito “veleta” se llevará un buen chasco al ritmo que le marcan “Asnal” y Vox. Y a lo mejor le pasa como a su anterior, Pablo Casado, que fracasó como becario y no llegó a titular.

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Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre

Hoy voy a proponerles un pasatiempo, un entretenido sudoku que nos ayude a sobrellevar el tedio estival y los calores. Entren en el buscador de la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional (BNE). Seleccionen el intervalo de seis años, once meses y ocho días que abarca desde la muerte de Franco a la victoria electoral del PSOE en 1982. A continuación escriban en el buscador “justicia social” y anoten el resultado. Repitan la operación, pero con la palabra “modernidad”. Ya hemos llegado a la mitad. Para finalizar mantendremos los conceptos, pero modificaremos las fechas de la pesquisa para abarcar ahora los primeros seis años, once meses y ocho días de Gobierno de Felipe González. Ya está.

¿Sorprendidos? ¿O les ha dado pereza la propuesta? No importa; se lo pondré fácil. Desde la muerte del dictador a la primera victoria de Felipe González, los periódicos digitalizados por la BNE recogen en 13.762 páginas alusiones a la justicia social y 6.341 a la modernidad. En los casi siete años siguientes de Gobierno socialista, las referencias a la justicia social se desploman a 8.101, mientras que las páginas con la palabra modernidad se disparan a 25.842. La conclusión es obvia: el felipismo marginó la justicia social para privilegiar una difusa modernidad que igual justificaba la OTAN, los GAL, la precarización laboral o la reconversión industrial, que celebraba el último tema de Alaska y los Pegamoides.

Su éxito fue enorme, pese a la aparente paradoja de promocionar la modernidad justo cuando Jean-François Lyotard proclamaba nuestra nueva condición posmoderna. Paradoja aparente, digo, porque lo que se vendió fue un simulacro de modernidad, una estética de hedonismo individualista con la que enterrar la vieja ética de los grandes relatos entre toneladas de lentejuelas. En la práctica, fue la variante mediterránea de la TINA, el popular acrónimo thatcheriano que decretó el final de toda esperanza. Comenzaba la era de los relatos. Y sus protagonistas eran personajes como Miguel Boyer, aquel joven economista que a mediados de los 70 abogaba por la nacionalización de empresas y la autogestión obrera, en los 80 se convirtió en adalid de la ortodoxia neoliberal y en los 90 fue estrella del papel couché tras su matrimonio con Isabel Presley. La realidad líquida entraba en escena.

Sin embargo, esta hegemonía de la modernidad trajo consecuencias para la democracia española. Si la justicia social situaba la distribución de la riqueza en el centro del debate democrático, su arrinconamiento obligó a buscar otro asunto con el que vertebrar un conflicto político neutralizado por el consenso absoluto en torno al dogma neoliberal. Fue necesario pues indagar fuera del ámbito político clásico ese nuevo referente. Fue entonces cuando irrumpió la corrupción. La podredumbre del poder tenía dos virtudes: por un lado, activaba la emoción indignada del electorado; por el otro, permitía desviar el debate del ámbito material de las políticas públicas a la esfera inmaterial de la moral pública.

La corrupción pasaba así a ser el desencadenante catártico de la alternancia política. Felipe González –aunque hoy se prefiera olvidar– cayó arrollado, mucho más que por el terrorismo de Estado, por el alud imparable de Filesa y la imagen de Luis Roldán en calzoncillos. Aznar tendría, entre otros muchos, a su Rodrigo Rato, mientras que Rajoy caducaba a la sombra de El Bigotes y la Gürtel. Pedro Sánchez, por el momento, resiste a duras penas la implacable cacería familiar y los vergonzosos vientos sembrados por José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Incluso el 15M, la mayor impugnación al modelo de la Transición, interiorizó hasta tal punto este referente de crítica, que su "No hay pan para tanto chorizo" se convirtió en uno de sus lemas más aclamados. Hoy Isabel Díaz Ayuso se apropia con sarcasmo de aquella consigna.

Se instauró así un mecanismo democrático viciado, asentado sobre una aparente ley inmutable: los gobiernos caían tras una catarsis ciudadana anticorrupción que daba paso a un nuevo ciclo de gobierno que acaba con una nueva catarsis… Y la rueda “democrática” giraba. No obstante, el mecanismo tenía exclusiones. Y, al menos, una excepción. Las exclusiones tienen como objetivo controlar que la indignación colectiva se limite al juego de turnos de gobierno, evitando que pudiera desbordarse y acabara reclamando una democracia mejor y con transparencia. Por eso hay corruptelas sobre las que se debe pasar de puntillas: un monarca enriquecido de forma ilícita, errores judiciales que exoneran a capos mafiosos, jefes policiales con millones ocultos en las paredes. Por mucho que prodiguen, estas corrupciones son pronto desactivadas con la inapelable argumento de los “casos aislados”.

Pasemos a la excepción. La rareza fue José Luis Rodríguez Zapatero. También él recurrió a criterios prepolíticos para legitimar su gestión: el horror a la guerra de Irak o la defensa de los derechos humanos en favor de las minorías. Pero lo hizo a la vez que aplicaba la más estricta ortodoxia neoliberal durante la crisis. Sin embargo, a diferencia de la norma, el PP, que por entonces hegemonizaba la derecha, fue incapaz de encontrar un caso de corrupción con el que armar una estrategia de acoso y derribo al Gobierno de Zapatero. Por ello tuvo que escudriñar a fondo para dar con un recurso alternativo. Y lo halló en ETA y el final de la lucha armada. Una idea nueva entró entonces en circulación: el traidor. Aunque la idea no era tan nueva. En el fondo, entroncaba con el tradicional discurso reaccionario español, una coincidencia que acabará teniendo graves implicaciones.

Por lo pronto, la prepolítica quedaba superada por lo predemocrático. Porque, en última instancia, se estaba recuperando el viejo espectro de la antiEspaña que tuvo en el franquismo su más acabada y siniestra plasmación. Como representante máximo de la antiEspaña, es imposible integrar al traidor. Solo cabe perseguirlo, acorralarlo, encarcelarlo, humillarlo. Es una lucha existencial. De hecho, para que España pueda renacer en su idealizada esencia es preciso que el traidor sucumba y la antiEspaña sea aniquilada por el fuego purificador. Por ello no basta con la derrota electoral de contrario; es imprescindible la Victoria total, y sin piedad.

El conflicto catalán y los vientos ultraderechistas que llegaban de Washington se encargarían con los años de avivar aquel fuego antidemocrático que durante unos años se mantuvo aletargado. Hoy lo prepolítico y lo predemocrático, la corrupción y la traición, se entremezclan en la mentalidad conservadora española. Y todo galvaniza en un estado anímico que hace tiempo que superó la catarsis para adentrarse por los peligrosos senderos de la histeria colectiva. Hasta tal punto se ha naturalizado, mediática y sociológicamente, la paranoia conspirativa que no faltan voces que aspiran incluso a dotar de rango constitucional a esta guerra total contra la antiEspaña. Lo hacía desde El País Pedro Cruz Villalón, el presidente del Tribunal Constitucional que ilegalizó a la izquierda abertzale y que hoy imagina un Congreso que impute a Pedro Sánchez por alta traición.

Aunque conviene no alarmarse. Tal vez sus argumentos son consecuencia de una lipotimia intelectual por un golpe de calor. Porque este verano está haciendo mucho calor, demasiado. Por eso conviene estar alertas y prevenidos. E hidratarse bien. Por eso, la mejor receta es beber buenas dosis de sentido común y serenidad.

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José Manuel Rambla es periodista.

Cada vez que Aznar da un golpe de melena, sube el pan. Lo que dice no tiene nunca desperdicio, sienta cátedra, como buen ex presidente entrado en años. Su pelazo es tan fascinante como sus palabras. Si en el equipo de los Sorayos había apuestas sobre si Rajoy se teñía o no la cabellera, aquí también hay dudas. Será natural ese tono tirando a azabache que luce como si fuese de la pandilla de cachorros millonarios de su hijo Alonso, con los que tiene en común una melena con movimiento que es síntoma inequívoco de pedigrí. Son todos muy reconocibles por cómo les cae el flequillo largo sobre el ojo derecho y el savoir faire con que lo apartan.

Pues esta semana ha tocado atusarse el pelo en público. José María ha llamado a derribar el muro de Sánchez logrando una “amplía mayoría centrada porque nos jugamos un cambio de sistema”. Qué manera de dar en el clavo. En caso de que PP y Vox gobiernen se avecina un cambio de sistema, como sabe todo demócrata asustado con su posible llegada al poder nacional. El viaje al centro que algunos han interpretado que pide, y al que según su lógica deben sumarse para lograrlo también las izquierdas, tiene escasa credibilidad, ahora que el alma de extrema derecha latente en el PP se luce como una medalla en la solapa.

Los ataques de la derecha para revertir el marco constitucional son constantes desde que Sánchez llegó al poder. Jamás aceptaron el resultado electoral. Y desde entonces andan buscando cómo deslegitimar el poder ejecutivo y también el legislativo que emana del parlamento, que es donde se aprueban leyes siempre que exista una mayoría. Parece una obviedad, pero han conseguido instalar la peligrosa idea en gente de izquierdas que presume de pureza virginal de que el presidente del Gobierno es un okupa ilegal de la Moncloa. No las tienen todas consigo, es evidente. Las encuestas les hacen dudar de si serán capaces de gobernar con un candidato tan poco querido. Feijóo, que no ha logrado ni hacerse un hueco en los corazoncitos de sus votantes, cómo va a pretender tocar a los demás.

La naturalidad con que han asumido la prioridad nacional que Vox ha copiado a Jean-Marie Le Pen, de dudoso encaje en la Constitución porque choca con el principio de igualdad, es solo un ejemplo de la incapacidad actual del PP para situarse en el centro. Los ataques contra la regularización de inmigrantes en marcha o con la ley de Nietos aprobada en el 2022 por el Congreso, comparten un enfoque coincidente entre ambos partidos, que demuestra su sintonía e impide distinguir el discurso de uno y de otro. Por eso Aznar ha hecho uso de su hairografía. Él, que en su día regularizó a más de medio millón de inmigrantes, quiere marcar ahora el ritmo con su cabellera. Cuando era presidente y lo hacía tenía un sentido patriótico incuestionable. Si es iniciativa de Sánchez, en cambio, el objetivo es engordar el censo electoral con potenciales votantes socialistas.

Como si los inmigrantes no eligieran las papeletas de Vox o del PP. Solo hay que observar al electorado latino en Estados Unidos, que ha sido clave en la elección de Trump, quien obtuvo el mayor porcentaje de voto proveniente de este colectivo a un republicano en 2024. A qué pitonisa habrán consultado para presuponer que los descendientes de quienes huyeron de España en la posguerra, no sólo por sus ideas políticas sino también por la necesidad de dar de comer a sus familias, votarán a la izquierda. No hace falta irse tan lejos para conocer a hijos de padres progresistas simpatizantes de Vox. Lo que buscan con sus proclamas es sembrar dudas sobre el sistema democrático, desestabilizar, seguir construyendo esa realidad paralela en la que nuestro país está al borde del colapso y a un paso de convertirse en una dictadura. Aznar no es el mesías, algunos le consideran su dios y al Supremo sus apóstoles.

¿Cómo se presentan los tiempos? Zweig escribió en El mundo de ayer que existe una ley irrevocable: “Nadie tiene la oportunidad de conocer en sus inicios los movimientos que determinan su época”. Perdóneme, pero le llevaré la contraria. Observamos a algunos de nuestros políticos durante estos años y comprobamos cómo mutan personajes de la derecha, la ultraderecha y los peores, los tránsfugas ideológicos.

Algunas señorías, atornilladas en las bancadas del Congreso, viven del cuento legislatura tras legislatura; su papel es ser palmeros o, peor aún, ser broncos. Se han instalado en el insulto y la mentira, protegidos como están por la inviolabilidad, la inmunidad y el fuero especial. El ad hominem, lo peor del ser humano, ha llegado: la exhumación de los seres queridos. ¿No era suficiente?

Sí, llevo años oyendo y leyendo a los padres de la patria, y la antología es interminable. Curiosamente, entre las bancadas de la derecha hay más abundancia en el exceso. Se han licenciado cum laude y han superado el Inventario general de insultos de Celdrán y el Florilegio de frases envenenadas de Doval. Guerra abrió la veda con aquel "tahúr del Misisipi" a Suárez; después llegaría el "felón" de Casado a Sánchez y veinte descalificaciones más.

Considero las expresiones brutales y toscas que merecerían por su zafiedad figurar en la selecta obra de José María Izquierdo Las mil frases más feroces de la derecha de la caverna, recogidas en medios de comunicación y sus autores. El libro ha cumplido 15 años; hoy se ha quedado corto. Muchos de sus autores siguen en la brecha periodística y en la injuria, a lo que añadimos el gusto por la fruta como maledicencia permanente. No olvido al faro de la derecha, Aznar, por su sutileza al decir que gobierna una banda de delincuentes y de los bajos fondos.

Felipe González le mira arrobado, habla y exaspera a sus viejos seguidores. Al exsocialista, poco fino, le parece largo el acrónimo LGBTIQ+. Quizá le incomodaría menos volverlos al prontuario de enfermedades mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Tal vez olvidó el artículo 10 de nuestra Constitución; recordamos a González, quien recurría a don Manuel Azaña, lo que dijo sobre la Constitución del 31: “Se votó para cumplirla todos en su espíritu y su letra, no para someterla a una experimentación personal”.

Corrió a señalar que había más de 28.000 muertos en el terremoto de Venezuela. ¿Qué le pasa? ¿Necesita estar en el candelero? Ya había estimado el Servicio Geológico de EEUU la terrible cifra de entre 10.000 y 100.000. ¡Cállese, Sr. González!

A beneficio de inventario. ¿Son inapelables las sentencias de la Sala Segunda del Supremo? Hay críticas tanto a nivel nacional como internacional. Leer La democracia amenazada, de Baltasar Garzón, arroja luz, mucha luz.

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 Mariano De la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

Todo empezó con una posición antidemocrática: la idea de que este gobierno es ilegítimo porque no gobierna la fuerza más votada. No se trata de un desconocimiento del funcionamiento del sistema parlamentario español, en el que la ciudadanía vota al poder legislativo y gobierna quien logra reunir una mayoría suficiente en el Congreso. Lo que había detrás era el resentimiento de una oligarquía que ya se veía vencedora.

En el fondo, la cuestión es siempre la misma: la existencia de poderes, dentro y fuera del Estado, que pretenden coaccionar al legislativo, el único poder elegido directamente por la ciudadanía. Las elecciones se celebraron en julio de 2023 y, ya en otoño de ese mismo año, José María Aznar dio el toque de corneta con su célebre llamamiento: «Quien pueda hacer, que haga».

La corrupción, para quienes —en la estela de Donoso Cortés— consideran que la aristocracia es un elemento de libertad y la democracia un elemento de tiranía, nunca ha sido un problema especialmente preocupante. Las grandes fortunas y muchas de las familias que las poseen hunden sus raíces históricas en formas de apropiación y expropiación vinculadas a la corrupción por sistema.

Se actúa de una u otra forma dependiendo de a quién afecte. El caso Aldama resulta paradigmático. Mientras que José Luis Peñas, el concejal del PP que contribuyó decisivamente a destapar la trama Gürtel, sufrió, junto a su familia, un auténtico calvario, Víctor de Aldama, tras reconocer delitos cuando fue descubierto, ha sido elevado a la condición de referente moral por buena parte de la derecha mediática en su supuesta cruzada contra la corrupción.

Imaginemos por un momento que familiares directos del presidente del Gobierno se hubieran enriquecido mediante negocios vinculados a la pandemia, del mismo modo que se ha normalizado que ocurra en el caso de Ayuso. Resulta fácil imaginar cuál sería la magnitud del escándalo.

Las razones que explican el clima de olla a presión que vivimos no pueden entenderse únicamente a partir de los casos de corrupción. Aunque estos existan y sean graves, el problema de fondo es todavía más peligroso. La idea sería la siguiente: hasta hace poco, el PSOE era funcional al régimen del 78; de hecho, constituía uno de sus pilares fundamentales. Sin embargo, cuando da muestras de querer emanciparse parcialmente de los límites establecidos, comienzan las advertencias. Y eso, desde determinados centros de poder, no se tolera. Al PNV ya le han mostrado la primera cabeza de caballo.

Sin embargo, lo verdaderamente preocupante no son los episodios concretos de corrupción, por escandalosos que sean, sino la existencia de relaciones de poder capaces de ocultar o exhibir la corrupción según convenga a determinados intereses. Lo que quiero destacar es que hay algo todavía más grave que la corrupción de las tramas organizadas: el poder para decidir qué corrupción se persigue, cuál se silencia y cuándo se hace cada cosa en función de la obediencia política al poder oligárquico. Esa arbitrariedad es la que convierte la corrupción en democracia en una corrupción de la democracia.

Esto no pretende relativizar ni minimizar la gravedad de los casos que afectan al PSOE. Lo que busca es situarlos en un contexto más amplio, en el que la consideración de quién es corrupto y quién no parece depender menos de los hechos que de los intereses. Cuando eso ocurre, la corrupción deja de ser un fenómeno coyuntural para convertirse en un mecanismo estructural de disciplinamiento político.

Quizá todo este contexto de corrupción estructural ayude a explicar por qué el PSOE, incluso en una coyuntura tan delicada como la actual, no quiere pasar a la ofensiva e impulsar una agenda profunda de reformas democráticas. Actuar cuando aparece la corrupción es necesario —qué menos—, pero resulta insuficiente. Eso significa actuar sobre los efectos y no sobre las causas.

La peor consecuencia de la corrupción no es económica. El daño fundamental es político: la subordinación de la cosa pública a intereses privados. La corrupción es un disolvente de la democracia y, al contrario, reforzar la democracia —a saber, reforzar la igualdad y blindar la cosa pública frente a los agentes privados— significa llevar a cabo medidas extraordinarias que cuestionan a poderes de dentro y de fuera del Estado. Y eso ya significa alterar sustancialmente la manera de funcionar y organizar el poder en España. Y hasta ahí podíamos llegar en la lucha contra la corrupción.

Aznar lanzó su llamamiento contra el Gobierno en 2023. En junio de 2026, el destinatario de sus advertencias ya no parece ser únicamente el presidente, ni siquiera el Ejecutivo. El mensaje se dirige directamente a la sociedad española: si no ganan quienes deben ganar, la convivencia está en riesgo. Quedarse quietos no va a frenar su voracidad. Quien quiera entender, que entienda.

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Jorge Moruno es sociólogo por la UCM, diputado de Más Madrid y portavoz de Vivienda.

La foto de las joyas encontradas en el registro del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero ha copado portadas de periódicos y se ha visualizado durante horas en los debates televisivos. El expresidente está reuniendo toda la documentación sobre las mismas mientras el juez José Luis Calama ha abierto una pieza separada por estas alhajas, tasadas en 1,3 millones de euros.

Asimismo, esa polémica ha reavivado el debate sobre los regalos que pueden recibir los políticos y ha sacado a la luz el tema de los presentes que vienen especialmente de las monarquías árabes, como ha puesto encima de la mesa el exministro socialista Miguel Sebastián, que ha narrado cómo fue obsequiado en Arabia Saudí con unas joyas, que él mandó colocar en una vitrina en el departamento.

¿Y los otros expresidentes del Gobierno? ¿Recibieron algún tipo de joya durante su etapa al frente del Palacio de la Moncloa? ¿Qué hicieron con esos regalos? infoLibre ha contactado con el entorno de Felipe González, de José María Aznar y de Mariano Rajoy para recabar sus respuestas. 

Solo Mariano Rajoy, a través de fuentes de su máxima confianza, contesta de manera clara. Su entorno asegura que “no recibió ninguna joya” y que “todos los regalos de cierto valor que recibió en su mandato quedaron registrados y depositados en la Presidencia del Gobierno”.

Desde la oficina del expresidente Felipe González, ante la pregunta de si el expresidente socialista recibió joyas durante su mandato, se limitan a contestar: “El presidente González no tiene previsto por el momento hacer intervenciones en medios”. Ante la repregunta, tanto por correo como por vía telefónica, si podían concretar si recibió joyas o no, no hubo contestación.

En un acto este martes, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el expresidente González abordó el tema de las joyas de Rodríguez Zapatero, a petición de la moderadora. El ex jefe del Ejecutivo señaló que durante su mandato no había legislación respecto a los regalos, pero que hizo una lista con los grandes regalos en su Gobierno y se colocaron en galerías junto al Consejo de Ministros, con objetos como sables con perlas. Indicó que sus ministros también dejaron los obsequios en sus departamentos.

González reveló situaciones como que Helmut Kohl, a través de Mercedes, quiso regalarle un vehículo todoterreno para usarlo en Doñana, pero que él le pidió que fuera cedido al propio parque. También puso de ejemplo cómo el rey Juan Carlos no quiso rechazar el palacio de la Mareta en Lanzarote, un regalo del rey de Jordania, pero que pasó a ser del Estado.

El expresidente González señaló que Rodríguez Zapatero debería devolver las joyas y dar todas las explicaciones sobre su origen y legalidad.

¿Y José María Aznar recibió joyas? Desde Faes, tras insistentes preguntas de infoLibre, responden: “El presidente se atuvo, desde la Presidencia del Gobierno, a la legalidad y el decoro personal en todas sus relaciones personales e institucionales”. A la petición de si podían concretar si le hicieron entrega de alguna joya, esta fundación reitera: “Es un asunto que no afecta a José María Aznar que siempre se ha atenido a los criterios más exigentes de integridad y decoro personal”.

Ante una nueva pregunta de si podían concretar si recibió joyas sí o no, Faes no ha respondido a este medio.

Hasta la llegada al Gobierno precisamente de Rodríguez Zapatero, no había ninguna norma que regulara el tema de los regalos. En febrero de 2005, el Consejo de Ministros aprobó el Código del Buen Gobierno, que fijaba: “Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal”.

“En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado, en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente”, añadía el código.

Este texto además sirvió de inspiración para la Ley de Transparencia, aprobada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Entre los principios de conducta para los miembros del Ejecutivo, los secretarios de Estado y los altos cargos, se incluye: “No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente”.

Estos dos textos no fijan una cantidad exacta que bareme la aceptación de los obsequios y lo fía al criterio de los políticos respecto a los “usos habituales, sociales y de cortesía”. En cambio, sí hay otras instituciones, como las Cortes Generales, que fijan topes monetarios. En el caso del Parlamento, el límite está en los regalos de hasta 150 euros. El reglamento indica que los diputados y senadores se “se abstendrán de aceptar, en beneficio propio o de su entorno familiar, obsequios o regalos de valor, favores, servicios, invitaciones o viajes que les sean ofrecidos por razón de su cargo o que puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta”.

¿Debe dimitir el presidente del Gobierno? La historia nos enseña que aquí no dimite casi nadie, como muestra este conciso y contrastable relato. ¿Por qué apoyar una dimisión sin saber cómo funcionará la alternativa? O tal vez sí, pues ya hay situaciones y hechos palpables en algunas comunidades autónomas. 

Suárez dimitió, pues los sables y otros poderes, la España negra, se le echaron encima y forzaron su salida; eran los inicios de la democracia, los conocidos como poderes fácticos no iban a ponerlo fácil, ni entonces ni ahora. Las cloacas huelen mal. Le sustituyó Calvo Sotelo, quien dimitió, convocó elecciones y perdió; lo cesó el pueblo. El país seguía en una situación relativamente caótica. Ni Suárez ni Calvo Sotelo se atrevieron a limpiar el alcantarillado para eliminar los olores de la dictadura y el entorno. Un dicho popular nos advierte que cuando la justicia escasea, tener razón es peligroso.

Llegó González, una brisa fresca, pero no era la fragancia GAL. Sí aparecieron los GAL, organización parapolicial, y también el espionaje del CESID; dimitieron altos cargos, González no dimitió; también lo echó el pueblo. Ya antes, en 1996, los de CIU, los padres de Junts, apuntaban maneras y le zancadillearon. En el 2000 perdió frente al PP; su acre fragancia aún perdura.

Le sucedió Aznar. Tuvo un mandato complicado, marcado por asuntos como el Prestige, el Yak-42, el 11M y las peregrinas explicaciones de aquel terrible crimen y, finalmente, los aires guerreros de Irak. Lo cesó el pueblo mediante las urnas; la cosa no olía bien. 

Zapatero llegó en 2004, con una crisis en puertas y el coletazo final del terrorismo de ETA. Los progresos sociales no taparon la fragancia de los ERE, ni la crisis de 2008. El mandato le pasó por encima y dimitió. Le sustituyó Rubalcaba, quien perdió las elecciones el 20 de noviembre de 2011 frente a Rajoy. El mandato popular cesó a los socialistas.

Rajoy tuvo unas legislaturas jalonadas por el caso Gürtel, caso Bárcenas, el uso de fondos reservados y la implicación del Estado, Ministerio del Interior, en las llamadas cloacas; hasta ese momento solo en el caso GAL se había utilizado a instituciones del Estado.

En 2018, una moción de censura legítima le echó del Gobierno, le apeó Sánchez, quien gobernó hasta 2020. Llamó a las urnas en 2020 y 2023, gobernando en ambas legislaturas en coalición con otras fuerzas; no soportaba el olor de algún socio. Su mandato finalizaría en 2027.

Conclusión: ningún mandatario dimite motu proprio; al gobernante de turno lo cesa el pueblo o la moción de censura, cuando los aires de poder lo descomponen. Ante el fin del bipartidismo se avecinan nuevas fórmulas coalicionistas cuya mezcla produce olores insoportables que obligarían a llevar máscara.

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Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

Como persona progresista, no me preocupa que la FAES critique al Gobierno. En una democracia sana, todas las ideas tienen derecho a expresarse y a confrontarse. Lo que me resulta difícil de aceptar es que quienes llevan años presentándose como guardianes de la democracia, la honestidad y la buena gestión política parezcan haber olvidado una parte importante de su propia historia.

Escucho con frecuencia a José María Aznar y a su fundación alertar sobre el supuesto hundimiento institucional de España, sobre la degradación moral de la política y sobre los riesgos que, según ellos, amenazan nuestra democracia. Sin embargo, cuando miro hacia atrás, veo a un expresidente que apoyó una guerra profundamente injusta y rechazada por la inmensa mayoría de los españoles. La invasión de Irak de 2003 se justificó por la existencia de armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Millones de ciudadanos salimos a la calle para decir que aquella guerra era un error, pero el Gobierno prefirió escuchar a Washington antes que a su propio pueblo.

También recuerdo la conmoción de los atentados del 11 de marzo de 2004. Recuerdo la sensación de desconcierto y la creciente desconfianza cuando el Gobierno seguía insistiendo en la autoría de ETA mientras las investigaciones apuntaban cada vez con más fuerza hacia el terrorismo yihadista. Aquellos días dejaron una huella profunda en nuestra democracia y en la confianza que los ciudadanos depositamos en nuestras instituciones.

Tampoco puedo ignorar que muchos de los nombres más importantes del entorno político de Aznar terminaron vinculados a algunos de los mayores escándalos de corrupción de nuestra historia reciente. No hablo de casos aislados ni de errores individuales. Hablo de una sucesión de episodios que afectaron a dirigentes de primer nivel y que pusieron en cuestión la cultura política de toda una etapa.

Como progresista, tampoco comparto el modelo económico que FAES lleva décadas defendiendo. Creo en una sociedad donde la sanidad, la educación, las pensiones y la protección social no sean consideradas un gasto, sino una inversión colectiva. Creo que el mercado es una herramienta útil, pero no una religión. Cuando escucho hablar de privatizaciones, desregulación o reducción del Estado, pienso en las dificultades de miles de familias para acceder a una vivienda, en la precariedad de muchos trabajadores y en unos jóvenes que, a pesar de estar mejor formados que nunca, tienen más incertidumbres que las generaciones anteriores.

Por eso me llama la atención que desde determinados sectores se repartan constantemente certificados de patriotismo, honestidad o responsabilidad. El patriotismo que yo reivindico consiste en fortalecer los servicios públicos, proteger a los más vulnerables y construir una sociedad más justa. No en utilizar la memoria de forma selectiva para recordar únicamente los errores de los adversarios mientras se silencian los propios.

No creo que la izquierda sea infalible. Ha cometido errores y seguirá cometiéndolos. Pero tampoco acepto que quienes apoyaron Irak, gestionaron de forma tan controvertida el 11M y convivieron con algunos de los mayores escándalos de corrupción de nuestra democracia pretendan presentarse hoy como referentes morales indiscutibles.

La democracia necesita crítica, autocrítica y memoria. Las tres cosas. Porque cuando sólo se critica al adversario y nunca se examinan los propios errores, la defensa de los principios acaba pareciéndose demasiado a la defensa de unos intereses.

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Carlos Brage es socio de infoLibre.

A mediados del año 2012, el juez Javier Gómez Bermúdez tomó posesión del Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional.

Una de las decisiones que adoptó nada más acceder a su puesto fue la de cerrar todas las investigaciones sobre terrorismo que desarrollaban en ese Juzgado los diferentes cuerpos policiales. El motivo que esgrimió fue que las argumentaciones utilizadas no tenían inicio en unos “hechos contrastados”, los cuales, tras ser debidamente sometidos a investigación, encontrarían encaje en la descripción de ese tipo delictivo, sustantivándolo.

Ejemplo para entender ese razonamiento sería el siguiente: hallazgo de un cadáver con heridas de arma blanca. Este sería el “hecho contrastado” que da origen a la investigación a través de la cual se obtendrán los efectos, instrumentos e indicios que convertirán el hecho investigado en un presunto homicidio, asesinato o suicidio, e identificará a su autor si lo hubiere.

Como se puede apreciar, por aquel entonces, antes del “el que pueda hacer, que haga”, los jueces dirigían las investigaciones y la policía seguía sus instrucciones.

En la actualidad observamos como en los casos de Begoña Gómez, el hermano de Pedro Sánchez, el ex Fiscal General del Estado, el caso Plus Ultra, o el caso Leire Diez, las investigaciones se inician con la descripción de múltiples supuestos delitos y se continúan con la apertura de líneas de investigación que tienen como objeto localizar “hechos” que pudieran encajar con las descripciones de los tipos delictivos.

Paradigmático fue el caso del ex Fiscal General, en el que los “hechos” fueron mutando hasta la sentencia. Hasta leer la sentencia, no supo qué “hechos” supuestamente delictivos se le atribuían.

Aberrante parece el caso en el que se investiga a Zapatero, “jefe de una organización criminal”. Es sabido que para ser jefe hay que dirigir, ordenar, supervisar, etc. Pues bien, leyendo el auto de imputación no se tiene constancia de ninguna orden ni actividad de dirección. En el auto sí se identifica el delito, y una vez atribuido éste, ahora se buscan los hechos que pudieran encajar en ese tipo delictivo.

Todo parece indicar que es la policía quien establece dicho delito a investigar, y que el juez se limita a dar apariencia jurídica, a través de sus escritos, de que es él quien dirige las investigaciones.

Esta cuestión se objetiviza con el hecho, insólito e inaudito, de que el juez solicite a una organización policial extranjera autorización para utilizar como prueba el clonado de un teléfono móvil.

En los Estados de derecho, los jueces solicitan cooperación a otros jueces, y a la policía les trasmiten órdenes.

Desde “el que pueda hacer que haga”, España parece que va mutando de Estado de derecho a Estado policial. 

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), concebida como el sustento ideológico de la derecha, ha convertido los escándalos que afectan al entorno del PSOE en uno de los ejes centrales de su producción editorial. El think thank presidido por el expresidente José María Aznar publica de manera asidua análisis en los que se muestra muy duro con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Con publicaciones como Sin chófer ni secretaria, que data de febrero de 2024, Emergencia democrática, emergencia nacional, de junio del pasado año, o Queda lo peor, un texto de hace solo cinco días, mantiene una ofensiva total con graves acusaciones que vierte sobre el Gobierno. “La indecencia se ha instalado en el núcleo del Gobierno y del partido que lo sustenta”, resume uno de ellos.

Sin embargo, la fundación no ha abordado el caso que afecta a Zapatero pese a que estalló hace ya un mes tras la imputación del expresidente por un presunto tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal. Tampoco ha escrito ningún análisis previo a la declaración del socialista este miércoles. E, incluso, el propio Aznar esquivó la cuestión cuando fue interrogado el mismo día en que se conoció la imputación. “No tengo nada más que decir sobre este asunto”, llegó a afirmar. "La justicia en España es independiente y los jueces son independientes”, se limitó a añadir.

La tesis que ha mantenido FAES en los últimos años es que la corrupción forma parte del ecosistema político que sostiene al actual Ejecutivo. Y su dureza no se ha limitado a la denuncia de presuntas irregularidades. La organización presidida por Aznar habla de "mordidas, pucherazos, extorsiones y chantajes" y llega a describir al “núcleo sanchista" como "la banda del Peugeot". También hay referencias a "capos", "consiglieris", "fontaneros", "omertá", "famiglia" y "mordidas". También sostiene que Sánchez "entiende el poder como botín" y que Ábalos, Koldo, Jessica Rodríguez —expareja del entonces ministro de Transportes— y Leire Díez son consecuencia de una "concepción puramente patrimonial del poder", pese a que todavía no hay sentencia que lo respalde.

FAES también acusa al Gobierno de haber actuado como encubridor político "cuando menos" de la corrupción, y en "el delito como entorno", donde afirma que la coalición de Sánchez "se gestó y se sostiene" gracias a su "familiaridad" con la delincuencia. Y ya con Leire Díez como referencia tras la investigación liderada por el juez Pedraz, se habla de un "carrusel estercolario", un "rastro de porquería" y se lanza la pregunta de si queda alguna institución "por pringar".

FAES no es un observador neutral, aunque nunca ha pretendido serlo. Nació como laboratorio de ideas de la derecha española y sigue funcionando como uno de los principales centros de producción ideológica vinculados al universo político del PP. Precisamente por eso resulta relevante analizar no sólo aquello sobre lo que habla, sino también aquello que decide no comentar, como es el caso de Zapatero, Plus Ultra y las joyas valoradas en 1,3 millones de euros que han provocado que el juez Calama abra una pieza separada.

Y no se trata de una cuestión de afinidad o de respeto por el expresidente español. La fundación ha construido durante años buena parte de su identidad política en oposición a José Luis Rodríguez Zapatero. Durante la etapa posterior a 2004, Aznar y FAES convirtieron al expresidente socialista en uno de sus principales adversarios políticos e intelectuales, al que culpan de que el PP perdiera las elecciones tras los atentados terroristas. La crítica a Zapatero fue constante en cuestiones como el modelo territorial, la negociación con ETA, la política económica o la memoria histórica. Es más, en una publicación de 2023, bajo el título de El sembrador y su cosecha, FAES responsabiliza a Zapatero de propiciar un “pasteleo con ETA” de la mano del socialista Jesús Eguiguren.

Y, aunque FAES exige máximos estándares de transparencia y ejemplaridad cuando analiza los casos que afectan al Gobierno de Sánchez, su presidente apenas cuenta con controles efectivos. Desde su salida de la política institucional, ha ejercido como actor privado, lobbysta, conferenciante y consejero internacional. Una clave que podría explicar el silencio de su fundación y al que en el PP nacional no le dan mayor importancia. “No es nuestro trabajo comentar lo que dice o deja de decir FAES”, responden fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo a infoLibre. La acusación del PP no ha pedido prisión provisional para el expresidente tras su declaración de este martes.

Con todo, la posición del think thank resulta especialmente llamativa porque Aznar ha construido en los últimos años una posición singular en la política española. Ya no es un dirigente sometido al control parlamentario ni un responsable institucional y en el PP acuden a él de manera asidua tanto en mítines como en grandes celebraciones. Es un expresidente que ejerce influencia desde una fundación privada, interviene periódicamente en el debate público y mantiene una red de relaciones nacionales e internacionales forjada durante décadas. Y los conservadores no niegan que sea su “referente moral”, como definen la importancia de Zapatero con el PSOE y la izquierda.

El expresidente del Gobierno, además de presidir FAES, ha pasado por Georgetown University y ha ocupado puestos en grandes corporaciones y firmas internacionales. News Corp, el grupo de Rupert Murdoch, lo presenta como consejero independiente desde 2013 y recoge en su documentación oficial una remuneración de 341.565 dólares en el ejercicio fiscal de 2025. Antes, ya había entrado en la órbita del grupo Murdoch en 2006. También fue contratado por Endesa como asesor externo para Iberoamérica, con una retribución publicada en torno a 200.000 euros anuales, y fichó en 2013 por DLA Piper como asesor senior para Latinoamérica.

La nómina de actividades privadas es más amplia: asesorías, fundaciones, foros internacionales, libros y conferencias. Pero la transparencia sobre esa actividad es limitada. No existe un registro público, completo y homogéneo que permita conocer con detalle cuánto ha ingresado Aznar desde 2004, quién le ha pagado, por qué servicios y con qué posibles conflictos de interés. Lo que aparece son datos de remuneraciones parciales en documentos societarios, noticias sobre contratos concretos o episodios como el de Famaztella, la sociedad familiar a través de la cual canalizó ingresos por libros y conferencias y por la que Hacienda le exigió una declaración complementaria y una sanción por los ejercicios 2011 y 2012.

La visita del Papa León XIV ha sido un reseteo político y un punto clarificador de dónde estamos en la historia de nuestro país y hacia dónde nos dirigimos. Lo contaba esta semana The Washington Post a cuenta de la primera vez que un papa habla en la Corte de los Leones. He aquí un punto de inflexión histórico, una ruptura definitiva en el tiempo, entre el país nacional-católico que fuimos y la España transversal, plural y periférica que somos.

Prevost es un aliado de la democracia liberal que afirma ante diputados y senadores el enorme legado institucional que nuestra historia política y jurídica ha entregado al proceso civilizatorio occidental: la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria, el derecho de gentes. Prevost no ha venido a exigir sino a reconocer. La nueva diplomacia española del ministro Albares ha cerrado ese círculo que comenzó hace cuatro siglos con la defensa del derecho internacional, las reglas del mundo y la dignidad humana. Todo en orden.

Conviene destacar dos momentos previos al discurso de León XIV que confirman el punto en el que nos encontramos. El primero tuvo lugar la semana pasada en la Fundación Pablo VI, donde Carme Artigas, Antonio Garamendi, Luís Argüello y Unai Sordo mantuvieron un coloquio sobre la IA y verificamos que la izquierda tiene un líder que trasciende al sindicalismo y puede guiar su rumbo: la Vía Unai. El otro momento fueron en realidad dos, en el Cercle d'Economia, en Barcelona, donde comprobamos que Feijóo no quiere ser derecha plural y Sánchez se presentó como Pedro, abrazado a unos presupuestos sociales, la amnistía total y la plurinacionalidad. 

Hay mil maneras de decir "Feijóo no nos vale". Josep Oliu, el presidente del Sabadell, lo ha dicho: "Vale, eres un martillo despertador. ¿Y ahora qué vas a hacer?". Sin moción de censura, después qué. A la burguesía catalana ya sólo le basta con esperar a que venga otra mejor y continúe Sánchez, con todo el mundo amnistiado, cada uno en su casa y dios en la de todos. Mientras tanto, el último informe de Goldman Sachs asegura que en España se está creando empleo de calidad, la productividad mejora y la economía presenta ciertos factores que la dotan de una sorprendente resistencia estructural. O sea, todo en orden. 

La libertad de un político se mide por su capacidad de moldear el tiempo político. Ni los autos, ni las sentencias ni el asedio judicial anticiparán unos comicios. Habrá elecciones el 18 de julio de 2027. Lo decimos como una provocación, porque con esa fecha se cierra un círculo narrativo que conecta con nuestro pasado más atávico, porque dota de sentido a esta historia trágica, siniestra y, a la vez, esperanzadora de los pueblos de España, porque golpea el corazón de los votantes, y también porque sí, desde la lógica de quien tiene el poder para convocar elecciones cuando le dé la gana. Como ha defendido Pedro, se cumplirá la legislatura. O sea, todo en orden.

La presentación de presupuestos anunciada por Sánchez en el Cercle d'Economia toma el testigo de los 13 puntos de Negrín, el programa político propuesto por el presidente del Gobierno de la Segunda República el 30 de abril de 1938. Su objetivo principal era lograr un acuerdo de paz y consolidar los cimientos de la España de posguerra. Aquel programa reconocía, entre otros aspectos, una amnistía total, la salida de las tropas extranjeras, una defensa férrea de los derechos de los trabajadores, el fomento de la paz y el derecho internacional. Su centralismo dividió a vascos y catalanes, que lo rechazaron. Franco ni se inmutó. Casi 80 años después, Sánchez ofrece unos presupuestos sociales y plurinacionales firmados por Arcadi España que serán un programa de fin de legislatura a los que ni PNV ni Junts podrán decir que no, y lo hace cuando Aznar convoca a sus votantes a unas elecciones constituyentes que serán el día del juicio final, el Armagedón (recuerden, el 18 de julio de 2027). Desde el sábado sabemos que el presidente del Gobierno está otro nivel: es un político libre. Un hombre libre puede ir al Primavera Sound y un hombre encadenado no puede dejar de ir a misa. Esa es la diferencia. O sea, todo en orden.

Muchas cosas sucedieron la semana pasada desde el Madrid D.F. Entre ellas, la visita del lunes de Isabel Diaz Ayuso al Vaticano y también al condotiero Urbano Cairo, director de Il Corriere de la Sera, propiedad del mismo grupo al que pertenece Unidad Editorial, o sea, Manso. El condotiero ungió a la futura candidata del PP con una entrevista en la que celebraba su destino como presidenta de la España unitaria. La moción de censura, hemos dicho aquí, no ha sido otra cosa que un caballo de Troya a las puertas de Génova 13. Bastaba con mencionarla para que la yegua ya hubiera cruzado las murallas del PP. En sus tripas se ha alimentado la salida acelerada de Feijóo, que sufre los pullazos del tercio de varas. Lo que no pudimos imaginar hace una semana, en cambio, fue la sanción de Ayuso como líder del PP desde Roma y no desde Faes o desde El Mundo. En Italia se decide quién manda en la derecha española y, como a Aznar, como a la mayoría de los barones del PP y como también a la mayoría del empresariado catalán, el “martillo despertador” no les vale. Feijóo está políticamente muerto. Que venga la otra, pues, a la que ya comparan en Roma con Giorgia Meloni. O sea, todo en orden. 

Conviene a los que así lo pretenden que espabilen porque en breve el presidente del Gobierno volverá a mudar de piel. Es imprescindible si quiere volver a gobernar, de modo que es muy probable que haya otra remodelación de Gobierno y se presente ante el Comité Federal del 27 de junio como un nuevo dirigente de la izquierda. Ya lo indicamos durante los cinco días de abril: el objetivo de Aznar no es otro que llevar a Sánchez a la cárcel. El que pueda hacer, que haga. Y llegados a este punto, conviene dejar claro este asunto entre los plurinacionales, congregados ante el pontífice este lunes: el teniente coronel Balas puede entrar en las oficinas de la Dirección General de la Guardia Civil pero no puede llegar al Congreso de los Diputados. Que tomen nota: o se está con Balas o se está con el BOE. Y una comentario final: la imputación de Pedro movilizará el voto de un millón de indecisos en el día del juicio final. No puede dimitir, no debe y tampoco lo hará. O sea, todo en orden. 

Hoy soñé que estaba escribiendo en un Starbucks y escuché: ¡Émile Zola! Levanté la cabeza y allí estaba. Vestido como en el retrato de Monet, recogiendo en la barra un Frapuccino, quejándose al camarero por el precio y tratando de pagar en francos.

Me levanté y pagué su cuenta. Me dio las gracias, le dije que no había de qué y volví a mi mesa. Me senté. Lo curioso es que Émile –ya tenemos confianza– me había seguido y se sentó frente a mí sin pedirme permiso. 

Me aclaró que estaba frente a lo que yo pensaba que estaba: el fantasma de Émile Zola. Continuó explicándome, en un italiano mezclado con francés, que quería hacer una segunda versión del “Yo acuso” pero que no llevaba ni pluma ni papel.

No pude articular ni siquiera una sílaba y él pareció entender que no pudiera hacerlo. Le dio un pequeño sorbo al café, murmuró que no valía lo que costaba y luego me espetó:

–Escribe.

Empezó a dictarme.

Reproduzco aquí íntegramente todo lo que dijo.

"Señor expresidente Aznar:

¿Me permite usted, dentro de mi gratitud por haber sido el artífice del milagro económico español que, como todos sabemos, acabó con la mitad de su gobierno en la cárcel, que le diga de qué le acuso a usted y a otros fascistas? Si me lo permite, seguiré. Si no me lo permite, también.

Yo acuso al juez Peinado de actuar contra Begoña Gómez por motivaciones ideológicas y de sumarse a una estrategia de "guerra jurídica" contra el Gobierno y contra el propio Pedro Sánchez con inculpaciones que carecen de base jurídica.

Yo acuso a la jueza Teresa Palacios de acotar la investigación sobre el caso Kitchen de manera claramente favorable al Partido Popular en una clara defensa de este partido, de impedir las preguntas de la abogada del PSOE y, en ocasiones, de contestar en nombre de la señora De Cospedal.

Yo acuso al juez Ángel Hurtado de dar trato preferente a Mariano Rajoy e interrumpir de manera reiterada las preguntas de las acusaciones referidas a los papeles de Bárcenas.

Yo acuso al juez Martínez Arrieta de condenar sin pruebas al fiscal general del Estado como autor de un delito de revelación de datos reservados.

Yo acuso al juez García Castellón de rechazar imputar a la señora de Cospedal en el caso Kitchen y de archivar la responsabilidad penal del partido como persona jurídica en la pieza de la caja B del caso Púnica.

También de trato de favor a Mariano Rajoy, a quien evitó citar como investigado en el caso Kitchen excluyendo su nombre de autos judiciales clave.

Yo acuso al excomisario Villarejo de ser el cerebro de la llamada "policía patriótica" e instrumentalizar las cloacas del Estado durante el mandato del Partido Popular, ejecutando operaciones ilegales de espionaje, chantaje y fabricación de pruebas falsas para destruir a los adversarios políticos del PP.

Yo acuso a Eduardo Inda y a Álvaro Nieto de publicar noticias falsas con dinero de los españoles y españolas a través de publicidad contratada por administraciones del PP con el propósito de generar denuncias para acusar sin fundamento a cargos del Gobierno o del PSOE o familiares de estos.

Yo acuso a Manos Limpias de ser un "pseudosindicato" de extrema derecha que utiliza de forma fraudulenta la acusación popular para desestabilizar al Gobierno valiéndose de denuncias falsas basadas en bulos mediáticos.

Yo acuso a Hazte Oír de ser una organización radical que utiliza el espacio público y los tribunales para ejercer una difamación sistemática contra el Gobierno y la izquierda en general con el único fin de debilitarlo e interferir ilegalmente en los procesos electorales.

Yo acuso a Mariano Rajoy, M. Rajoy, el Barbas, el Asturiano –o como prefiera que le llamen– de cobrar sobresueldos en B y de ser el cerebro de una trama criminal para encubrir los delitos de la Gürtel que incluyó la creación de una policía paralela y un intento secuestro.

Yo acuso al juez Calama de practicar lawfare y una investigación prospectiva prohibida, imputando delitos desproporcionados al expresidente Zapatero basándose en indicios débiles de terceros para desgastar políticamente a la izquierda.

Yo le acuso a usted, señor expresidente Aznar, de haber puesto en riesgo el Estado español en los 90 para acabar con Felipe González, como reconoció el señor Ansón. 

También de involucrar a España en una guerra ilegal y de haber mentido a los españoles –y seguir mintiéndoles– sobre la autoría de los atentados del 11-M resultado de aquella guerra y de los que usted fue el máximo responsable.

Yo, en definitiva, acuso al Partido Popular, a Vox, a sus medios, a sus jueces, juezas, periodistas, instituciones y empresarios afines de estar dando un golpe de Estado para acabar con un gobierno legítimo salido de las urnas en julio de 2023 a la vista de que por la vía democrática no pueden.

Un golpe que empezó con su consigna “quien pueda hacer que haga” y que ha vuelto a repetir estos días. 

Mi protesta encendida no es más que el grito de mi corazón. Por lo tanto, atrévanse a llevarme a la Corte Penal y a que la investigación se lleve a cabo a plena luz del día.

Estoy esperando."

–¿Ha terminado?– le pregunté.

–Sí– contestó.

–Salen seiscientas noventa y una palabras solo con lo suyo. Y a esa cantidad hay que añadir lo que yo escriba. No creo que me lo publiquen, el máximo son cuatrocientas cincuenta y cinco.

–Pues ya de perdidos, añade que también acuso a Iker Jiménez y a Pablo Motos de ser tan idiotas que seguro que aplauden cuando el microondas llega a 0.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

Cuando terminen de hacer todo lo que hagan las personas mandatadas por José María Aznar, no habrá nada, todo será como un páramo desolado. Porque lo que pide Aznar es que las acciones que realicen destruyan todo lo que puedan de lo hecho sobre el terreno de la sociedad bajo la arquitectura progresista y la dirección de obra de sus políticas.

Por eso, lo que en verdad significan las palabras de Aznar es que “el que pueda deshacer, que deshaga”, para, de ese modo, volver a un mundo en el que la violencia de género sea violencia doméstica, como cuando él era presidente; en el que las personas del mismo sexo no se puedan casar, como cuando él era presidente; en el que cuando EE.UU. quiera ir a una guerra España lo acompañe, como cuando él era presidente… y así con tantas otras cosas que la sociedad ha dejado atrás gracias a la transformación que acompaña a las políticas de izquierdas.

Esta propuesta contra el Gobierno es coherente con todo lo que se ha planteado desde que comenzó la legislatura. Empezaron con la ilegitimidad del Gobierno, pasaron a los ataques personales a la figura del presidente, que lo convirtieron en “perro Sánchez”, después continuaron con los insultos llamándolo “hijo de puta” desde posiciones institucionales como la presidencia de la Comunidad de Madrid, y presentando los hechos como si se tratara de una macedonia de frutas, y luego, dado que no obtenían todo el resultado que buscaban, hicieron una generalización para abarcar a todo el socialismo al presentarlo como “sanchismo” para ver si alguien lo abandonaba.

Y como todo ello no ha funcionado, pues han llegado a la conclusión de que hay que hacer algo más para deshacer lo levantado, y de ese modo volver a empezar para continuar, que es la verdadera estrategia de las posiciones conservadoras.

El problema es que el objetivo actual, aunque se presente con el argumento cortoplacista de adelantar unas elecciones, es otro muy diferente. No buscan tanto que vuelva el PP al Gobierno, eso ya lo dan por hecho de la mano de Vox, como que no pueda volver el PSOE ni la izquierda en muchos años. Y para ello no necesitan un programa de gobierno, sino un gobierno que desprograme todas las transformaciones que se han producido gracias a las políticas progresistas. El objetivo es tan claro que ya han creado en sus pactos con Vox las “consejerías de desregulación” en Extremadura y Aragón, para “acabar con las leyes ideológicas”, como si las suyas fueran de inspiración divina y sin ideología alguna.

El debate no está en los impuestos, ni en la sanidad, ni en lo laboral, ni en las infraestructuras, en cada campo habrá iniciativas y políticas muy diferentes al amparo de sus metas volantes, el debate está en lo cultural, en las referencias que nos definen como sociedad y como personas, de ahí su llamada a la guerra cultural. 

Y uno de los problemas que existen, a mi humilde entender, es que desde la izquierda no se está trabajando esa base social que ha llevado a titular en numerosas ocasiones y por diferentes medios progresistas, sobre la “derechización de España”, la “derechización de la juventud”, la “derechización de Andalucía”, como se ha escrito tras las últimas elecciones autonómicas… Y todo esto se presenta como si fuera la consecuencia de unas elecciones o situaciones puntuales, y no la causa que está llevando a ese resultado en cada uno de los escenarios, sean políticos, sociales o identitarios, pues al final todo obedece a la misma situación.

La conclusión es sencilla, si hoy se le preguntara a la gente, ¿qué prefiere, que arreglen la carretera de su pueblo o su ciudad o la “prioridad nacional”?, una mayoría antepondría la “prioridad nacional” a muchas cosas porque esta no es una decisión técnica, sino una idea construida sobre toda la estrategia de guerra cultural que la derecha y ultraderecha lleva años desarrollando con su “refundación del machismo”, es decir, con la recuperación del marco androcéntrico que da sentido a todas las iniciativas desde el punto de vista de la identidad nacional que hemos tenido históricamente, y que es la referencia que debemos mantener de cara al presente y al futuro.

El debate maniqueísta que presentan no es “esta política o la otra”, sino “ser lo que hemos sido con nuestros valores, tradiciones, ideas, creencias… o dejar de serlo”. Y ante esa falsa disyuntiva una gran parte de la sociedad está eligiendo ser sobre lo que somos, como si transformar la sociedad para ganar en justicia social y Derechos Humanos fuera renunciar a ser. 

Esta situación, además de mostrar su estrategia y la ausencia de la izquierda en el debate cultural, demuestra que defienden un modelo de sociedad jerarquizado y clasista que necesita de la desigualdad para seguir manteniendo la pirámide de poder concentrada en la cúspide de los más poderosos y ricos. Por de pronto, ya han dado un paso más en Canarias para prohibir en los colegios “charlas con ideología no neutral”, y lo justifican tanto para temas de ultraderecha como de izquierda, porque esa es la trampa, presentarlo todo como “neutral” cuando la política de la que parte la medida no es neutral, es de derechas, y cuando de lo que se habla en la sociedad y en otros gobiernos autonómicos es de “desregularizar las leyes ideológicas de izquierdas”, aquí sí las identifican claramente y ponen el ejemplo de las leyes contra la violencia de género.

Y esto no ha hecho nada más que empezar tras años de trabajo para hacer una sociedad de “influenciables” que responda a los mensajes lanzados desde las instituciones, las tertulias monocolor en programas televisivos de entretenimiento, los medios en general y las redes sociales. 

Todo está perfectamente articulado para que el que pueda deshacer, deshaga, y que la gente crea que en verdad se está construyendo algo.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género

Hace, como mínimo, unas dos décadas que el Gobierno gallego se mostró por primera vez favorable a reclamar al Estado el traspaso de las competencias sobre la autopista AP-9. Fue a finales de 2005, cuando, apenas tres meses después de llegar al cargo, el presidente Emilio Pérez Touriño expresó el “deseo” de lograr esa transferencia tras analizar un informe con las prioridades del nuevo Gobierno de PSdeG y BNG en materia de autogobierno.

21 años después de aquel desiderátum, el Congreso de los Diputados acaba de aprobar el dictamen de una ley orgánica para conceder a la Xunta la “titularidad y competencias” de la autopista del Atlántico. Lo hizo con los votos a favor de los grupos que la redactaron, PSOE, BNG y Sumar, y también con el “sí” de todos los demás salvo dos, PP y Vox. Tan cierto es que este paso es un indudable avance como que a la ley, que nunca había llegado tan lejos, aún le resta un amplio camino por recorrer. Y, sobre todo, que llega tras innumerables bloqueos y obstáculos, atribuibles a más de una fuerza política, en un proceso que formalmente se lanzó tres veces y políticamente, muchas más.

En aquella legislatura con socialistas y nacionalistas en el Ejecutivo gallego, quien entonces era nuevo líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ser partidario de la transferencia e incluso la incluyó en el programa electoral con el que ganó las elecciones de 2009. Encontró reticencias en el Gobierno de España, el del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, con el que en 2010 anunció el inicio de negociaciones al respecto, sin mayor resultado.

En 2012, el PPdeG de Feijóo logra su segunda mayoría absoluta consecutiva y lo hace con un programa electoral en el que apuesta por una “reformulación” de la gestión de la AP-9 sin prometer abiertamente el traspaso. A lo largo de la legislatura gallega, no obstante, los populares gallegos darán apoyo político a una reclamación que el Gobierno de España, ya en manos del PP de Mariano Rajoy, rechaza por considerarla ilegal, en palabras de la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor.

Fue en este punto cuando llegó el primer intento de lograr el traspaso por la vía que ahora avanza: la de una proposición de ley aprobada por el Parlamento de Galicia para su debate en el Congreso. Sucedió en octubre de 2015, cuando, en un giro que causó sorpresa en el legislativo gallego, el PP decidió votar “sí” a la proposición de ley formulada por el BNG. Pero al llegar al Congreso, la petición unánime gallega se topó dos veces con el veto del Gobierno de España aún en manos del PP.

En octubre de 2016, aun estando en funciones tras no lograr mayoría para una segunda investidura, el gabinete de Rajoy hizo uso de la prerrogativa gubernamental de frenar leyes en el Congreso para, con una interpretación forzada del artículo 134.6 de la Constitución, impedir que la propuesta gallega llegase siquiera a debatirse. En mayo de 2017 el Parlamento volvió a pedir el traspaso por unanimidad y en junio del mismo año el Gobierno de Rajoy volvió a vetarlo con un informe jurídico más elaborado, pero con el mismo resultado. Por el camino, también habían frenado una iniciativa de En Marea en el Congreso en el mismo sentido.

Estos tres bloqueos formales, basados en cálculos económicos erróneos o falsos, finalizaron en 2018. Poco después de la moción de censura que desalojó a Rajoy, el Ejecutivo del PSOE de Pedro Sánchez cumplió la promesa de levantar el veto a la primera de las peticiones gallegas, la de 2015, y en el propio 2018 una amplia mayoría absoluta permitió el inicio de una tramitación que quedó interrumpida por el adelanto de las elecciones generales a abril de 2019.

Tras el paso por las urnas, el Parlamento reiteró la petición unánime y, en 2021, el Congreso aprobó de nuevo el inicio del trámite. Y fue aquí donde llegaron los bloqueos de otro signo. La Mesa del Congreso, donde los socios del gobierno PSOE-Unidas Podemos tenían mayoría junto con otras fuerzas, aprobaron sucesivas ampliaciones de los plazos para presentar enmiendas para dilatar un proceso que acabó caducando por otro adelanto, el de las generales de 2023, después de que las adiciones del Grupo Socialista al texto original desnaturalizasen en gran medida su contenido.

Fue así como se llegó a la ley que ahora, por fin, avanza. En junio de 2024 el Congreso inició por tercera vez el trámite con el único “no” de Vox, pero acto seguido volvió la demora por la vía de las prórrogas de los plazos para enmendar, aprobada sistemáticamente por la Mesa de la Cámara Baja, con mayoría gubernamental. Cuando finalizó esa dilación, el PSOE volvió a presentar enmiendas para acotar el traspaso a que la Xunta pudiese proponer mejoras en la gestión de la autopista. Ese escenario de traspaso recortado quedó superado esta semana: el pacto de los socialistas con el Bloque y Sumar da el visto bueno esencial a la transferencia y deja las condiciones concretas para un momento posterior, el de la concreción del traspaso en la Comisión Mixta de Transferencias Xunta-Estado.

En el primer test en forma de votación deja dos posibles lecturas. Una, la posibilidad de una mayoría absoluta en el pleno del Congreso —imprescindible en una ley orgánica— pese al “no” de Vox y también de un PP que dice oponerse porque el texto deja fuera parte de lo incluido en la ley aprobada en Galicia. Tanto el BNG como el PSdeG exigen al PPdeG explicaciones por su “no”. Otra, que este avance no sea más que el pórtico de un cuarto bloqueo.

Cualquiera de las dos lecturas va acompañada de una inevitable derivada: el modo en que el gobierno que finalmente acabe siendo responsable cotidiano de la AP-9, el español o el gallego, aborde la gran cuestión relativa a esta infraestructura. Se trata del futuro de su explotación mediante concesión privada a Audasa, prorrogada sin concurso hasta 2048 por el Gobierno de Aznar en lo que la Comisión Europea considera una ilegalidad en un procedimiento que sigue abierto mientras continúan subiendo las tarifas de unos peajes que, en los últimos años y a partir de acuerdos PSOE-BNG, el Gobierno de España viene paliando con planes de descuentos para los que comprometió más de 2.000 millones de euros.