Todo empezó con una posición antidemocrática: la idea de que este gobierno es ilegítimo porque no gobierna la fuerza más votada. No se trata de un desconocimiento del funcionamiento del sistema parlamentario español, en el que la ciudadanía vota al poder legislativo y gobierna quien logra reunir una mayoría suficiente en el Congreso. Lo que había detrás era el resentimiento de una oligarquía que ya se veía vencedora.

En el fondo, la cuestión es siempre la misma: la existencia de poderes, dentro y fuera del Estado, que pretenden coaccionar al legislativo, el único poder elegido directamente por la ciudadanía. Las elecciones se celebraron en julio de 2023 y, ya en otoño de ese mismo año, José María Aznar dio el toque de corneta con su célebre llamamiento: «Quien pueda hacer, que haga».

La corrupción, para quienes —en la estela de Donoso Cortés— consideran que la aristocracia es un elemento de libertad y la democracia un elemento de tiranía, nunca ha sido un problema especialmente preocupante. Las grandes fortunas y muchas de las familias que las poseen hunden sus raíces históricas en formas de apropiación y expropiación vinculadas a la corrupción por sistema.

Se actúa de una u otra forma dependiendo de a quién afecte. El caso Aldama resulta paradigmático. Mientras que José Luis Peñas, el concejal del PP que contribuyó decisivamente a destapar la trama Gürtel, sufrió, junto a su familia, un auténtico calvario, Víctor de Aldama, tras reconocer delitos cuando fue descubierto, ha sido elevado a la condición de referente moral por buena parte de la derecha mediática en su supuesta cruzada contra la corrupción.

Imaginemos por un momento que familiares directos del presidente del Gobierno se hubieran enriquecido mediante negocios vinculados a la pandemia, del mismo modo que se ha normalizado que ocurra en el caso de Ayuso. Resulta fácil imaginar cuál sería la magnitud del escándalo.

Las razones que explican el clima de olla a presión que vivimos no pueden entenderse únicamente a partir de los casos de corrupción. Aunque estos existan y sean graves, el problema de fondo es todavía más peligroso. La idea sería la siguiente: hasta hace poco, el PSOE era funcional al régimen del 78; de hecho, constituía uno de sus pilares fundamentales. Sin embargo, cuando da muestras de querer emanciparse parcialmente de los límites establecidos, comienzan las advertencias. Y eso, desde determinados centros de poder, no se tolera. Al PNV ya le han mostrado la primera cabeza de caballo.

Sin embargo, lo verdaderamente preocupante no son los episodios concretos de corrupción, por escandalosos que sean, sino la existencia de relaciones de poder capaces de ocultar o exhibir la corrupción según convenga a determinados intereses. Lo que quiero destacar es que hay algo todavía más grave que la corrupción de las tramas organizadas: el poder para decidir qué corrupción se persigue, cuál se silencia y cuándo se hace cada cosa en función de la obediencia política al poder oligárquico. Esa arbitrariedad es la que convierte la corrupción en democracia en una corrupción de la democracia.

Esto no pretende relativizar ni minimizar la gravedad de los casos que afectan al PSOE. Lo que busca es situarlos en un contexto más amplio, en el que la consideración de quién es corrupto y quién no parece depender menos de los hechos que de los intereses. Cuando eso ocurre, la corrupción deja de ser un fenómeno coyuntural para convertirse en un mecanismo estructural de disciplinamiento político.

Quizá todo este contexto de corrupción estructural ayude a explicar por qué el PSOE, incluso en una coyuntura tan delicada como la actual, no quiere pasar a la ofensiva e impulsar una agenda profunda de reformas democráticas. Actuar cuando aparece la corrupción es necesario —qué menos—, pero resulta insuficiente. Eso significa actuar sobre los efectos y no sobre las causas.

La peor consecuencia de la corrupción no es económica. El daño fundamental es político: la subordinación de la cosa pública a intereses privados. La corrupción es un disolvente de la democracia y, al contrario, reforzar la democracia —a saber, reforzar la igualdad y blindar la cosa pública frente a los agentes privados— significa llevar a cabo medidas extraordinarias que cuestionan a poderes de dentro y de fuera del Estado. Y eso ya significa alterar sustancialmente la manera de funcionar y organizar el poder en España. Y hasta ahí podíamos llegar en la lucha contra la corrupción.

Aznar lanzó su llamamiento contra el Gobierno en 2023. En junio de 2026, el destinatario de sus advertencias ya no parece ser únicamente el presidente, ni siquiera el Ejecutivo. El mensaje se dirige directamente a la sociedad española: si no ganan quienes deben ganar, la convivencia está en riesgo. Quedarse quietos no va a frenar su voracidad. Quien quiera entender, que entienda.

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Jorge Moruno es sociólogo por la UCM, diputado de Más Madrid y portavoz de Vivienda.

La foto de las joyas encontradas en el registro del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero ha copado portadas de periódicos y se ha visualizado durante horas en los debates televisivos. El expresidente está reuniendo toda la documentación sobre las mismas mientras el juez José Luis Calama ha abierto una pieza separada por estas alhajas, tasadas en 1,3 millones de euros.

Asimismo, esa polémica ha reavivado el debate sobre los regalos que pueden recibir los políticos y ha sacado a la luz el tema de los presentes que vienen especialmente de las monarquías árabes, como ha puesto encima de la mesa el exministro socialista Miguel Sebastián, que ha narrado cómo fue obsequiado en Arabia Saudí con unas joyas, que él mandó colocar en una vitrina en el departamento.

¿Y los otros expresidentes del Gobierno? ¿Recibieron algún tipo de joya durante su etapa al frente del Palacio de la Moncloa? ¿Qué hicieron con esos regalos? infoLibre ha contactado con el entorno de Felipe González, de José María Aznar y de Mariano Rajoy para recabar sus respuestas. 

Solo Mariano Rajoy, a través de fuentes de su máxima confianza, contesta de manera clara. Su entorno asegura que “no recibió ninguna joya” y que “todos los regalos de cierto valor que recibió en su mandato quedaron registrados y depositados en la Presidencia del Gobierno”.

Desde la oficina del expresidente Felipe González, ante la pregunta de si el expresidente socialista recibió joyas durante su mandato, se limitan a contestar: “El presidente González no tiene previsto por el momento hacer intervenciones en medios”. Ante la repregunta, tanto por correo como por vía telefónica, si podían concretar si recibió joyas o no, no hubo contestación.

En un acto este martes, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el expresidente González abordó el tema de las joyas de Rodríguez Zapatero, a petición de la moderadora. El ex jefe del Ejecutivo señaló que durante su mandato no había legislación respecto a los regalos, pero que hizo una lista con los grandes regalos en su Gobierno y se colocaron en galerías junto al Consejo de Ministros, con objetos como sables con perlas. Indicó que sus ministros también dejaron los obsequios en sus departamentos.

González reveló situaciones como que Helmut Kohl, a través de Mercedes, quiso regalarle un vehículo todoterreno para usarlo en Doñana, pero que él le pidió que fuera cedido al propio parque. También puso de ejemplo cómo el rey Juan Carlos no quiso rechazar el palacio de la Mareta en Lanzarote, un regalo del rey de Jordania, pero que pasó a ser del Estado.

El expresidente González señaló que Rodríguez Zapatero debería devolver las joyas y dar todas las explicaciones sobre su origen y legalidad.

¿Y José María Aznar recibió joyas? Desde Faes, tras insistentes preguntas de infoLibre, responden: “El presidente se atuvo, desde la Presidencia del Gobierno, a la legalidad y el decoro personal en todas sus relaciones personales e institucionales”. A la petición de si podían concretar si le hicieron entrega de alguna joya, esta fundación reitera: “Es un asunto que no afecta a José María Aznar que siempre se ha atenido a los criterios más exigentes de integridad y decoro personal”.

Ante una nueva pregunta de si podían concretar si recibió joyas sí o no, Faes no ha respondido a este medio.

Hasta la llegada al Gobierno precisamente de Rodríguez Zapatero, no había ninguna norma que regulara el tema de los regalos. En febrero de 2005, el Consejo de Ministros aprobó el Código del Buen Gobierno, que fijaba: “Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal”.

“En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado, en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente”, añadía el código.

Este texto además sirvió de inspiración para la Ley de Transparencia, aprobada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Entre los principios de conducta para los miembros del Ejecutivo, los secretarios de Estado y los altos cargos, se incluye: “No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente”.

Estos dos textos no fijan una cantidad exacta que bareme la aceptación de los obsequios y lo fía al criterio de los políticos respecto a los “usos habituales, sociales y de cortesía”. En cambio, sí hay otras instituciones, como las Cortes Generales, que fijan topes monetarios. En el caso del Parlamento, el límite está en los regalos de hasta 150 euros. El reglamento indica que los diputados y senadores se “se abstendrán de aceptar, en beneficio propio o de su entorno familiar, obsequios o regalos de valor, favores, servicios, invitaciones o viajes que les sean ofrecidos por razón de su cargo o que puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta”.

¿Debe dimitir el presidente del Gobierno? La historia nos enseña que aquí no dimite casi nadie, como muestra este conciso y contrastable relato. ¿Por qué apoyar una dimisión sin saber cómo funcionará la alternativa? O tal vez sí, pues ya hay situaciones y hechos palpables en algunas comunidades autónomas. 

Suárez dimitió, pues los sables y otros poderes, la España negra, se le echaron encima y forzaron su salida; eran los inicios de la democracia, los conocidos como poderes fácticos no iban a ponerlo fácil, ni entonces ni ahora. Las cloacas huelen mal. Le sustituyó Calvo Sotelo, quien dimitió, convocó elecciones y perdió; lo cesó el pueblo. El país seguía en una situación relativamente caótica. Ni Suárez ni Calvo Sotelo se atrevieron a limpiar el alcantarillado para eliminar los olores de la dictadura y el entorno. Un dicho popular nos advierte que cuando la justicia escasea, tener razón es peligroso.

Llegó González, una brisa fresca, pero no era la fragancia GAL. Sí aparecieron los GAL, organización parapolicial, y también el espionaje del CESID; dimitieron altos cargos, González no dimitió; también lo echó el pueblo. Ya antes, en 1996, los de CIU, los padres de Junts, apuntaban maneras y le zancadillearon. En el 2000 perdió frente al PP; su acre fragancia aún perdura.

Le sucedió Aznar. Tuvo un mandato complicado, marcado por asuntos como el Prestige, el Yak-42, el 11M y las peregrinas explicaciones de aquel terrible crimen y, finalmente, los aires guerreros de Irak. Lo cesó el pueblo mediante las urnas; la cosa no olía bien. 

Zapatero llegó en 2004, con una crisis en puertas y el coletazo final del terrorismo de ETA. Los progresos sociales no taparon la fragancia de los ERE, ni la crisis de 2008. El mandato le pasó por encima y dimitió. Le sustituyó Rubalcaba, quien perdió las elecciones el 20 de noviembre de 2011 frente a Rajoy. El mandato popular cesó a los socialistas.

Rajoy tuvo unas legislaturas jalonadas por el caso Gürtel, caso Bárcenas, el uso de fondos reservados y la implicación del Estado, Ministerio del Interior, en las llamadas cloacas; hasta ese momento solo en el caso GAL se había utilizado a instituciones del Estado.

En 2018, una moción de censura legítima le echó del Gobierno, le apeó Sánchez, quien gobernó hasta 2020. Llamó a las urnas en 2020 y 2023, gobernando en ambas legislaturas en coalición con otras fuerzas; no soportaba el olor de algún socio. Su mandato finalizaría en 2027.

Conclusión: ningún mandatario dimite motu proprio; al gobernante de turno lo cesa el pueblo o la moción de censura, cuando los aires de poder lo descomponen. Ante el fin del bipartidismo se avecinan nuevas fórmulas coalicionistas cuya mezcla produce olores insoportables que obligarían a llevar máscara.

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Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

Como persona progresista, no me preocupa que la FAES critique al Gobierno. En una democracia sana, todas las ideas tienen derecho a expresarse y a confrontarse. Lo que me resulta difícil de aceptar es que quienes llevan años presentándose como guardianes de la democracia, la honestidad y la buena gestión política parezcan haber olvidado una parte importante de su propia historia.

Escucho con frecuencia a José María Aznar y a su fundación alertar sobre el supuesto hundimiento institucional de España, sobre la degradación moral de la política y sobre los riesgos que, según ellos, amenazan nuestra democracia. Sin embargo, cuando miro hacia atrás, veo a un expresidente que apoyó una guerra profundamente injusta y rechazada por la inmensa mayoría de los españoles. La invasión de Irak de 2003 se justificó por la existencia de armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Millones de ciudadanos salimos a la calle para decir que aquella guerra era un error, pero el Gobierno prefirió escuchar a Washington antes que a su propio pueblo.

También recuerdo la conmoción de los atentados del 11 de marzo de 2004. Recuerdo la sensación de desconcierto y la creciente desconfianza cuando el Gobierno seguía insistiendo en la autoría de ETA mientras las investigaciones apuntaban cada vez con más fuerza hacia el terrorismo yihadista. Aquellos días dejaron una huella profunda en nuestra democracia y en la confianza que los ciudadanos depositamos en nuestras instituciones.

Tampoco puedo ignorar que muchos de los nombres más importantes del entorno político de Aznar terminaron vinculados a algunos de los mayores escándalos de corrupción de nuestra historia reciente. No hablo de casos aislados ni de errores individuales. Hablo de una sucesión de episodios que afectaron a dirigentes de primer nivel y que pusieron en cuestión la cultura política de toda una etapa.

Como progresista, tampoco comparto el modelo económico que FAES lleva décadas defendiendo. Creo en una sociedad donde la sanidad, la educación, las pensiones y la protección social no sean consideradas un gasto, sino una inversión colectiva. Creo que el mercado es una herramienta útil, pero no una religión. Cuando escucho hablar de privatizaciones, desregulación o reducción del Estado, pienso en las dificultades de miles de familias para acceder a una vivienda, en la precariedad de muchos trabajadores y en unos jóvenes que, a pesar de estar mejor formados que nunca, tienen más incertidumbres que las generaciones anteriores.

Por eso me llama la atención que desde determinados sectores se repartan constantemente certificados de patriotismo, honestidad o responsabilidad. El patriotismo que yo reivindico consiste en fortalecer los servicios públicos, proteger a los más vulnerables y construir una sociedad más justa. No en utilizar la memoria de forma selectiva para recordar únicamente los errores de los adversarios mientras se silencian los propios.

No creo que la izquierda sea infalible. Ha cometido errores y seguirá cometiéndolos. Pero tampoco acepto que quienes apoyaron Irak, gestionaron de forma tan controvertida el 11M y convivieron con algunos de los mayores escándalos de corrupción de nuestra democracia pretendan presentarse hoy como referentes morales indiscutibles.

La democracia necesita crítica, autocrítica y memoria. Las tres cosas. Porque cuando sólo se critica al adversario y nunca se examinan los propios errores, la defensa de los principios acaba pareciéndose demasiado a la defensa de unos intereses.

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Carlos Brage es socio de infoLibre.

A mediados del año 2012, el juez Javier Gómez Bermúdez tomó posesión del Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional.

Una de las decisiones que adoptó nada más acceder a su puesto fue la de cerrar todas las investigaciones sobre terrorismo que desarrollaban en ese Juzgado los diferentes cuerpos policiales. El motivo que esgrimió fue que las argumentaciones utilizadas no tenían inicio en unos “hechos contrastados”, los cuales, tras ser debidamente sometidos a investigación, encontrarían encaje en la descripción de ese tipo delictivo, sustantivándolo.

Ejemplo para entender ese razonamiento sería el siguiente: hallazgo de un cadáver con heridas de arma blanca. Este sería el “hecho contrastado” que da origen a la investigación a través de la cual se obtendrán los efectos, instrumentos e indicios que convertirán el hecho investigado en un presunto homicidio, asesinato o suicidio, e identificará a su autor si lo hubiere.

Como se puede apreciar, por aquel entonces, antes del “el que pueda hacer, que haga”, los jueces dirigían las investigaciones y la policía seguía sus instrucciones.

En la actualidad observamos como en los casos de Begoña Gómez, el hermano de Pedro Sánchez, el ex Fiscal General del Estado, el caso Plus Ultra, o el caso Leire Diez, las investigaciones se inician con la descripción de múltiples supuestos delitos y se continúan con la apertura de líneas de investigación que tienen como objeto localizar “hechos” que pudieran encajar con las descripciones de los tipos delictivos.

Paradigmático fue el caso del ex Fiscal General, en el que los “hechos” fueron mutando hasta la sentencia. Hasta leer la sentencia, no supo qué “hechos” supuestamente delictivos se le atribuían.

Aberrante parece el caso en el que se investiga a Zapatero, “jefe de una organización criminal”. Es sabido que para ser jefe hay que dirigir, ordenar, supervisar, etc. Pues bien, leyendo el auto de imputación no se tiene constancia de ninguna orden ni actividad de dirección. En el auto sí se identifica el delito, y una vez atribuido éste, ahora se buscan los hechos que pudieran encajar en ese tipo delictivo.

Todo parece indicar que es la policía quien establece dicho delito a investigar, y que el juez se limita a dar apariencia jurídica, a través de sus escritos, de que es él quien dirige las investigaciones.

Esta cuestión se objetiviza con el hecho, insólito e inaudito, de que el juez solicite a una organización policial extranjera autorización para utilizar como prueba el clonado de un teléfono móvil.

En los Estados de derecho, los jueces solicitan cooperación a otros jueces, y a la policía les trasmiten órdenes.

Desde “el que pueda hacer que haga”, España parece que va mutando de Estado de derecho a Estado policial. 

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), concebida como el sustento ideológico de la derecha, ha convertido los escándalos que afectan al entorno del PSOE en uno de los ejes centrales de su producción editorial. El think thank presidido por el expresidente José María Aznar publica de manera asidua análisis en los que se muestra muy duro con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Con publicaciones como Sin chófer ni secretaria, que data de febrero de 2024, Emergencia democrática, emergencia nacional, de junio del pasado año, o Queda lo peor, un texto de hace solo cinco días, mantiene una ofensiva total con graves acusaciones que vierte sobre el Gobierno. “La indecencia se ha instalado en el núcleo del Gobierno y del partido que lo sustenta”, resume uno de ellos.

Sin embargo, la fundación no ha abordado el caso que afecta a Zapatero pese a que estalló hace ya un mes tras la imputación del expresidente por un presunto tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal. Tampoco ha escrito ningún análisis previo a la declaración del socialista este miércoles. E, incluso, el propio Aznar esquivó la cuestión cuando fue interrogado el mismo día en que se conoció la imputación. “No tengo nada más que decir sobre este asunto”, llegó a afirmar. "La justicia en España es independiente y los jueces son independientes”, se limitó a añadir.

La tesis que ha mantenido FAES en los últimos años es que la corrupción forma parte del ecosistema político que sostiene al actual Ejecutivo. Y su dureza no se ha limitado a la denuncia de presuntas irregularidades. La organización presidida por Aznar habla de "mordidas, pucherazos, extorsiones y chantajes" y llega a describir al “núcleo sanchista" como "la banda del Peugeot". También hay referencias a "capos", "consiglieris", "fontaneros", "omertá", "famiglia" y "mordidas". También sostiene que Sánchez "entiende el poder como botín" y que Ábalos, Koldo, Jessica Rodríguez —expareja del entonces ministro de Transportes— y Leire Díez son consecuencia de una "concepción puramente patrimonial del poder", pese a que todavía no hay sentencia que lo respalde.

FAES también acusa al Gobierno de haber actuado como encubridor político "cuando menos" de la corrupción, y en "el delito como entorno", donde afirma que la coalición de Sánchez "se gestó y se sostiene" gracias a su "familiaridad" con la delincuencia. Y ya con Leire Díez como referencia tras la investigación liderada por el juez Pedraz, se habla de un "carrusel estercolario", un "rastro de porquería" y se lanza la pregunta de si queda alguna institución "por pringar".

FAES no es un observador neutral, aunque nunca ha pretendido serlo. Nació como laboratorio de ideas de la derecha española y sigue funcionando como uno de los principales centros de producción ideológica vinculados al universo político del PP. Precisamente por eso resulta relevante analizar no sólo aquello sobre lo que habla, sino también aquello que decide no comentar, como es el caso de Zapatero, Plus Ultra y las joyas valoradas en 1,3 millones de euros que han provocado que el juez Calama abra una pieza separada.

Y no se trata de una cuestión de afinidad o de respeto por el expresidente español. La fundación ha construido durante años buena parte de su identidad política en oposición a José Luis Rodríguez Zapatero. Durante la etapa posterior a 2004, Aznar y FAES convirtieron al expresidente socialista en uno de sus principales adversarios políticos e intelectuales, al que culpan de que el PP perdiera las elecciones tras los atentados terroristas. La crítica a Zapatero fue constante en cuestiones como el modelo territorial, la negociación con ETA, la política económica o la memoria histórica. Es más, en una publicación de 2023, bajo el título de El sembrador y su cosecha, FAES responsabiliza a Zapatero de propiciar un “pasteleo con ETA” de la mano del socialista Jesús Eguiguren.

Y, aunque FAES exige máximos estándares de transparencia y ejemplaridad cuando analiza los casos que afectan al Gobierno de Sánchez, su presidente apenas cuenta con controles efectivos. Desde su salida de la política institucional, ha ejercido como actor privado, lobbysta, conferenciante y consejero internacional. Una clave que podría explicar el silencio de su fundación y al que en el PP nacional no le dan mayor importancia. “No es nuestro trabajo comentar lo que dice o deja de decir FAES”, responden fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo a infoLibre. La acusación del PP no ha pedido prisión provisional para el expresidente tras su declaración de este martes.

Con todo, la posición del think thank resulta especialmente llamativa porque Aznar ha construido en los últimos años una posición singular en la política española. Ya no es un dirigente sometido al control parlamentario ni un responsable institucional y en el PP acuden a él de manera asidua tanto en mítines como en grandes celebraciones. Es un expresidente que ejerce influencia desde una fundación privada, interviene periódicamente en el debate público y mantiene una red de relaciones nacionales e internacionales forjada durante décadas. Y los conservadores no niegan que sea su “referente moral”, como definen la importancia de Zapatero con el PSOE y la izquierda.

El expresidente del Gobierno, además de presidir FAES, ha pasado por Georgetown University y ha ocupado puestos en grandes corporaciones y firmas internacionales. News Corp, el grupo de Rupert Murdoch, lo presenta como consejero independiente desde 2013 y recoge en su documentación oficial una remuneración de 341.565 dólares en el ejercicio fiscal de 2025. Antes, ya había entrado en la órbita del grupo Murdoch en 2006. También fue contratado por Endesa como asesor externo para Iberoamérica, con una retribución publicada en torno a 200.000 euros anuales, y fichó en 2013 por DLA Piper como asesor senior para Latinoamérica.

La nómina de actividades privadas es más amplia: asesorías, fundaciones, foros internacionales, libros y conferencias. Pero la transparencia sobre esa actividad es limitada. No existe un registro público, completo y homogéneo que permita conocer con detalle cuánto ha ingresado Aznar desde 2004, quién le ha pagado, por qué servicios y con qué posibles conflictos de interés. Lo que aparece son datos de remuneraciones parciales en documentos societarios, noticias sobre contratos concretos o episodios como el de Famaztella, la sociedad familiar a través de la cual canalizó ingresos por libros y conferencias y por la que Hacienda le exigió una declaración complementaria y una sanción por los ejercicios 2011 y 2012.

La visita del Papa León XIV ha sido un reseteo político y un punto clarificador de dónde estamos en la historia de nuestro país y hacia dónde nos dirigimos. Lo contaba esta semana The Washington Post a cuenta de la primera vez que un papa habla en la Corte de los Leones. He aquí un punto de inflexión histórico, una ruptura definitiva en el tiempo, entre el país nacional-católico que fuimos y la España transversal, plural y periférica que somos.

Prevost es un aliado de la democracia liberal que afirma ante diputados y senadores el enorme legado institucional que nuestra historia política y jurídica ha entregado al proceso civilizatorio occidental: la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria, el derecho de gentes. Prevost no ha venido a exigir sino a reconocer. La nueva diplomacia española del ministro Albares ha cerrado ese círculo que comenzó hace cuatro siglos con la defensa del derecho internacional, las reglas del mundo y la dignidad humana. Todo en orden.

Conviene destacar dos momentos previos al discurso de León XIV que confirman el punto en el que nos encontramos. El primero tuvo lugar la semana pasada en la Fundación Pablo VI, donde Carme Artigas, Antonio Garamendi, Luís Argüello y Unai Sordo mantuvieron un coloquio sobre la IA y verificamos que la izquierda tiene un líder que trasciende al sindicalismo y puede guiar su rumbo: la Vía Unai. El otro momento fueron en realidad dos, en el Cercle d'Economia, en Barcelona, donde comprobamos que Feijóo no quiere ser derecha plural y Sánchez se presentó como Pedro, abrazado a unos presupuestos sociales, la amnistía total y la plurinacionalidad. 

Hay mil maneras de decir "Feijóo no nos vale". Josep Oliu, el presidente del Sabadell, lo ha dicho: "Vale, eres un martillo despertador. ¿Y ahora qué vas a hacer?". Sin moción de censura, después qué. A la burguesía catalana ya sólo le basta con esperar a que venga otra mejor y continúe Sánchez, con todo el mundo amnistiado, cada uno en su casa y dios en la de todos. Mientras tanto, el último informe de Goldman Sachs asegura que en España se está creando empleo de calidad, la productividad mejora y la economía presenta ciertos factores que la dotan de una sorprendente resistencia estructural. O sea, todo en orden. 

La libertad de un político se mide por su capacidad de moldear el tiempo político. Ni los autos, ni las sentencias ni el asedio judicial anticiparán unos comicios. Habrá elecciones el 18 de julio de 2027. Lo decimos como una provocación, porque con esa fecha se cierra un círculo narrativo que conecta con nuestro pasado más atávico, porque dota de sentido a esta historia trágica, siniestra y, a la vez, esperanzadora de los pueblos de España, porque golpea el corazón de los votantes, y también porque sí, desde la lógica de quien tiene el poder para convocar elecciones cuando le dé la gana. Como ha defendido Pedro, se cumplirá la legislatura. O sea, todo en orden.

La presentación de presupuestos anunciada por Sánchez en el Cercle d'Economia toma el testigo de los 13 puntos de Negrín, el programa político propuesto por el presidente del Gobierno de la Segunda República el 30 de abril de 1938. Su objetivo principal era lograr un acuerdo de paz y consolidar los cimientos de la España de posguerra. Aquel programa reconocía, entre otros aspectos, una amnistía total, la salida de las tropas extranjeras, una defensa férrea de los derechos de los trabajadores, el fomento de la paz y el derecho internacional. Su centralismo dividió a vascos y catalanes, que lo rechazaron. Franco ni se inmutó. Casi 80 años después, Sánchez ofrece unos presupuestos sociales y plurinacionales firmados por Arcadi España que serán un programa de fin de legislatura a los que ni PNV ni Junts podrán decir que no, y lo hace cuando Aznar convoca a sus votantes a unas elecciones constituyentes que serán el día del juicio final, el Armagedón (recuerden, el 18 de julio de 2027). Desde el sábado sabemos que el presidente del Gobierno está otro nivel: es un político libre. Un hombre libre puede ir al Primavera Sound y un hombre encadenado no puede dejar de ir a misa. Esa es la diferencia. O sea, todo en orden.

Muchas cosas sucedieron la semana pasada desde el Madrid D.F. Entre ellas, la visita del lunes de Isabel Diaz Ayuso al Vaticano y también al condotiero Urbano Cairo, director de Il Corriere de la Sera, propiedad del mismo grupo al que pertenece Unidad Editorial, o sea, Manso. El condotiero ungió a la futura candidata del PP con una entrevista en la que celebraba su destino como presidenta de la España unitaria. La moción de censura, hemos dicho aquí, no ha sido otra cosa que un caballo de Troya a las puertas de Génova 13. Bastaba con mencionarla para que la yegua ya hubiera cruzado las murallas del PP. En sus tripas se ha alimentado la salida acelerada de Feijóo, que sufre los pullazos del tercio de varas. Lo que no pudimos imaginar hace una semana, en cambio, fue la sanción de Ayuso como líder del PP desde Roma y no desde Faes o desde El Mundo. En Italia se decide quién manda en la derecha española y, como a Aznar, como a la mayoría de los barones del PP y como también a la mayoría del empresariado catalán, el “martillo despertador” no les vale. Feijóo está políticamente muerto. Que venga la otra, pues, a la que ya comparan en Roma con Giorgia Meloni. O sea, todo en orden. 

Conviene a los que así lo pretenden que espabilen porque en breve el presidente del Gobierno volverá a mudar de piel. Es imprescindible si quiere volver a gobernar, de modo que es muy probable que haya otra remodelación de Gobierno y se presente ante el Comité Federal del 27 de junio como un nuevo dirigente de la izquierda. Ya lo indicamos durante los cinco días de abril: el objetivo de Aznar no es otro que llevar a Sánchez a la cárcel. El que pueda hacer, que haga. Y llegados a este punto, conviene dejar claro este asunto entre los plurinacionales, congregados ante el pontífice este lunes: el teniente coronel Balas puede entrar en las oficinas de la Dirección General de la Guardia Civil pero no puede llegar al Congreso de los Diputados. Que tomen nota: o se está con Balas o se está con el BOE. Y una comentario final: la imputación de Pedro movilizará el voto de un millón de indecisos en el día del juicio final. No puede dimitir, no debe y tampoco lo hará. O sea, todo en orden. 

Hoy soñé que estaba escribiendo en un Starbucks y escuché: ¡Émile Zola! Levanté la cabeza y allí estaba. Vestido como en el retrato de Monet, recogiendo en la barra un Frapuccino, quejándose al camarero por el precio y tratando de pagar en francos.

Me levanté y pagué su cuenta. Me dio las gracias, le dije que no había de qué y volví a mi mesa. Me senté. Lo curioso es que Émile –ya tenemos confianza– me había seguido y se sentó frente a mí sin pedirme permiso. 

Me aclaró que estaba frente a lo que yo pensaba que estaba: el fantasma de Émile Zola. Continuó explicándome, en un italiano mezclado con francés, que quería hacer una segunda versión del “Yo acuso” pero que no llevaba ni pluma ni papel.

No pude articular ni siquiera una sílaba y él pareció entender que no pudiera hacerlo. Le dio un pequeño sorbo al café, murmuró que no valía lo que costaba y luego me espetó:

–Escribe.

Empezó a dictarme.

Reproduzco aquí íntegramente todo lo que dijo.

"Señor expresidente Aznar:

¿Me permite usted, dentro de mi gratitud por haber sido el artífice del milagro económico español que, como todos sabemos, acabó con la mitad de su gobierno en la cárcel, que le diga de qué le acuso a usted y a otros fascistas? Si me lo permite, seguiré. Si no me lo permite, también.

Yo acuso al juez Peinado de actuar contra Begoña Gómez por motivaciones ideológicas y de sumarse a una estrategia de "guerra jurídica" contra el Gobierno y contra el propio Pedro Sánchez con inculpaciones que carecen de base jurídica.

Yo acuso a la jueza Teresa Palacios de acotar la investigación sobre el caso Kitchen de manera claramente favorable al Partido Popular en una clara defensa de este partido, de impedir las preguntas de la abogada del PSOE y, en ocasiones, de contestar en nombre de la señora De Cospedal.

Yo acuso al juez Ángel Hurtado de dar trato preferente a Mariano Rajoy e interrumpir de manera reiterada las preguntas de las acusaciones referidas a los papeles de Bárcenas.

Yo acuso al juez Martínez Arrieta de condenar sin pruebas al fiscal general del Estado como autor de un delito de revelación de datos reservados.

Yo acuso al juez García Castellón de rechazar imputar a la señora de Cospedal en el caso Kitchen y de archivar la responsabilidad penal del partido como persona jurídica en la pieza de la caja B del caso Púnica.

También de trato de favor a Mariano Rajoy, a quien evitó citar como investigado en el caso Kitchen excluyendo su nombre de autos judiciales clave.

Yo acuso al excomisario Villarejo de ser el cerebro de la llamada "policía patriótica" e instrumentalizar las cloacas del Estado durante el mandato del Partido Popular, ejecutando operaciones ilegales de espionaje, chantaje y fabricación de pruebas falsas para destruir a los adversarios políticos del PP.

Yo acuso a Eduardo Inda y a Álvaro Nieto de publicar noticias falsas con dinero de los españoles y españolas a través de publicidad contratada por administraciones del PP con el propósito de generar denuncias para acusar sin fundamento a cargos del Gobierno o del PSOE o familiares de estos.

Yo acuso a Manos Limpias de ser un "pseudosindicato" de extrema derecha que utiliza de forma fraudulenta la acusación popular para desestabilizar al Gobierno valiéndose de denuncias falsas basadas en bulos mediáticos.

Yo acuso a Hazte Oír de ser una organización radical que utiliza el espacio público y los tribunales para ejercer una difamación sistemática contra el Gobierno y la izquierda en general con el único fin de debilitarlo e interferir ilegalmente en los procesos electorales.

Yo acuso a Mariano Rajoy, M. Rajoy, el Barbas, el Asturiano –o como prefiera que le llamen– de cobrar sobresueldos en B y de ser el cerebro de una trama criminal para encubrir los delitos de la Gürtel que incluyó la creación de una policía paralela y un intento secuestro.

Yo acuso al juez Calama de practicar lawfare y una investigación prospectiva prohibida, imputando delitos desproporcionados al expresidente Zapatero basándose en indicios débiles de terceros para desgastar políticamente a la izquierda.

Yo le acuso a usted, señor expresidente Aznar, de haber puesto en riesgo el Estado español en los 90 para acabar con Felipe González, como reconoció el señor Ansón. 

También de involucrar a España en una guerra ilegal y de haber mentido a los españoles –y seguir mintiéndoles– sobre la autoría de los atentados del 11-M resultado de aquella guerra y de los que usted fue el máximo responsable.

Yo, en definitiva, acuso al Partido Popular, a Vox, a sus medios, a sus jueces, juezas, periodistas, instituciones y empresarios afines de estar dando un golpe de Estado para acabar con un gobierno legítimo salido de las urnas en julio de 2023 a la vista de que por la vía democrática no pueden.

Un golpe que empezó con su consigna “quien pueda hacer que haga” y que ha vuelto a repetir estos días. 

Mi protesta encendida no es más que el grito de mi corazón. Por lo tanto, atrévanse a llevarme a la Corte Penal y a que la investigación se lleve a cabo a plena luz del día.

Estoy esperando."

–¿Ha terminado?– le pregunté.

–Sí– contestó.

–Salen seiscientas noventa y una palabras solo con lo suyo. Y a esa cantidad hay que añadir lo que yo escriba. No creo que me lo publiquen, el máximo son cuatrocientas cincuenta y cinco.

–Pues ya de perdidos, añade que también acuso a Iker Jiménez y a Pablo Motos de ser tan idiotas que seguro que aplauden cuando el microondas llega a 0.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

Cuando terminen de hacer todo lo que hagan las personas mandatadas por José María Aznar, no habrá nada, todo será como un páramo desolado. Porque lo que pide Aznar es que las acciones que realicen destruyan todo lo que puedan de lo hecho sobre el terreno de la sociedad bajo la arquitectura progresista y la dirección de obra de sus políticas.

Por eso, lo que en verdad significan las palabras de Aznar es que “el que pueda deshacer, que deshaga”, para, de ese modo, volver a un mundo en el que la violencia de género sea violencia doméstica, como cuando él era presidente; en el que las personas del mismo sexo no se puedan casar, como cuando él era presidente; en el que cuando EE.UU. quiera ir a una guerra España lo acompañe, como cuando él era presidente… y así con tantas otras cosas que la sociedad ha dejado atrás gracias a la transformación que acompaña a las políticas de izquierdas.

Esta propuesta contra el Gobierno es coherente con todo lo que se ha planteado desde que comenzó la legislatura. Empezaron con la ilegitimidad del Gobierno, pasaron a los ataques personales a la figura del presidente, que lo convirtieron en “perro Sánchez”, después continuaron con los insultos llamándolo “hijo de puta” desde posiciones institucionales como la presidencia de la Comunidad de Madrid, y presentando los hechos como si se tratara de una macedonia de frutas, y luego, dado que no obtenían todo el resultado que buscaban, hicieron una generalización para abarcar a todo el socialismo al presentarlo como “sanchismo” para ver si alguien lo abandonaba.

Y como todo ello no ha funcionado, pues han llegado a la conclusión de que hay que hacer algo más para deshacer lo levantado, y de ese modo volver a empezar para continuar, que es la verdadera estrategia de las posiciones conservadoras.

El problema es que el objetivo actual, aunque se presente con el argumento cortoplacista de adelantar unas elecciones, es otro muy diferente. No buscan tanto que vuelva el PP al Gobierno, eso ya lo dan por hecho de la mano de Vox, como que no pueda volver el PSOE ni la izquierda en muchos años. Y para ello no necesitan un programa de gobierno, sino un gobierno que desprograme todas las transformaciones que se han producido gracias a las políticas progresistas. El objetivo es tan claro que ya han creado en sus pactos con Vox las “consejerías de desregulación” en Extremadura y Aragón, para “acabar con las leyes ideológicas”, como si las suyas fueran de inspiración divina y sin ideología alguna.

El debate no está en los impuestos, ni en la sanidad, ni en lo laboral, ni en las infraestructuras, en cada campo habrá iniciativas y políticas muy diferentes al amparo de sus metas volantes, el debate está en lo cultural, en las referencias que nos definen como sociedad y como personas, de ahí su llamada a la guerra cultural. 

Y uno de los problemas que existen, a mi humilde entender, es que desde la izquierda no se está trabajando esa base social que ha llevado a titular en numerosas ocasiones y por diferentes medios progresistas, sobre la “derechización de España”, la “derechización de la juventud”, la “derechización de Andalucía”, como se ha escrito tras las últimas elecciones autonómicas… Y todo esto se presenta como si fuera la consecuencia de unas elecciones o situaciones puntuales, y no la causa que está llevando a ese resultado en cada uno de los escenarios, sean políticos, sociales o identitarios, pues al final todo obedece a la misma situación.

La conclusión es sencilla, si hoy se le preguntara a la gente, ¿qué prefiere, que arreglen la carretera de su pueblo o su ciudad o la “prioridad nacional”?, una mayoría antepondría la “prioridad nacional” a muchas cosas porque esta no es una decisión técnica, sino una idea construida sobre toda la estrategia de guerra cultural que la derecha y ultraderecha lleva años desarrollando con su “refundación del machismo”, es decir, con la recuperación del marco androcéntrico que da sentido a todas las iniciativas desde el punto de vista de la identidad nacional que hemos tenido históricamente, y que es la referencia que debemos mantener de cara al presente y al futuro.

El debate maniqueísta que presentan no es “esta política o la otra”, sino “ser lo que hemos sido con nuestros valores, tradiciones, ideas, creencias… o dejar de serlo”. Y ante esa falsa disyuntiva una gran parte de la sociedad está eligiendo ser sobre lo que somos, como si transformar la sociedad para ganar en justicia social y Derechos Humanos fuera renunciar a ser. 

Esta situación, además de mostrar su estrategia y la ausencia de la izquierda en el debate cultural, demuestra que defienden un modelo de sociedad jerarquizado y clasista que necesita de la desigualdad para seguir manteniendo la pirámide de poder concentrada en la cúspide de los más poderosos y ricos. Por de pronto, ya han dado un paso más en Canarias para prohibir en los colegios “charlas con ideología no neutral”, y lo justifican tanto para temas de ultraderecha como de izquierda, porque esa es la trampa, presentarlo todo como “neutral” cuando la política de la que parte la medida no es neutral, es de derechas, y cuando de lo que se habla en la sociedad y en otros gobiernos autonómicos es de “desregularizar las leyes ideológicas de izquierdas”, aquí sí las identifican claramente y ponen el ejemplo de las leyes contra la violencia de género.

Y esto no ha hecho nada más que empezar tras años de trabajo para hacer una sociedad de “influenciables” que responda a los mensajes lanzados desde las instituciones, las tertulias monocolor en programas televisivos de entretenimiento, los medios en general y las redes sociales. 

Todo está perfectamente articulado para que el que pueda deshacer, deshaga, y que la gente crea que en verdad se está construyendo algo.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género

Hace, como mínimo, unas dos décadas que el Gobierno gallego se mostró por primera vez favorable a reclamar al Estado el traspaso de las competencias sobre la autopista AP-9. Fue a finales de 2005, cuando, apenas tres meses después de llegar al cargo, el presidente Emilio Pérez Touriño expresó el “deseo” de lograr esa transferencia tras analizar un informe con las prioridades del nuevo Gobierno de PSdeG y BNG en materia de autogobierno.

21 años después de aquel desiderátum, el Congreso de los Diputados acaba de aprobar el dictamen de una ley orgánica para conceder a la Xunta la “titularidad y competencias” de la autopista del Atlántico. Lo hizo con los votos a favor de los grupos que la redactaron, PSOE, BNG y Sumar, y también con el “sí” de todos los demás salvo dos, PP y Vox. Tan cierto es que este paso es un indudable avance como que a la ley, que nunca había llegado tan lejos, aún le resta un amplio camino por recorrer. Y, sobre todo, que llega tras innumerables bloqueos y obstáculos, atribuibles a más de una fuerza política, en un proceso que formalmente se lanzó tres veces y políticamente, muchas más.

En aquella legislatura con socialistas y nacionalistas en el Ejecutivo gallego, quien entonces era nuevo líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ser partidario de la transferencia e incluso la incluyó en el programa electoral con el que ganó las elecciones de 2009. Encontró reticencias en el Gobierno de España, el del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, con el que en 2010 anunció el inicio de negociaciones al respecto, sin mayor resultado.

En 2012, el PPdeG de Feijóo logra su segunda mayoría absoluta consecutiva y lo hace con un programa electoral en el que apuesta por una “reformulación” de la gestión de la AP-9 sin prometer abiertamente el traspaso. A lo largo de la legislatura gallega, no obstante, los populares gallegos darán apoyo político a una reclamación que el Gobierno de España, ya en manos del PP de Mariano Rajoy, rechaza por considerarla ilegal, en palabras de la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor.

Fue en este punto cuando llegó el primer intento de lograr el traspaso por la vía que ahora avanza: la de una proposición de ley aprobada por el Parlamento de Galicia para su debate en el Congreso. Sucedió en octubre de 2015, cuando, en un giro que causó sorpresa en el legislativo gallego, el PP decidió votar “sí” a la proposición de ley formulada por el BNG. Pero al llegar al Congreso, la petición unánime gallega se topó dos veces con el veto del Gobierno de España aún en manos del PP.

En octubre de 2016, aun estando en funciones tras no lograr mayoría para una segunda investidura, el gabinete de Rajoy hizo uso de la prerrogativa gubernamental de frenar leyes en el Congreso para, con una interpretación forzada del artículo 134.6 de la Constitución, impedir que la propuesta gallega llegase siquiera a debatirse. En mayo de 2017 el Parlamento volvió a pedir el traspaso por unanimidad y en junio del mismo año el Gobierno de Rajoy volvió a vetarlo con un informe jurídico más elaborado, pero con el mismo resultado. Por el camino, también habían frenado una iniciativa de En Marea en el Congreso en el mismo sentido.

Estos tres bloqueos formales, basados en cálculos económicos erróneos o falsos, finalizaron en 2018. Poco después de la moción de censura que desalojó a Rajoy, el Ejecutivo del PSOE de Pedro Sánchez cumplió la promesa de levantar el veto a la primera de las peticiones gallegas, la de 2015, y en el propio 2018 una amplia mayoría absoluta permitió el inicio de una tramitación que quedó interrumpida por el adelanto de las elecciones generales a abril de 2019.

Tras el paso por las urnas, el Parlamento reiteró la petición unánime y, en 2021, el Congreso aprobó de nuevo el inicio del trámite. Y fue aquí donde llegaron los bloqueos de otro signo. La Mesa del Congreso, donde los socios del gobierno PSOE-Unidas Podemos tenían mayoría junto con otras fuerzas, aprobaron sucesivas ampliaciones de los plazos para presentar enmiendas para dilatar un proceso que acabó caducando por otro adelanto, el de las generales de 2023, después de que las adiciones del Grupo Socialista al texto original desnaturalizasen en gran medida su contenido.

Fue así como se llegó a la ley que ahora, por fin, avanza. En junio de 2024 el Congreso inició por tercera vez el trámite con el único “no” de Vox, pero acto seguido volvió la demora por la vía de las prórrogas de los plazos para enmendar, aprobada sistemáticamente por la Mesa de la Cámara Baja, con mayoría gubernamental. Cuando finalizó esa dilación, el PSOE volvió a presentar enmiendas para acotar el traspaso a que la Xunta pudiese proponer mejoras en la gestión de la autopista. Ese escenario de traspaso recortado quedó superado esta semana: el pacto de los socialistas con el Bloque y Sumar da el visto bueno esencial a la transferencia y deja las condiciones concretas para un momento posterior, el de la concreción del traspaso en la Comisión Mixta de Transferencias Xunta-Estado.

En el primer test en forma de votación deja dos posibles lecturas. Una, la posibilidad de una mayoría absoluta en el pleno del Congreso —imprescindible en una ley orgánica— pese al “no” de Vox y también de un PP que dice oponerse porque el texto deja fuera parte de lo incluido en la ley aprobada en Galicia. Tanto el BNG como el PSdeG exigen al PPdeG explicaciones por su “no”. Otra, que este avance no sea más que el pórtico de un cuarto bloqueo.

Cualquiera de las dos lecturas va acompañada de una inevitable derivada: el modo en que el gobierno que finalmente acabe siendo responsable cotidiano de la AP-9, el español o el gallego, aborde la gran cuestión relativa a esta infraestructura. Se trata del futuro de su explotación mediante concesión privada a Audasa, prorrogada sin concurso hasta 2048 por el Gobierno de Aznar en lo que la Comisión Europea considera una ilegalidad en un procedimiento que sigue abierto mientras continúan subiendo las tarifas de unos peajes que, en los últimos años y a partir de acuerdos PSOE-BNG, el Gobierno de España viene paliando con planes de descuentos para los que comprometió más de 2.000 millones de euros.

“Esto es insostenible”. Es la consigna de Génova 13 con cada nueva investigación que afecta al PSOE o al Gobierno de Pedro Sánchez., que es percibida por la oposición como una nueva oportunidad para reclamar elecciones generales. Un argumento que, sin embargo, el Partido Popular mantiene desde mucho antes de que salieran a la luz el caso Koldo, la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero o la trama que afecta a la exmilitante socialista Leire Díez, entre otras. El calendario judicial les beneficia y relega a un segundo plano sus propios viacrucis: el que tiene lugar en los tribunales y el que sucede entre bambalinas, con las concesiones del partido a la extrema derecha para poder tener gobiernos autonómicos. 

La dirección nacional del PP, antes con Pablo Casado y ahora con Alberto Núñez Feijóo, lleva dando por sentenciado al Gobierno desde que prosperó la moción de censura contra Mariano Rajoy, de la que el próximo 1 de junio se cumplirán ocho años. Desde entonces, y aunque se han celebrado tres convocatorias electorales –en abril y noviembre del 2019 y en julio de 2023–, el PP alimenta una estrategia de ansiedad social, de alerta permanente, de excepcionalidad política. A su juicio, el Gobierno está “agotado” desde que nació.

Para reforzarlo, aparece el "el que pueda hacer, que haga" que acuñó el expresidente José María Aznar el 2 de noviembre de 2023, dos semanas antes de que el Congreso invistiese por mayoría absoluta a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Hacía apenas dos meses que los ciudadanos habían votado, negando a las derechas la mayoría que necesitaban para aplicar su agenda conservadora y neoliberal y abriendo las puertas a una coalición apoyada por las fuerzas soberanistas que darían aire a una nueva legislatura de Sánchez. 

El expresidente recuperó su máxima este martes, tras las últimas novedades del caso Plus Ultra y la investigación a Zapatero, para afirmar que "cobra más sentido que nunca". Lo hizo apelando a ciudadanos "responsables" dispuestos a "hacer, actuar y servir" para salir de una situación que calificó de "insostenible". La alocución inicial de Aznar, pronunciada en presencia de Feijóo hace casi tres años, la acompañó de “el que pueda hablar, que hable” y “el que pueda actuar, que actúe" y se ha convertido en una consigna con la que, incluso, bromean los propios diputados del PP.  “Yo no puedo hacer mucho, pero hay otros que sí”, apuntaba este miércoles un cargo conservador en conversación con este periódico.

Se refería al jefe de su partido, que tiene la posibilidad de registrar una moción de censura, pero que no acaba de dar el paso porque estaría abocado al fracaso por su dependencia de Vox. En el PP aseguran que presentar una moción antes de saber hasta “dónde pueden escalar” las investigaciones judiciales que rodean a Sánchez, entre las que también destacan las que afectan a su hermano y su mujer, es “desperdiciar una bala”, ya que únicamente se puede presentar esta herramienta constitucional una vez por curso político. El que precisamente fue víctima de la moción de Sánchez, Mariano Rajoy, aseguró el pasado diciembre que no venía "razones prácticas ni políticas para impulsar una moción conjunta con Junts" porque los planteamientos de ambos "no coinciden" y los acuerdos "serian poco coherentes", aunque lo cierto es que Feijóo sí que se llegó a plantear dar un indulto condicionado a Carles Puigdemont e incluso la amnistía durante 24 horas, para conseguir el sí de los independentistas catalanes.

Igual que su malogrado antecesor, el equipo de Feijóo repite la consigna de que “hay un cambio de ciclo” no consumado porque el Gobierno actual no tiene legitimidad. Para argumentarlo, nombran la falta de Presupuestos Generales en la actual legislatura porque no pueden agitar ninguna alternativa que pase por los socios parlamentarios que dieron su apoyo a Sánchez en 2023. Este miércoles, fuentes de Junts –el partido que el PP ve más cerca de soltar a Sánchez–  volvían a incidir en que ellos “no tienen el botón” de un adelanto y que le corresponde al presidente del Gobierno tomar la decisión.

El líder del PP no se limita a pedir explicaciones, sino que busca que cada socio parlamentario de Sánchez sienta el coste de mantenerlo en La Moncloa. Esa presión es una de las claves de la estrategia: no hay moción de censura viable, pero sí puede haber una erosión acumulada sobre Junts, PNV, ERC o Podemos. Lo verbalizaba así el portavoz nacional, Borja Sémper, en una entrevista en Catalunya Rádio este miércoles, en la que volvió a repetir que “la pelota” está en el tejado de los que siguen apoyando al Ejecutivo: “Están paralizados, atenazados y sus perspectivas electorales menguan”, planteaba.

En Génova son conscientes, sin embargo, de que el caso Leire Díez no tiene el mismo impacto en el electorado progresista que el de Zapatero, al que este miércoles Sánchez volvió a apoyar desde Roma. Es más, en un primer momento los portavoces de Génova hablaban de una presunta financiación irregular del PSOE que no era tal. Feijóo ya había apuntado meses antes, en enero de 2026, que no descartaba que el expresidente acabara en el banquillo por su papel en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, si bien añadió que eso dependería "de los sumarios, de las investigaciones, de la UCO y, al final, de los jueces". 

Esa forma de hablar, la de pronosticar escenarios judiciales mientras se afirma respeto a la independencia de los tribunales, se ha convertido en una constante de la oposición popular de la que presume el propio jefe de gabinete de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Aunque el PP asegura que ellos no “dan órdenes” a nadie ni “tienen información” de antemano, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se lo reprochaba a la bancada conservadora en la sesión de control. Así, en alusión a la trama Kitchen, recordó cuando el PP estaba en el Gobierno “para investigar a rivales políticos” y les acusó de estar utilizando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) ahora también “en la oposición”. “Parece que saben demasiado, y me preocupa”, planteó Marlaska en respuesta al vicesecretario del PP, Elías Bendodo.

Con todo, la secuencia no empieza con Zapatero ni tampoco con José Luis Ábalos, Santos Cerdán ni Leire Díez. El PP lleva años construyendo la idea de que la llegada de Sánchez al poder en 2018 fue el origen de una anomalía democrática, pese a que la moción de censura fue un mecanismo constitucional, aprobado con 180 votos a favor, 169 en contra y una abstención. Y llegó tras la sentencia de Gürtel, en la que la Audiencia Nacional condenó al Partido Popular como responsable a título lucrativo. El mismo tribunal que ahora es el motor de las causas que afectan a los socialistas.

Desde entonces, la derecha ha mantenido un doble discurso. Por un lado, deslegitimar políticamente al Gobierno de coalición y sus apoyos parlamentarios. Por otro, presentar cada causa judicial vinculada al entorno socialista como una confirmación de que el poder de Sánchez es una trama, no una mayoría parlamentaria. En ese marco, la acción de los tribunales no aparece solo como un poder del Estado que investiga hechos concretos, sino como un frente más de una caída que el PP trata de anticipar.

El PP no inventa los procedimientos judiciales aunque sí los exagera en algunos casos y, especialmente, trabaja para convertirlos en un clima propicio para un adelanto electoral. La estrategia consiste en que la ciudadanía no perciba una sucesión de causas, informes o diligencias, sino un estado de emergencia política. "Situación insostenible", "atmósfera irrespirable", "corrupción sistémica", "gobierno zombi", "organización criminal", "saneamiento integral", son solo algunas de las consignas más repetidas por la derecha.

¿Y qué papel juega Aznar en todo esto? El expresidente es clave por su influencia dentro de Génova y puede permitirse decir lo que cargos institucionales solo apuntan en privado. No dirige el partido, pero fija el marco ideológico más duro, en el que no solo los socios deben romper y el Gobierno debe caer, sino que la calle debe movilizarse –la manifestación del pasado fin de semana es un ejemplo más–  y los tribunales deben seguir actuando. Todo converge en la idea de que si Sánchez no convoca elecciones, otros deben forzar el desenlace. Un argumento similar al que lanzó el expresidente socialista Felipe González que reclamó elecciones  y afirmó que sería poco "inteligente" una moción electoral del PP porque “se dejaría de hablar" del caso Zapatero.

Ese es el "el que pueda hacer, que haga" 2.0. Ya no es solo una apelación abstracta a la movilización contra la amnistía, como pasó cuando comenzó la legislatura. Eso ha quedado en segundo plano, lo que opera ahora es una guerra de desgaste. Y el PP la aplica con las comisiones en el Senado, querellas y recursos para que los jueces y las fuerzas policiales actúen, en las calles con manifestaciones y en el Congreso con la presión a los socios. También tiene su papel la parte mediática, con los medios de la cuerda conservadora y ultraconservadora amplificando cada indicio y, en algunos casos, dando por sentenciadas causas que apenas han comenzado.

La estrategia consiste en que se traslade a la opinión pública la sensación de sospecha total y el objetivo es que las elecciones previstas para el año 2027 según el calendario electoral no lleguen como final natural de la legislatura, sino como una salida de emergencia. El PP quiere que votar parezca menos una opción que un alivio y que el ‘antisanchismo’ sea la razón principal de su electorado para ir a votar, no tanto sus propios méritos ni propuestas.

El caso Plus Ultra ha revuelto toda la escena política. La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por supuesto tráfico de influencias condiciona ahora mismo todo el panorama. Y más allá del aspecto judicial y de sus efectos para el Gobierno y el PSOE, se abre también el debate de dónde están los límites en las actividades de los que fueran jefes del Ejecutivo.

¿Cómo debe ser la salida del Palacio de la Moncloa? ¿La legislación debería ser más estricta respecto a los trabajos que pueden realizar? ¿Debe condicionar para siempre el puesto de presidente? ¿Se tiene que cerrar la puerta giratoria a la empresa privada? ¿Hasta dónde se puede hacer lobby? Son preguntas que sobrevuelan ahora mismo en el debate público.

El estatuto de los expresidentes está regulado a través de un real decreto de 1992, que modificó a su vez el texto original de 1983, ambos redactados bajo las Administraciones de Felipe González. El redactado, que consta de cuatro artículos y tres disposiciones, establece que los exjefes del Ejecutivo gozarán del tratamiento de “presidente” y que, en sus desplazamientos fuera del territorio nacional, podrán contar con el apoyo de los servicios de representación diplomática española.

Asimismo, el decreto incluye “medios y prerrogativas”. Se les adscriben dos puestos de trabajo a su servicio, uno de ellos con nivel 30 (el mayor rango dentro de la Administración pública española). Y se les permite nombrar a ese personal por el sistema de libre designación (no tienen que ser funcionarios ni que pasar algún tipo de prueba).

Se fija que tendrán una dotación “para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles, en la cuantía que se consigne en los Presupuestos Generales del Estado”. La pensión vitalicia, según las últimas cuentas públicas, está fijada en 79.336 euros brutos al año.

El real decreto establece asimismo que se pone a disposición de los expresidentes un automóvil con conductor a cargo de la Administración y se proporciona seguridad a través del Ministerio del Interior. Otra de las medidas a su disposición es que disfrutan de “libre pase” en las compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos regulares del Estado.

En 2004 también se abrió otro posible camino para los expresidentes del Gobierno con una modificación legal hecha precisamente por el primer Ejecutivo de Zapatero, para que los que hubieran sido jefes del Ejecutivo puedan incorporarse como miembros natos del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo. La remuneración ronda los 100.000 euros al año. El propio Zapatero formó parte hasta 2015, cuando lo abandonó para desempeñar la presidencia del Consejo Asesor de la Fundación alemana del Instituto de Diplomacia Cultural. El puesto en el Consejo de Estado es incompatible con cobrar alguna nómina o pertenecer a algún consejo de administración, por eso nunca lo aceptaron ni Felipe González ni José María Aznar. 

El estatuto que regula la situación de los expresidentes no tiene ninguna referencia sobre posibles labores privadas ni tampoco establece ningún control a la actividad de los que fueron jefes del Ejecutivo. Las limitaciones aplicables son las recogidas en la Ley del Alto Cargo, aprobada precisamente en la época de Rodríguez Zapatero y que afectan a todos los miembros del Gobierno. 

En el artículo 15 de dicha norma se dispone: “Los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado”.

Este vacío que se detecta en la regulación de las actividades de los expresidentes llena ahora también el debate público después de la investigación abierta respecto a Rodríguez Zapatero. Por eso, desde los partidos de la izquierda transformadora se está poniendo sobre la mesa durante estas horas la necesidad de concretar más el estatuto regulatorio.

El grupo parlamentario de Sumar está trabajando ya en una propuesta para cambiar el estatuto de los expresidentes, según señalan fuentes del espacio, que trasladan: “Es fundamental una reforma. Y debe ser más dura que la ley de lobbies”. La idea con la que están trabajando es dejar claras las limitaciones que pueden tener los expresidentes.

Será una propuesta del grupo parlamentario y no prevén pactarla con el PSOE en esta fase previa. No hay fecha para su presentación, pero no se va a demorar, apuntan las fuentes consultadas del espacio, donde insisten: “No puede ser que cobres por vender tu agenda de contactos como presidente. Seas Aznar o Zapatero”.

Hay voces de este espacio cuestionando no sólo el marco normativo, sino también este tipo de trabajos de lobby por parte de expresidentes. La diputada de Sumar Tesh Sidi ha verbalizado estos días: “El ejercicio de lobby de un expresidente es injustificable. Reciben ya una pensión vitalicia por ser expresidentes”. El exdiputado andaluz José Manuel Jurado ha expresado también así sus sensaciones: “Es absolutamente falto de ética el lobbismo, y me vais a perdonar, pero, sea legal o no, no voy a defender a un tipo que se ha embolsado casi 300 mil euros al mes gracias a su influencia”.

La situación de Zapatero ha vuelto los ojos también hacia las figuras de los expresidentes. Mariano Rajoy volvió a su puesto como registrador de la propiedad y trabaja en Madrid tras el traslado de su plaza en Santa Pola (Alicante). En cambio, González y Aznar llevan años volcados en su labor de lobby en el mundo de la empresa.

Aznar va a cumplir 20 años como asesor del magnate Rupert Murdoch después de que el conglomerado News Corp lo renovara como consejero independiente el pasado mes de noviembre, aunque una parte de la junta de accionistas estaba en contra. Sólo en el último ejercicio se embolsó más de 341.000 dólares por este puesto. Ha sumado, a cargo de esta empresa, más de cuatro millones de euros desde que fue fichado en 2006, dos años después de dejar el Palacio de la Moncloa. El expresidente también ha estado ligado a Endesa, a Centaurus Capital, DLA Piper, Philip Morris y Latham Watkins.

El expresidente González fichó como consejero independiente en 2019 de Boluda Towage, una división del naviero Vicente Boluda, un millonario que preside la Asociación Valenciana de Empresarios. También estuvo varios años como consejero de Gas Natural, puesto por el que percibía 126.000 euros al año.

José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en el primer ex presidente del Gobierno en ser imputado por la justicia española, después de que este martes el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama lo haya citado a declarar el 2 de junio por supuesto tráfico de influencias y “otros delitos conexos” por el caso Plus Ultra. 

A la vez, el magistrado de la Audiencia Nacional ha ordenado el registro del despacho del expresidente y las oficinas de tres sociedades mercantiles.

Esta noticia tiene un gran impacto político y social al suponer la primera imputación para un expresidente del Gobierno en territorio español. Asimismo, Rodríguez Zapatero tiene una especial importancia simbólica para el PSOE porque es una de las figuras que más moviliza a la militancia en sus actos.

El origen de su imputación está en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre la posible utilización del dinero del rescate de la aerolínea para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana. 

La noticia ha dejado en shock al PSOE por la relevancia de la figura de Zapatero, durante cuyo mandato no se produjo ningún caso de corrupción relativo a su gobierno entre 2004 y 2011. Esto contrasta con las administraciones de Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy.

La historia judicial de Rajoy

Este último, por ejemplo, sí fue objeto de investigación por parte de una jueza andorrana por la Operación Cataluña, aunque hasta el momento han sido rechazadas las comisiones rogatorias enviadas a la justicia española. Rajoy sí ha tenido que acudir a sede judicial a declarar en calidad de testigo por el caso Gürtel, por el que acabó condenado incluso su partido y quedó demostrada la existencia de la caja B, con la que se pagaron las obras de la reforma de la sede de su partido en el número 13 de la madrileña calle de Génova.

También Rajoy tuvo que acudir al Tribunal Supremo en calidad de testigo el pasado mes de abril para declarar por el caso Kitchen, por el que están sentados en el banquillo como acusados su exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su ‘número dos’, Francisco Martínez. El Alto Tribunal está investigando si el Gobierno del PP usó fondos reservados y a la Policía para cortocircuitar la investigación judicial sobre la corrupción de los populares en el caso Kitchen.

Asimismo, la administración de Rajoy está en el punto de mira por la imputación de Cristóbal Montoro por “cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos”, dentro de la investigación sobre supuestos beneficios a empresas durante su paso por el Ministerio de Hacienda.

Los casos de Aznar y González

Aznar tuvo que declarar también como testigo en 2021 ante la Audiencia Nacional por la caja B del Partido Popular, pero nunca fue imputado. Miembros de sus gobiernos también han protagonizado casos judiciales e incluso acabaron en la cárcel Rodrigo Rato, por el caso de las tarjetas black, Jaume Matas, por los casos Palma Arena, Nóos y Ópera, y Eduardo Zaplana, por el caso Erial. También fueron imputados Francisco Álvarez-Cascos y Ángel Acebes, pero luego fueron absueltos. 

Felipe González tampoco ha sido objeto de imputación, pero sí ha tenido que declarar dos veces como testigo. La primera vez lo hizo por escrito en 1991 en el marco del caso Marey, dentro de la causa de los GAL, en la fase de instrucción. Posteriormente, en 1998, cuando ya no estaba en el Palacio de la Moncloa, acudió presencialmente como testigo al Tribunal Supremo por el mismo motivo.

El expresidente del Gobierno Adolfo Suárez también declaró como testigo en 1995 en la Audiencia Nacional en calidad por el caso Banesto. Allí negó ante el juez Manuel García-Castellón que hubiera recibido 300 millones de pesetas para financiar al partido de CDS.

A dos semanas de las elecciones en Andalucía, Juanma Moreno trata de mantener lejos a sus propios compañeros de partido. Él quiere evitar los “líos” que, en sus propias palabras, representan los pactos con Vox y la “prioridad nacional” en la que la dirección nacional del Partido Popular está atrapada desde hace semanas. Así, al igual que hizo el actual presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, cuando presidía la Xunta de Galicia, el presidente andaluz ha diseñado una campaña en la que pesa más su nombre que el de su partido y en la que trata de huir de la confrontación ideológica.

Moreno quiere evitar que las elecciones del 17M se contaminen del “ruido” de Madrid y no participarán en campaña ni la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso —de viaje por México—, ni los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. Feijóo sí estará, pero con una presencia limitada y sin ocupar el centro de la campaña. Este domingo será la primera vez que coincidan en un acto en Málaga, pero fuentes de Génova destacan que el líder nacional tendrá una agenda propia y separada en buena parte de la de Moreno. “Cuantos menos actores haya en el escenario, mejor”, resumió el presidente andaluz en funciones en una entrevista en Antena 3.

El andaluz quiere aparecer como algo más que el candidato del PP. Su objetivo es presentarse como una figura “institucional, reconocible y transversal”, capaz de llegar a electores que no hace tanto “votaban al PSOE”, explican fuentes de su equipo. El calendario le ha ayudado a ello, con celebraciones populares —Semana Santa, Feria de Abril, Cruces de Mayo, Patios de Córdoba o Feria del Caballo de Jerez— en las que Moreno se ha dejado ver fuera de la habitual confrontación partidista y de los mítines al uso.

Los rivales de Moreno, sin embargo, sí quieren que Andalucía mire a Madrid. El PSOE cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede levantar a su electorado y que al candidato del PP le perjudica hablar de cuestiones nacionales, al igual que pasa con Vox, que necesita a su líder nacional, Santiago Abascal, para visibilizar a su propio candidato. En la izquierda, Sumar también busca la presencia de sus referentes nacionales para dar empuje a Antonio Maíllo frente a la amenaza que supone Adelante Andalucía. El PP andaluz, en cambio, considera que su candidato es más fuerte cuanto menos acompañado esté.

El contraste de la campaña andaluza con las últimas autonómicas es evidente. En Castilla y León, Aragón y Extremadura, los candidatos del PP estuvieron acompañados de Feijóo, Ayuso, Aznar y Rajoy en varios mítines para movilizar al electorado conservador. En lugares como Aragón, el líder del PP echó el resto en campaña y no se movió prácticamente del territorio en las dos semanas. En Andalucía, sin embargo, Moreno intenta que la campaña no parezca una extensión de Génova ni una sucursal de la Puerta del Sol. 

La ausencia de Ayuso es la más significativa. La presidenta madrileña atrae las miradas allá donde va, pero también alimenta el choque contra Sánchez y la disputa cultural contra la izquierda. Todo eso moviliza al votante duro del PP, pero en el equipo de Moreno creen que puede poner en riesgo el activo principal de su candidato. Y la mayoría absoluta “no está garantizada”, como llevan repitiendo desde hace semanas. Es más, pronostican que todo dependerá de “cómo se repartan los restos” y de su capacidad de “robar voto” al PSOE.

En Castilla y León, Feijóo, Aznar y Rajoy arroparon a Alfonso Fernández Mañueco. Ahora, ambos expresidentes “no suman”, según trasladan en el PP andaluz, especialmente Rajoy, con el caso Kitchen todavía coleando. En Aragón, Jorge Azcón hizo lo contrario de Moreno al nacionalizar el mensaje y convertir a Ayuso en “invitada estrella” de su campaña, con actos durante todo un fin de semana. En Extremadura, aunque con menos presencia nacional, Feijóo se volcó con una campaña paralela a la de María Guardiola para “peinar” el territorio y frenar a Vox.

Esos precedentes pesan en Andalucía. El PP ganó en Extremadura, Aragón y Castilla y León, pero no logró romper la dependencia de Vox. Guardiola se quedó a cuatro escaños de la mayoría absoluta en Extremadura, Azcón ganó en Aragón pero con dos escaños menos mientras Vox se disparó hasta las 14 actas y Mañueco venció en Castilla y León sin alcanzar los 42 procuradores necesarios para gobernar en solitario.

Moreno busca ser la excepción de ese ciclo. Si alcanza la mayoría absoluta, podrá exhibirse como el único barón popular capaz de contener a Vox sin mimetizarse con su discurso. Si  no lo logra, se enfrentará al mismo problema que sus compañeros de partido: una legislatura condicionada por la extrema derecha. El presidente andaluz quiere vender estabilidad frente al “lío” de otros barones populares condicionados por Vox, y para eso necesita alejarse tanto de la retórica ultra como del lenguaje de la política nacional. 

La inmigración es el ejemplo más evidente. Moreno se ha distanciado de la fórmula pactada por el PP con Vox en otras comunidades con la “prioridad nacional” y ha incluido en su programa una defensa de la contribución de la población migrante regularizada al crecimiento económico, al empleo y a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Pero tiene otras flaquezas de gestión que la oposición trata de utilizar a su favor, con el estado de la sanidad como el principal elemento de desgaste.

El presidente andaluz, a diferencia de Feijóo e incluso de Ayuso, no necesita demostrar que el PP puede ganar a Pedro Sánchez, sino que él puede seguir gobernando Andalucía sin depender de Vox. Lo que más teme es perder la mayoría absoluta y quedar atrapado en la misma dinámica que Guardiola, Azcón o Mañueco. Es decir, ganar pero depender de la extrema derecha para gobernar, pese a que él mismo accedió al poder gracias a Vox en 2018.

El pasado 24 de marzo, Soledad Iparragirre, Anboto, histórica exdirigente de ETA, salió de la prisión de Martutene, parapetada tras una gafas de sol y varios allegados que trataban de evitar, sin éxito, una imagen que causó dolor en las víctimas del terrorismo, pero que el Gobierno Vasco enmarca en el camino de la reinserción.

Su salida se ajusta a la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, el mismo que permite salidas de la cárcel a Garikoitz Azpiazu, Txeroki, otro exjefe de ETA, y que esta semana se ha aplicado también sobre el recluso de la organización terrorista Ángel Tellería. Este artículo no ha sufrido cambios desde 1996, año en el que el Gobierno del Partido Popular, presidido por José María Aznar aprobó la norma.

En la actualidad, algo más de una veintena de presos de ETA disfruta de la flexibilización de su condena por la aplicación del artículo 100.2, según los datos facilitados a EFE por la Asociación de Víctimas del Terrorismo -a la que el Gobierno Vasco notifica todos los casos- y la asociación de familiares de presos de ETA Etxerat, que concreta que son 23 los penados por delitos de terrorismo actualmente en este régimen.

Esta cifra podría ser algo mayor, ya que Etxerat no cuenta a los miembros de ETA arrepentidos que abandonaron o fueron expulsados del colectivo de presos de la organización terrorista (EPPK).

La aplicación de esta vía de reinserción no es nueva ni ha sido iniciada por el Gobierno Vasco, que gestiona las cárceles vascas desde el 1 de octubre de 2021. Muchos presos de ETA se beneficiaron de la medida antes del traspaso de la competencia, incluso antes del final del terrorismo. En la mayoría de los casos reclusos enfermos o que se habían distanciado de ETA.

De hecho, una de las aplicaciones más polémicas de este artículo tuvo lugar en marzo de 2007, cuando Instituciones Penitenciarias se lo concedió a Iñaki de Juana Chaos, quien estaba en huelga de hambre.

Además de Anboto y Txeroki, disfrutan actualmente de ese régimen otros destacados reclusos de ETA como José Ramón Carasatorre, Jon Olarra Guridi y José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri.

Desde el 1 de octubre de 2021, cuando el Gobierno Vasco se hizo con la competencia de prisiones, el Departamento vasco de Justicia ha aplicado el 100.2 a 142 reclusos, de los que 48 estaban vinculados a ETA, según datos aportados por el Ejecutivo autonómico.

El Gobierno Vasco ha concedido además 2.002 terceros grados, de los que 119 corresponden a 97 presos de ETA (algunos lo han recibido más de una vez al haber sido revocados).

Esta vía de flexibilización ha sido criticada por las asociaciones de víctimas, ya que, para aplicarse, no necesita requisitos específicos exigibles a los condenados por terrorismo y porque se trata de una medida "excepcional", tal y como detalla el reglamento penitenciario.

Las Juntas de Tratamiento proponen la medida, la autoridad penitenciaria -en este caso el Gobierno Vasco- la aprueba y, posteriormente, el juez de vigilancia penitenciaria la avala o no. Para hacerlo puede pedir un informe a la Fiscalía, que puede expresar su postura pero no presentar recurso. En el caso de Anboto, el juez aún no se ha pronunciado.

En el caso de Garikoitz Aspiazu, Txeroki, la Fiscalía de la Audiencia Nacional informó a favor del régimen de flexibilización y reveló que este antiguo jefe de ETA había participado en encuentros restaurativos con víctimas del terrorismo, que de forma muy discreta sigue organizando el Gobierno Vasco.

Para la concesión de terceros grados o libertades condicionales, la legislación actual impone condiciones específicas para los presos de ETA o de otras organizaciones terroristas, como la colaboración efectiva con las autoridades, la petición expresa de perdón, y desvinculación de la organización terrorista.

Por este motivo, las organizaciones de víctimas cuestionan la aplicación del 100.2, al entender constituye una vía para eludir estos requisitos y suavizar las condenas de presos de ETA que no se han desvinculado de su pasado terrorista.

El colectivo de víctimas del terrorismo Covite califica esta vía como una "trampa", ya que se emplea "como un atajo para conceder un régimen de semilibertad a quienes no pueden acceder todavía al tercer grado".

Por su parte, el Gobierno Vasco alude a la aplicación de la ley y al principio de reinserción que guía su actuación en materia penitenciaria, aunque comprende que las salidas de prisión de destacados militantes de ETA causen dolor a sus víctimas.

Cuando se van a cumplir 15 años del fin del terrorismo, quedan algo más de 120 presos de ETA, la gran mayoría en las tres cárceles vascas. También hay tres en la prisión de Pamplona y dos en Francia.

De todos estos, 102 pertenecen al llamado EPPK y otros 10 abandonaron el colectivo al no estar de acuerdo con su estrategia, por lo que ahora están amparados por la agrupación Tinko, que exige la amnistía total. Fuera de la órbita de estas organizaciones quedan los presos desvinculados totalmente de ETA.

El Partido Popular tiene debilidad por anunciar el fin de los tiempos, especialmente si esa ecuación incluye al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En ese caso, cualquier predicción apocalíptica se queda corta: desde que el socialista va a llevar a España a una "dictadura" por "la puerta de atrás" hasta que quiere instaurar "un cambio de régimen" sin oposición. Ese fue el planteamiento que hizo el partido de Alberto Núñez Feijóo en la campaña de las elecciones del 23J y que ahora vuelve a retomar el expresidente José María Aznar, erigido como el faro moral del partido. En un acto junto al exministro Jaime Mayor Oreja, aseguró que las próximas elecciones tendrán "un carácter semiconstituyente" y que el país se juega su supervivencia histórica, la Corona y hasta una supuesta desintegración territorial si Sánchez se mantiene en el poder.

"Nos vamos a jugar la continuidad histórica de España. La continuidad de la Corona como tal, y por lo tanto, una posible desagregación del país en un conjunto de entidades o republiquillas", proclamó el expresidente. Y remató su advertencia con una apelación directa a la movilización: "Dicho esto, y jugándonos eso, el que se quiera inhibir que se inhiba, pero que sepa las consecuencias", añadió. Es decir, "el que pueda hacer que haga", como pidió en noviembre de 2023, tras la investidura de Sánchez.

Una predicción que ya hizo antes de que el presidente del Gobierno español reeditara el cargo tras los últimos comicios. En diciembre de 2022, Aznar aseguró que "España vive en un momento político especialmente difícil, delicado y peligroso". "El más peligroso que ha vivido desde el comienzo de la Transición democrática", llegó a afirmar. "Si en unas próximas elecciones este Gobierno, esta concentración de partidos, formada por el Partido Socialista, por Esquerra Republicana de Cataluña, por Bildu y por Podemos, si esa coalición fuese victoriosa o gobernase España en los próximos cuatro años, no tengo la menor duda que la lógica de la política que se está aplicando ahora llevaría a España a la apertura de un proceso constituyente", pronosticaba.

En ese mismo foro, un Feijóo que llevaba pocos meses en el cargo de líder del PP incidió en esa misma idea. "Estamos en el peor momento institucional que hemos vivido desde la Constitución del 78″, alertó, obviando episodios como el intento de golpe de Estado del 23-F. Después, acusó al presidente del Gobierno de estar poniendo "en riesgo las bases constitucionales". En ese momento, lo que marcaba la actualidad era la reforma del delito de sedición, la ley del solo sí es sí y el nombramiento del exministro Juan Carlos Campo como magistrado del Tribunal Constitucional. Casi cuatro años después, los mensajes del PP siguen siendo los mismos.

Los conservadores incidieron especialmente en ese mensaje en la campaña del 23-J. En Génova anticipaban una victoria cómoda de su partido y de Vox tras el mal resultado del espacio de la izquierda en las autonómicas y municipales de mayo, pero eso no impidió que buena parte de sus discursos pronosticaran el apocalipsis democrático en caso de que Sánchez siguiera gobernando. Los conservadores convirtieron, por tanto, esos comicios en un plebiscito sobre la continuidad de España, el orden constitucional, la integridad territorial o la propia democracia. Es decir, el mismo mensaje que está trasladando Aznar ahora.

Apenas un mes antes de esas elecciones, el expresidente sostuvo que si se reeditaba la mayoría parlamentaria que sostenía a Sánchez, España sufriría "una mutación constitucional". También señaló que "los separatistas catalanes y los antiguos terroristas de EH Bildu" exigirían como precio para mantener al Gobierno "la autodeterminación". El presidente de FAES dibujó un horizonte de quiebra institucional y cesiones irreversibles al independentismo con la independencia de ambos territorios en el centro, pero lo cierto es que ni los catalanes ni los vascos trasladaron esa exigencia para investir a Sánchez, ni tampoco lo hizo Junts per Cataluña.

Aznar no fue el único. Feijóo alertó solo tres días antes de la cita electoral de que ERC exigiría "un referéndum a un Sánchez aún más débil tras el 23J" y contrapuso "sanchismo, chantajes y bloqueo" a "cambio". "Si después de ser el más votado en 2019, Sánchez le dio a ERC todo lo que pidió, ¿qué podemos esperar de un Sánchez derrotado?", se preguntó. Un apocalipsis que también pronosticó en el terreno económico, al asegurar que España vivía un "momento de estancamiento económico" y que la "historia clínica" del país "no es buena": "La economía española está estancada. Los más pesimistas creen que estamos en un momento de declive económico", dijo.

El entonces vicesecretario de Organización y ahora número dos de Feijóo, Miguel Tellado, también anticipó el fin de "la integridad territorial" de España. Fue el 24 de junio de 2023, un mes antes de las elecciones: "El 23J está en juego la integridad territorial de España si Sánchez sigue gobernando", señaló. Añadió que esa integridad territorial no podía "ser moneda de cambio" y redujo la alternativa a una dicotomía entre un Gobierno de Feijóo o uno de "Sánchez, Bildu, ERC y Podemos". Acabó pasando lo segundo.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, fue todavía más lejos. Así, alertó de que Sánchez iba camino de convertir España en una dictadura, presentó al Ejecutivo como "el Gobierno más autoritario de la democracia" y acusó al socialista de poner en riesgo el Estado de derecho. Meses antes, en enero de 2023, ya había denunciado una supuesta "clara intención de cambiar el orden constitucional por la puerta de atrás", de generar dependencia de las arcas públicas y de hacer imposible la alternancia en el poder. En otra comparecencia incluso evocó una "deriva totalitaria de la Segunda República" que, según dijo, desembocó en la Guerra Civil.

El 2 de noviembre de 2023, dos semanas antes de que el Congreso invistiese por mayoría absoluta a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, Aznar lanzó la advertencia que vuelve a replicar esta semana. Hacía apenas tres meses que los ciudadanos habían votado, negando a las derechas la mayoría que necesitaban para aplicar su agenda conservadora y neoliberal y abriendo las puertas a una coalición progresista apoyada por las fuerzas soberanistas que prolongase en una nueva legislatura. En un primer momento, el cuartel general del PP pensó que Sánchez no aguantaría por la fragilidad parlamentaria, pero casi tres años después fuentes de la dirección asumen que el socialista convocará elecciones en 2027, "salvo sorpresa", y pronostican que "no caerá tanto" respecto al 23J.

En aquella alocución de José María Aznar, pronunciada con toda la solemnidad del momento, en presencia de Feijóo, también habló de "no inhibirse. “En lo que haya que hacer, se podrán hacer muchas cosas, menos una: inhibirse. En esta situación, la inhibición no tiene hueco. Se me podrá decir: ¿Y qué se puede hacer? Pues el que pueda hablar que hable. El que pueda hacer que haga. El que pueda aportar que aporte. El que se pueda mover que se mueva. Cada uno en su responsabilidad", apuntó.

Dos años y medio después, eso se ha traducido en un despliegue de la capacidad de influencia de no pocos actores en distintos frentes, unidos en ese anunciado objetivo común: derribar al Gobierno sin utilizar las herramientas previstas en la Constitución, en particular la moción de censura. En el PP anticiparon las elecciones en varias comunidades autónomas con ese objetivo en mente, pero aunque los comicios en Extremadura y Aragón evidenciaron la debilidad de los socialistas, también expusieron el auge de la extrema derecha. Y ahora es, de nuevo, Aznar el que lanza otra advertencia: el PP necesita a un Vox débil a su lado porque, de lo contrario, "los españoles no nos podremos enfrentar a los problemas que queremos abordar" y solo así la derecha "tendría una oportunidad".

Veintidós años después de los atentados terroristas del 11-M de 2004, el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja (PP) sigue alimentando el bulo de que los ataques no fueron cometidos por una célula yihadista, como probó la sentencia judicial. Lo volvió a hacer este miércoles en la presentación de su libro Una verdad incómoda. Testimonio de una época: contra el silencio y la mentira (Espasa, 2026), arropado por el expresidente del Gobierno José María Aznar y la exlíder del PP vasco María San Gil en un acto al que también acudieron la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, y en el que no faltaron los llamamientos al entendimiento entre PP y Vox para frenar el "frente popular" encabezado por el presidente Pedro Sánchez.

Mayor Oreja no se movió un milímetro de la teoría de la conspiración que lleva alimentando desde hace años y que también expone en el citado libro. El que fue ministro del Interior de 1996 a 2001 con José María Aznar sostiene en el libro que esa jornada pensó que había sido ETA por "sentido común", "experiencia" e "historia". "Me he preguntado siempre por el extraño —por inusual— silencio de ETA en 2004, fecha en la que Aznar abandonó el Gobierno, y en cuya segunda legislatura se ilegalizó HB. La lógica es aplastante: no necesitaba matar porque otros estaban preparando un trágico atentado que [...] rompió la historia de España". Así, citó dos testimonios recogidos en su libro para apuntalar su convicción de que los atentados querían acabar con el Gobierno del PP.

Según la versión del exdirigente del PP, la victoria electoral que siguió a la matanza no fue solo una consecuencia política de la matanza, sino el verdadero objetivo de quienes la perpetraron. "Lo dije en 2004 y lo digo ahora, el atentado se hizo para cambiar la dirección política del Gobierno de España, para cambiar el rumbo. Y vaya si lo ha cambiado", afirmó entre aplausos del público. Pese a que las sentencias atribuyeron la autoría de los atentados a una célula yihadista, Mayor Oreja defiende en su libro que calificar el 11-M como un atentado "islamista" resulta "insuficiente". A su lado, Aznar evitó entrar de forma directa en la autoría de los atentados, pero aseguró que el de su exministro del Interior es un "buen libro", lo que se puede interpretar como un aval esa teoría que sectores del PP y ahora también de Vox llevan defendiendo desde hace años.

El 11-M, lejos de ser un episodio definitivamente cerrado en la historia reciente, fue utilizado como símbolo de una fractura para la derecha. Según Mayor Oreja y la mayoría de los asistentes, que le aplaudieron con fervor, esos atentados le dieron la victoria al socialista José Luis Rodríguez Zapatero sin merecerla. Y por culpa de esa victoria gobierna también ahora Pedro Sánchez. Un PSOE que, aseguró, "es irreconocible" respecto al del año 1982. Así, insistió varias veces en la importancia de "la alternativa" frente "al abismo": "Los escándalos permanentes también nos anestesian, la mentira se hace natural".

Aznar centró sus intervenciones en el momento "complicado" que, su juicio, atraviesa España, y en lo que se juega la derecha en las próximas elecciones generales. Unos comicios que tendrán un carácter "semiconstituyente": "Nos vamos a jugar la continuidad de nuestro sistema constitucional, de la Corona y una posible desagregación del país", sostuvo el expresidente del Gobierno. Afirmó también que ese horizonte electoral es decisivo para frenar la polarización, el "secesionismo catalán y vasco" y lo que considera un deterioro de la posición internacional de España. Frente a ello, apeló a una "mayoría sólida" capaz de afrontar "retos muy serios". "El que se quiera inhibir, que se inhiba. Pero que sepa por lo menos la consecuencia que su inhibición puede tener", apuntó.

En ese punto se pudieron constatar las diferencias entre los dos dirigentes. Mientras Mayor Oreja defendió abiertamente la existencia de una "mayoría natural" entre PP y Vox y sostuvo que ambos partidos "tienen la obligación de hacer Gobiernos", aunque admitió que no "será fácil" lograrlo, Aznar mostró sus reservas después de haber admitido en un acto previo que "no le gusta" Abascal. "Nunca creí en la mayoría natural, y se lo dije a Fraga", señaló. La tesis del expresidente del Gobierno es que el PP necesita a un Vox débil para poder gobernar porque, de lo contrario, "los españoles no nos podremos enfrentar a los problemas que queremos abordar".

"No es lo mismo un Partido Popular que obtenga 130 o 140 escaños acompañado por un Vox que tenga 60" que un PP "que tenga 170" con una extrema derecha muy subordinada y situada en el entorno de los 30 escaños. "En la segunda forma tendríamos una oportunidad", dijo, dando por hecho que la primera fórmula sería muy problemática para el partido de Alberto Núñez Feijóo. Una frase que no cosechó tanto apoyo del público, que sí se mostró eufórico cuando San Gil dijo que su organización busca ser el "nexo" de unión entre el principal partido de la oposición y la formación de Santiago Abascal.

La palabra más citada por Mayor Oreja fue, sin duda, ETA. Aseguró que la banda terrorista "sigue viva" a través de los pactos con José Luis Rodríguez Zapatero, primero, y con Pedro Sánchez, después, pese a haberse disuelto en el año 2011, y afirmó que, aunque haya dejado de matar, "nunca cambia ni cambiará". Para Mayor Oreja, el nacionalismo vasco y el catalán forman parte de un mismo movimiento histórico, con distintas "vanguardias" y "retaguardias", y el procés ha sucedido a la banda terrorista como nueva punta de lanza de la ruptura territorial. "Vamos a ver gobernar a ETA en el País Vasco y Navarra", sostuvo.

El acto fue organizado por NEOS, la plataforma ultracatólica presidida por Mayor Oreja, y cuyas letras se corresponden con los cuatro puntos cardinales, "norte", "este", "oeste" y "sur", ya que busca ser una "brújula" ante la pérdida de referencias. NEOS destaca por su rechazo al aborto y la eutanasia, su reivindicación de la "civilización cristiana" y su voluntad de plantear una "alternativa cultural" a la izquierda, que a su juicio ha logrado acomplejar a la derecha en el terreno de las ideas y los valores.

El exdirigente del PP es también un referente fundamental del movimiento católico radical. Y no sólo en España. El exeuroparlamentario preside la federación europea de asociaciones One Of Us y es presidente de honor de Political Network of Values, con vocación de puente entre Europa y América y que ensalza el modelo nacionalista católico húngaro. Para él, la derecha solo podrá revertir el rumbo del país si logra articular una mayoría amplia, disciplinada y jerárquicamente clara, alineada a su vez con los valores tradicionales. El patronato de la citada fundación lo conforman, entre otros, el diputado de Vox Francisco Contreras, el diputado y exconsejero de la Comunidad Madrid con el PP, Luis Durán, o el exministro de UCD, Ignacio Camuñas.

El 11-M sigue siendo una herida abierta en España. Una fecha que marcó el país con el mayor atentado yihadista perpetrado en la historia. Las imágenes de las explosiones de los trenes cerca de la estación de Atocha siguen muy presentes en la sociedad 22 años después. Y ahora ese recuerdo, además, coincide con el despertar otra vez del grito de “No a la guerra”.

El atentado yihadista se produjo después de que España participara junto a Estados Unidos y Reino Unido en la guerra de Irak por la supuesta existencia de unas armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. La decisión la tomó de manera unilateral José María Aznar frente a las masivas protestas de los ciudadanos. Y la gestión del atentado posterior, con el entonces Ejecutivo mintiendo sobre la autoría del mismo y señalando a la banda terrorista ETA, tuvo consecuencias políticas como la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero el domingo 14 de marzo.

Este duro aniversario ha coincidido más de dos décadas después con la irrupción de nuevo del “No a la guerra”, aunque esta vez el Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, ha rechazado aliarse con Washington para sumarse a un conflicto que no tiene ningún amparo de la legalidad internacional. Pero lejos de las lecciones aprendidas durante aquel inicio del siglo XXI, la derecha española ha elegido posicionarse del lado de Donald Trump, en el caso de Vox, o no deja clara cuál es su postura, en el caso de la dirección nacional del PP pilotada por Alberto Núñez Feijóo.

Pero es que, además, José María Aznar ha reaparecido por partida doble durante este 11-M sin ningún atisbo de remordimiento. Lo ha hecho coincidiendo con un momento en el que figuras de Génova 13 no dejan de reivindicar el reciente 30 aniversario de su primera victoria electoral en la noche del 3 de marzo de 1996. Y cuando se evidencia cada día que su poder es total en la esfera del partido.

El expresidente del Gobierno volvió a mostrar su querencia por las intervenciones militares en un día tan señalado. Durante un acto por la mañana en Valencia, Aznar señaló que está “más que justificado” el conflicto en Irán y consideró que España debería estar al lado de sus aliados.

Respecto al fin del conflicto, manifestó que las operaciones que se empiezan "hay que terminarlas", porque abandonar las cosas "a la mitad" o dejar que sigan los mismos gobernantes en Irán es "apostar para que dentro de diez años estemos en la misma historia". No faltaron las críticas a la posición del Gobierno español: "Está en contra de nuestro principal aliado de seguridad, de quienes nos dan apoyo y seguridad".

En su doblete de jornada, por la tarde estuvo en Madrid en la presentación del libro del exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, titulado elocuentemente Una verdad incómoda. Testimonio de una época: contra el silencio y la mentira. Un gesto también de importancia simbólica, porque el texto vuelve a rescatar teorías de las conspiración sobre el atentado del 11-M al involucrar a Francia y a la banda terrorista ETA.

Después del atentado terrorista del 11-M y la victoria de Rodríguez Zapatero tres días después, el Partido Popular de Mariano Rajoy se abonó a la teoría de la conspiración y basó en ella su oposición a través de dirigentes como Eduardo Zaplana, entonces portavoz en el Congreso, y Ángel Acebes, que fue secretario general de los populares por aquella época. Una idea que se retroalimentaba a través de la derecha mediática. Una de las voces en los medios fue Cayetana Álvarez de Toledo, que luego saltó de El Mundo al PP y hoy es una de las diputadas más cuidadas por Feijóo en la Cámara Baja.

En su libro, Mayor Oreja insiste en estas teorías, sin ningún tipo de base y obviando la existencia de un juicio cerrado por el atentado, y escribe: “Me he preguntado siempre por el extraño —por inusual— silencio de ETA en 2004, fecha en la que Aznar abandonó el Gobierno, y en cuya segunda legislatura se ilegalizó HB. La lógica es aplastante: no necesitaba matar porque otros estaban preparando un trágico atentado que rompió la historia de España”.

La teoría de la conspiración también ha sido rescatada durante este aniversario por parte de la ultraderecha. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, escribió en la red social X: “Hoy es 11 de marzo, 22 años después seguimos queriendo saber LA VERDAD”. Y también dijo en un acto de homenaje a las víctimas: “22 años después esos delitos están prescritos y los vagones, que eran las principales pruebas, fueron destruidos”, algo que es falso. Y volvió a conectar ese atentado con ETA, lo que le sirvió de excusa para echar de nuevo en cara al Gobierno sus pactos con EH Bildu.

Frente a estas teorías de la conspiración y proclamas belicistas, la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo lamentó la situación actual en Ucrania, Gaza e Irán y clamó contra las guerras que siempre terminan alcanzando a quienes no tienen poder de decidir: "No repitamos la historia, cada escalada de violencia puede tener consecuencias devastadoras".

Precisamente esa llamada a recordar la historia está muy presente en los discursos del Gobierno, como indicó el propio Sánchez en su declaración ante la guerra de Irán y las amenazas comerciales de Donald Trump: “No hay que repetir los errores del pasado”. De hecho, el presidente recordó también: “La guerra de Irak generó un aumento drástico del terrorismo yihadista, una grave crisis migratoria en el Mediterráneo oriental y un incremento generalizado de los precios de la energía y, por tanto, también de la cesta de la compra, del coste de la vida. Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces. Un mundo más inseguro y una vida peor”.

Con motivo de esta efeméride, Sánchez escribió en X: “Reiteramos el compromiso con la memoria, la justicia y la convivencia. Siempre en nuestro recuerdo las 193 vidas que nos fueron arrebatadas hace 22 años, en el peor atentado terrorista de nuestra historia. Paz y democracia”.

El 11-M ha vuelto a recordar, dos décadas después, las consecuencias de una guerra ilegal en Oriente Medio. Y se ha conmemorado, además, con España liderando una posición pacifista y de defensa de las relaciones diplomáticas a la que, poco a poco, van sumándose otros países como Francia, Reino Unido y Alemania, que en un primer momento se mostraron abiertos a secundar a Trump en su ofensiva militar contra Teherán.

Sin ir más lejos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tuvo que recular este miércoles después de abrazar en un discurso el fin del orden mundial basado en reglas. En Estrasburgo trató de superar la polémica con este mensaje: "Ver cómo está el mundo no reduce nuestra determinación para luchar por el mundo que queremos. La UE se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable por la paz, los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional son tan centrales hoy como lo fueron en nuestra creación. Siempre defenderemos estos principios".

Desde el ala de Sumar, la ministra de Sanidad, Mónica García, se mostró orgullosa, durante uno de los actos de recuerdo del 11-M, de pertenecer a un Gobierno que es "el faro moral internacional" y que dice “No a la guerra” de manera alineada con el reclamo de paz de toda la ciudadanía española, mientras "la derecha" se sitúa "del lado de la mentira y del servilismo a los señores de la guerra".

España ha marcado oficialmente y ante el mundo su posición, sintetizada en dos mensajes: uno político y otro emocional. El ‘No a la guerra’ es el alambre umbilical de varias generaciones bajo la primera experiencia de guerra ilegal y sus consecuencias. Irak y el grito de protesta de aquellos años lo engloban todo. Marcó el fin del Gobierno de Aznar y un precedente que Estados Unidos ha pagado durante dos décadas. Todavía hoy se estudia la factura política y moral en las universidades americanas de élite. En cifras, un estudio de la Universidad de Brown elevó las muertes violentas en 315.000 en Irak; otro de la Universidad de Washington a 461.000. La democracia no se instauró tras la caída de Saddam Husein y la foto de las Azores de José María Aznar quedó en la ignominia de nuestra historia reciente. 

Aznar no sometió a votación en el Congreso la entrada de España en la guerra. La única votación fue a propuesta del PSOE para no enviar tropas sin una resolución expresa del Consejo de Seguridad de la ONU, rechazada con la mayoría del PP (marzo de 2003). El PSOE de entonces no se ha movido con la postura de Pedro Sánchez de hoy. Si Estados Unidos quiere usar las bases de Rota y Morón en la guerra de Irán debe ser en base a las resoluciones y el tratado de cooperación. El mensaje político de la legalidad. Sin ello, la apuesta es la paz y la vía diplomática. El rechazo a Sadam Husein es equiparable al del régimen criminal del caído ayatolá Jamenei. Y es ofensivo tener que repetir la compatibilidad de condenar la represión atroz del régimen iraní contra los derechos humanos y pedir mantener el orden internacional en el polvorín abierto en Oriente Próximo.

Trump ha tomado una decisión unilateral junto a Israel sin contar con los socios europeos, a los que ahora amedrenta dando por hecho un apoyo sin condiciones. No pasó por el Congreso de EEUU, no informó en el Debate sobre el Estado de la Unión y el casus belli sobre la inminencia de la bomba nuclear y los misiles de largo alcance, no hay experto que lo sostenga. El Gobierno tiene pendiente una comparecencia parlamentaria del ministro José Manuel Albares y otra del presidente para detallar la postura de España y sus consecuencias. Pero es difícil imaginar quién votaría en contra de las exigencias de Pedro Sánchez. No hay partido de derechas que pueda permitirse un “no” a mantener las garantías de soberanía nacional en el uso de las bases. A no volar los consensos institucionales nacidos de la II Guerra Mundial. Sometidos como estamos en Europa al despliegue de la Estrategia de Seguridad Nacional americana, en enero tocó Venezuela y en febrero Irán. ¿Puede cualquier país europeo permitirse el seguidismo a ciegas en estas condiciones? ¿Se puede normalizar la ausencia de normas ante un Trump desatado y desleal con sus aliados históricos? 

El reto de Sánchez no es buscar la simpatía de Trump, sino arrastrar a los socios fundadores —Francia, Alemania, Italia…— a exigir a EEUU unos mínimos estándares para mantener el apoyo de la Unión. Si Trump quiere el respaldo de sus aliados europeos, el Consejo de Seguridad de la ONU y la Alianza Atlántica tienen que, como mínimo, participar en las decisiones de un aliado que, desde la Conferencia de Seguridad de Múnich, da signos de escasa fiabilidad. El canciller alemán Friedrich Mertz se olvidó de esa defensa del espacio común y, con ello, ha perdido la mejor oportunidad para asumir el liderazgo europeo. Tras su silencio en el Despacho Oval, el icónico espacio donde antes se humilló a Zelenksi, ha sido enmendado en cuestión de horas por el apoyo explícito de Emmanuel Macron, Antònio Costa, Úrsula von der Leyen. De ahí la rectificación y el supuesto off the record donde recordó a Trump la condición de bloque de la Unión Europea.

Para abrir una guerra hace falta un país y dos para cerrarla. Bajo esta máxima, no sabemos hacia dónde van EEUU e Israel en Oriente Próximo ni cuáles son los objetivos finales. Ni siquiera sabemos si será una guerra de días o meses. Como estamos en el terreno de la especulación, el impacto que pueda tener el conflicto dependerá de la duración de la guerra, del golpe a los precios de la energía y el petróleo. Y de cómo consiga Trump dividir la posición de la UE.

Trump puede arremeter contra España como medida de presión mediática y política. La amenaza tiene difícil anclaje con la realidad. No puede aplicar un embargo a España como a Cuba, Irán o Corea del Norte. Para ello debería romper tratados comerciales, asumir el arbitraje internacional, pasar por el Congreso y, por el camino, volar el paraguas diplomático que une a Estados Unidos con Europa. Con el tiempo, el aldabonazo del Supremo a los aranceles podría repetirse con un bloqueo similar. Aun así, el desgaste de confrontar con Trump es una posibilidad. Está por ver si desgasta a España o si, como parece, Europa se beneficia de tener un país miembro liderando la contención a decisiones que arrastran a los socios sin saber la factura a pagar. 

Si el PP de Feijóo no quiere apoyar a Sánchez, podría mirar a Giorgia Meloni. Desde las antípodas ideológicas del Gobierno está reivindicando al menos el respeto a Europa. Más allá de los cálculos electorales, toda posición debería contemplar la complejidad del momento geopolítico y no un puñado de votos en lo inmediato. Hay una tradición enraizada en España, “el lado bueno de la historia” al que se refería Susan Sarandon, en contra de la guerra y a favor de posiciones diplomáticas antes que bélicas. Pero incluso en el puro realismo político, ni España ni Europa tienen mucho que ganar en un conflicto que se dirige desde fuera y se paga dentro. 

Las furias gallegas se instalaron en 2022 en la séptima planta de la sede del PP en la calle Génova. Mar Sánchez Sierra, Marta Varela y Luis de la Mata escoltaron a Alberto Núñez Feijóo hasta su despacho y desde entonces van y vienen de conjura en conjura. Las meigas de Feijóo hablan, llaman, gritan, presionan, susurran, juran, amenazan, comentan, cantan. Han convertido al pobre Elías Bendodo en un fantasma sefardí que deambula de esquina en esquina, de oprobio en oprobio, descansando su penar en las entrañas leales de esa Andalucía que tan injustamente abandonó, embriagado por los cantos de sirena del Madrid D.F. Hoy es escombro y ruina, mañana será sombra y ceniza.

Se ha desatado la guerra entre Génova y Sol. Gallegos y madrileños siempre han tenido un mal llevar desde que Aznar dejó el gobierno. La casa Romay Beccaría y la casa Aznar viven su particular juego de tronos que hoy cristaliza en las filtraciones que han hecho florecer un caso de abuso sexual y laboral en Móstoles. Fuego cruzado entre chivatas y cainitas. Cuando preguntan a Génova quién filtró el caso a los medios, desde la séptima planta las meigas gritan al unísono que fue Bendodo, ay. La fula va y corre de redacción en redacción y el nombre del sefardita va rulando por los hoteles del todo Madrid. Pobre Elías.

Mientras tanto, Feijóo acude a su propio funeral entrevistado por Manso y Lamet en las páginas dominicales de El Mundo. La comedia se explica sola, pero no está de más destacar que el presidente del PP ha dicho que no habrá acuerdos de gobierno en ninguna comunidad autónoma si él no está conforme. Se le olvida que a Pérez Llorca, en la Generalitat Valenciana, lo nombraron el PP de Alicante y Kiko Méndez Monasterio. Tras la entrevista de Guardiola en Okdiario, los suyos afirman que la presidenta sólo recibe fuego amigo desde Génova. A Mar Sánchez Sierra, que es mujer de mucho mando y arranque, no le gusta el color que está tomando la negociación: “Sobra ruido y falta trabajo serio alrededor de una mesa, que es lo que esperan los extremeños", ha dicho Fúnez.

Saetas envenenadas salen disparadas desde las almenas de Génova hacia Extremadura. Fuego graneado en las cercanías de Sol. La artillería pesada de Sol abre boquetes en la paz de Génova. Arcadi Espada desde su columna insinúa que Feijóo debe dimitir. Sangre y puñal. Alberto es mentiroso, zángano, fabulador. Su mano derecha mueve a la prensa por legiones. Anda sacando brillo a la navaja y un día de estos se la van a hacer comer, me dice un manda del PP. De momento, la meiga no hace prisioneros y muerde como loba herida y encantada porque sabe que el drama final de Feijóo está más cerca cada día. O se muere matando o no se muere.  

También sabe la meiga que el visir de Sol no se quedará quieto. Es espía del infierno. El que hizo a Aznar presidente de este país ha empeñado su alma para que Ayuso también lo sea. Va con todo. Casado y Álvaro García Ortíz se hunden a deshora en una oscura tumba sobre la que han quedado grabadas las pisadas de una cabra. El próximo será Feijóo y después vendrá Sánchez. En Madrid, querido y desocupado lector, quieren que  sea el primer presidente en pisar la trena y que Ayuso sea la primera mujer en decorar la Casa Blanca. En este mes de febrero no ha dejado de llover sin misericordia, quizá para que el agua no dejase rastro alguno de tanta sangre. En Madrid, esta semana se ha abierto la tierra, mientras el infierno arde, los diablos rugen y los santos oran para que pronto alguien exclame: “Ha muerto el perro”.