A dos semanas de las elecciones en Andalucía, Juanma Moreno trata de mantener lejos a sus propios compañeros de partido. Él quiere evitar los “líos” que, en sus propias palabras, representan los pactos con Vox y la “prioridad nacional” en la que la dirección nacional del Partido Popular está atrapada desde hace semanas. Así, al igual que hizo el actual presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, cuando presidía la Xunta de Galicia, el presidente andaluz ha diseñado una campaña en la que pesa más su nombre que el de su partido y en la que trata de huir de la confrontación ideológica.

Moreno quiere evitar que las elecciones del 17M se contaminen del “ruido” de Madrid y no participarán en campaña ni la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso —de viaje por México—, ni los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. Feijóo sí estará, pero con una presencia limitada y sin ocupar el centro de la campaña. Este domingo será la primera vez que coincidan en un acto en Málaga, pero fuentes de Génova destacan que el líder nacional tendrá una agenda propia y separada en buena parte de la de Moreno. “Cuantos menos actores haya en el escenario, mejor”, resumió el presidente andaluz en funciones en una entrevista en Antena 3.

El andaluz quiere aparecer como algo más que el candidato del PP. Su objetivo es presentarse como una figura “institucional, reconocible y transversal”, capaz de llegar a electores que no hace tanto “votaban al PSOE”, explican fuentes de su equipo. El calendario le ha ayudado a ello, con celebraciones populares —Semana Santa, Feria de Abril, Cruces de Mayo, Patios de Córdoba o Feria del Caballo de Jerez— en las que Moreno se ha dejado ver fuera de la habitual confrontación partidista y de los mítines al uso.

Los rivales de Moreno, sin embargo, sí quieren que Andalucía mire a Madrid. El PSOE cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede levantar a su electorado y que al candidato del PP le perjudica hablar de cuestiones nacionales, al igual que pasa con Vox, que necesita a su líder nacional, Santiago Abascal, para visibilizar a su propio candidato. En la izquierda, Sumar también busca la presencia de sus referentes nacionales para dar empuje a Antonio Maíllo frente a la amenaza que supone Adelante Andalucía. El PP andaluz, en cambio, considera que su candidato es más fuerte cuanto menos acompañado esté.

El contraste de la campaña andaluza con las últimas autonómicas es evidente. En Castilla y León, Aragón y Extremadura, los candidatos del PP estuvieron acompañados de Feijóo, Ayuso, Aznar y Rajoy en varios mítines para movilizar al electorado conservador. En lugares como Aragón, el líder del PP echó el resto en campaña y no se movió prácticamente del territorio en las dos semanas. En Andalucía, sin embargo, Moreno intenta que la campaña no parezca una extensión de Génova ni una sucursal de la Puerta del Sol. 

La ausencia de Ayuso es la más significativa. La presidenta madrileña atrae las miradas allá donde va, pero también alimenta el choque contra Sánchez y la disputa cultural contra la izquierda. Todo eso moviliza al votante duro del PP, pero en el equipo de Moreno creen que puede poner en riesgo el activo principal de su candidato. Y la mayoría absoluta “no está garantizada”, como llevan repitiendo desde hace semanas. Es más, pronostican que todo dependerá de “cómo se repartan los restos” y de su capacidad de “robar voto” al PSOE.

En Castilla y León, Feijóo, Aznar y Rajoy arroparon a Alfonso Fernández Mañueco. Ahora, ambos expresidentes “no suman”, según trasladan en el PP andaluz, especialmente Rajoy, con el caso Kitchen todavía coleando. En Aragón, Jorge Azcón hizo lo contrario de Moreno al nacionalizar el mensaje y convertir a Ayuso en “invitada estrella” de su campaña, con actos durante todo un fin de semana. En Extremadura, aunque con menos presencia nacional, Feijóo se volcó con una campaña paralela a la de María Guardiola para “peinar” el territorio y frenar a Vox.

Esos precedentes pesan en Andalucía. El PP ganó en Extremadura, Aragón y Castilla y León, pero no logró romper la dependencia de Vox. Guardiola se quedó a cuatro escaños de la mayoría absoluta en Extremadura, Azcón ganó en Aragón pero con dos escaños menos mientras Vox se disparó hasta las 14 actas y Mañueco venció en Castilla y León sin alcanzar los 42 procuradores necesarios para gobernar en solitario.

Moreno busca ser la excepción de ese ciclo. Si alcanza la mayoría absoluta, podrá exhibirse como el único barón popular capaz de contener a Vox sin mimetizarse con su discurso. Si  no lo logra, se enfrentará al mismo problema que sus compañeros de partido: una legislatura condicionada por la extrema derecha. El presidente andaluz quiere vender estabilidad frente al “lío” de otros barones populares condicionados por Vox, y para eso necesita alejarse tanto de la retórica ultra como del lenguaje de la política nacional. 

La inmigración es el ejemplo más evidente. Moreno se ha distanciado de la fórmula pactada por el PP con Vox en otras comunidades con la “prioridad nacional” y ha incluido en su programa una defensa de la contribución de la población migrante regularizada al crecimiento económico, al empleo y a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Pero tiene otras flaquezas de gestión que la oposición trata de utilizar a su favor, con el estado de la sanidad como el principal elemento de desgaste.

El presidente andaluz, a diferencia de Feijóo e incluso de Ayuso, no necesita demostrar que el PP puede ganar a Pedro Sánchez, sino que él puede seguir gobernando Andalucía sin depender de Vox. Lo que más teme es perder la mayoría absoluta y quedar atrapado en la misma dinámica que Guardiola, Azcón o Mañueco. Es decir, ganar pero depender de la extrema derecha para gobernar, pese a que él mismo accedió al poder gracias a Vox en 2018.

El pasado 24 de marzo, Soledad Iparragirre, Anboto, histórica exdirigente de ETA, salió de la prisión de Martutene, parapetada tras una gafas de sol y varios allegados que trataban de evitar, sin éxito, una imagen que causó dolor en las víctimas del terrorismo, pero que el Gobierno Vasco enmarca en el camino de la reinserción.

Su salida se ajusta a la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, el mismo que permite salidas de la cárcel a Garikoitz Azpiazu, Txeroki, otro exjefe de ETA, y que esta semana se ha aplicado también sobre el recluso de la organización terrorista Ángel Tellería. Este artículo no ha sufrido cambios desde 1996, año en el que el Gobierno del Partido Popular, presidido por José María Aznar aprobó la norma.

En la actualidad, algo más de una veintena de presos de ETA disfruta de la flexibilización de su condena por la aplicación del artículo 100.2, según los datos facilitados a EFE por la Asociación de Víctimas del Terrorismo -a la que el Gobierno Vasco notifica todos los casos- y la asociación de familiares de presos de ETA Etxerat, que concreta que son 23 los penados por delitos de terrorismo actualmente en este régimen.

Esta cifra podría ser algo mayor, ya que Etxerat no cuenta a los miembros de ETA arrepentidos que abandonaron o fueron expulsados del colectivo de presos de la organización terrorista (EPPK).

La aplicación de esta vía de reinserción no es nueva ni ha sido iniciada por el Gobierno Vasco, que gestiona las cárceles vascas desde el 1 de octubre de 2021. Muchos presos de ETA se beneficiaron de la medida antes del traspaso de la competencia, incluso antes del final del terrorismo. En la mayoría de los casos reclusos enfermos o que se habían distanciado de ETA.

De hecho, una de las aplicaciones más polémicas de este artículo tuvo lugar en marzo de 2007, cuando Instituciones Penitenciarias se lo concedió a Iñaki de Juana Chaos, quien estaba en huelga de hambre.

Además de Anboto y Txeroki, disfrutan actualmente de ese régimen otros destacados reclusos de ETA como José Ramón Carasatorre, Jon Olarra Guridi y José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri.

Desde el 1 de octubre de 2021, cuando el Gobierno Vasco se hizo con la competencia de prisiones, el Departamento vasco de Justicia ha aplicado el 100.2 a 142 reclusos, de los que 48 estaban vinculados a ETA, según datos aportados por el Ejecutivo autonómico.

El Gobierno Vasco ha concedido además 2.002 terceros grados, de los que 119 corresponden a 97 presos de ETA (algunos lo han recibido más de una vez al haber sido revocados).

Esta vía de flexibilización ha sido criticada por las asociaciones de víctimas, ya que, para aplicarse, no necesita requisitos específicos exigibles a los condenados por terrorismo y porque se trata de una medida "excepcional", tal y como detalla el reglamento penitenciario.

Las Juntas de Tratamiento proponen la medida, la autoridad penitenciaria -en este caso el Gobierno Vasco- la aprueba y, posteriormente, el juez de vigilancia penitenciaria la avala o no. Para hacerlo puede pedir un informe a la Fiscalía, que puede expresar su postura pero no presentar recurso. En el caso de Anboto, el juez aún no se ha pronunciado.

En el caso de Garikoitz Aspiazu, Txeroki, la Fiscalía de la Audiencia Nacional informó a favor del régimen de flexibilización y reveló que este antiguo jefe de ETA había participado en encuentros restaurativos con víctimas del terrorismo, que de forma muy discreta sigue organizando el Gobierno Vasco.

Para la concesión de terceros grados o libertades condicionales, la legislación actual impone condiciones específicas para los presos de ETA o de otras organizaciones terroristas, como la colaboración efectiva con las autoridades, la petición expresa de perdón, y desvinculación de la organización terrorista.

Por este motivo, las organizaciones de víctimas cuestionan la aplicación del 100.2, al entender constituye una vía para eludir estos requisitos y suavizar las condenas de presos de ETA que no se han desvinculado de su pasado terrorista.

El colectivo de víctimas del terrorismo Covite califica esta vía como una "trampa", ya que se emplea "como un atajo para conceder un régimen de semilibertad a quienes no pueden acceder todavía al tercer grado".

Por su parte, el Gobierno Vasco alude a la aplicación de la ley y al principio de reinserción que guía su actuación en materia penitenciaria, aunque comprende que las salidas de prisión de destacados militantes de ETA causen dolor a sus víctimas.

Cuando se van a cumplir 15 años del fin del terrorismo, quedan algo más de 120 presos de ETA, la gran mayoría en las tres cárceles vascas. También hay tres en la prisión de Pamplona y dos en Francia.

De todos estos, 102 pertenecen al llamado EPPK y otros 10 abandonaron el colectivo al no estar de acuerdo con su estrategia, por lo que ahora están amparados por la agrupación Tinko, que exige la amnistía total. Fuera de la órbita de estas organizaciones quedan los presos desvinculados totalmente de ETA.

El Partido Popular tiene debilidad por anunciar el fin de los tiempos, especialmente si esa ecuación incluye al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En ese caso, cualquier predicción apocalíptica se queda corta: desde que el socialista va a llevar a España a una "dictadura" por "la puerta de atrás" hasta que quiere instaurar "un cambio de régimen" sin oposición. Ese fue el planteamiento que hizo el partido de Alberto Núñez Feijóo en la campaña de las elecciones del 23J y que ahora vuelve a retomar el expresidente José María Aznar, erigido como el faro moral del partido. En un acto junto al exministro Jaime Mayor Oreja, aseguró que las próximas elecciones tendrán "un carácter semiconstituyente" y que el país se juega su supervivencia histórica, la Corona y hasta una supuesta desintegración territorial si Sánchez se mantiene en el poder.

"Nos vamos a jugar la continuidad histórica de España. La continuidad de la Corona como tal, y por lo tanto, una posible desagregación del país en un conjunto de entidades o republiquillas", proclamó el expresidente. Y remató su advertencia con una apelación directa a la movilización: "Dicho esto, y jugándonos eso, el que se quiera inhibir que se inhiba, pero que sepa las consecuencias", añadió. Es decir, "el que pueda hacer que haga", como pidió en noviembre de 2023, tras la investidura de Sánchez.

Una predicción que ya hizo antes de que el presidente del Gobierno español reeditara el cargo tras los últimos comicios. En diciembre de 2022, Aznar aseguró que "España vive en un momento político especialmente difícil, delicado y peligroso". "El más peligroso que ha vivido desde el comienzo de la Transición democrática", llegó a afirmar. "Si en unas próximas elecciones este Gobierno, esta concentración de partidos, formada por el Partido Socialista, por Esquerra Republicana de Cataluña, por Bildu y por Podemos, si esa coalición fuese victoriosa o gobernase España en los próximos cuatro años, no tengo la menor duda que la lógica de la política que se está aplicando ahora llevaría a España a la apertura de un proceso constituyente", pronosticaba.

En ese mismo foro, un Feijóo que llevaba pocos meses en el cargo de líder del PP incidió en esa misma idea. "Estamos en el peor momento institucional que hemos vivido desde la Constitución del 78″, alertó, obviando episodios como el intento de golpe de Estado del 23-F. Después, acusó al presidente del Gobierno de estar poniendo "en riesgo las bases constitucionales". En ese momento, lo que marcaba la actualidad era la reforma del delito de sedición, la ley del solo sí es sí y el nombramiento del exministro Juan Carlos Campo como magistrado del Tribunal Constitucional. Casi cuatro años después, los mensajes del PP siguen siendo los mismos.

Los conservadores incidieron especialmente en ese mensaje en la campaña del 23-J. En Génova anticipaban una victoria cómoda de su partido y de Vox tras el mal resultado del espacio de la izquierda en las autonómicas y municipales de mayo, pero eso no impidió que buena parte de sus discursos pronosticaran el apocalipsis democrático en caso de que Sánchez siguiera gobernando. Los conservadores convirtieron, por tanto, esos comicios en un plebiscito sobre la continuidad de España, el orden constitucional, la integridad territorial o la propia democracia. Es decir, el mismo mensaje que está trasladando Aznar ahora.

Apenas un mes antes de esas elecciones, el expresidente sostuvo que si se reeditaba la mayoría parlamentaria que sostenía a Sánchez, España sufriría "una mutación constitucional". También señaló que "los separatistas catalanes y los antiguos terroristas de EH Bildu" exigirían como precio para mantener al Gobierno "la autodeterminación". El presidente de FAES dibujó un horizonte de quiebra institucional y cesiones irreversibles al independentismo con la independencia de ambos territorios en el centro, pero lo cierto es que ni los catalanes ni los vascos trasladaron esa exigencia para investir a Sánchez, ni tampoco lo hizo Junts per Cataluña.

Aznar no fue el único. Feijóo alertó solo tres días antes de la cita electoral de que ERC exigiría "un referéndum a un Sánchez aún más débil tras el 23J" y contrapuso "sanchismo, chantajes y bloqueo" a "cambio". "Si después de ser el más votado en 2019, Sánchez le dio a ERC todo lo que pidió, ¿qué podemos esperar de un Sánchez derrotado?", se preguntó. Un apocalipsis que también pronosticó en el terreno económico, al asegurar que España vivía un "momento de estancamiento económico" y que la "historia clínica" del país "no es buena": "La economía española está estancada. Los más pesimistas creen que estamos en un momento de declive económico", dijo.

El entonces vicesecretario de Organización y ahora número dos de Feijóo, Miguel Tellado, también anticipó el fin de "la integridad territorial" de España. Fue el 24 de junio de 2023, un mes antes de las elecciones: "El 23J está en juego la integridad territorial de España si Sánchez sigue gobernando", señaló. Añadió que esa integridad territorial no podía "ser moneda de cambio" y redujo la alternativa a una dicotomía entre un Gobierno de Feijóo o uno de "Sánchez, Bildu, ERC y Podemos". Acabó pasando lo segundo.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, fue todavía más lejos. Así, alertó de que Sánchez iba camino de convertir España en una dictadura, presentó al Ejecutivo como "el Gobierno más autoritario de la democracia" y acusó al socialista de poner en riesgo el Estado de derecho. Meses antes, en enero de 2023, ya había denunciado una supuesta "clara intención de cambiar el orden constitucional por la puerta de atrás", de generar dependencia de las arcas públicas y de hacer imposible la alternancia en el poder. En otra comparecencia incluso evocó una "deriva totalitaria de la Segunda República" que, según dijo, desembocó en la Guerra Civil.

El 2 de noviembre de 2023, dos semanas antes de que el Congreso invistiese por mayoría absoluta a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, Aznar lanzó la advertencia que vuelve a replicar esta semana. Hacía apenas tres meses que los ciudadanos habían votado, negando a las derechas la mayoría que necesitaban para aplicar su agenda conservadora y neoliberal y abriendo las puertas a una coalición progresista apoyada por las fuerzas soberanistas que prolongase en una nueva legislatura. En un primer momento, el cuartel general del PP pensó que Sánchez no aguantaría por la fragilidad parlamentaria, pero casi tres años después fuentes de la dirección asumen que el socialista convocará elecciones en 2027, "salvo sorpresa", y pronostican que "no caerá tanto" respecto al 23J.

En aquella alocución de José María Aznar, pronunciada con toda la solemnidad del momento, en presencia de Feijóo, también habló de "no inhibirse. “En lo que haya que hacer, se podrán hacer muchas cosas, menos una: inhibirse. En esta situación, la inhibición no tiene hueco. Se me podrá decir: ¿Y qué se puede hacer? Pues el que pueda hablar que hable. El que pueda hacer que haga. El que pueda aportar que aporte. El que se pueda mover que se mueva. Cada uno en su responsabilidad", apuntó.

Dos años y medio después, eso se ha traducido en un despliegue de la capacidad de influencia de no pocos actores en distintos frentes, unidos en ese anunciado objetivo común: derribar al Gobierno sin utilizar las herramientas previstas en la Constitución, en particular la moción de censura. En el PP anticiparon las elecciones en varias comunidades autónomas con ese objetivo en mente, pero aunque los comicios en Extremadura y Aragón evidenciaron la debilidad de los socialistas, también expusieron el auge de la extrema derecha. Y ahora es, de nuevo, Aznar el que lanza otra advertencia: el PP necesita a un Vox débil a su lado porque, de lo contrario, "los españoles no nos podremos enfrentar a los problemas que queremos abordar" y solo así la derecha "tendría una oportunidad".

Veintidós años después de los atentados terroristas del 11-M de 2004, el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja (PP) sigue alimentando el bulo de que los ataques no fueron cometidos por una célula yihadista, como probó la sentencia judicial. Lo volvió a hacer este miércoles en la presentación de su libro Una verdad incómoda. Testimonio de una época: contra el silencio y la mentira (Espasa, 2026), arropado por el expresidente del Gobierno José María Aznar y la exlíder del PP vasco María San Gil en un acto al que también acudieron la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, y en el que no faltaron los llamamientos al entendimiento entre PP y Vox para frenar el "frente popular" encabezado por el presidente Pedro Sánchez.

Mayor Oreja no se movió un milímetro de la teoría de la conspiración que lleva alimentando desde hace años y que también expone en el citado libro. El que fue ministro del Interior de 1996 a 2001 con José María Aznar sostiene en el libro que esa jornada pensó que había sido ETA por "sentido común", "experiencia" e "historia". "Me he preguntado siempre por el extraño —por inusual— silencio de ETA en 2004, fecha en la que Aznar abandonó el Gobierno, y en cuya segunda legislatura se ilegalizó HB. La lógica es aplastante: no necesitaba matar porque otros estaban preparando un trágico atentado que [...] rompió la historia de España". Así, citó dos testimonios recogidos en su libro para apuntalar su convicción de que los atentados querían acabar con el Gobierno del PP.

Según la versión del exdirigente del PP, la victoria electoral que siguió a la matanza no fue solo una consecuencia política de la matanza, sino el verdadero objetivo de quienes la perpetraron. "Lo dije en 2004 y lo digo ahora, el atentado se hizo para cambiar la dirección política del Gobierno de España, para cambiar el rumbo. Y vaya si lo ha cambiado", afirmó entre aplausos del público. Pese a que las sentencias atribuyeron la autoría de los atentados a una célula yihadista, Mayor Oreja defiende en su libro que calificar el 11-M como un atentado "islamista" resulta "insuficiente". A su lado, Aznar evitó entrar de forma directa en la autoría de los atentados, pero aseguró que el de su exministro del Interior es un "buen libro", lo que se puede interpretar como un aval esa teoría que sectores del PP y ahora también de Vox llevan defendiendo desde hace años.

El 11-M, lejos de ser un episodio definitivamente cerrado en la historia reciente, fue utilizado como símbolo de una fractura para la derecha. Según Mayor Oreja y la mayoría de los asistentes, que le aplaudieron con fervor, esos atentados le dieron la victoria al socialista José Luis Rodríguez Zapatero sin merecerla. Y por culpa de esa victoria gobierna también ahora Pedro Sánchez. Un PSOE que, aseguró, "es irreconocible" respecto al del año 1982. Así, insistió varias veces en la importancia de "la alternativa" frente "al abismo": "Los escándalos permanentes también nos anestesian, la mentira se hace natural".

Aznar centró sus intervenciones en el momento "complicado" que, su juicio, atraviesa España, y en lo que se juega la derecha en las próximas elecciones generales. Unos comicios que tendrán un carácter "semiconstituyente": "Nos vamos a jugar la continuidad de nuestro sistema constitucional, de la Corona y una posible desagregación del país", sostuvo el expresidente del Gobierno. Afirmó también que ese horizonte electoral es decisivo para frenar la polarización, el "secesionismo catalán y vasco" y lo que considera un deterioro de la posición internacional de España. Frente a ello, apeló a una "mayoría sólida" capaz de afrontar "retos muy serios". "El que se quiera inhibir, que se inhiba. Pero que sepa por lo menos la consecuencia que su inhibición puede tener", apuntó.

En ese punto se pudieron constatar las diferencias entre los dos dirigentes. Mientras Mayor Oreja defendió abiertamente la existencia de una "mayoría natural" entre PP y Vox y sostuvo que ambos partidos "tienen la obligación de hacer Gobiernos", aunque admitió que no "será fácil" lograrlo, Aznar mostró sus reservas después de haber admitido en un acto previo que "no le gusta" Abascal. "Nunca creí en la mayoría natural, y se lo dije a Fraga", señaló. La tesis del expresidente del Gobierno es que el PP necesita a un Vox débil para poder gobernar porque, de lo contrario, "los españoles no nos podremos enfrentar a los problemas que queremos abordar".

"No es lo mismo un Partido Popular que obtenga 130 o 140 escaños acompañado por un Vox que tenga 60" que un PP "que tenga 170" con una extrema derecha muy subordinada y situada en el entorno de los 30 escaños. "En la segunda forma tendríamos una oportunidad", dijo, dando por hecho que la primera fórmula sería muy problemática para el partido de Alberto Núñez Feijóo. Una frase que no cosechó tanto apoyo del público, que sí se mostró eufórico cuando San Gil dijo que su organización busca ser el "nexo" de unión entre el principal partido de la oposición y la formación de Santiago Abascal.

La palabra más citada por Mayor Oreja fue, sin duda, ETA. Aseguró que la banda terrorista "sigue viva" a través de los pactos con José Luis Rodríguez Zapatero, primero, y con Pedro Sánchez, después, pese a haberse disuelto en el año 2011, y afirmó que, aunque haya dejado de matar, "nunca cambia ni cambiará". Para Mayor Oreja, el nacionalismo vasco y el catalán forman parte de un mismo movimiento histórico, con distintas "vanguardias" y "retaguardias", y el procés ha sucedido a la banda terrorista como nueva punta de lanza de la ruptura territorial. "Vamos a ver gobernar a ETA en el País Vasco y Navarra", sostuvo.

El acto fue organizado por NEOS, la plataforma ultracatólica presidida por Mayor Oreja, y cuyas letras se corresponden con los cuatro puntos cardinales, "norte", "este", "oeste" y "sur", ya que busca ser una "brújula" ante la pérdida de referencias. NEOS destaca por su rechazo al aborto y la eutanasia, su reivindicación de la "civilización cristiana" y su voluntad de plantear una "alternativa cultural" a la izquierda, que a su juicio ha logrado acomplejar a la derecha en el terreno de las ideas y los valores.

El exdirigente del PP es también un referente fundamental del movimiento católico radical. Y no sólo en España. El exeuroparlamentario preside la federación europea de asociaciones One Of Us y es presidente de honor de Political Network of Values, con vocación de puente entre Europa y América y que ensalza el modelo nacionalista católico húngaro. Para él, la derecha solo podrá revertir el rumbo del país si logra articular una mayoría amplia, disciplinada y jerárquicamente clara, alineada a su vez con los valores tradicionales. El patronato de la citada fundación lo conforman, entre otros, el diputado de Vox Francisco Contreras, el diputado y exconsejero de la Comunidad Madrid con el PP, Luis Durán, o el exministro de UCD, Ignacio Camuñas.

El 11-M sigue siendo una herida abierta en España. Una fecha que marcó el país con el mayor atentado yihadista perpetrado en la historia. Las imágenes de las explosiones de los trenes cerca de la estación de Atocha siguen muy presentes en la sociedad 22 años después. Y ahora ese recuerdo, además, coincide con el despertar otra vez del grito de “No a la guerra”.

El atentado yihadista se produjo después de que España participara junto a Estados Unidos y Reino Unido en la guerra de Irak por la supuesta existencia de unas armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. La decisión la tomó de manera unilateral José María Aznar frente a las masivas protestas de los ciudadanos. Y la gestión del atentado posterior, con el entonces Ejecutivo mintiendo sobre la autoría del mismo y señalando a la banda terrorista ETA, tuvo consecuencias políticas como la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero el domingo 14 de marzo.

Este duro aniversario ha coincidido más de dos décadas después con la irrupción de nuevo del “No a la guerra”, aunque esta vez el Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, ha rechazado aliarse con Washington para sumarse a un conflicto que no tiene ningún amparo de la legalidad internacional. Pero lejos de las lecciones aprendidas durante aquel inicio del siglo XXI, la derecha española ha elegido posicionarse del lado de Donald Trump, en el caso de Vox, o no deja clara cuál es su postura, en el caso de la dirección nacional del PP pilotada por Alberto Núñez Feijóo.

Pero es que, además, José María Aznar ha reaparecido por partida doble durante este 11-M sin ningún atisbo de remordimiento. Lo ha hecho coincidiendo con un momento en el que figuras de Génova 13 no dejan de reivindicar el reciente 30 aniversario de su primera victoria electoral en la noche del 3 de marzo de 1996. Y cuando se evidencia cada día que su poder es total en la esfera del partido.

El expresidente del Gobierno volvió a mostrar su querencia por las intervenciones militares en un día tan señalado. Durante un acto por la mañana en Valencia, Aznar señaló que está “más que justificado” el conflicto en Irán y consideró que España debería estar al lado de sus aliados.

Respecto al fin del conflicto, manifestó que las operaciones que se empiezan "hay que terminarlas", porque abandonar las cosas "a la mitad" o dejar que sigan los mismos gobernantes en Irán es "apostar para que dentro de diez años estemos en la misma historia". No faltaron las críticas a la posición del Gobierno español: "Está en contra de nuestro principal aliado de seguridad, de quienes nos dan apoyo y seguridad".

En su doblete de jornada, por la tarde estuvo en Madrid en la presentación del libro del exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, titulado elocuentemente Una verdad incómoda. Testimonio de una época: contra el silencio y la mentira. Un gesto también de importancia simbólica, porque el texto vuelve a rescatar teorías de las conspiración sobre el atentado del 11-M al involucrar a Francia y a la banda terrorista ETA.

Después del atentado terrorista del 11-M y la victoria de Rodríguez Zapatero tres días después, el Partido Popular de Mariano Rajoy se abonó a la teoría de la conspiración y basó en ella su oposición a través de dirigentes como Eduardo Zaplana, entonces portavoz en el Congreso, y Ángel Acebes, que fue secretario general de los populares por aquella época. Una idea que se retroalimentaba a través de la derecha mediática. Una de las voces en los medios fue Cayetana Álvarez de Toledo, que luego saltó de El Mundo al PP y hoy es una de las diputadas más cuidadas por Feijóo en la Cámara Baja.

En su libro, Mayor Oreja insiste en estas teorías, sin ningún tipo de base y obviando la existencia de un juicio cerrado por el atentado, y escribe: “Me he preguntado siempre por el extraño —por inusual— silencio de ETA en 2004, fecha en la que Aznar abandonó el Gobierno, y en cuya segunda legislatura se ilegalizó HB. La lógica es aplastante: no necesitaba matar porque otros estaban preparando un trágico atentado que rompió la historia de España”.

La teoría de la conspiración también ha sido rescatada durante este aniversario por parte de la ultraderecha. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, escribió en la red social X: “Hoy es 11 de marzo, 22 años después seguimos queriendo saber LA VERDAD”. Y también dijo en un acto de homenaje a las víctimas: “22 años después esos delitos están prescritos y los vagones, que eran las principales pruebas, fueron destruidos”, algo que es falso. Y volvió a conectar ese atentado con ETA, lo que le sirvió de excusa para echar de nuevo en cara al Gobierno sus pactos con EH Bildu.

Frente a estas teorías de la conspiración y proclamas belicistas, la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo lamentó la situación actual en Ucrania, Gaza e Irán y clamó contra las guerras que siempre terminan alcanzando a quienes no tienen poder de decidir: "No repitamos la historia, cada escalada de violencia puede tener consecuencias devastadoras".

Precisamente esa llamada a recordar la historia está muy presente en los discursos del Gobierno, como indicó el propio Sánchez en su declaración ante la guerra de Irán y las amenazas comerciales de Donald Trump: “No hay que repetir los errores del pasado”. De hecho, el presidente recordó también: “La guerra de Irak generó un aumento drástico del terrorismo yihadista, una grave crisis migratoria en el Mediterráneo oriental y un incremento generalizado de los precios de la energía y, por tanto, también de la cesta de la compra, del coste de la vida. Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces. Un mundo más inseguro y una vida peor”.

Con motivo de esta efeméride, Sánchez escribió en X: “Reiteramos el compromiso con la memoria, la justicia y la convivencia. Siempre en nuestro recuerdo las 193 vidas que nos fueron arrebatadas hace 22 años, en el peor atentado terrorista de nuestra historia. Paz y democracia”.

El 11-M ha vuelto a recordar, dos décadas después, las consecuencias de una guerra ilegal en Oriente Medio. Y se ha conmemorado, además, con España liderando una posición pacifista y de defensa de las relaciones diplomáticas a la que, poco a poco, van sumándose otros países como Francia, Reino Unido y Alemania, que en un primer momento se mostraron abiertos a secundar a Trump en su ofensiva militar contra Teherán.

Sin ir más lejos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tuvo que recular este miércoles después de abrazar en un discurso el fin del orden mundial basado en reglas. En Estrasburgo trató de superar la polémica con este mensaje: "Ver cómo está el mundo no reduce nuestra determinación para luchar por el mundo que queremos. La UE se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable por la paz, los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional son tan centrales hoy como lo fueron en nuestra creación. Siempre defenderemos estos principios".

Desde el ala de Sumar, la ministra de Sanidad, Mónica García, se mostró orgullosa, durante uno de los actos de recuerdo del 11-M, de pertenecer a un Gobierno que es "el faro moral internacional" y que dice “No a la guerra” de manera alineada con el reclamo de paz de toda la ciudadanía española, mientras "la derecha" se sitúa "del lado de la mentira y del servilismo a los señores de la guerra".

España ha marcado oficialmente y ante el mundo su posición, sintetizada en dos mensajes: uno político y otro emocional. El ‘No a la guerra’ es el alambre umbilical de varias generaciones bajo la primera experiencia de guerra ilegal y sus consecuencias. Irak y el grito de protesta de aquellos años lo engloban todo. Marcó el fin del Gobierno de Aznar y un precedente que Estados Unidos ha pagado durante dos décadas. Todavía hoy se estudia la factura política y moral en las universidades americanas de élite. En cifras, un estudio de la Universidad de Brown elevó las muertes violentas en 315.000 en Irak; otro de la Universidad de Washington a 461.000. La democracia no se instauró tras la caída de Saddam Husein y la foto de las Azores de José María Aznar quedó en la ignominia de nuestra historia reciente. 

Aznar no sometió a votación en el Congreso la entrada de España en la guerra. La única votación fue a propuesta del PSOE para no enviar tropas sin una resolución expresa del Consejo de Seguridad de la ONU, rechazada con la mayoría del PP (marzo de 2003). El PSOE de entonces no se ha movido con la postura de Pedro Sánchez de hoy. Si Estados Unidos quiere usar las bases de Rota y Morón en la guerra de Irán debe ser en base a las resoluciones y el tratado de cooperación. El mensaje político de la legalidad. Sin ello, la apuesta es la paz y la vía diplomática. El rechazo a Sadam Husein es equiparable al del régimen criminal del caído ayatolá Jamenei. Y es ofensivo tener que repetir la compatibilidad de condenar la represión atroz del régimen iraní contra los derechos humanos y pedir mantener el orden internacional en el polvorín abierto en Oriente Próximo.

Trump ha tomado una decisión unilateral junto a Israel sin contar con los socios europeos, a los que ahora amedrenta dando por hecho un apoyo sin condiciones. No pasó por el Congreso de EEUU, no informó en el Debate sobre el Estado de la Unión y el casus belli sobre la inminencia de la bomba nuclear y los misiles de largo alcance, no hay experto que lo sostenga. El Gobierno tiene pendiente una comparecencia parlamentaria del ministro José Manuel Albares y otra del presidente para detallar la postura de España y sus consecuencias. Pero es difícil imaginar quién votaría en contra de las exigencias de Pedro Sánchez. No hay partido de derechas que pueda permitirse un “no” a mantener las garantías de soberanía nacional en el uso de las bases. A no volar los consensos institucionales nacidos de la II Guerra Mundial. Sometidos como estamos en Europa al despliegue de la Estrategia de Seguridad Nacional americana, en enero tocó Venezuela y en febrero Irán. ¿Puede cualquier país europeo permitirse el seguidismo a ciegas en estas condiciones? ¿Se puede normalizar la ausencia de normas ante un Trump desatado y desleal con sus aliados históricos? 

El reto de Sánchez no es buscar la simpatía de Trump, sino arrastrar a los socios fundadores —Francia, Alemania, Italia…— a exigir a EEUU unos mínimos estándares para mantener el apoyo de la Unión. Si Trump quiere el respaldo de sus aliados europeos, el Consejo de Seguridad de la ONU y la Alianza Atlántica tienen que, como mínimo, participar en las decisiones de un aliado que, desde la Conferencia de Seguridad de Múnich, da signos de escasa fiabilidad. El canciller alemán Friedrich Mertz se olvidó de esa defensa del espacio común y, con ello, ha perdido la mejor oportunidad para asumir el liderazgo europeo. Tras su silencio en el Despacho Oval, el icónico espacio donde antes se humilló a Zelenksi, ha sido enmendado en cuestión de horas por el apoyo explícito de Emmanuel Macron, Antònio Costa, Úrsula von der Leyen. De ahí la rectificación y el supuesto off the record donde recordó a Trump la condición de bloque de la Unión Europea.

Para abrir una guerra hace falta un país y dos para cerrarla. Bajo esta máxima, no sabemos hacia dónde van EEUU e Israel en Oriente Próximo ni cuáles son los objetivos finales. Ni siquiera sabemos si será una guerra de días o meses. Como estamos en el terreno de la especulación, el impacto que pueda tener el conflicto dependerá de la duración de la guerra, del golpe a los precios de la energía y el petróleo. Y de cómo consiga Trump dividir la posición de la UE.

Trump puede arremeter contra España como medida de presión mediática y política. La amenaza tiene difícil anclaje con la realidad. No puede aplicar un embargo a España como a Cuba, Irán o Corea del Norte. Para ello debería romper tratados comerciales, asumir el arbitraje internacional, pasar por el Congreso y, por el camino, volar el paraguas diplomático que une a Estados Unidos con Europa. Con el tiempo, el aldabonazo del Supremo a los aranceles podría repetirse con un bloqueo similar. Aun así, el desgaste de confrontar con Trump es una posibilidad. Está por ver si desgasta a España o si, como parece, Europa se beneficia de tener un país miembro liderando la contención a decisiones que arrastran a los socios sin saber la factura a pagar. 

Si el PP de Feijóo no quiere apoyar a Sánchez, podría mirar a Giorgia Meloni. Desde las antípodas ideológicas del Gobierno está reivindicando al menos el respeto a Europa. Más allá de los cálculos electorales, toda posición debería contemplar la complejidad del momento geopolítico y no un puñado de votos en lo inmediato. Hay una tradición enraizada en España, “el lado bueno de la historia” al que se refería Susan Sarandon, en contra de la guerra y a favor de posiciones diplomáticas antes que bélicas. Pero incluso en el puro realismo político, ni España ni Europa tienen mucho que ganar en un conflicto que se dirige desde fuera y se paga dentro. 

Las furias gallegas se instalaron en 2022 en la séptima planta de la sede del PP en la calle Génova. Mar Sánchez Sierra, Marta Varela y Luis de la Mata escoltaron a Alberto Núñez Feijóo hasta su despacho y desde entonces van y vienen de conjura en conjura. Las meigas de Feijóo hablan, llaman, gritan, presionan, susurran, juran, amenazan, comentan, cantan. Han convertido al pobre Elías Bendodo en un fantasma sefardí que deambula de esquina en esquina, de oprobio en oprobio, descansando su penar en las entrañas leales de esa Andalucía que tan injustamente abandonó, embriagado por los cantos de sirena del Madrid D.F. Hoy es escombro y ruina, mañana será sombra y ceniza.

Se ha desatado la guerra entre Génova y Sol. Gallegos y madrileños siempre han tenido un mal llevar desde que Aznar dejó el gobierno. La casa Romay Beccaría y la casa Aznar viven su particular juego de tronos que hoy cristaliza en las filtraciones que han hecho florecer un caso de abuso sexual y laboral en Móstoles. Fuego cruzado entre chivatas y cainitas. Cuando preguntan a Génova quién filtró el caso a los medios, desde la séptima planta las meigas gritan al unísono que fue Bendodo, ay. La fula va y corre de redacción en redacción y el nombre del sefardita va rulando por los hoteles del todo Madrid. Pobre Elías.

Mientras tanto, Feijóo acude a su propio funeral entrevistado por Manso y Lamet en las páginas dominicales de El Mundo. La comedia se explica sola, pero no está de más destacar que el presidente del PP ha dicho que no habrá acuerdos de gobierno en ninguna comunidad autónoma si él no está conforme. Se le olvida que a Pérez Llorca, en la Generalitat Valenciana, lo nombraron el PP de Alicante y Kiko Méndez Monasterio. Tras la entrevista de Guardiola en Okdiario, los suyos afirman que la presidenta sólo recibe fuego amigo desde Génova. A Mar Sánchez Sierra, que es mujer de mucho mando y arranque, no le gusta el color que está tomando la negociación: “Sobra ruido y falta trabajo serio alrededor de una mesa, que es lo que esperan los extremeños", ha dicho Fúnez.

Saetas envenenadas salen disparadas desde las almenas de Génova hacia Extremadura. Fuego graneado en las cercanías de Sol. La artillería pesada de Sol abre boquetes en la paz de Génova. Arcadi Espada desde su columna insinúa que Feijóo debe dimitir. Sangre y puñal. Alberto es mentiroso, zángano, fabulador. Su mano derecha mueve a la prensa por legiones. Anda sacando brillo a la navaja y un día de estos se la van a hacer comer, me dice un manda del PP. De momento, la meiga no hace prisioneros y muerde como loba herida y encantada porque sabe que el drama final de Feijóo está más cerca cada día. O se muere matando o no se muere.  

También sabe la meiga que el visir de Sol no se quedará quieto. Es espía del infierno. El que hizo a Aznar presidente de este país ha empeñado su alma para que Ayuso también lo sea. Va con todo. Casado y Álvaro García Ortíz se hunden a deshora en una oscura tumba sobre la que han quedado grabadas las pisadas de una cabra. El próximo será Feijóo y después vendrá Sánchez. En Madrid, querido y desocupado lector, quieren que  sea el primer presidente en pisar la trena y que Ayuso sea la primera mujer en decorar la Casa Blanca. En este mes de febrero no ha dejado de llover sin misericordia, quizá para que el agua no dejase rastro alguno de tanta sangre. En Madrid, esta semana se ha abierto la tierra, mientras el infierno arde, los diablos rugen y los santos oran para que pronto alguien exclame: “Ha muerto el perro”.

La fundación FAES del expresidente del Gobierno José María Aznar ha cargado este jueves contra el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y le ha acusado de "esconderse tras la inmunidad parlamentaria para lanzar insinuaciones calumniosas" y vincularlo al millonario pederasta fallecido Jeffrey Epstein, según recoge EFE.

Albares recordó la aparición del nombre de Aznar en los llamados papeles de Epstein la semana pasada en el Senado y este miércoles lo volvió a citar en el pleno del Congreso, para responder a las sospechas lanzadas por el PP sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su relación con las compañías Huawei o Plus Ultra.

"Yo no vengo aquí a traer insinuaciones sobre presidentes; el presidente Aznar ha aparecido en los papeles de Epstein, y yo no vengo aquí a traer ninguna acusación", manifestó tras reprochar a la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo su "obsesión" con Zapatero.

Aznar le ha respondido este jueves a través de FAES que insinúa en un comunicado que Albares podría acabar en los tribunales si lo relaciona con las actividades del estadounidense.

"Si se cree que la mención de dos apuntes postales basta para sugerir que Aznar encubría o encargaba actividades ilícitas y/o inmorales, dígase por derecho. Si eso lo sostuviera alguien aforado, todos tendríamos, además, la oportunidad de aprender mucho: por ejemplo, acerca de la tramitación de suplicatorios en España", señala.

FAES critica con dureza la gestión de Albares, le achaca una "diplomacia de pasarela" y lo acusa de confundir diplomáticos con "mayordomos" e invocar el derecho internacional según criterios "desvergonzadamente oportunistas", diferentes para Gaza o para el Sáhara Occidental.

"Debemos al ministro una política abonada a la impostura y el disfraz, que bate récords de desprestigio internacional hasta haber logrado alcanzar, por fin, el grado cero de relevancia exterior", destaca la fundación, que irónicamente señala que "esconderse tras la inmunidad parlamentaria para lanzar insinuaciones calumniosas no es propio de nuestro rimbombante y arrojado canciller".

A su juicio, contestar a preguntas de la oposición con los papeles de Epstein es "elevar el pellizco de monja a categoría política". 

He aquí el invierno de nuestras desdichas, con todas las nubes del pánico amenazando nuestras cabezas, sepultadas bajo el pensamiento del futuro terror. Mientras Vox crece en Aragón y prepara su estrategia para los próximos caucus de la derecha en Castilla y León, Felipe González amaga con votar en blanco en las próximas elecciones generales si la candidatura del PSOE vuelve a estar encabezada por Pedro Sánchez. Al veterano ex Secretario General hoy la vejez no le perdona, traicionado por el rencor cultivado con los años. El torvo abogado laboralista, aquel que seducía con la pana al compás lascivo de las últimas décadas del viejo siglo veinte, camina hoy falto de garbo y contrahecho, por los pasillos luminosos del Ateneo, como si restara sus últimas horas apoltronado bajo la soledad de los bonsáis y sus recuerdos, terco como un dios tibetano, orondo y fatuo, que ha decidido descender por unas horas hasta los infiernos.  

Mientras tanto, la vida continúa. Los caucus de la derecha en Extremadura y Aragón plantean una tragedia en las periferias mudas. ¿Acaso cualquier alternativa al futuro terror es inimaginable? ¿Es realmente el binomio PP-Vox inmanente y sin afuera, como una burbuja de dimensiones infinitas y sin circunferencia definida? ¿Es un lugar inexorable definido en todas partes, sin salida? ¿Cómo conjugar su existencia con la convicción de que hay estrategias para poder escapar de él? ¿Cómo interpretar los resultados electorales sin renunciar a hacer política como posibilidad de cambio?

Cualquier alternativa sólo parece un hermoso relámpago de primavera. El próximo 18 de febrero, Emilio Delgado y Gabriel Rufián asomarán la cabeza en el Madrid D.F para alzar la voz. Han despertado el sueño de una noche de verano que evoca la España plurinacional y el frentepopulismo. Rufián ha sido, junto a Pedro Sánchez, la única figura superviviente desde el 2016 hasta nuestros días. Casado, Iglesias, Montero, Díaz... todos está políticamente enterrados en la noble sepultura del pasado. Han ido cayendo lentamente, sin posibilidad de mudar la piel, ciegos por la ambición, el orgullo, la venganza o la vanidad. Once años dan mucho tiempo para reinventarse, pero el porvenir político de Rufián no está sincronizado con el de Ana Pontón y el BNG, tampoco con el de Oskar Matute y Bildu y, menos aún, con el de Oriol Junqueras y ERC. El objetivo de Gabriel Rufián sigue siendo Gabriel Rufián. Goza de un gran futuro merecido, pero corre el riesgo de ser gloria de un día. He aquí el gran reto plurinacional: saber declinar la ola autoritaria internacional, vertida sobre los diecisiete cuencos autonómicos de nuestro país, sin renunciar a la política como posibilidad de cambio. 

Mientras tanto, José María Aznar le ha dado al mundo las buenas noches en forma de segundo aviso desde la Fundación FAES. "Sánchez sacrificará cualquier peón, por íntimo que sea el parentesco que le vincule con él –político o familiar–, porque solo juega una partida: la suya”. Miguel Ángel Rodríguez, el visir de Sol, ha ordenado al artillero Manso que apunte todos los cañones a las ventanas de la séptima planta de la sede del PP en la calle Génova. Ya lo advirtió esta semana Arcadi Espada, tan perverso como sagaz en las páginas de El Mundo: “Ha llegado el momento de que Feijóo rectifique su estrategia. Puede hacerlo de dos modos. Uno es dimitir y que el candidato sea alguien capaz de gobernar con Vox”. En Génova ya se pronuncia la palabra dimisión y se han disparado ráfagas de fuego amigo desde los despachos de Mar Sánchez Sierra, tan temeraria como aventurera, utilizando incluso los diarios progresistas. Fuego cruzado en el PP. ¿Veremos la cabeza de Feijóo clavada de una pica como vimos la de Casado? En marzo se cumplen cuatro años de las elecciones de Castilla y León. Ahí comenzó la caída de Casado. Volverá a cumplirse la profecía. Atentos. 

Pero ahora han pasado unos días y, gracias a su decisión, de la que se sigue hablando, he tenido tiempo para recordar que hoy siempre existen opciones para construir un mañana que no esté limitado por lo peor del ayer y, lo más importante, nunca hay que dejar pasar la oportunidad de ganar una batalla no cruenta, pues son las que casi siempre pierden quienes terminan recurriendo a la violencia porque les gusta más el ruido de los disparos y las bombas que el de los debates que se ganan o se pierden con palabras.

Porque es muy cierto que, desde hace poco más de dos años, la amenaza de golpe de Estado se cierne con más fundamento que antes sobre una sociedad española siempre vigilada porque, para aprovechar la ocasión e ir poniendo nombres a quienes sí ganaron la guerra, ni siquiera dejaron que eligiera por separado la forma del Estado, como si la que restauró el golpista del 18 de julio durante su dictadura fuera la única compatible con una democracia que tras el 20N de 1975 era inevitable, y todos lo sabían. Además, y ya que mientras leemos también tenemos en la cabeza la revalorización de las pensiones, no le voy a prohibir a usted que piense que la Constitución del 78 sea la madre de todos los ómnibus, tan tentadores que después hay que deconstruirlos.

Aprovecharé para abrir un paréntesis entre interrogantes: ¿no será que esa “madre” ya está muerta y es por eso que resulta imposible reformarla?

En cualquier caso, y al margen de que la forma que adopte el golpe de Estado en construcción siempre dependerá de las estrategias de quienes buscan conseguir el poder de forma que parezca un accidente y con urnas para disfrazarlo, seguro que a estas alturas usted ya sabe que estoy hablando de “el que pueda hacer que haga”, seis palabras que son mucho más una consigna que una frase y tan vigentes que si usted le pregunta a su buscador “Cuándo dijo Aznar”, sólo estas tres palabras, lo primero que la pantalla le ofrece para seguir escribiendo es “el que pueda hacer que haga” y, acto seguido, y sin pedirle nada, la IA se despierta para decirnos que “José María Aznar ha realizado diversas declaraciones destacadas a lo largo de su trayectoria, siendo una de las más recientes y polémicas su llamamiento en julio de 2025 a la ‘rebelión nacional’ contra el gobierno de Pedro Sánchez, además de utilizar la consigna ‘el que pueda hacer, que haga’ en el contexto político actual. Otras frases y momentos notables de Aznar incluyen: ‘El que pueda hacer, que haga’ (2023-2025): Una consigna interpretada como una llamada a la acción contra el ejecutivo de Pedro Sánchez.”

El caso es que Uclés estaba convocado a debatir y, ahora que he tenido tiempo para pensarlo, he llegado a la conclusión de que podría haber ganado ese debate por goleada anticipándolo, tanto al marco creado por un título contrario a la verdad histórica como a un Aznar que, al margen de lo franquista que siga siendo, resulta hoy mucho más peligroso cuando anima a golpistas potenciales porque no le gusta el Gobierno nacido de los votos depositados en las urnas.

Por lo tanto, y aunque no es fácil que David Uclés sea tan flexible como un Pedro Sánchez al que no le han dolido prendas por tener que romper en pedazos su último “ómnibus”, creo que él y quienes como Antonio Maíllo o Carmen Calvo siguieron su ejemplo, incluido Pablo Iglesias a quien Pérez Reverte ha dicho que invitará para un nuevo intento en octubre, lo que tienen que hacer es decidir la condición que debe cumplir Aznar para merecer un asiento cerca de ellos en cualquier debate, toda vez que un evento como este no sería posible si hubiera según quienes que decidieran seguir al pie de la letra la más famosa de las consignas lanzadas por Aznar.

Si yo fuera Uclés y los demás, enviaría a Pérez Reverte una carta abierta que, más o menos, diría lo siguiente:

“Ante la nueva convocatoria anunciada por usted, queremos poner en su conocimiento que nuestra condición para participar consiste en que José María Aznar emita un comunicado público en el que manifieste que, cada vez que dijo “el que pueda hacer que haga”, o siempre que vuelva a decirlo en el futuro, o también si recurre a otra versión de la misma consigna, deberá entenderse, sin lugar a la menor de las dudas, que, de las personas a las que convoca para que ‘hagan’, siempre estarán excluidos militares y jueces de cualquier rango o categoría, y que condena y condenará con todas sus fuerzas cualquier acción, omisión, o simple gesto, que se pueda interpretar como actividad contra el gobierno que preside Pedro Sánchez si no respeta el marco legal establecido para la crítica política en la Constitución de 1978”.

P.D. No quiero terminar sin destacar el hecho de que Carmen Calvo también se haya sumado al rechazo a debatir bajo un titular embustero. Ella es, hoy, la presidenta del Consejo de Estado y no la diputada que sólo era el 9 de febrero de 2022, cuando se atrevió a desvelar que Felipe VI, a quien le puso el nombre de “Casa Real”, se había negado a renunciar al privilegio del 56.3 que le permite, tal como a su padre, cometer delitos con total impunidad. Y también nos informó Calvo que Sánchez y Casado –¿sería por casualidad?– tampoco quisieron iniciar la reforma de ese blindaje criminal y contrario a la igualdad de todos ante la Justicia que también disfrutó el dictador que había ganado la guerra. Y eso que Gobierno y oposición son quienes deben plantear las reformas. Sí, la de 1978 es la madre de los ómnibus que agarrotan la democracia.

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Domingo Sanz es socio de infoLibre.

Las jornadas de debate sobre la Guerra Civil '1936. La guerra que perdimos todos', dirigidas por Arturo Pérez-Reverte y el periodista Jesús Vigorra, se celebrarán en Sevilla del 5 al 9 de octubre —y será invitado a participar el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias— después de que se suspendieran por la polémica suscitada por el escritor David Uclés, que renunció a asistir.

Los organizadores invitarán para octubre a Pablo Iglesias, pero, según ha matizado este lunes Pérez-Reverte en conferencia de prensa, el escritor David Uclés, autor de la novela 'La península de las casas vacías', no volverá a ser invitado a este ciclo, previsto para esta semana, porque "se ha desacreditado a sí mismo y no queremos que desacredite las jornadas".

Uclés fue el primero en rechazar su participación en el ciclo, después de haber confirmado su asistencia, por intervenir en el mismo el exvicepresidente del Gobierno José María Aznar y el exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, una actitud que siguieron inmediatamente después el dirigente de IU Antonio Maíllo, el escritor Paco Cerdá y la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, entre otros.

Los organizadores han aplazado la undécima edición de estas jornadas para encontrar nuevos invitados y ante las amenazas de 'escraches' en la Fundación Cajasol, que las patrocinan y en cuya sede se celebran.

Esas han sido las dos razones para aplazar las jornadas hasta octubre, según ha explicado Pérez-Reverte: el "desequilibrio" entre izquierda y derecha producido por las renuncias a intervenir después de haber confirmado la presencia y con el programa cerrado, y la falta de tiempo para buscarles reemplazo, además de "la amenaza expresa en redes sociales de la extrema izquierda y Podemos".

La invitación expresa a Pablo Iglesias como ponente para octubre es "para que en vez de enviarnos 'escrachadores' disienta de manera razonable y civilizada", según Pérez-Reverte, quien ha insistido también en la coincidencia de que sean Pablo Iglesias —invitado en ediciones anteriores— y Vox quienes han rehusado participar siempre. Los organizadores, según el escritor, tenían que evitar que se produjeran los 'escraches' anunciados y que "se metiera gente a dar la bronca" en la sede de la Fundación Cajasol: "Eso fue lo decisivo, la amenaza de bronca", ha insistido.

Pérez-Reverte ha calificado este hecho de "gravísimo" porque "el síntoma de la enfermedad es terrible; estamos en una deriva, en un camino siniestro y muy sombrío", a la vez que ha lamentado que existan "elementos que necesitan mantener la tensión y la violencia para mantenerse a sí mismo ante la falta de argumentos intelectuales". El escritor, que ha insistido en el título de las jornadas (sobre el que también hubo polémica por indicar que "todos" perdieron la Guerra Civil) ha leído una larga lista de intervinientes en las diez ediciones anteriores de este ciclo, que ha tratado sobre el periodista Manuel Chaves Nogales, los sistemas de Estado monarquía y república y sobre España, como mito o realidad, entre otros temas, y por los que han pasado destacadas personalidades de la izquierda como Julio Anguita y, en varias ocasiones, Alfonso Guerra y Carmen Calvo.

Vigorra ha enumerado los participantes que tras confirmar su asistencia y conocer plenamente el programa rechazaron su asistencia desde que el domingo 25 de enero lo hizo Uclés: Maíllo, el escritor Paco Cerdá, la dirigente socialista andaluza María Márquez, la historiadora Zira Box y Carmen Calvo, quien argumentó que todos sus compañeros en el Consejo de Estado le desaconsejaron que interviniera.

Pérez-Reverte ha insistido en que el ministro de Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha mantenido su asistencia a las jornadas e incluso se brindó, ante la polémica, a buscar nuevos ponentes entre la izquierda que sustituyeran a los que renunciaron.

Vigorra ha mostrado su convencimiento de que fue un breve mensaje en redes sociales de Pablo Iglesias el mismo domingo por la noche el que desencadenó la sucesión de renuncias. 

En el tardofranquismo, Buero Vallejo y Vizcaíno Casas jugaban al mus todos los sábados. Un republicano prisionero en Cuelgamuros y un acérrimo franquista. En la Transición, Santiago Carrillo conversaba en La Clave con Serrano Suñer, y Cristina Almeida se enfrentaba dialécticamente a Blas Piñar. ¿Por qué entonces se veía como normal y ahora no es posible que Aznar y Espinosa de los Monteros dialoguen con Antonio Maíllo y David Uclés? O que no dialoguen, pero que al menos figuren en el mismo cartel.

Hace unas semanas entrevisté al escritor mexicano Juan Miguel Zunzunegui, defensor de las bondades de la conquista de México, y me tocó por tanto darle la réplica y sembrar de dudas sus argumentos. Entonces fueron la derecha y la ultraderecha (a veces me cuesta distinguirlas) las que salieron en tromba acusándome de ignorante y antiespañol. Lo primero lo acepto. Lo segundo no.

El pasado miércoles me posicioné en contra de la cancelación de unas jornadas en Sevilla sobre la guerra civil con un título para mí desafortunado, La Guerra que  perdimos todos. Entre signos de interrogación quizás fuese más asumible. Entonces me tocó la barahúnda de la izquierda y de los que están un poco más allá de la izquierda. Debo de ser un equidistante, a pesar de que en no sé cuántos artículos he dejado clara mi respuesta a la pregunta de estas jornadas sevillanas: No, la guerra la ganaron los fascistas, los que la provocaron, y la perdieron los republicanos, es decir, los demócratas. Y siguieron perdiéndola 40 años más. 

Nos hemos vuelto una España esclerótica, pero no renuncio a que encontremos una vacuna. Eso me parecían estas jornadas, con un plantel equilibrado y un título desequilibrado. Hubiera ido encantado a decirlo y a debatir. ¿De verdad hay que hacer un veto por este título, aunque nos provoque rechazo? ¿De verdad que el  expresidente de gobierno de un sistema democrático no puede dar su opinión? 

Cada uno es hijo del ambiente en el que ha crecido. El mío es de izquierdas, pero, antes aún, es demócrata. Por eso último (y no por lo primero) mi padre fue a la cárcel en el final de la dictadura. Por eso hay escenas que me repelen, como la quema de libros o las presiones para cancelar unas jornadas de debate con ponentes de distintas tendencias. Suspender esas jornadas no es una victoria, es una derrota. Esta sí, de todos.

Nos estamos acostumbrando demasiado al abrazo del oso, a los corsés de los marcos ideológicos de los 'nuestros'. Lo más difícil es contrariar a los que en general piensan como tú, pero a veces no solo es necesario, es imprescindible. Si no, estás muerto. Acomodarse a tu zona de confort ideológica es el principio del fin de un pensamiento libre e independiente.

En esta polémica alguien que se define como historiador me ha calificado de heredero de Fraga. En fin... Solo se me ocurrió preguntarle si de las propiedades de Perbes me tocaba algún lote.

He leído también argumentos serios y ponderados a favor de esta cancelación, como la del director editorial de este medio,  que entiendo y me hacen dudar, pero al final puede más lo que has aprendido en casa. Somos una familia de heterodoxos. Le agradezco a Jesús Maraña que haya aceptado publicar este artículo, incluso sin leerlo previamente,  pero sabiendo que (sin que sirva de precedente) íbamos a estar en desacuerdo.

Rechazo de plano el impresentable acoso ultra que está sufriendo David Uclés y comprendo también sus razones para descolgarse de estas jornadas, aunque tampoco las comparta. Solo temo que un escritor brillante y prometedor, que ha sacudido para bien el panorama literario español, acabe asfixiado por el abrazo del oso. 

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Xabier Fortes es periodista, director y presentador de 'La Noche en 24 Horas' de TVE.

El magnate Elon Musk, preguntó a Jeffrey Epstein, el financiero pederasta: "¿qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?", según figura en un correo electrónico difundido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos este viernes en una desclasificación masiva de documentos.

En un mensaje anterior, Epstein preguntaba cuántas personas serían para preparar el helicóptero a la isla, a lo que Musk respondía que solo "Talulah y yo", en referencia a Talulah Riley, actriz y escritora británica que se casó con el magnate en dos ocasiones.

El intercambio de mensajes en 2012 entre Musk y Epstein pone de manifiesto la relación entre ambos pero sigue dejando la duda de si el dueño de Tesla llegó a ir a la isla privada del acusado de tráfico sexual.

Musk ha dicho públicamente que Epstein “intentó acercarse” a él, pero que él nunca visitó la isla y que cualquier sugerencia de lo contrario es “categóricamente falsa”.

No es la primera vez que el magnate que formó parte del Gobierno de Donald Trump en este segundo mandato aparece en los documentos de Epstein, pero no hay nada en ellos que indique o sugiera acusaciones directas de participación en delitos por lo que el asunto ha quedado reducido a mera polémica pública.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, anunció este viernes la publicación de unos tres millones de páginas y miles de documentos relacionados con el pederasta y millonario Epstein y aseguró que no censurará ninguna de las 180.000 nuevas imágenes.

Estas publicaciones se producen por la obligación legal de publicar todos los documentos relacionados con el caso del fallecido millonario.

Blanche dijo que estos nuevos documentos les llevará a cumplir con la ley, promovida por el Congreso, para que el público conozca los detalles de los crímenes de Epstein condenado por pagar por sexo con una menor y que se suicidó en prisión en 2019 a la espera de ser enjuiciado por cargos más graves de tráfico de menores.

La última revelación del archivo del pederasta recoge un pago del financiero a su agente de viajes a nombre de José María Aznar, por 1.050 dólares, con fecha 17 de octubre de 2003, y el envío de dos paquetes explicitamente a nombre del expresidente en 2003 y 2004.

La compañía Shoppers Travel Inc., receptora del pago, era utilizada habitualmente por Epstein para reservar vuelos comerciales para sus asociados y empleados.

Entre la ingente documentación desclasificada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que se incluyen gestiones relacionadas con los negocios y las actividades profesionales del financiero, aparece el nombre de José María Aznar.

Se de la circunstancia de que José Maria Aznar tiene un hijo con el mismo nombre, nacido en 1978, y que ya apareció también en una agenda de contactos de negocios de Epstein de principios de los 2000.

Los archivos también recogen que Epstein y su pareja Ghislane Maxwell enviaron dos paquetes al matrimonio Aznar en los años 2003 y 2004, uno de ellos a la dirección de la calle Juan Bravo de Madrid donde tiene sede la Fundación FAES.

El primero de ellos se produjo cuando aún era presidente en septiembre de 2003, en una legislatura que estuvo marcada por la cercanía del ejecutivo español con el Gobierno de Estados Unidos y la relación de Aznar con el presidente George W. Bush.

El coste de aquel envío ascendió a 32,62 dólares y se hizo a través del servicio de mensajería Fedex desde la sede de las oficinas de Epstein en Nueva York hasta el Palacio de la Moncloa en Madrid con el encabezado "Presidente y Ana Aznar".

En mayo de 2004 se realizó, según la documentación hecha pública este viernes, el segundo de los envíos de Epstein a Aznar, fecha en la que ya no era presidente del Gobierno, ya que José Luis Rodríguez Zapatero llegó a la Moncloa en abril.

La princesa heredera de Noruega, Mette Marit, ha pedido disculpas por no informarse más sobre el trasfondo del pederasta y millonario estadounidense Jeffrey Epstein, después de aparecer en los documentos desclasificados..

En un mensaje a la cadena noruega TV2, el director de comunicaciones de la casa real noruega confirmó este sábado que Mette-Marit y una amiga pernoctaron durante cuatro noches en la casa de Epstein a las afueras de Miami, la misma propiedad en la que el millonario fue condenado después por agredir sexualmente a menores.

"Jeffrey Epstein es responsable de sus acciones. Debo asumir responsabilidad por no investigar mejor el trasfondo de Epstein y por no darme cuenta lo suficientemente rápido de la clase de persona que era", afirmó la esposa del príncipe heredero Haakon, según este medio.

Mette-Marit agregó que lamenta "profundamente" haber mostrado "escaso juicio" en estas circunstancias y haber tenido mantenido contacto con el estadounidense.

Julio Iglesias está en boca de todos tras las denuncias por trata de seres humanos y abuso sexual de dos exempleadas de una de sus mansiones. Sin embargo, la justicia española ha decidido no investigarlo por "falta de competencia". Ahora, el Colectivo de Víctimas del Franquismo de la provincia de A Coruña recuerda la fuerte vinculación del cantante con la política española y reclama que devuelva los casi dos millones de euros que la Xunta, con el PP en el poder, pagó a Iglesias y a su familia, así como el retiro del título de Embajador de Galicia del cantante madrileño.

En un comunicado de prensa firmado por Manuel Monge González y entregado a Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, el colectivo solicita la devolución por parte del cantante de 300 millones de pesetas (el equivalente a 1.803.036 de euros de hoy), concedidos en 1992 por el entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga, en pago por "actividades de representación" y por la compra de los derechos de la canción Un canto a Galicia. En el comunicado se exige que si el artista se niega, es el Partido Popular el que debe devolver el dinero, ya que "fue el beneficiario de la campaña de apoyo electoral de Julio Iglesias al partido".

Desde que se conocen esos contratos con Iglesias, el cantante ha apoyado al Partido Popular activamente, participando incluso en la campaña electoral del partido para las elecciones generales de 1996, en las que José María Aznar quedaría como el ganador. En Zaragoza, durante un mitin del 28 de febrero de ese año, el cantante declaró: "Mi querido presidente. Qué alegría estar contigo, sabiendo que te quiero de verdad... ¡Un beso enorme!". "Con todo mi sentimiento y mi razón, digo que no habrá mejor presidente para España que José María Aznar".

En 1997, Iglesias firmó otros dos contratos con la Generalitat Valenciana, cuando la presidía el también popular Eduardo Zaplana, para promocionar la región, esta vez por 990 millones de pesetas (casi 6 millones de euros), tal y como declaró el cantante en 2012 ante el tribunal que juzgaba al político por corrupción. Años después, Iglesias bromeó sobre el pago que recibió: "Creo mucho en la Comunidad Valenciana, me pagan muy bien... no, es una broma. Solo lo digo para que no me preguntes sobre ello".

Tras recordar todos estos hechos, el colectivo gallego solicita la devolución de los 300 millones de pesetas abonados por la Xunta y piden que se utilicen en forma de subvención de la Xunta para apoyar a las asociaciones de memoria y de víctimas del franquismo, así como "para la recuperación de los restos de las fosas comunes y las cunetas de las carreteras y para el entierro digno de cientos de víctimas de la dictadura criminal". Además, están difundiendo el manifiesto Non queremos ao "camarada Fraga" como fillo adoptivo (No queremos al "camarada Fraga" como hijo adoptivo), en el que piden a los ayuntamientos de A Coruña y Betanzos, así como a la Diputación Provincial de A Coruña, que le revoquen los honores al antiguo ministro del franquismo, en aplicación de la ley de memoria democrática.

Y que conste que no estoy jugando con la casi coincidencia entre el apellido del más famoso de los presuntos del momento y el nombre de la Iglesia Católica, esa institución a la que tantas décadas le ha costado reconocer que tiene que confesar la criminal pederastia practicada por muchos de sus blindados con sotana y comenzar a pagar una penitencia que, si fuera justa, debería costarle un precio equivalente al valor de todas las inmatriculaciones que en 1998 le regaló Aznar, el mismo candidato que tantos votos había conseguido en las elecciones generales de sólo dos años antes gracias al apoyo en los mítines de Julio Iglesias, tan galardonado que nadie se atreve a quitarle unos títulos que quizás no merece.

Con lo fácil que sería retirar provisionalmente las alabanzas ante la más que evidente presunción de veracidad de las denuncias presentadas por unas valientes que se arriesgan mucho, y volverlas a reponer al poderoso y cantante en caso de que se demuestre que don Julio es tan inocente como la inmensa mayoría de los curas, que jamás presionaron a ningún menor, ni siquiera con la sola intención de conseguir alguna moneda para poder añadirla al presupuesto de las misas con hostias incluidas.

Pero esto de hoy no va de abusos y violaciones, que ya están entrando en suficiente detalle las televisiones, sino de urnas y democracia, que sí que están en peligro y que, sin ambas, los más crueles volverían a su paraíso político.

Por tanto, que levante la mano, si se atreve, quien sostenga que la escuálida diferencia del 1,16% de votos que Aznar consiguió en 1996 sobre González no tuvo nada que ver con la muy relevante participación en aquella campaña electoral del hoy presunto abusador sexual Julio José Iglesias de la Cueva a favor del candidato de un PP que ahora preside Feijóo, quien, dicho sea de paso, sigue siendo incapaz de expulsar de ese partido político y por incompetente a un tal Mazón, quizás porque sobre el 29 de octubre de 2024 el valenciano sabe del gallego más de lo que a este le conviene.

Pero es que, además, aquel mínimo 1,16% más de votos a favor del PP en las urnas de 1996 se convirtió, por culpa de todos los políticos que desde la Transición fueron construyendo una normativa electoral injusta con la despreciable esperanza de que un día privilegie sus candidaturas, en un decisivo 10,6% más de escaños en el Congreso a favor también, por supuesto, del mismo PP. Es decir, más de nueve veces más de poder parlamentario que de voluntad popular depositada en las urnas por el electorado.

Solo así, y gracias también a esa combinación entre, por una parte, un número de votos desconocidos pero movidos a favor del PP por la preferencia de un cantante a quien hoy la verdad de lo que quizás fue su pasado podría estar comenzando a colocarle en su incierto futuro y, por otra parte, una Ley Electoral que tergiversa cada vez, y siempre en mayor o menor medida, la voluntad popular, hemos llegado a una situación en la que el regreso al autoritarismo se ha convertido en un verdadero peligro.

¿Puede este gobierno de coalición y con apoyos externos echar el resto, es decir, lo que sea necesario, por una reforma de la ley electoral para conseguir que la foto del Congreso se parezca más, aunque solo sea un poco más, a la de quienes acuden a votar en las urnas?

Se trata de DEMOCRACIA. Por favor, corrijan de una vez la mayor maldad contenida en la Ley Electoral.

Aunque solo sea para evitar que, quien podría terminar siendo un presunto, durante el tiempo en el que era famoso no pueda confundir lo suficiente a la voluntad popular como para alterar el futuro de toda la sociedad. Incluso con solo unos pocos votos.

Y, volviendo al título por lo del amigo del tal Epstein, ahora recuerdo que ganó la presidencia de USA en 2016 con 2.868.686 votos menos que Hillary Clinton. Es decir, un 4,5% menos de los votos depositados en las urnas.

Tengo todo el derecho del mundo a pensar que Trump no se habría vuelto a presentar si no hubiera conseguido la presidencia en 2016, pero esto no es más que una opinión.

Lo que nadie puede rebatir es lo extendida que está la falta de respeto a la voluntad popular por parte de las clases políticas en todas partes.

O arreglan esto, lo primero, o nuestro futuro estará lleno de autoritarismos y dictaduras.

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Domingo Sanz es socio de infoLibre.

España ha tenido expresidentes; José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido una trayectoria. Y esa diferencia explica en buena medida la obsesión de la derecha española con su figura. Zapatero no solo fue un presidente que amplió derechos en un momento clave, sino que, al abandonar La Moncloa, entendió algo que otros nunca asumieron: que perder el poder no autoriza a dinamitar la democracia.

La comparación es inevitable. Aznar convirtió su salida del Gobierno en una plataforma permanente de agitación política y de conexión con los grandes intereses económicos, dedicando buena parte de su tiempo a erosionar gobiernos legítimos y a alimentar una polarización que hoy pagamos cara. Felipe González, figura central de la España democrática, ha acabado utilizando su condición de expresidente para desacreditar a la izquierda y justificar posiciones que contradicen su propio legado histórico. Rajoy llevará consigo toda la vida la mochila de ser el primer presidente en perder una moción de censura, optó por la retirada silenciosa, sin aportación intelectual ni defensa activa de las instituciones que presidió. Tres formas distintas de entender el “después”, ninguna especialmente edificante.

Zapatero eligió otro camino. No conspiró contra los gobiernos posteriores, no alentó campañas de deslegitimación institucional ni utilizó su agenda internacional como negocio personal. Mantuvo una lealtad democrática poco habitual en un país donde demasiados exmandatarios confunden crítica con sabotaje y discrepancia con rencor.

Su papel como mediador internacional, especialmente en América Latina, ha sido objeto de ataques feroces, casi siempre cargados de mala fe. La derecha española lo ridiculiza porque nunca ha creído en la diplomacia basada en el diálogo y la negociación, sino en la imposición moral y el castigo selectivo. Zapatero ha hablado con quien había que hablar, no para blanquear a nadie, sino para abrir vías políticas allí donde el bloqueo solo cronifica el sufrimiento. Ha actuado, además, en espacios donde el Estado español no siempre podía hacerlo directamente, aportando experiencia y credibilidad. Eso no es traición: es política exterior responsable.

Esta actitud como expresidente no se entiende sin su trayectoria previa. Zapatero gobernó en uno de los periodos más difíciles de la historia reciente: primero, en un país aún marcado por la manipulación del 11-M; después, en plena crisis financiera global. Se le acusa de “arruinar España”, obviando que el colapso de 2008 fue consecuencia de un sistema financiero desregulado y de una burbuja inmobiliaria gestada durante años, con gobiernos del PP presumiendo de milagros económicos inexistentes.

Zapatero cometió errores, sin duda, pero también intentó proteger el Estado del bienestar más tiempo que otros y pagó un alto precio político por ello.

En el terreno social, su legado es hoy indiscutible. El matrimonio igualitario, la ley de dependencia, la ley antitabaco, el avance en igualdad y memoria democrática no dividieron España: la hicieron más decente. Que hoy estos derechos cuenten con un amplio respaldo social es precisamente la prueba de que aquellos debates no iban desencaminados. La derecha los combatió entonces con dureza y ahora prefiere fingir que siempre estuvieron ahí.

Especialmente reveladora fue la reacción ante el final de ETA. Zapatero contribuyó decisivamente a que el terrorismo desapareciera sin concesiones políticas, desde la legalidad y el Estado de derecho. La derecha, incapaz de asumir que la paz no llegara bajo su bandera, optó por el uso partidista del dolor y la deslegitimación de un proceso que acabó siendo una victoria democrática colectiva.

Por todo ello, con cierta perspectiva histórica, resulta cada vez más evidente que Zapatero ha sido, hasta ahora, el mejor expresidente que ha tenido España. No por infalibilidad, sino por comprensión del cargo. Porque entendió que la democracia no termina cuando se deja el poder, y que servir a un país también consiste en no incendiarlo cuando ya no se gobierna.

Por eso no lo atacan por sus errores, sino por su ejemplo de conducta, por su talante: porque Zapatero demostró que se puede dejar el poder sin vender el país, sin odiar la democracia y sin traicionar lo que se defendió cuando se gobernaba.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

El Partido Popular sigue sin tener nada que reprochar al presidente norteamericano, Donald Trump, tras el ataque contra Venezuela durante la madrugada del 3 de enero que culminó con el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro. Tras lo ocurrido, el principal partido de la oposición respaldó sin ambages el movimiento de Washington con la esperanza de que Trump situara a la opositora María Corina Machado al frente. Trump, sin embargo, rechazó rápidamente ese escenario, lo que dejó en tierra de nadie a una derecha que daba por hecho que ese era el plan de la Casa Blanca.

Los planes de Trump y el ascenso a la presidencia de Delcy Rodríguez, la hasta ahora número dos de Maduro, no han alterado el discurso del PP, que trata de trasladar toda su crítica al presidente español, Pedro Sánchez. Este miércoles el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, se limitó a señalar que el país caribeño "está mejor sin Maduro que con Maduro" y que "el futuro" del país "no puede pasar" por Delcy Rodríguez por ser "la mano derecha del dictador", pese a que asumió el poder con el beneplácito de Trump.

Bravo pidió "respeto al Estado de derecho", sin concretar nombres ni países, exigió un "proceso democrático" en el país y se mostró "convencido" de que una vez haya elecciones las ganará Edmundo González Urrutia, que vive actualmente en España. En privado, fuentes de la dirección nacional evitaban concretar si la intervención de EEUU en Venezuela iba contra el derecho internacional.

"Es un tribunal el que decidirá si Trump ha vulnerado el derecho internacional", respondían en Génova a los periodistas, pese a que el presidente estadounidense ha actuado de manera unilateral, sin contar con el Congreso de Estados Unidos ni con la legalidad internacional, justificando ante los medios esa intervención para hacer frente a la "amenaza narcoterrorista", pese a que EEUU ya no señala siquiera a Maduro como líder del llamado Cártel de los Soles. Es más, la Fiscalía estadounidense ya no sostiene que el Cártel de los Soles sea una organización real y que el presidente venezolano la lidere, según recoge The New York Times.

Con todo, desde el PP evitan cuestionar al presidente de Estados Unidos frente a otras voces más críticas como la del expresidente José María Aznar. A través de un editorial en FAES, la organización señaló el pasado lunes que la apuesta Delcy Rodríguez por parte de Trump fue "de suma torpeza" y que alienta réplicas expansionistas de China y Rusia. Unas críticas que evitan hacer suyas en la dirección de Alberto Núñez Feijóo. "El PP no es FAES", subrayan.

Sobre esta cuestión también se pronunció este miércoles el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. En una entrevista en Antena 3 señaló que "las formas" de Estados Unidos para encarcelar a Nicolás Maduro, con una operación militar ilegal contra Venezuela, "no son las que mejor se corresponden con el derecho internacional" pero concluyó que lo que ha sucedido "es bueno" porque se ha conseguido que haya "un dictador menos en el mundo".

Además, en la misma línea que Génova, dijo que FAES "no es el PP" después de que la fundación advirtiera también contra la "colonización" de Venezuela por parte de Estados Unidos. "Tutelar ese proceso es una cosa, colonizar el país con tal pretexto, otra muy distinta", señaló el think tank. Aunque para Almeida FAES, "una fundación de referencia", no es la que marca la "postura del PP", definida por "la dirección nacional del partido". Y añadió: "No podemos negar que obviamente esto, desde la legalidad internacional, no es lo más ortodoxo que ha sucedido".

Esta no es la primera vez que FAES critica al presidente norteamericano. En un editorial titulado 'Brazos en alto' publicado en febrero del pasado año, la fundación presidida por Aznar aprovechaba para cargar también contra Vox por ser el representante del "trumpismo patrio": "Cada vez que Vox escenifica su adhesión a la Internacional Nacionalista provoca la zozobra de simpatizantes y afines, atrapados en una tormenta de paradojas", señalaba. La formación de Santiago Abascal también ha procurado dejar a Trump al margen de cualquier reproche, ya que es uno de sus referentes.

Con todo, la fundación de Aznar sigue siendo más potente que cualquiera de los intentos posteriores del PP de crear una fábrica de ideas propia. Pablo Casado utilizó la clásica fundación del PP Humanismo y Democracia para reconvertirla en Concordia y Libertad de la mano de Adolfo Suárez Illana, que pasó sin pena ni gloria. Feijóo la refundó bajo el nombre de Reformismo 21, con dirigentes como el ya fallecido exministro Josep Piqué, la también exministra Fátima Báñez o el economista Román Escolano. Reformismo 21 no ha publicado nada reciente referido a los movimientos de Trump como presidente.

Tampoco es nuevo que el PP se refugie en los tribunales para evitar condenar los abusos cometidos por algunos líderes políticos. Ese fue el argumento que utilizaron para no tildar de genocidio la actuación del Gobierno israelí en Gaza. Después de que la Comisión Internacional Independiente de Investigación nombrada por la ONU concluyera que "Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023", el PP dijo que la ONU no tenía "competencias" para definirlo y que eran los tribunales los encargados de definirlo como tal.

"No me compete ni a mí, ni a la ONU ni al presidente del Gobierno decidir lo que es o no es un genocidio", argumentó entonces la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. Para el PP debe ser la Corte Penal Internacional (CPI), el mismo tribunal que emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su antiguo ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra, el que dictamine si lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio.

Así, el PP solo lo considerará como tal cuando el tribunal de La Haya dicte sentencia y, si lo hace, respetará las "decisiones judiciales". Hasta entonces la formación de Alberto Núñez Feijóo no se pronunciará pese a que el ejército israelí ya se ha cobrado la vida de más de 70.000 palestinos. Sin embargo, para Muñoz "lo que está ocurriendo es mucho más complejo" que describirlo o no con esa calificación jurídica. La portavoz del PP —en la misma línea que ahora con Trump— evitó dirigir cualquier crítica contra Netanyahu y se quejó de las reiteradas preguntas de los periodistas sobre esta cuestión con el argumento de que "el Gobierno necesita que se hable de esto".

A diferencia de lo que ocurre con otros presidentes a los que el PP no duda en atacar, como sucede no solo con Maduro, sino también con el ruso Vladimir Putin o la mexicana Claudia Sheinbaum –entre otros bajo apelativos como dictador o tirano en los dos primeros casos y sin que haga falta ninguna resolución judicial que lo demuestre—, el partido de Núñez Feijóo siempre ha evitado cualquier crítica hacia Netanyahu, pese a que la citada Corte Penal Internacional le atribuyó responsabilidad criminal por el crimen de guerra de inanición como método de guerra y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos. Ahora tampoco Trump merece ni un solo reproche, ni siquiera con su amenaza sobre Groenlandia.

Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Tres objetivos simples para dejar un legado que trascienda nuestra vida. Una tradición que viene de largo, pero que algunos se toman más en serio que otros. Y últimamente, los políticos se la están tomando particularmente en serio. Y no, no nos referimos a las dos primeras, que quedan al libre albedrío de la vida privada, sino al último de los objetivos, el poner negro sobre blanco las vivencias, ideas o proyectos que han marcado sus vidas. Porque si en muchos países la inflación está al alza, en las librerías lo que no para de aumentar son los libros firmados por políticos. Al lado del ampliamente celebrado y bendecido por la crítica Sira, una historia de amor, de Juan del Val, se colocan otros libros como Orden y Libertad, Manual de Convivencia o El arte de gobernar. Los secretos y fundamentos humanos de la sabiduría política, firmados respectivamente por José María Aznar, Juanma Moreno Bonilla y Mariano Rajoy.

No han sido los únicos que se han sumado este 2025 a la fiebre de los libros. Otros como el exministro de Defensa Federico Trillo (Memorias de anteayer), la exalcaldesa de Madrid Esperanza Aguirre (Una liberal en política: Por qué lo que funciona es el liberalismo), la exministra de Economía y ahora presidenta del BEI, Nadia Calviño (Dos mil días en el gobierno) y el exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos Pablo Iglesias (Enemigos íntimos), entre muchos otros, también se han animado a escribir. Incluso, aunque quizás no cuente como un político tradicional, el rey emérito Juan Carlos I ha colocado su Reconciliación entre los títulos más vendidos. 

El fenómeno no es solo español. En EEUU, la excandidata presidencial Kamala Harris publicó 107 days, en el que rendía cuentas con Joe Biden y los demócratas para culparlos de su fracaso electoral. También Gavin Newsom, gobernador de California y uno de los favoritos para ser candidato del Partido Demócrata en las próximas elecciones, ha anunciado que este enero podremos leer Young Man in a Hurry, sus memorias. En Francia, el libro que Nicolás Sarkozy escribió durante las semanas que estuvo en prisión, Le Journal d’un prisonnier, ya está entre los más vendidos del país. Todo este fenómeno nos hace preguntarnos: ¿por qué los políticos escriben libros? ¿Cuál es la razón por la que les interesa tanto? Y, sobre todo, ¿tiene sentido seguir haciéndolo en la era de las redes sociales?

Ana Salazar, consultora política y directora de Idus3 Estrategia, lo tiene claro: “Rotundamente, sí. De hecho, ahora más que nunca tiene un impacto y un sentido. En unos tiempos de velocidad, de un contenido sin cesar y con unos formatos de redes sociales cada vez más breves, el hecho de publicar un libro es cambiar completamente el enfoque, ya que da al político un espacio de reflexión donde puede profundizar, lo que es muy raro actualmente en otros formatos”. Mientras en redes sociales los contenidos caducan rápido, y son para un momento muy concreto, la tinta, comenta la experta, permanece y es para siempre. “El libro requiere una especie de pacto, es una promesa, porque no puede cambiarse, y eso, en los tiempos que corren, es muy importante”, argumenta Salazar. 

El beneficio de los libros no se queda ahí, también amplía el público al que puede llegar el político. “En TikTok y en redes sociales se encuentra un target muy concreto, pero ni mucho menos es el único que existe. Hay un nicho de personas lectoras que está ahí y al que hay que llegar de forma diferente al habitual. Solo el hecho de tener tu imagen en la estantería de una librería ya significa mucho. Es comparable a lo que hizo Pedro Sánchez con su entrevista en Radio 3, abrirse hueco entre nichos más concretos pero que también votan”, explica Aner Ansorena, consultor político y CEO de Hauda Comunicación.

Eso sí, hay limitaciones. Es muy difícil, sostiene Juan Manuel Barrios, politólogo e integrante del podcast El Patio Político, que, por mucho que venda un libro, este pueda cambiar un solo voto. “Se escribe para los convencidos, los libros tratan de reforzar a los que ya te apoyan, no cambiar la opinión de los que no. Permiten, eso sí, que se acerquen de una forma diferente a ti, y que con eso se mantenga ese sentimiento positivo. Por ejemplo, un momento en el que los libros pueden tener utilidad electoral es cuando se producen pérdidas de voto”, afirma Barrios. Pone de ejemplo en este sentido el libro de Juanma Moreno, cuya salida coincidió con la crisis de los cribados del cáncer: “Ahí combate un escándalo mayúsculo con el hecho de contar tu historia. Significa tratar de parar esa bola de nieve mostrándote de una forma más personal e íntima de cara a tu votante”, continúa.

De eso van muchas veces los libros de los políticos, de lograr mostrar todo lo que no se ve en los medios y en las redes sociales, su día a día, sus costumbres… “Humanizan mucho, muestran, si realmente el que lo escribe lo hace suyo, a la persona detrás del político. Moreno, por ejemplo, habla de su perro. Puede parecer una tontería, pero es muy difícil hablar de ese tipo de cosas, de aficiones, de temas más personales… en los tiempos de polarización tan fuertes que vivimos. Eso solo te lo permite el libro”, insiste Barrios. 

Esto es algo que entendió perfectamente el expresidente francés Nicolas Sarkozy cuando, después de su condena, anunció que plasmaría sobre papel sus vivencias mientras estaba en prisión. El exmandatario vivía (y vive) una crisis de reputación tremenda, y vio que la forma más potente para tratar de capear el temporal era escribir. “Sarkozy se dio cuenta de que el formato audiovisual no era suficiente para lo que quería hacer. Solo con acudir a las televisiones o hacer entrevistas no iba a cambiar nada, quería algo más”, indica Salazar. 

El resultado fue espectacular. Unos 100.000 ejemplares vendidos en menos de una semana, todo un éxito que cambió el foco mediático. “Es muy complicado que con un libro un político pueda cambiar la percepción que se tiene de él, pero al menos tiene un control total sobre esa historia. A Sarkozy le da igual si el lector le cree o no, pero lo que está claro es que está escuchando su historia, la que él quiere contar. Impone ese relato la persona que está leyendo. Tanto es así que, cuando el expresidente salió de la cárcel, la noticia fue más que había escrito un libro mientras estaba encarcelado y lo que decía en ese libro, que el propio hecho de que abandonara prisión”, explica Barrios. 

Ese relato impuesto no solo sirve para políticos en activo, también lo hace para aquellos que están retirados y quieren legitimar su estancia en el poder o dar su propia visión. Es el caso del libro de Aznar o los superventas de Barack y Michelle Obama. “En este caso quieren dejar claro su legado y un relato de su biografía personal, aunque en ocasiones también tienen otros objetivos. Por ejemplo, está claro que el libro del expresidente del Gobierno y exlíder del PP persigue igualmente influir políticamente en el panorama actual pese a que él ya se ha retirado, teóricamente, de todo”, comenta Salazar. 

Y es que publicar un libro es mucho más que sacarlo a la venta, especialmente para aquellos que ya no están en activo. “El libro da a los políticos la oportunidad de estar en la palestra, de sentirse importante. La sociedad entiende que al escribir tienes algo que contar, que eres o todavía sigues siendo importante e incluso que has hecho un ejercicio intelectual. A todo ello hay que sumar la promoción, el estar en los periódicos, que se debata el contenido, las entrevistas… todo eso que se monta alrededor del libro es importantísimo”, señala Ansorena. 

Precisamente, en toda esa parafernalia, los políticos en activo buscan notoriedad y los retirados volver a saborear el sentirse importantes, aunque sea solo por unas pocas semanas. Eso sí, estos últimos tienen una gran ventaja: “En todo el mundo se tiende a mitificar al político que ya no está, se les escucha mucho más y con más atención. Cuando se retiran, las personas comienzan a sentir por ellos más simpatía, aunque en el pasado no les gustara nada. Por todo eso, para ellos es mucho más fácil ser efectivos a la hora de escribir un libro, ya que los políticos en activo todavía llevan la mochila de la actualidad a cuestas”, zanja Ansorena.

Además, tienen un problema añadido y es que, al estar gobernando, rara vez tienen tiempo de escribir. “Creo que nadie se cree que los políticos escriben sus propios libros, y menos mal, porque si no, qué estarían dejando de hacer. Casi siempre recurren a alguien para escribirlo después de muchas entrevistas y conversaciones”, afirma Salazar. Pero, para Ansorena, en la mayoría de las veces esto no está del todo bien contado: “Si no se es transparente, se puede generar una desconfianza en la ciudadanía y acabar teniendo un impacto negativo, porque al final el nombre que sale en la portada es el tuyo”. Por eso, escriban o no ellos mismos los libros, sea por ego o por buscar una relevancia perdida, sean un superventas o no lleguen más que a frikis de la política, todo indica que, al contrario que en Video Killed the Radio Star, TikTok no matará a los libros de los políticos, sino que, más bien, hará que cada vez haya más.

La verdad en política no es una abstracción filosófica, sino una condición básica para que la ciudadanía pueda decidir con libertad. Cuando un partido convierte la mentira, la desinformación y la huida de responsabilidades en herramienta sistemática, lo que se erosiona no es solo la credibilidad de ese partido, sino la confianza en la democracia misma.

Sin información veraz no hay posibilidad real de elegir, solo de ser guiado por quien controla el relato. Por eso los bulos y las medias verdades no son simples “excesos de campaña”, sino un ataque directo al derecho de la ciudadanía a saber qué ocurre y quién hace qué.

En los últimos años, los verificadores de datos han mostrado cómo la desinformación se ha instalado en el corazón del debate público español, especialmente en periodos electorales. No es un fenómeno neutro: se concentra en determinados actores que han convertido la mentira en método de trabajo político.

Diversos estudios y análisis periodísticos han demostrado que una parte significativa de los mensajes difundidos por el Partido Popular en campaña eran directamente falsos o engañosos. Se trata de una forma de hacer política que asume que el rédito electoral justifica distorsionar la realidad, incluso cuando eso alimenta la polarización y la desconfianza.

Los ejemplos se repiten: desde mensajes alarmistas sobre inmigración o ayudas sociales en campañas autonómicas, hasta insinuaciones de fraude electoral sin pruebas, diseñadas para sembrar dudas sobre el propio sistema democrático. Cada bulo deja un poso, y aunque luego se desmienta, la sospecha ya ha hecho su trabajo en el imaginario colectivo.

La historia reciente ofrece casos en los que el Partido Popular ha utilizado informaciones falsas o manipuladas desde las propias instituciones. Episodios como la campaña contra profesionales sanitarios en Madrid, basada en acusaciones que más tarde la justicia declaró infundadas, muestran hasta qué punto la mentira puede arruinar vidas mientras se utiliza como munición partidista.

También hubo gobiernos del PP que difundieron versiones falsas o no contrastadas sobre hechos de enorme gravedad, instrumentalizando el dolor social para proteger su imagen y sus intereses políticos. Cuando quienes deberían encarnar la responsabilidad institucional optan por la cortina de humo, el mensaje al conjunto de la sociedad es devastador: mentir sale barato si sirve para salvar el día.

Los análisis de bulos en campañas españolas revelan patrones concretos: ataques personales basados en frases que nunca se dijeron, imágenes manipuladas y acusaciones de “pucherazo” que pretenden deslegitimar los resultados antes de que se produzcan. En ese ecosistema, dirigentes del Partido Popular y sus entornos mediáticos han jugado un papel central amplificando rumores y contenidos que luego son desmentidos por verificadores independientes.

No se trata de errores aislados, sino de una cultura política que premia el impacto inmediato frente al rigor. El objetivo no es informar, sino agitar emociones: miedo, enfado, resentimiento, esa mezcla perfecta para que el análisis sereno quede arrinconado.

La mentira no solo se expresa en lo que se dice, sino también en lo que se niega cuando los hechos ya son incontestables. Frente a los numerosos casos de corrupción que han salpicado al Partido Popular en distintos niveles de la administración, la reacción habitual ha sido minimizar, desmarcarse de los responsables o presentar las tramas como anécdotas del pasado.

Sin embargo, siguen acumulándose causas abiertas y piezas pendientes de juicio procedentes de redes como Gürtel o Púnica, que afectaron de lleno a exdirigentes y estructuras del partido. La negativa a asumir responsabilidades políticas profundas, más allá de los mínimos impuestos por los tribunales, alimenta la sensación de impunidad y distancia a la ciudadanía de las instituciones.

La desinformación no se queda en titulares; baja a la calle y condiciona la vida de la gente. Quien escucha una y otra vez que “los inmigrantes viven de ayudas millonarias” puede acabar señalando a su vecino sin papeles, aunque los datos muestren que tal relato es falso. Quien cree que el sistema electoral está amañado puede dejar de votar o asumir que la política es una farsa, justo el terreno donde crecen el cinismo y la abstención.

También ocurre con la corrupción: cuando se normaliza que un partido acumule casos durante décadas sin una autocrítica real, se instala la idea de que “todos son iguales” y de que robar es parte del juego. Esa resignación es el mejor aliado de quienes quieren seguir gobernando sin rendir cuentas.

Frente a esta dinámica, la defensa de la verdad no es un lujo moral, sino una urgencia democrática. La ciudadanía necesita medios independientes, verificadores de datos y una sociedad civil activa, pero también partidos que entiendan que perder un voto por decir la verdad es más digno que ganarlo mintiendo.

Mientras el Partido Popular continúe apostando por el bulo, la manipulación y la dejación de responsabilidades, no solo estará dañando a sus adversarios, sino debilitando la confianza en aquello que asegura querer defender: la democracia española. La pregunta ya no es si mienten, sino cuánta mentira estamos dispuestos a tolerar antes de decir basta.

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José González Arenas es secretario de medio ambiente del PSOE de Córdoba.

Hace ahora cincuenta años. Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco Bahamonde murió bendecido por la Iglesia católica, sacralizado, rodeado de una aureola heroico-mesiánica que lo equiparaba a los santos más grandes de la historia. El panegírico había comenzado con la Cruzada, arreció con fuerza en la posguerra y continuó hasta después de su muerte.

Franco y sus compañeros de armas iniciaron en julio de 1936 un golpe de Estado que provocó una sangrienta guerra civil. Durante esos años y en la posguerra, decenas de miles de “enemigos” fueron eliminados. La paz de Franco destruyó familias enteras e impregnó la vida cotidiana de miedo, coerción y castigo. Su España fue un Estado policial, un omnipresente sistema de control y vigilancia que necesitó en los primeros años el derramamiento de sangre y los pelotones de fusilamiento. Una vez organizada la trama de lealtades, propaganda y miedo, el terror podría dirigirse a grupos pequeños y no amenazaba a la mayoría de los españoles. Eso es lo que decía Franco, que solo se perseguía a delincuentes, comunistas, masones y separatistas. 

Murió rico, con una fortuna millonaria, enriqueció a sus familiares, a quienes permitió un desenfrenado saqueo, y concedió un gratificante retiro a los cientos de colaboradores que ya habían disfrutado en el poder de sinecuras y grandes beneficios. 

Comparado con Mussolini, Hitler o Stalin, Franco no sobresalió como un personaje influyente en la política europea del siglo XX. Pero no fue un dictador débil o menor. Utilizó con habilidad las circunstancias históricas que le permitieron relacionarse con las potencias del Eje y obtener al mismo tiempo un gran rédito de la diplomacia y del espionaje británico, incluidos los sobornos con grandes sumas de dinero a varios de sus generales, para el mantenimiento de la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial. 

Tras el derrumbe de los fascismos, Estados Unidos y Europa Occidental consideraron durante un tiempo a Franco un paria, por su sintonía ideológica con Hitler y Mussolini, pero todo cambió a partir del estallido de la guerra en Corea en 1950. Franco, por muy represor y autoritario que fuera, era preferible al comunismo. Logró la aceptación internacional, mientras que incrementaba su poder. Las circunstancias históricas que lo colocaron en la marginación internacional y después en la rehabilitación tuvieron poco que ver con su personalidad o carisma, pero logró sobrevivir y aumentar el culto. La propaganda hizo creer a los españoles que había librado al país de los horrores de la guerra mundial y jaleó los acuerdos de 1953 con la mayor potencia económica y militar del mundo como un triunfo más del Caudillo. En el escenario internacional fue siempre un dictador dependiente. En España mantuvo sus excepcionales poderes hasta el final.

Mientras él vivió, fue imposible acometer transformaciones políticas reales y en las casi cuatro décadas de su mandato no hubo fricciones importantes en los pilares básicos de apoyo. Tuvo tiempo de contemplar cómo desaparecieron sus aliados fascistas, el abrazo del amigo americano, la liberalización de la economía tras años de hambre y pobreza absolutas, el desarrollo de la década de los sesenta y el crecimiento de su amplia familia corrupta. Desde el 1 de octubre de 1936 hasta el 20 de noviembre de 1975 fue ungido de una autoridad sobrenatural, basada primero en su misión redentora y después en los constantes y continuos logros. Bajo esa aureola mesiánica, el Caudillo fue objeto de obediencia y nunca tuvo necesidad de reconocer sus errores porque creía que sus motivos siempre eran puros y guiados por la providencia.

Ninguno de sus jerarcas y cómplices fue arrestado, encarcelado o procesado. Todos escaparon al castigo. A muchos les costó tiempo y labor resignarse a su muerte, aunque quienes pensaban en labrarse un futuro político sin el Caudillo dejaron de la noche a la mañana el uniforme azul y se pusieron la chaqueta democrática.

Cincuenta años después de su muerte, y casi noventa del final de la guerra, muchos familiares de sus víctimas no saben dónde están los restos de decenas de asesinados, desperdigados por lugares insospechados. 

Frente a ese pasado infame, algunos se han reído de quienes “remueven tierra buscando huesos”, y destacados políticos demócratas han propuesto pasar página, negar el recuerdo, cancelar el pasado. Aznar y Rajoy, voces autorizadas para millones de personas que piensan como ellos, lo repetían siempre que podían: los gobiernos no debían dedicarse a tonterías como la memoria histórica o a la investigación sobre miles de desaparecidos. 

Es la sombra alargada del legado pesado de la dictadura de Franco, que regresa y vuelve con diferentes significados, que actualizan desde la democracia sus herederos, políticos, periodistas o aficionados a la historia, y en los últimos años un partido de ultraderecha cargado de historia de España de tambor y trompeta, de relato cultural ultranacionalista y de construcción de mitos simplificados. Cincuenta años después.

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Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, autor de 'Franco’ (Crítica, 2025).