Trataron supuestamente de encontrar información comprometedora del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a través de dos subordinados. Y recabaron información secreta de la estructura de la Unidad Central Operativa (UCO), la que actúa en todas las causas judiciales de corrupción que corresponden a la Guardia Civil y, últimamente, en las abiertas contra el PSOE y el Gobierno. El exsecretario de Organización Santos Cerdán y la militante y exconcejal socialista Leire Díez crearon esa organización "con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE y del Gobierno", según el juez número 5 de instrucción de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. El instructor aprecia en la trama los delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias, y delito contra las instituciones del Estado.

Además de Cerdán, que la lideraba, y Leire Díez, de esa organización formarían parte, según el juez, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y la gerente del partido, Ana María Fuentes, que aparece como cómplice. El proceso aprecia también indicios contra dos abogados –Jacobo Teijelo e Ismael Oliver–, así como contra un guardia civil imputado por revelación de secretos. Del exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, y del diputado socialista y miembro de la ejecutiva del partido Juan Francisco Serrano, no descarta su implicación, a la espera del avance de las pesquisas. El magistrado ha ordenado este miércoles a la UCO desplazarse a la sede federal de la formación en la madrileña calle Ferraz para hacer un requerimiento de documentación.

La dirección del grupo, según el juez, correspondía a Cerdán, expulsado del partido tras estallar su implicación en el caso Koldo y que fue excarcelado el pasado diciembre tras pasar casi cinco meses en prisión provisional. Pero la ejecución de los trabajos encargados por el entonces número tres de la formación correspondía a Leire Díez, que actuaba acompañada de Pérez Dolset, empresario tecnológico investigado por varios delitos en la Audiencia Nacional desde hace años. El instructor señala al menos cinco actuaciones de ambos que perseguían lograr información comprometedora de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (Anticorrupción) a través de dos de sus miembros, así como recabar datos secretos de la UCO y lanzar estrategias para denigrar públicamente sus operaciones e informes.

Uno de sus objetivos fue el fiscal anticorrupción José Grinda (caso 3%, mafia rusa...) al que abordaron con un doble objetivo. Por un lado, para tratar de cambiar su posición en varios casos cuya investigación le correspondía (entre ellos los relativos a Pérez Dolset) y, por otro, para recabar información comprometedora que afectara al responsable de su fiscalía, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón. Para lograrlo, según Pedraz, le ofrecieron un puesto en el extranjero e incluso el pago de dinero. El instructor asegura que existen anotaciones que apuntan que estaban dispuestos a abonarle 300.000 euros. Para ejecutar el soborno se sirvieron de un periodista ajeno a la trama. Grinda, sin embargo, denunció el intento de soborno ante el Ministerio Público, que llevó el caso ante el juez de instrucción 9 del Tribunal de Madrid.

Otra de las víctimas de la trama fue uno de los fiscales anticorrupción del caso Villarejo, Ignacio Stampa, ahora destinado en la Fiscalía de Madrid. A Stampa, según relató en la denuncia que, como Grinda, presentó posteriormente, le reclamaron información sobre Luzón, Grinda y el entonces juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor entre otros del caso Kitchen de espionaje a Bárcenas. Según el auto de Pedraz, le ofrecieron volver a Anticorrupción, fiscalía en la que no obtuvo la plaza que buscaba por la oposición de la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado. También se prestaron a ayudarlo con la intercesión en un pleito que tenía abierto.

Las gestiones de Leire y Dolset, para las que contaron en ocasiones con el apoyo de los letrados Teijelo y Oliver, también se dirigieron al excomandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, implicado en el caso Koldo como amigo del exasesor de José Luis Ábalos, al que facilitaba supuestamente teléfonos opacos para sus acciones ahora investigadas e investigado por organización criminal, cohecho y blanqueo. La trama de Cerdán y Leire se reunió con él en dos ocasiones, tras las cuales el exagente redactó sendas actas. Se ofrecieron a ayudarle a recuperar su carrera profesional y acceder a puestos de "máxima responsabilidad". A cambio tendría, según recogió en sus documentos, que "desmontar la Guardia Civil" y pasarles "cuanta información tuviera del fiscal Grinda así como de mandos de la UCO y de la JI", la Jefatura de Información. También le propusieron supuestamente declarar contra la UCO ante la Policía Nacional.

Con el que las gestiones de la organización sí dieron sus frutos fue con el también guardia civil Juan Sánchez Yepes, imputado por revelación de secretos. En la reunión con él, que fue grabada y emitida después por varios medios, también participó el abogado Jacobo Teijelo. El agente les proporcionó información sobre "la estructura de la UCO y sus miembros", según el juez, pese a saber que se trataba de información secreta. "Mira, la composición, funcionamiento y los nombres de la UCO son secretos por ley", les dijo. Y después añadió: "Todo esto es secreto, estoy cometiendo un delito de revelación de secretos". A partir de ese momento, el teniente coronel jefe de la unidad, Antonio Balas, "pasó a convertirse en uno de los principales objetivos del grupo", relata el instructor. La organización también intentó denigrar las actuaciones del cuerpo denunciando sus actuaciones en la Fiscalía General del Estado e impulsando investigaciones disciplinarias internas sobre supuestas filtraciones de agentes de la UCO sobre conversaciones de Ábalos que, en realidad, habían sido filtradas por el exministro.

Por último, según Pedraz, también intentaron modificar la declaración de la empresaria Carmen Pano, implicada en el caso hidrocarburos que también se investiga en la Audiencia. Pano aseguró ante el juez que habría llevado a la sede del PSOE 90.000 euros en metálico. El instructor sostiene en su resolución que la trama ideada por Cerdán le habría ofrecido 50.000 euros para que cambiara su declaración. En este caso, las gestiones con la empresaria las habría realizado el abogado Ismael Oliver y la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, según los indicios que aprecia el instructor.

El juez sitúa el origen de la trama durante el período de reflexión sobre su continuidad como presidente del Gobierno que Pedro Sánchez inició el 24 de abril de 2024 mediante su "carta a la ciudadanía", tras conocerse la imputación de su esposa, Begoña Gómez, por el juez Juan Carlos Peinado. Cerdán, según el relato de Pedraz, convocó dos días después en Ferraz una reunión a la que fueron convocados Leire Díez, Pérez Dolset y el exjefe de gabinete de Sánchez, Juan Manuel Serrano. También asistió supuestamente el exdirector de comunicación del PSOE, Ion Antolín. Pedraz recuerda que el fiscal Stampa, en su denuncia contra la trama, aseguró que Díez le había dicho que Sánchez habría ordenado, literalmente: "Límpiese", en relación a la imputación de su esposa, a lo que Pérez Dolset habría añadido: "Límpiese, sin límite". En el caso del hermano del presidente, investigado en Badajoz, el objetivo, según la militante socialista, sería "destruir el procedimiento".

A cambio de su labor, Leire Díez habría recibido pagos del PSOE de 4.000 euros al mes, presuntamente. Para ocultarlos, según el juez, se canalizaron a través de la consultora Zaño, de Gaspar Zarrías, que se habría encargado de los dos primeros pagos. Después, fue el abogado ahora imputado Ismael Oliver el que prestó dos sociedades para facilitarle los fondos, según la investigación. Esas transferencias de dinero se justificaron, según el juez, con facturas falsas y con el supuesto conocimiento de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes. También se habría canalizado dinero a través del medio digital Crónica Libre, cuya periodista fundadora falleció el año pasado, y al que habrían abonado 20.000 euros en concepto de publicidad.

La trama, según el juez, también habría intentado obtener la información sensible de la UCO y de Anticorrupción que rastreaba a través de otros investigados por esa Fiscalía Especial. Entre ellos, el auto cita al comisario Villarejo; al exviceministro de Energía de Hugo Chávez, Nervis Gerardo Villalobos; al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez (acusado en el caso Kitchen); y al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, que pasó un año y nueve meses en prisión preventiva por una causa por apropiación indebida de la que finalmente fue absuelto en abril de 2019.

El caso Leire, que el juez Santiago Pedraz comenzó a investigar en secreto en diciembre, ha destapado una presunta trama, supuestamente financiada "con cargo a fondos" del PSOE, para "atacar la correcta dirección de las investigaciones" abiertas a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o que pudieran perjudicar a miembros del partido.

A primera hora de la mañana saltaba la noticia de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se habían personado en la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz.

Tras cierta confusión sobre el motivo de la irrupción de los agentes, se aclaraba que su misión era, entre otras, la de requerir diversa documentación y archivos electrónicos relativa a esos presuntos pagos irregulares a la exmilitante del partido Leire Díez por sus servicios al frente de esa supuesta trama.

De forma simultánea, la UCO también practicaba este miércoles registros en la vivienda del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en Milagro (Navarra), en la del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en Madrid, y en la del empresario Javier Pérez Dolset en la Comunidad de Madrid.

Después se conocía que los tres han sido imputados por el juez Pedraz en el llamado caso Leire como integrantes de esa trama por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

En el auto en el que acuerda estas imputaciones, el juez desvelaba que Cerdán habría acordado con Díez "remunerarla con 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido" (llegó a percibir cuatro pagos), mientras que Zarrías "prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica".

Otros nuevos imputados son el abogado Ismael Oliver, quien ejerció un tiempo la defensa del exasesor ministerial Koldo García, y que según el juez "sería el vehículo de pago de las cantidades destinadas a Leire a través de sus sociedades". De hecho, fue el procedimiento de pago ideado para sustituir al de Zarrías y por el que Leire Díez llegó a percibir 27.225 euros.

También configuran la trama el letrado Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa de Cerdán en el caso Koldo, y el capitán de la Guardia Civil que formó parte de la UCO Juan Sánchez Yepes, al que representa Teijelo en el caso Gaslow sobre un fraude de hidrocarburos, que también investiga Pedraz. Sánchez Yepes, según el auto, "también factura sus servicios al PSOE".

Los investigadores sospechan que para "articular dichos pagos" se contó "con el presumible concierto" de la gerente del PSOE Ana María Fuentes, que también ha sido imputada, al menos como autora de un posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.

El juez también ha hallado indicios de que el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano Quintana y el que fuera mano derecha de Cerdán, Juan Francisco Serrano Martínez, actual diputado del PSOE por Jaén y parte de la Ejecutiva socialista, habrían colaborado con los investigados, aunque considera que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal.

El juez sitúa el "punto de inflexión" de este encargo en la reunión que Leire Díez y Pérez Dolset mantuvieron con Cerdán en Ferraz en abril de 2024, coincidiendo con los días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez, tras mandar una carta a la ciudadanía.

Señala Pedraz que Cerdán "habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste" de esta actividad que ahora se investiga.

El plan de actuación habría incluido ofrecimiento de remuneraciones o favores a miembros de la Guardia Civil, fiscales e investigados, "a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de su cargo".

En ejecución de dicho plan se dirigieron sucesivas denuncias "infundadas" contra la jueza Beatriz Biedma, así como contra la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón o la UCO.

Según Pedraz, la organización también llegó a ofrecer 50.000 euros a Carmen Pano —la empresaria que declaró ante el juez que había llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE— para modificar o condicionar su declaración testifical.

El abogado Ismael Oliver habría sido el encargado de negociarlo y el juez ve indicios de que el ofrecimiento se materializó a través de Leticia de la Hoz, actual abogada de Koldo García.

 El auto recoge al menos 22 reuniones en la sede del PSOE en Ferraz, la mayoría entre Leire Díez y Cerdán. En la primera reunión, del 26 de abril de 2024, según el auto, participaron también Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano, que fue entre 2014 y 2018 jefe de gabinete de Pedro Sánchez en Ferraz; e Ion Antolín, entonces responsable de comunicación del PSOE.

"Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe", escribe Díez en unas anotaciones manuscritas, dice Pedraz, que añade que Cerdán sabía que esa militante, "por intereses de ámbito personal", había desarrollado con anterioridad actividades de "injerencia" en procedimientos judiciales.

Los requerimientos de información a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) emitidos por la primera instructora de caso, la jueza madrileña Esperanza Collazos, y después por el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, el que imputó al expresidente Zapatero el pasado martes, fueron taxativos. Solicitaban "la entrega de toda la información relacionada con la ayuda pública temporal otorgada por el Consejo de Ministros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI, a la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas SA por importe de 53 millones de euros". Sin embargo, ambas peticiones no fueron atendidas con la debida diligencia por el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. "Algunas de las carpetas se encuentran vacías y no tienen documentación", sostuvieron en un informe los agentes de la UDEF que investigan el caso. "Otros no pueden ser abiertos [...]. En relación con las comunicaciones [...] se limitan a intercambios entre el FASEE y la compañía Plus Ultra relativos únicamente al año 2025, por lo que no se aprecia en ellos información relevante", advertía la Policía.

La información incompleta enviada a ambos jueces por la SEPI casa con la política de comunicación y transparencia sobre el rescate defendida por el organismo heredero del Instituto Nacional de Industria, que agrupaba el sector público empresarial español. El consejo rector del FASEE, integrado en ese organismo, batalla desde 2022 con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para no facilitar a los medios de comunicación el expediente de la concesión del rescate. Inicialmente, el litigio se falló en enero de 2025 a favor de Transparencia y los periodistas que solicitaron la información, pero la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Presidencia y Justicia, ha llevado la sentencia a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. Los magistrados del alto tribunal ya han admitido a trámite dos recursos de casación de los servicios jurídicos del Gobierno que están pendientes de resolución definitiva.

Tanto el consejo rector del FASEE (el fondo que aprobó el rescate) como la Abogacía del Estado se apoyan para negar la información solicitada en el Decreto-ley 25/2020 de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de julio de ese año, en pleno estado de alarma por la pandemia de la covid. Se trata de la norma que crea el mecanismo de reflote para empresas estratégicas al que se acogió Plus Ultra, en cuyo artículo 2.17 se establece que "los datos, documentos e informaciones que obren en poder del consejo gestor y de SEPI en virtud de las funciones que le encomienda este real decreto-ley tendrán carácter reservado y, con las excepciones previstas en la normativa vigente, no podrán ser divulgados a ninguna persona o autoridad, ni utilizados con finalidades distintas de aquellas para las que fueron obtenidos".

Ese mismo apartado establece que "quedarán también obligadas a guardar secreto y a no utilizar la información recibida con finalidades distintas de aquella para la que les sea suministrada los auditores de cuentas, asesores legales y demás expertos independientes que puedan ser designados por el Consejo Gestor y por SEPI en relación con el cumplimiento de las funciones que tienen legalmente atribuidas". A lo que añade: "Este carácter reservado cesará desde el momento en que los interesados hagan públicos los hechos a los que los datos, documentos e informaciones se refieren".

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dio la razón en 2025 a una periodista que solicitó el expediente completo del rescate de la compañía aérea "con la anonimización de aquellos datos especialmente protegidos si fuera necesario, del expediente administrativo [...], del acuerdo de concesión con los informes presentados para ello". El consejo rector del fondo denegó la petición en vía administrativa asegurando que al divulgar esa información, podría generar un "daño real y efectivo" a la empresa "respecto de la que se solicita la información". Además, el organismo dependiente de la SEPI y por extensión del Ministerio de Hacienda, afirmaba que el medio que solicitó el expediente no había justificado "la existencia de un interés público" para acceder a él.

Sin embargo la sección tercera de lo Contencioso de la Audiencia, en una sentencia muy disputada –con dos votos particulares discrepantes–, terminó dando la razón a la redactora. "Existe un interés público en conocer dicho expediente ante la importante cuantía de dinero público concedido a una entidad privada", decía la resolución dictada el 22 de enero de 2025. "Dicho conocimiento entronca directamente con los fines de la transparencia y del derecho de acceso a la información", añadía. La actuación del FASEE, continuaba, vulneraba ese derecho reconocido por la Ley de Transparencia. El último razonamiento era, tal vez, el más dañino para el organismo estatal: "No resulta probado que se trate de una empresa estratégica (operaba un porcentaje mínimo del tráfico aéreo en España), como es notorio. Y su solvencia ha suscitado dudas desde su creación".

En la causa penal que instruye el juez Calama, que investiga si el importe del rescate sirvió a cargos venezolanos para blanquear dinero y en la que el pasado martes citó como imputado al expresidente Zapatero, la UDEF no ha conseguido tampoco que la SEPI le facilite todos los mensajes que intercambió con Plus Ultra. "Queda patente que tuvo lugar un flujo de comunicación entre los directivos de Plus Ultra y José Ángel Partearroyo Martín (Director de Participadas IV de la SEPI) al menos en esa fase de concesión de la ayuda pública, no habiendo sido dichas comunicaciones incorporadas al expediente, salvo alguna excepción en formato PDF", dicen los policías en uno de sus informes. Los agentes aseguran que la SEPI tampoco les ha facilitado el acceso a la documentación aportada por Plus Ultra a la auditora Deloitte o la contratación de asesores externos. "Existen documentos que, aun constando en fuentes abiertas, no figuran entre la documentación aportada", añaden. "En concreto se trataría de al menos, las actas de la SEPI del período de concesión de la ayuda", que sí fueron publicadas por El Mundo o Vozpópuli.

El objetivo que los directivos de Plus Ultra buscaban al "contratar" los supuestos servicios de la red presuntamente dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, era el rescate de la compañía aérea hispanovenezolana por un importe de 53 millones de euros, una finalidad que se logró. Pero, aunque el consejo rector de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) o el Consejo de Ministros no lo hubiese aprobado, el delito de tráfico de influencias que se atribuye al expresidente socialista podría haberse producido igualmente. Porque, como recoge el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el auto por el que acordó su imputación y el registro de su oficina, la empresa de sus hijas y otras sociedades de la trama, la principal infracción penal que se le imputa no exige un resultado concreto. Tampoco que se produzca un beneficio para el perpetrador.

Para que el tráfico de influencias –que se castiga con penas de hasta dos años de prisión– se consuma basta con que el autor haya intentado influir para lograr su objetivo. Que prospere la imputación de Zapatero depende de que se pruebe que ejerció su ascendencia sobre responsables de la SEPI, funcionarios o cargos del Ministerio de Hacienda –del que depende esa entidad–, su entonces titular, María Jesús Montero, o cualquier otro miembro del Consejo de Ministros –el órgano encargado de tomar la decisión definitiva– incluido su presidente, Pedro Sánchez.

Es lo que el propio instructor del caso y otros expertos penalistas llaman "delito de mera actividad". En su auto, Calama cita la Operación Avispa –el caso por el que se condenó en 2021 al exsubdelegado del Gobierno en Barcelona, Eduard Planells, por dar permisos de residencia a miembros de la mafia georgiana– o el caso Palma Arena –en el que fue condenado el expresidente balear y exministro de Medio Ambiente Jaume Matas (PP)– para explicar que "basta con que el sujeto activo intente influir en un funcionario, sin ser necesario que la resolución buscada llegue a dictarse".

El juez de la Audiencia Nacional aclara también que, para que se produzca el delito, tampoco es necesario "que la resolución pretendida sea injusta o arbitraria". En el caso que investiga, el magistrado sí considera, sin embargo, que el rescate de Plus Ultra se produjo sin que la aerolínea cumpliera los requisitos legales para ello, algo que en cualquier caso sería indiferente para la consumación de la infracción. "Lo relevante es que la influencia tenga la capacidad objetiva de orientar al funcionario hacia la decisión deseada", escribe Calama en su resolución.

"La conducta debe dirigirse a lograr una resolución que pueda implicar algún tipo de beneficio económico directo o indirecto", prosigue. "Sin embargo, ni la existencia real de ese beneficio ni la emisión de la resolución son requisitos para que el delito se considere consumado", añade. "Lo imprescindible es que quede acreditada la intención del autor de obtener tanto la resolución como el beneficio, sea para sí o para un tercero". En resumen: "El delito se consuma con el acto de influir, siendo irrelevante el resultado final de la gestión".

"Si todo esto es cierto, solo habría que concretar quiénes serían las personas en las que se intentó influir en la SEPI y cómo lo hizo Rodríguez Zapatero", escribe Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid en un artículo publicado este miércoles en El País. "No hace falta que se consiga lo que se pretende: basta con influir, pues se trata de un delito de mera actividad, de peligro para la recta Administración Pública. Ni siquiera haría falta que se haya influido efectivamente (...), también se castiga a quien se ofrece a realizar las actividades de influencia y recibe una dádiva por ello", añade el experto penalista en su tribuna.

El auto de Calama no refleja una pistola humeante como sería, por ejemplo, una conversación, un intercambio de mensajes o una cadena de correos electrónicos entre el expresidente del Gobierno, por ejemplo, con María Jesús Montero —máxima responsable de la SEPI en el momento de los hechos—, algún cargo de esa sociedad pública, otro ministro o el propio presidente Sánchez realizando la gestión. En la resolución no aparece una prueba directa del tráfico de influencias, pero sí tres grupos de indicios que apuntan a que Zapatero, o la estructura que presuntamente lideraba, realizó las gestiones prohibidas por el Código Penal.

El primero incluiría "los contactos personales" del expresidente y "su capacidad de acceso a altos cargos de la administración", algo que el juez supone a quien ha ocupado la más alta responsabilidad gubernamental del Estado. También la intervención de Manuel Aarón Fajardo –al quien los directivos de Plus Ultra se refieren como la persona de Zapatero en Venezuela– o Julio Martínez Martínez, su excompañero de carreras y empresario, "como intermediarios con los clientes". Esa intervención se deduce de las conversaciones de los directivos de la aerolínea, que llegan a referirse a Martínez como "el lacayo" o "el banco del jefe".

En segundo lugar, "la secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones" indicaría que "la influencia ejercida no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, sino la consecución de una resolución administrativa concreta: la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia" del que salieron los 53 millones de euros del rescate a la compañía aérea. El hecho de que, antes de su aprobación, varios de los investigados ya conocieran que el desembolso se fuera a producir, también indica, según el magistrado, "el acceso anticipado a información privilegiada".

Por último, el juez encuentra también "un indicio relevante de la relación causal entre la actividad de influencia y el beneficio económico perseguido", otro de los elementos del delito. Se refiere a "la existencia de contraprestaciones económicas canalizadas a través del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez [el amigo de Zapatero], mediante contratos de asesoría elaborados ad hoc y pagos directos e indirectos procedentes de Plus Ultra y de otras sociedades vinculadas". "La utilización de sociedades instrumentales como Caletón Consultores y Summer Wind, la triangulación de pagos y la participación de administradores con funciones de testaferros refuerzan la apariencia de una estructura diseñada para ocultar el origen y destino de los fondos", describe el juez.

Calama observa, con más claridad si cabe, los mismos elementos del delito de tráfico de influencias en las gestiones de Martínez Martínez, el empresario amigo de Zapatero, con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela. Se trata, según el instructor, "de una pluralidad de gestiones reiteradas, realizadas en unidad de propósito y aprovechando la posición de influencia que Julio Martínez Martínez mantenía sobre el presidente del INAC, el mayor general Juan Manuel Teixeira Díaz". El auto resalta en negrita que, tras las conversaciones de Martínez con Teixeira que dieron lugar a la autorización de un vuelo Caracas-Madrid de Plus Ultra, el compañero de carreras del expresidente del Gobierno recibió un mensaje de una persona registrada como "Z" en la agenda de su teléfono que decía: "En tiempo y forma. Exitosa gestión...".

Acto seguido, el empresario amigo de Zapatero envió otro mensaje al militar venezolano en el que le agradecía el apoyo y le indicaba que los vuelos habían sido aprobados: "Muchas gracias por su ayuda", le dijo Martínez Martínez al mayor general Teixeira. Además de tráfico de influencias, el juez imputa al expresidente el delito de blanqueo de capitales —por la supuesta constitución de una sociedad off-shore en Dubái—, así como el de organización criminal.

En la cúspide, José Luis Rodríguez Zapatero, el "presunto líder" de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias". Esa supuesta estructura, que ha servido al juez número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, para imputar por primera vez en España a un expresidente del Gobierno, tendría, según la información facilitada desde el tribunal y auto del instructor, tres niveles. El comunicado difundido desde la Audiencia no lo explica en detalle, pero el entramado liderado por Zapatero no solo habría tenido a Plus Ultra Líneas Aéreas entre sus clientes, sino que en su nómina habría algunos más. Del contacto y las gestiones con todos ellos se encargaría el segundo nivel de la estructura, en el que el juez sitúa al compañero de carreras del expresidente, el empresario alicantino Julio Martínez Martínez. El nivel más bajo de la supuesta red corrupta, en la gestión diaria del entramado, el instructor coloca a otras dos personas. A un lado María Gertrudis Alcázar, la secretaria de la oficina del ex jefe del Ejecutivo y con relación directa y supuestamente bajo las instrucciones de este. Al otro, Cristóbal Cabo Quiles, al que el juez otorga el rol de gestor diario del entorno societario de Martínez.

Zapatero, como el jefe de todo, mantendría, según Calama, el control total de las operaciones corruptas del entramado. A la red, el expresidente aportaba sus contactos personales forjados durante los siete años que ocupó el Palacio de la Moncloa. Esos contactos junto con la capacidad de acceso que un exlíder del Ejecutivo tiene a los altos cargos de la administración, se ponían a disposición de los clientes de la estructura, que recurrían a ella, según el resumen de la resolución facilitado por la Audiencia, para "obtener decisiones favorables" a cambio de contraprestaciones económicas. Desde su posición de liderazgo, no solo se habría dedicado a ejercer la influencia objeto de investigación, el expresidente se ocuparía desde el máximo puesto jerárquico de la selección de clientes, pero también del mecanismo para que sus pagos quedaran fuera del radar, impartiendo instrucciones "para crear sociedades off-shore" –la información facilitada por la AN cita una con sede en Dubai–. También adoptaría estrategias para desvincularse formalmente de la estructura. Los detalles en los que se basa el juez para hacer esa durísima acusación no aparecen en el auto.

El expresidente del Gobierno, tras conocerse su imputación, ha señalado, como ya hizo el pasado 2 de marzo durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, que él no ha tenido ninguna relación Plus Ultra ni realizó gestión alguna a su favor para que el Gobierno aprobara su rescate. Su relación con Julio Martínez, según ha asegurado en repetidas ocasiones, se limitaba a elaborar informes de consultoría "a precios de mercado".

Por debajo del exjefe del Ejecutivo y directamente a sus órdenes se encontraría Julio Martínez Martínez, su compañero de sesiones de running. Martínez era quien trataba con los clientes como "interlocutor habitual". También actuaba, según el instructor, "como receptor y ejecutor de las instrucciones directas de Rodríguez Zapatero". Fue supuestamente a sus órdenes que puso al servicio del entramado su estructura societaria para canalizar los cobros de los clientes. Martínez formalizaba esas entregas de dinero a sus empresas mediante contratos de asesoría o consultoría que, según Calama, serían ficticios y que solo se usarían "como mera justificación documental frente a terceros". En realidad esos fondos acababan en poder del expresidente o en la caja de Whathefav, la empresa de sus hijas. Durante su declaración en el Senado, Zapatero admitió haber cobrado en total en seis años 430.000 euros de Análisis Relevante, otra de las empresas de Martínez, por asesorías. La sociedad de sus hijas se habría encargado de la maquetación y el envío de sus informes, según su versión.

En el caso de los servicios prestados por la supuesta estructura corrupta a Plus Ultra, Martínez Martínez, "siguiendo instrucciones de Rodríguez Zapatero", señala el instructor, creó al menos una sociedad en el extranjero denominada "Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco". Esas firmas estaban participadas al 100% por otra de las sociedades del compañero de carreras del exlíder de Gobierno, Idella Consulenza Strategica, con sede en Alicante. Esta última, cuyo único administrador y propietario es Martínez, firmó un contrato con Plus Ultra por el que cobraría un 1% de los 53 millones desembolsados para el rescate de la aerolínea hispanovenezolana. El instructor cree que la sociedad con sede en Dubai estaba pensada para canalizar esos fondos porque se creó solo siete días después del acuerdo con la compañía de aviación.

Fue a través de otra de las sociedades de Martínez, Análisis Relevante, con la que Zapatero sí ha reconocido una relación profesional, la que remitió un total de 490.780 euros al expresidente y otros 239.755 a la empresa de sus hijas. Esos fondos, según el auto, procedían de Plus Ultra y otras empresas interpuestas. "La mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante", sostiene Calama, "terminaron en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero". En este segundo escalón de la trama, el instructor también coloca a Manuel Aarón Fajardo García, a los que los gestores de Plus Ultra denominan "el hombre de Zapatero en Venezuela". El auto asegura que fue Fajardo con quien se pusieron en contacto los directivos de la compañía aérea para gestionar el rescate y que este les dirigió a Martínez, con el que siguieron tratando.

En el último escalón se encuentra Gertrudis Alcázar, la secretaria personal de Zapatero, que continúa con la misma función en la actual oficina del expresidente, situada justo en frente de la sede central del PSOE. Alcázar, según el auto, se encargaría de "la gestión cotidiana" de la red corrupta, ejecutando las órdenes del expresidente. Junto a ella, en ese tercer nivel, se encontraría Cristóbal Cano Quiles, el "gestor diario del entorno societario" controlado por Martínez, que tenía una fluida relación con la asistente administrativa del ex secretario general del partido. De varios correos intercambiados entre ambos, el juez deduce que, tras una comida en un restaurante entre Zapatero y Martínez, ambos habrían acordado la constitución de la sociedad off-shore con sede en Dubai.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, tuvo que corregir ante el tribunal a su confidente, el empresario y conseguidor Víctor de Aldama, durante la última jornada del caso Mascarillas. "Desde luego, el presidente del Gobierno no era el número uno", como había sostenido durante su declaración como acusado –y, por tanto, con el privilegio de poder mentir– el principal delator del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y su asesor de cabecera y presunto cómplice Koldo García. Pese a ese bulo deslizado ante la más alta instancia penal española, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Luzón defendió que su colaboración no solo merecía la atenuante propuesta por él mismo, que suavizó hasta los siete años de cárcel su acusación, sino que podría, como propuso el abogado del PP, Alberto Durán, y el propio defensor de Aldama, José Antonio Choclán, atenuarse todavía más hasta permitir la suspensión de su hipotético ingreso en prisión.

El jefe de Anticorrupción justifica esta postura por su aportación "sobre la duradera relación que mantuvo" con Ábalos y Koldo, así como otras pruebas sobre supuestos amaños de obra pública –con la escritura manuscrita del asesor, confirmada durante la instrucción del caso, o "la participación en tales amaños de Santos Cerdán León", el sucesor de Ábalos como número tres del PSOE al frente de la Secretaría de Organización del partido, "lo que era del todo desconocido para la investigación". "Se trata de manifestaciones relevantes, veraces, que se compadecen con el material probatorio que se ha ido incorporando al procedimiento", sostiene Luzón que, tras el juicio, incluyó una nueva valoración en sus conclusiones definitivas: que los audios intervenidos a Koldo sobre el reparto de obra pública "encajan plenamente con lo inicialmente declarado" por Aldama.

El trato privilegiado que la acusación pública (coincidiendo con el PP) ha dado al colaborador ha sido muy cuestionado en diversos ámbitos. Y no solo por el señalamiento –sin pruebas, en sede judicial y con posterior desmentido del fiscal– hacia Pedro Sánchez como líder de la organización criminal. También por el señalamiento contra el propio Aldama de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que lo ha colocado en la cúspide de la banda –"quien paga, manda", dijeron de él los agentes ante el plenario– y, sobre todo, por los bulos que ha ido aireando en medios especialmente contrarios al Gobierno desde su salida de prisión en noviembre de 2024 gracias al apoyo de Luzón.

Aldama ha colocado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una fiesta con prostitutas presuntamente celebrada en un piso de Madrid en una fecha en la que el ministro no estaba en la capital, sino en Canarias. También ha lanzado acusaciones contra el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ya lo ha demandado. Además, difundió fantasiosos rumores sobre supuestas cuentas de varios ministros en República Dominicana o contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero al que ha atribuido una comisión obtenida por su supuesta intermediación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Todas esas afirmaciones sin sustento han suscitado en el Gobierno dudas sobre si la verdadera intención de Aldama es colaborar con la justicia o con el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo.

La decisión sobre el destino de los tres acusados –Ábalos, Koldo y Aldama– en la principal trama de corrupción surgida en el seno del Ejecutivo y del PSOE está ahora en manos de los magistrados que deberán redactar la sentencia. No es la primera vez que un arrepentido adquiere un papel central en la investigación de casos de corrupción. Tres de los más sonados, Gürtel, los papeles de Bárcenas o el caso Nóos (en el que fue condenado el exmarido de Cristina de Borbón, Iñaki Urdangarin) se esclarecieron gracias a figuras de este tipo. Se trata de promocionar la delación, una tendencia al alza desde hace años en el Derecho Penal español y europeo.

El exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas fue, según el Tribunal Supremo, "esencial" para destapar la trama Gürtel, el mayor caso de corrupción que ha afectado al PP y cuyas últimas piezas acaban de ser juzgadas en la Audiencia Nacional. En 2007 presentó una denuncia en la policía acompañada de 18 horas de grabaciones que hizo a escondidas a su cabecilla, Francisco Correa –para el que había trabajado y del que había sido amigo– en las que revelaba parte de sus delitos. La sentencia, que terminó haciendo caer al Gobierno de Mariano Rajoy en una moción de censura, lo condenó a cuatro años y nueve meses de prisión por los delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad, malversación y prevaricación, porque, según el tribunal, cobró sobornos y ayudó al cabecilla con sus manejos en el Ayuntamiento de Majadahonda, donde Peñas fue edil.

Sin embargo, gracias a su colaboración con la justicia, la Audiencia suspendió su ingreso en prisión mientras se tramitaba el indulto de las penas de inhabilitación que también se le impusieron y que le habrían impedido continuar trabajando como funcionario. "Su colaboración ha sido esencial para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, en lo que a él y quienes con él participaron en los mismos se refiere, tanto por la aportación de determinadas conversaciones que grabó, como por la descripción de esos hechos y partícipes, en particular en lo relativo a la actividad desarrollada por Francisco Correa", explicaba la sentencia de la Época I, en mayo de 2018. El Gobierno, finalmente, le concedió el indulto que reclamaba en octubre de 2024. Habían transcurrido 17 años desde que grabó al jefe del entramado corrupto.

De su declaración como imputado ante el entonces juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, el 15 de julio de 2013, se hizo hasta una obra de teatro. En ese acto, Luis Bárcenas aportó a la investigación sus famosos papeles con los sobresueldos que el PP abonaba a sus principales cargos y que habían sido publicados por El País en enero de ese mismo año. También hizo un relato detallado de la contabilidad b del partido del que fue gerente y luego tesorero, y de cómo con los fondos que reflejaban esas cuentas se pagó parte de la reforma de la sede central de la formación en el número 13 de la madrileña calle Génova. Otro de los aspectos que confesó y en los que había participado, fue la adquisición por el partido de acciones de Libertad Digital, una transacción por la que fue condenado en mayo de 2018 en la sentencia de la Época I del caso Gürtel. Para tratar de evitar esa confesión y robarle la documentación que mostró al juez, el Gobierno de Mariano Rajoy montó la trama de espionaje de la Operación Kitchen que se juzga estos días en la Audiencia Nacional con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz como principal acusado.

Esta colaboración le sirvió al extesorero para que la Audiencia apreciara la atenuante de confesión porque "en su declaración aportó importantes datos de cara a la investigación", pero, a diferencia de lo que pide el PP y Anticorrupción para Aldama, no se le aplicó en grado cualificado porque "fueron los registros practicados con posterioridad en las sedes de Unifica [el estudio de arquitectos que ejecutó la obra] y del PP los que aportaron datos decisivos para el completo esclarecimiento de los hechos y de la intervención de otros acusados", decía la sentencia. Anticorrupción pedía para él un total de cinco años de cárcel que el tribunal dejó en dos. La sentencia no tuvo reflejo en su situación personal, ya que Bárcenas se encontraba en prisión desde la sentencia de la Época I, en la que fue condenado a 33 años que luego el Supremo rebajó a 26 con un límite máximo de 12 años, de los que cumplió algo más de ocho. Su arrepentimiento se tuvo en cuenta para el acceso a todos los beneficios penitenciarios.

En la causa que llevó al banquillo a Cristina de Borbón y terminó con la condena de su esposo, Iñaki Urdangarin, por el llamado caso Nóos, también hubo un arrepentido. Fue Marco Antonio Tejeiro, el contable del instituto regentado por el yerno de Juan Carlos I y su socio Diego Torres (cuya esposa era la hermana del delator). Tejeiro relató al fiscal anticorrupción Pedro Horrach los negocios ilegales de Nóos y el desvío por parte de Urdangarin y su socio a sus empresas de fondos públicos adjudicados por los Gobiernos de Baleares durante la presidencia de Jaume Matas o de la Comunitat Valenciana con Francisco Camps, ambos del PP.

El confidente del caso Nóos compareció en el juicio ante la Audiencia de Baleares como imputado por los delitos de prevaricación, malversación, estafa y falsificación de documento por los que la Fiscalía le reclamaba dos años de cárcel. Finalmente, gracias a su colaboración, tanto Anticorrupción como la acusación popular del pseudosindicato ultra Manos Limpias levantaron la acusación contra él, por lo que resultó absuelto.

La última fase del juicio del caso Mascarillas ha estado rodeada de una cierta polémica en torno a la actuación de Anticorrupción. El PP –que es una de las acusaciones populares en el proceso– y sus medios afines han reclamado que la petición de prisión contra el principal confidente del caso, el empresario Víctor de Aldama, se redujera hasta el punto de permitir una eventual suspensión de la pena para que no entre en la cárcel. Esa reclamación se ha traducido en presión hacia el Ministerio Público para que mantuviera esa posición (planteada en el proceso por el PP) y en acusaciones directas a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de haber obligado al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a mantener su petición inicial de siete años de cárcel y no premiar aun más la colaboración de Aldama dando así una supuesta instrucción favorable al Gobierno de Sánchez que, sin embargo, el propio Luzón ha desmentido que existiera.

El Código Penal permite modular el castigo a los arrepentidos en recompensa a su colaboración mediante las circunstancias atenuantes. Es lo que hizo el pasado lunes el PP al reclamar que se le aplicara la atenuante analógica de confesión como "muy cualificada", dando lugar a una rebaja en su petición de penas al confidente de dos grados, lo que permitiría, en su caso, al Supremo suspender su ingreso en prisión en caso de que fuera condenado. Anticorrupción, sin embargo, mantuvo su petición inicial de siete años de cárcel con la apreciación simple de esa misma atenuante, aunque después, en su exposición oral, Luzón argumentó que en el caso de Aldama también era posible la reducción que planteaba el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo junto al resto de acusaciones populares.

Más allá de esta polémica, lo cierto es que, desde 2004, los sucesivos gobiernos, tanto socialistas como populares, han defendido que en casos de arrepentidos como el corruptor del caso Koldo, el fiscal pueda ir mucho más allá que actualmente y pueda premiar la colaboración con la suspensión del proceso contra él y su posterior archivo. El proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal elaborado por el Ejecutivo de Sánchez –el que prevé que sea el fiscal el que dirija la investigación de los delitos– que actualmente se tramita en el Congreso, mantiene esta posibilidad para los casos de "colaboración activa contra una organización criminal". Aldama está acusado de formar parte de una banda de este tipo así como de los delitos de cohecho y aprovechamiento de información privilegiada. En los casos de José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, la nómina de infracciones se completa con tráfico de influencias y malversación.

"En los supuestos de delitos castigados con penas de hasta seis años de prisión o con penas de otra naturaleza, cualquiera que sea su extensión, cometidos en el seno de una organización criminal, el fiscal podrá acordar la suspensión del procedimiento", dice el primer inciso del artículo 168 del proyecto de ley orgánica. Esa suspensión puede decretarse si el colaborador abandona previamente la organización, reconoce sus delitos e impide con su actuación que se produzcan otros nuevos o, como en el caso de Aldama, cuando el confidente ayude "eficazmente a la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otras personas responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones criminales a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado". La colaboración del conseguidor del caso Mascarillas, ha servido, por ejemplo, para atrapar a Santos Cerdán, como han señalado en el juicio tanto el PP como el fiscal.

Para que el Ministerio Público pueda acordar esa nueva figura en caso de que, finalmente, se apruebe la ley, el confidente tiene que pagar previamente todas las indemnizaciones que se deriven de sus delitos para demostrar su arrepentimiento. La suspensión queda condicionada, además, a que el colaborador no frustre posteriormente los datos facilitados en su confesión ni vuelva a delinquir. Si cumple esas dos condiciones, transcurridos cinco años desde la suspensión del procedimiento, el confidente puede reclamar al juez del caso "el sobreseimiento del procedimiento archivado, con pleno efecto de cosa juzgada", con lo que los delitos quedarían sin condena gracias a su cooperación con los investigadores.

Esa posibilidad también fue defendida por el PP en 2013, cuando presentó su borrador de anteproyecto de Código Procesal Penal elaborado por el Ministerio de Justicia que entonces dirigía Alberto Ruiz-Gallardón. Ese texto, en lugar de la suspensión (que solo se convierte en archivo cinco años después) preveía el sobreseimiento a instancias del fiscal, pero en estos casos, se exigía un pronunciamiento previo del fiscal general del Estado, que debía evaluar si la cooperación del integrante de la organización criminal había tenido la suficiente entidad como para eximirle de sus delitos. Una posibilidad similar estaba prevista en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal elaborado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, cuando quien ocupaba la cartera de Justicia era Francisco Caamaño.

La exposición de motivos del proyecto actualmente en trámite parlamentario recuerda que la posibilidad de que el fiscal terminara el proceso "por razones de oportunidad" ya se recogía en los textos anteriores. La futura regulación está inspirada en el derecho alemán y el portugués y, en el caso de las organizaciones criminales, se busca un supuesto ligado "a la figura del arrepentido". "Este supuesto se sujeta (...) a claros límites reglados y a condiciones que aseguran que la decisión de oportunidad solo será efectiva cuando el arrepentimiento sea real, la colaboración prestada sea activa y sustancial y siempre que las víctimas del delito cometido hayan sido debidamente resarcidas", dice el preámbulo de la futura norma procesal.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha defendido la legalidad de la actuación del Ayuntamiento, tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción la investiga por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en procesos de colocación de personal, y ha dicho que la actuación de Anticorrupción es "un trámite" que se hace "con absoluta normalidad".

Según ha dicho Catalá ante los medios de comunicación tras desvelar Compromís la decisión de Anticorrupción después de su denuncia, la Fiscalía siempre abre diligencias tras una denuncia y ha explicado que el proceso de recolocación de personal tras la disolución del Consorcio Valencia 2007 ha sido "totalmente trasparente" en el caso del Ayuntamiento, al que solamente afecta el caso de un trabajador que pasó a la Fundación Visit València.

En esta fundación sin ánimo de lucro participan el Ayuntamiento de València, la Cámara de Comercio, Feria Valencia, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Turisme Comunitat Valenciana, la Diputación provincial y empresas del sector turístico.

"Estamos hablando de una persona, un empleado público que trabajaba en el Consorcio Valencia 2007 como auxiliar administrativo y que accedió a través de un procedimiento de concurso oposición, totalmente transparente, a una plaza en la Fundación Visit València", ha manifestado la alcaldesa.

Catalá ha explicado que, tras la disolución y liquidación del Consorcio Valencia 2007 —entidad creada para las dos ediciones de la Copa del América de vela que albergó la ciudad—, fueron los concejales de Compromís los que pidieron que se evitaran los despidos en una moción en el pleno del Ayuntamiento.

 "Por tanto, el mismo denunciante, que es Compromís, pedía a través de una moción aquello que ahora denuncian, pedían que reasignáramos a dedo a los 11 trabajadores en la administración pública", ha remarcado.

La alcaldesa ha destacado que, en esa moción, el Ayuntamiento votó en contra porque había un informe de la Secretaría Municipal "que negaba esta posibilidad".

"La Secretaría Municipal siempre se mostró en contra de cualquier subrogación, que era lo que quería Compromís, en la medida de que estos trabajadores no eran integrantes de una entidad adscrita al mismo, sino de la Administración General del Estado", ha añadido.

En esta línea, Catalá ha asegurado que en la Fundación Deportiva Municipal "actualmente no hay ninguna persona que haya sido trabajadora anterior del Consorcio Valencia 2007" y ha insistido en que, en el caso del empleado público que optó a la plaza de la Fundación Visit València, se hizo con un proceso "transparente y riguroso" en un concurso de oposición "que había creado el anterior gobierno municipal", al frente del cual estaban Compromís y el PSPV.

La alcaldesa ha señalado que pondrán a disposición de la Fiscalía "el expediente completo, la liquidación del Consorcio, el proceso interno de la Fundación Visit València y el de este administrativo", además de las mociones de los grupos municipales socialista y Compromís, donde "votaban a favor, teniendo en contra un informe de la Secretaría Municipal, para que reasignáramos a los once trabajadores a puestos en el Ayuntamiento a dedo".

"Creo que el fiscal va a tener que estudiarlo todo, porque evidentemente es indicativo los antecedentes del denunciante", ha dicho Catalá, quien lo ha calificado de "actuación esperpéntica".

Por su parte, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha señalado que "no informa de los trámites realizados en el marco de los procesos judiciales en marcha" que, consideran estas fuentes, "forman parte de una instrucción".

"Obviamente, la APV facilita siempre la documentación e información requerida por cualquier órgano fiscalizador", han concluido desde la entidad que preside Mar Chao, también investigada por la Fiscalía Anticorrupción, entre otros cargos públicos, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias al parecer cometidos en procesos de colocación de personal, según ha informado Compromís, que denunció estos hechos el pasado mes de febrero, y han confirmado fuentes fiscales.

España se encuentra entre los primeros de una lista 62 países –37 Estados miembros y 25 socios– de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en integridad de su sistema judicial. La organización internacional con sede en París ha analizado los indicadores de anticorrupción de la judicatura y la Fiscalía española, y coloca a ambos cuerpos por encima de la media de los Estados analizados. El informe Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026, publicado el pasado 24 de marzo considera, en contra de la apreciación de gran parte de la derecha política y judicial y de las asociaciones corporativas, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es "un órgano independiente", según las normas del organismo que, junto a la Comisión Europea y el Consejo de Europa, evalúa periódicamente la calidad de la democracia.

Las conclusiones que alcanza el documento sobre la integridad de la judicatura, la Fiscalía y sus órganos de gobierno coloca a España por delante de otras grandes economías europeas como Italia, Francia o Bélgica. Mientras que en los indicadores relativos al funcionamiento de la judicatura la coloca en décima posición, en los del Ministerio Público aparece en el décimosegundo puesto. En el apartado reservado a los jueces se cumple el 88% de los criterios sobre normativas de integridad judicial, criterios que, en la práctica, se implementan al 64%. La media de los países analizados en este campo se sitúa en el 66% y el 45%, respectivamente.

La OCDE valora la regulación constitucional de los miembros del Poder Judicial que, según la norma fundamental son "independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley". También que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) garantice esa inamovilidad y establezca "las causas objetivas de su cese". Esa misma norma legal "establece que la selección y promoción de los jueces debe basarse en procedimientos objetivos y basados en el mérito, incluyendo exámenes", prosigue el documento.

El análisis sobre integridad y anticorrupción también se refiere al CGPJ, "el órgano encargado de decidir sobre el nombramiento y promoción de los jueces". El Consejo, continúa el informe, "es un órgano independiente según las normas de la OCDE". La afirmación contrasta con la visión de la derecha judicial y política, que considera que la institución está politizada e instrumentalizada por los partidos que proponen a sus miembros. Las organizaciones judiciales conservadoras –todas salvo Juezas Jueces para la Democracia– al igual que las formaciones políticas de derechas, proponen como solución que los 12 vocales procedentes de la carrera de los 20 que integran el órgano sean elegidos directamente por la carrera sin intervención del Parlamento. Sin embargo, lo que avala la OCDE es el sistema parlamentario de renovación actualmente vigente, el preferido por el Gobierno y la asociación judicial de izquierdas.

Otro de los aspectos que subraya el documento es la existencia de un código de principios de ética judicial, que el Consejo aprobó en 2016, así como el hecho de que la ley regule "una lista de incompatibilidades que deben observar los jueces y las situaciones que pueden dar lugar a conflictos de intereses". Sin embargo, la OCDE afea que la normativa solo obligue a presentar declaraciones de intereses a "los miembros de los máximos órganos del Poder Judicial". "Mientras las declaraciones de todos los miembros del CGPJ están disponibles en línea, las declaraciones de intereses de los magistrados del Tribunal Supremo no son públicas", advierte.

La necesidad de conocer los intereses de estos altos magistrados fue objeto de controversia el pasado noviembre. Tras la inhabilitación del ex fiscal general, los medios publicaron que tres de los magistrados del tribunal que lo condenó daban clases en el colegio de abogados de Madrid que, a su vez, era acusación en el proceso. Uno de ellos, además, dirigió la tesis doctoral del abogado que representaba a Alberto González Amador, el denunciante y novio de Isabel Díaz Ayuso, y a otro letrado de la asociación de fiscales APIF, que actuó como acusación popular.

Por último, el documento valora la existencia de un canal interno de denuncias de irregularidades, "que permite a las personas denunciar conductas indebidas". Los denunciantes están protegidos por la Ley de Protección de las Personas que Informen sobre Infracciones Normativas y de Lucha contra la Corrupción, aprobada en febrero de 2023. "El sitio web del canal de denuncias contiene información sobre los derechos de los denunciantes, los procedimientos para denunciar conductas indebidas y los datos de contacto para presentar las denuncias", subraya el documento.

La valoración de la integridad de la Fiscalía es algo menor, pero también muy alta. El Ministerio Público español cumple con el 76% de los criterios normativos anticorrupción, que se cumplen en la práctica al 74%, según la OCDE. Dichos porcentajes también se colocan por encima de la media de los 62 países analizados (66% y 52%, respectivamente) lo que sitúa a España por encima de varias de sus principales socios europeos también en este campo. Como en el caso de los jueces, en el de los fiscales se valora que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la LOPJ establezcan "las garantías de integridad del sistema fiscal", entre ellas "los motivos objetivos para el cese de los fiscales" y los "procedimientos objetivos y basados en el mérito para su selección y promoción".

El informe valora que esas mismas normas definan "las circunstancias y relaciones que pueden dar lugar a situaciones de conflicto de intereses para los fiscales y las circunstancias que podrían dar lugar a la recusación de los fiscales". Sin embargo, como en el caso de los jueces, reprocha que los miembros de la Fiscalía no estén obligados a presentar declaraciones de intereses.

Claudia Montes ha querido dejar claro en el Tribunal Supremo que el exministro Jose Luis Ábalos, con quien hablaba a diario como "amigo y militante" del PSOE, jamás le dijo que había maniobrado para que fuera contratada en la empresa pública Logirail: "A mí nunca él me dijo 'Claudia te he enchufado'", recoge EFE.

Montes ha testificado este miércoles en la segunda jornada del juicio contra el exministro, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de la covid 19.

La mujer ha relatado al tribunal que desconoce si Ábalos la enchufó o no para acceder a Logirail, porque el exdirigente socialista nunca se dirigió a ella en esos términos. 

"José Luis no me dijo en ningún momento 'oye te he enchufado', eso no me lo ha dicho", ha afirmado la testigo, que ha precisado que no quiere ser falsa porque se está demostrando que hicieron algo por detrás, pero ni Ábalos ni Koldo le mencionaron nada al respecto.

En este sentido, ha relatado que se limitó a contarle su situación a Ábalos, "como a cualquier amigo y compañero de partido", de que "como madre soltera necesitaba trabajar", por lo que el exministro le pasó enlaces de Logirail y ella, al percatarse de que "había puestos para todo" y de que "podías elegir" en la plataforma Infojobs, postuló para el de encargada. Le llamaron de Madrid, le hicieron una entrevista telefónica y le llamó el gerente del norte.

Ahora bien, ha asegurado que los currículum que envió a Koldo no eran falsos. "Se dice en el informe de la UCO que se modificó. Pero son iguales. No hay estudios puestos de más", ha agregado.

Montes ha comentado que al poco de acceder tuvo un problema que era más bien un asunto entre dos superiores del que informó a Ábalos y a Koldo, porque este último le dejó claro que "era su jefe".

En concreto, por la ubicación de su oficina, ya que ella estaba en un sitio sin ordenador, sin escritorio y de cara a la pared, lo que hacía era "ir a la biblioteca de Oviedo, coger libros y leer", pero siempre en su horario laboral y sobre temática de trenes, porque "quería saber todo en lo referente a los trenes", de manera que "en ningún momento" dejó de ir a trabajar.

Montes, que trabajó en Logirail desde diciembre de 2019 hasta febrero de 2022, ha señalado que la despidieron por burofax "sin motivo alguno" mientras se encontraba de baja por acoso laboral.

Por otra parte, preguntada sobre si fue colaboradora de la UCO en el caso de las mascarillas, ha contestado que cuando se entera de lo que está pasando en su empresa sobre supuestas prácticas corruptas, dio cuenta al presidente asturiano, Adrián Barbón, y a los dos ministros que han sucedido a Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Y al ver que nadie le hacia caso, llamó a la UCO: "Me atiende un comandante y me dice que tiene en cuenta mi información pero que no lo puede meter en la causa y que lo metería en otra investigación".

El ex director gerente de Logirail José Ángel Menéndez ha contado que cuando fue informado de que Claudia Montes "no iba a trabajar" a la oficina, "sin ninguna justificación que le avalara", decidió "iniciar el proceso para un expediente sancionador", como a cualquier otro trabajador, porque "incumplía de forma grave el convenio" y podía ser sancionada con el despido. Sin embargo, cuando ese expediente se iba a abrir, Menéndez fue cesado y su sustituto Oscar Gómez decidió "no continuar" con ello.

Ahora bien, el exgerente sí que ha descartado irregularidades en su contratación porque su currículum llegó de forma legal a través de Renfe, que era un proveedor de Logirail. La mujer reunía los requisitos básicos, no los específicos, por eso se la dio formación.

Un testimonio que se contradice en parte con el de Óscar Gómez, quien ha dicho que desconocía dicho expediente disciplinario, y ha justificado las ausencias de Montes porque no tenía un lugar de trabajo "adecuado", al estar cerca de unas escaleras.

Entonces, adoptó la decisión de encontrar un nuevo espacio y de adecuar su contrato al servicio que estaba prestando lo que implicaba subirle de categoría, un ascenso que ella ha justificado por su "esfuerzo, trabajo y muchas horas extras".

El testigo, que ha dicho que le consta que después Claudia Montes fue a trabajar, ha rechazado haber recibido indicaciones de Ábalos o su asesor en torno a esta mujer, y ha reconocido que, en el acto de conciliación tras su despido, ella denunció haber sufrido bullying, algo que no había manifestado mientras trabajaba en la compañía.

Un juzgado de Madrid investigará por un delito fiscal de cerca de un millón de euros del IRPF al creador de la plataforma Madeira Invest, Álvaro Romillo, que entregó 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez "Alvise" y al que investiga la Audiencia Nacional por una estafa piramidal de 185 millones, según informa EFE. 

En un auto fechado el pasado 30 de marzo al que ha tenido acceso EFE, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordena la apertura de una pieza separada por fraude fiscal tras analizar un informe de la Agencia Tributaria que implica a Romillo en un fraude durante el año 2022.

El 15 de diciembre de 2025, Calama procesó a Romillo y a otras nueve personas por la presunta estafa de más 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024 a instancias de afectados por esta operativa, muchos de ellos representados por el bufete Zaballos Abogados.

En su auto de apertura de pieza separada, el magistrado explica que está "constatado" que en 2022 Romillo promociona en su página web mecanismos para la elusión de impuestos, tales como "poner bienes a nombre de familiares y amigos; ocultar la residencia fiscal en España, para evitar tributar; simular la residencia fiscal en otro país; utilizar, torticeramente, sociedades extranjeras; distraer ingresos para que no tributen, e inflar los gastos de una empresa". Al tiempo, añade el auto, Romillo siguió sus propias "estrategias" para consumar un fraude fiscal durante el ejercicio 2022.

A través de un "embrollo societario", Romillo quiso opacar "los verdaderos ingresos generados por el que, en definitiva, era el único motor que daba origen a sus ingresos", que era su éxito en redes sociales.

En 2022 ingresó a través de sus numerosas sociedades cerca de 3 millones de euros, por lo que Hacienda le atribuye un delito de fraude fiscal del IRPF que ronda el millón de euros (906.919,31 euros), además de defraudar más de medio millón en concepto de IVA.

En paralelo, la Audiencia Nacional investiga el fraude piramidal ideado por Romillo, conocido como Criptospain, que ideó y puso en marcha una organización criminal estructurada y jerarquizada, de la que asumió la dirección y liderazgo, movido por "un ánimo de lucro ilícito". 

El objeto de esta organización criminal consistía en la apropiación sistemática de las cantidades recibidas por parte de terceros para supuestas inversiones que eran publicitadas valiéndose del portal digital Madeirainvest.com, que aparentaba ser una plataforma de inversión segura y rentable. 

A través de dicha web, se ofrecían productos financieros ficticios con la finalidad de atraer a potenciales inversores, entre los que figuraban relojes, vehículos, propiedades inmobiliarias, oro y otros metales preciosos.

Los inversores, confiados en la apariencia de legalidad y solvencia que transmitía la plataforma, en la que llegaban a asegurar rentabilidades mínimas del 20%, realizaron aportaciones económicas que fueron desviadas por los miembros de la organización a cuentas controladas por Romillo y sus colaboradores, sin que existiera actividad real de inversión.

De este modo, 3.062 inversores de Madeira Invest Club resultaron perjudicados, sufriendo pérdidas económicas derivadas de la conducta fraudulenta desplegada por Romillo y los demás miembros de la organización criminal y que han sido cuantificadas en 185.511.947,76 euros.

Calama investigará por un fraude fiscal de más de 88 millones en 2023 y 2024 a Álvaro Romillo. En un auto fechado el pasado 1 de abril al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado central nº 4 amplía el procesamiento que decretó el pasado 15 de diciembre contra Romillo y otras nueve personas.

Ahora, Calama amplia la pieza separada por un presunto delito de blanqueo de capitales al encontrar "indicios racionales" de fraude del IRPF y del impuesto de patrimonio de 2023 y 2024. Mediante "la omisión de ingresos reales que reflejan su verdadera capacidad económica", Romillo habría defraudado 30.720.005,18 euros en 2023 y 49.117.091,37 euros en concepto de IRPF, así como 2.247.336,80 euros para el ejercicio 2023 y 6.068.774,76 euros para 2024 del impuesto de patrimonio.

En su auto, Calama mantiene a Romillo en prisión provisional, donde permanece desde el pasado 7 de noviembre, al haber detectado que el procesado se encuentra "en una privilegiada situación en orden a eludir la acción de la Justicia, pues dispone de una ingente cantidad económica con la que sufragar el acceso a medios ilícitos que le permitan abandonar el territorio nacional". 

Dicha organización criminal, destaca el auto, cuenta, "al menos, con 52 sociedades instrumentales, 106 cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos y embarcaciones, repartidos en, al menos, en 15 jurisdicciones diferentes (Portugal, Bélgica, Lituania, Estonia, Bulgaria, Rumania, Malta, Reino Unido, Albania, Estados Unidos, República Dominicana, Malasia, Singapur, Hong Kong y Tailandia)". 

Empieza la recta final del curso político con dos juicios por corrupción, cuya coincidencia, por cierto, no deja de ser curiosa. El caso Kitchen llega hoy a los juzgados, casi veinte años después de las primeras indagaciones sobre Gürtel, la trama de financiación ilegal del PP que llevó a una sentencia en la que se declaraba a dicho partido responsable a título lucrativo, y que motivó la moción de censura que condujo al primer gobierno de Pedro Sánchez el 1 de junio de 2018. De aquella Gürtel, esta Kitchen. Es decir, la trama por la que los populares intentaron tapar los casos de corrupción por financiación ilegal utilizando –presuntamente– a la cúpula del ministerio de Interior dirigido por Fernández Díaz para desactivar al tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que amenazaba con hablar y contar hasta qué punto máximos dirigentes del partido, incluido un tal “M. Rajoy” que los jueces nunca llegaron a identificar, estaban involucrados en el cobro de sobresueldos y financiación irregular del Partido Popular con dinero procedente de contratos amañados y mordidas (la noticia la desveló entonces El País, en 2013, ¡hace 13 años!, por si alguien no la recuerda). 

Mañana la atención girará hacia Ábalos y Koldo, los socialistas acusados de corrupción por mordidas en contratos de mascarillas en lo peor de la pandemia, en el año 2020, cuando los muertos se contaban por centenares cada día. Una trama que ha llevado a que José Luis Ábalos, quien fuera ministro de Fomento, secretario de Organización del PSOE y hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez, ingresara en prisión de forma preventiva. Un escándalo que llevó a especular con un caso de financiación ilegal del PSOE –hoy sin constatar– y que alumbró las sombras sobre Santos Cerdán, quien sustituyó a Ábalos como secretario de organización en el Partido Socialista, y cuyas –supuestas– irregularidades se siguen investigando.

Pese a que el estallido de los escándalos se remonta en el primer caso a hace casi dos décadas, y el otro a aproximadamente dos años, ambos coincidirán en nuestras pantallas en esta semana que comienza. Bienvenida sea la agilidad de la Justicia en el último de los dos procesos; pero ojalá fuera siempre así y de manera generalizada, incluyendo a asuntos como el primero.

Esta coincidencia va a multiplicar las reacciones equidistantes. Parece sensato criticar con toda la vehemencia posible los casos de corrupción de socialistas y populares y clamar por una regeneración de la vida política que acabe con cualquier atisbo de corrupción. ¿Quién no firmaría esto? Más difícil es, sin embargo, mantener la misma implacabilidad contra la corrupción sin que ello lleve a fomentar la antipolítica. Que me perdonen Santiago Segura y su nuevo Torrente, pero no, no todos son iguales. 

No es lo mismo poner a tu servicio la mismísima Policía para –presuntamente– tapar un caso de financiación ilegal que afecta a numerosos dirigentes y destruir las pruebas después a martillazos, que descubrir que personas de máxima relevancia del partido han estado lucrándose forzando contratos en lo peor de la pandemia. En este último asunto se desvela –supuestamente– una insoportable utilización del dinero público; en el primero, sin embargo, hablamos del tipo más grave de corrupción que puede existir, la captura no ya de políticas, sino del propio aparato del Estado, para hacer callar a quien podría destapar la dimensión de un escándalo.

Tampoco la reacción ha sido igual. Los unos aún no han reconocido públicamente la gravedad de Gürtel y Kitchen y les cuesta distanciarse de aquello –es difícil reprimir una sonrisa cándida al recordar a Pablo Casado anunciar la venta de la sede cuya reforma se pagó con dinero de la Gürtel–. Los otros expulsaron inmediatamente a los presuntos corruptos e iniciaron una auditoría interna que indica que no hay financiación ilegal. Si se desvelara lo contrario, ni sus socios ni sus militantes ni sus votantes lo perdonarían. Los ya exsocialistas están en prisión desde hace meses; los conservadores procesados jamás han llegado a pisar una celda.

Existe una tercera diferencia, sustancial a mi entender, en lo que debe exigirse a cada uno. Al Partido Popular cabe pedirle el reconocimiento oficial de lo que aquello supuso y la depuración política de responsabilidades: Fernández Díaz está suspendido de militancia del PP desde 2021, pero no expulsado, y el resto de dirigentes implicados en Gürtel jamás dejaron el partido. Más hay que exigir, a mi juicio, a los socialistas, que llegaron al gobierno en 2018 izando la bandera anticorrupción. En sus manos está adoptar las medidas necesarias para que ni unos casos ni otros vuelvan a producirse, ni en el interior de los partidos ni mucho menos en las instituciones del Estado. Sin embargo, como se puede leer, la OCDE ha vuelto a afear a España que no tenga una adecuada regulación de lobbys –cuya tramitación ha sido iniciada al menos tres veces (ver aquí), sin llegar nunca a aprobarse–, ni de financiación, democracia interna e integridad de los partidos, algo que clama al cielo, considerando los dos casos que se van a juzgar estos días y que protagonizarán buena parte de la conversación ciudadana en lo que queda de curso. Por cierto, en plena campaña electoral de las elecciones andaluzas. Nada menos.

En definitiva, contra la corrupción cualquier demócrata debe ser implacable. Y justamente por ser demócrata, no debe dejar que esta implacabilidad se convierta en un ejercicio de antipolítica. Porque ni todos son iguales, ni todos los casos de corrupción son lo mismo. No se trata de cuál sea más grave, sino de quién o quiénes están implicados, cómo ha reaccionado el partido en cada caso y qué queda por hacer, o sea, a cada cual, según sus posibilidades.

España está a la cabeza de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el acceso que proporciona a los ciudadanos a la información pública: en transparencia. También en el control de los conflictos de intereses de los políticos y altos cargos. Sin embargo, al igual que recogió el último Informe sobre el Estado de Derecho de la Unión Europea y el del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, nuestro país suspende por la ausencia de regulación del lobby, la influencia en la política de los grupos de interés. El Estado Español también queda a la cola de los países analizados en el control de la financiación de los partidos.

La organización internacional con sede en París ha hecho público su informe sobre Perspectivas de anticorrupción e integridad de 2026. En su apartado sobre España, el informe hace referencia al Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción anunciado por Gobierno el pasado julio tras conocerse la implicación del ex secretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes José Luis Ábalos y la de su sucesor como número tres del partido, Santos Cerdán, ambos estrechos colaboradores del presidente Pedro Sánchez, en la trama de comisiones ilegales ligadas a obra pública que se investiga en el caso Koldo.

La OCDE valora ese plan y el anteproyecto de ley orgánica de integridad pública en el que se ha traducido (aprobado el 17 de febrero por el Consejo de Ministros), como "la primera estrategia anticorrupción de España adoptada a nivel gubernamental". La iniciativa, que está todavía en elaboración y no ha sido remitida al Parlamento, pero el informe valora que contemple la creación de una nueva Agencia de Integridad Pública independiente, que en caso de ser aprobada, "integraría las competencias de la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad Independiente de Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude".

El hecho de que la nueva norma todavía no esté aprobada coloca a España en la parte media baja de la tabla de países analizados en lo que respecta a su "marco estratégico" contra la corrupción. El Estado cumple sobre el papel el 53% de los criterios de la OCDE sobre la solidez de este marco, pero en la práctica solo se cubren el 17%. El dato es malo, porque 16 de los 62 países analizados carecen de cualquier tipo de plan estratégico. Entre los que sí lo tienen, España se encuentra el 14 por la cola.

El plan anunciado por Sánchez el pasado verano "identifica los riesgos actuales para la integridad pública a los que se enfrenta el país", dice el documento, que subraya que, algunos indicadores en los que España sale peor parada, como el del control de la financiación de los partidos políticos. Sin embargo, hasta el momento, el Estado "no tiene un plan de acción en vigor", dice, a lo que añade: "Como la estrategia se adoptó muy recientemente, no se dispone de informes de seguimiento de su implementación".

De todos los aspectos recogidos en el plan anticorrupción de Sánchez que analiza la OCDE, aquel en el que España sale mejor parada es, el "acceso a la información pública", es decir, la transparencia, en la que se encuentra en el puesto seis de los 62 países y por delante de Francia, Alemania, Países Bajos o Italia. La normativa española cumple con el 89% de los criterios de la organización, de los que, en la práctica, se cumple el 81%. La media de los Estados analizados queda por debajo, en el 72% y el 62% respectivamente.

El informe subraya que la Ley de Transparencia "establece que todas las personas, incluidas las personas jurídicas y los ciudadanos no nacionales, tienen derecho a acceder a la información en todas sus formas" con las únicas restricciones que recoge esa norma. También resalta la documentación pública que a la que se puede acceder en línea, como "los programas de las reuniones del Gobierno, las agendas de los ministros, el registro de la propiedad, los salarios de los altos funcionarios individuales y las licitaciones públicas anunciadas por el Gobierno central y sus resultados". También "la mayoría de las declaraciones de bienes e intereses", aunque no "las de los jueces del Tribunal Supremo".

La necesidad de conocer los intereses de estos altos magistrados fue objeto de controversia el pasado noviembre. Tras la inhabilitación del ex fiscal general los medios publicaron que tres de los magistrados del tribunal que lo condenó daban clases en el colegio de abogados de Madrid que, a su vez, era acusación en el proceso. Uno de ellos, además, dirigió la tesis doctoral del abogado que representaba a Alberto González Amador, el denunciante y novio de Isabel Díaz Ayuso, y a otro letrado de la asociación de fiscales APIF, que actuó como acusación popular.

El segundo de los aspectos en el que España obtiene una muy buena calificación es la regulación de los conflictos de interés. "España cumple el 89 % de los criterios (...) y presenta un excelente rendimiento en la práctica, cumpliendo el 89 % de los criterios, frente a la media de la OCDE del 80 % y el 45 %, respectivamente", recoge el documento. "Todos los miembros del Gobierno y del Parlamento han presentado declaraciones de intereses en los últimos seis años, y todos los funcionarios de alto nivel recién nombrados (...) en los últimos cuatro años".

Además, prosigue el informe, "todas las declaraciones presentadas durante los dos últimos años naturales fueron verificadas por la Oficina de Conflictos de Intereses, que emite recomendaciones cada vez que se detecta un caso de conflicto de intereses". El texto solo recoge una pega: los jefes de gabinete, que se considera que ocupan "puestos de alto riesgo", no están sometidos a esa obligación. Otro de los ámbitos en el que nuestro país se encuentra por encima de la media es la integridad de su sistema judicial, tanto desde el punto de vista de la judicatura como de la fiscalía.

En junio de 2018, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, perdió la moción de censura en la que resultó investido Pedro Sánchez. El motivo fue la sentencia del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción que ha afectado al PP, que terminó condenado como "partícipe a título lucrativo". Pero el partido de Sánchez, el PSOE, también se enfrenta ahora a un importante caso de corrupción, el caso Koldo, que afecta a los que fueron dos de sus principales dirigentes y colaboradores del jefe del Ejecutivo, Ábalos y Cerdán.

La OCDE concluye ahora que la regulación del sistema de financiación de partidos políticos es una de las grandes asignaturas pendientes del sistema anticorrupción en España. Sobre el papel, según el informe, España cumple el 70% de los criterios de la organización (76% es la media) gracias a la Ley de Financiación de Partidos. El texto valora su sistema de sanciones y la prohibición de las contribuciones a las formaciones de empresas públicas, empresas extranjeras y Estados extranjeros.

"Sin embargo, el marco normativo no prevé prohibiciones más amplias sobre el uso de fondos y recursos públicos a favor o en contra de un partido político", sostiene. Campos como la regulación de las televisiones y medios públicos o la publicidad institucional con la que algunas administraciones riegan a sus medios afines parecen entrar en este capítulo.

Pero el problema, más que la normativa, es la práctica, en la que España solo supera el 43% de los criterios frente al 58% de media en la OCDE. El organismo supervisor es el Tribunal de Cuentas, y cuenta con todos los medios para desarrollar su labor. "Sin embargo, no todos los partidos presentaron sus cuentas anuales dentro de los plazos (...) en 2023, y otros no las presentaron en 2024", refleja el documento. "Además, las cuentas relacionadas con las elecciones y los informes financieros de todos los partidos no están a disposición del público".

Por último, otro de los apartados en los que España suspende reiteradamente en todos los organismos internacionales que evalúan sus indicadores democráticos, es el lobby, el control de la influencia en los políticos y altos cargos de los grupos de interés. El informe recoge que se está elaborando una regulación –el proyecto de ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, actualmente en tramitación parlamentaria– pero el cumplimiento actual de los criterios de control de la OCDE para estas organizaciones en España sigue siendo terreno por explorar.

La normativa –la ley de Altos Cargos– solo recoge períodos de incompatibilidad para los cargos públicos una vez que dejan esos puestos de responsabilidad, pero "no existe regulación alguna sobre el cabildeo (lobby), ni un registro de grupos de interés", advierte el informe. Esa disposición y la orden que obliga a cualquier empresa a inscribirse en el Registro Mercantil para poder identificar a suss propietarios solo cumplen el 40% de los criterios formales de la OCDE

El exasesor ministerial Koldo García ha lanzado el último intento para tratar de frenar el juicio que arranca el próximo martes en el Tribunal Supremo por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas, al denunciar ante el Tribunal Constitucional la vulneración de una serie de derechos, según informa EFE.

Tras agotar toda la vía de recursos ordinarios contra la negativa del Supremo a enviar la causa a la Audiencia Nacional, ahora la defensa de Koldo García, una semana antes del inicio del juicio, ha recurrido en amparo ante el tribunal de garantías.

Lo hace al considerar que la resolución del pasado 3 de marzo en la que el Supremo cerraba la puerta a las cuestiones previas que planteó la defensa, entre ellas que el juicio se celebrase en la Audiencia Nacional, vulnera una larga lista de derechos fundamentales, como el de un proceso con todas las garantías o el del juez ordinario predeterminado por la ley.

"La solución jurídicamente ortodoxa y respetuosa con los derechos fundamentales, una vez desaparecida la condición de aforado del señor Ábalos, no es retener el enjuiciamiento en el Tribunal Supremo, sino acordar la inhibición y remisión íntegra de la causa a la Audiencia Nacional", argumenta la letrada Leticia de la Hoz en su recurso, al que ha tenido acceso EFE.

En su recurso, pide al TC que acuerde la suspensión de la ejecución del mencionado auto antes de entrar al fondo del asunto, "para garantizar" que su pronunciamiento en sentencia, que tardará en dictarse, "no se convierta en ilusorio".

Una vez más, la abogada defiende que, al renunciar al escaño el exministro José Luis Ábalos, también acusado en este procedimiento, dejó de disfrutar del aforamiento que tienen los diputados y, en ese momento, el Supremo perdió la competencia para enjuiciar los hechos.

Según su criterio, todo el caso debería derivarse a la Audiencia Nacional, donde arrancó en 2024 la investigación por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas en pandemia, y continúa la parte de la causa que no se refiere a la presunta intermediación de Ábalos y, por conexión, su exasesor Koldo García y el comisionista, Víctor de Aldama.

Esta pretensión de la defensa de Koldo ya ha sido desestimada en varias ocasiones por el Tribunal Supremo. La última el pasado viernes, cuando rechazó la admisión a trámite del incidente de nulidad que interpuso contra el auto que desestimaba sus cuestiones previas.

El Supremo se opuso a remitir la causa a la Audiencia Nacional tras la renuncia del exministro José Luis Ábalos como diputado, que se produjo tras acordar el auto de apertura de juicio oral contra él, que es el que fija la competencia del Supremo, aunque 'a posteriori' el aforado deje de serlo, como es el caso.

Durante un receso, Alexandre Djouhri se abrió paso entre los abogados y el público para coger del brazo a Édouard Ullmo, exdirectivo de Airbus también procesado en el caso, que salía de la sala. “Espero que no te mantengas en la misma línea que la última vez”, le espetó, antes de volver a la sala, sonriendo de oreja a oreja. “Ullmo está loco. Dice que no me conoce. Yo conozco a su mujer, a sus hijos…”, ironizó el intermediario, condenado en primera instancia a seis años de prisión firme.

El miércoles, en el tercer día del juicio de apelación sobre los fondos libios, los acusados siguen tanteándose. ¿Se atreverá alguno de ellos a salirse del guion? Alineados y sentados detrás de pequeñas mesas con sus nombres, ya solo son siete, en ausencia de Claude Guéant (declarado no apto para comparecer por razones médicas, ndt) bajo las lámparas de araña de la sala de audiencias de la primera sala civil del tribunal. Nicolas Sarkozy y Brice Hortefeux, que son los primeros de su fila, se han dado ostensiblemente la espalda durante tres días. Uno estaría tentado de ver en ello una señal, pero no está nada claro.

Tras anunciar que se unirían “en el fondo” los dos argumentos planteados el martes por la defensa del expresidente —la inmunidad presidencial y la competencia del Tribunal de Justicia de la República—, y antes de interrogar al exministro Éric Woerth, el presidente del tribunal, Olivier Géron, llamó al estrado a las familias de las víctimas del atentado del DC-10 para sus primeras declaraciones.

“Ahora tenemos certezas. Es difícil aceptar que un presidente de la República haya negociado la impunidad de quien mató a nuestros familiares”, explica Guillaume Denoix de Saint Marc, hijo de una víctima del atentado, sorprendido al ser llamado a declarar. Danièle Klein y Yohanna Brette, hermana e hija de víctimas respectivamente, asimismo invitadas a declarar, denuncian también brevemente “la omnipresencia” de Abdallah Senoussi en este caso y “las reuniones” de Claude Guéant y Brice Hortefeux con el número dos libio, responsable de los atentados del régimen.

Estas conversaciones secretas constituyen el núcleo del pacto de corrupción del que se acusa a los colaboradores de Nicolas Sarkozy.

Con los brazos firmemente apoyados en la mesa del tribunal, el presidente del tribunal, Olivier Géron, de pelo corto canoso y complexión de jugador de rugby, conoce a algunos acusados mejor que a otros. Y viceversa. El magistrado interrogó a Alexandre Djouhri, al banquero Wahib Nacer y a Nicolas Sarkozy por videoconferencia desde sus centros de detención, cuando tuvo que decidir sobre su puesta en libertad. Una ventaja para él, una desventaja para ellos. Los llama por turnos para que hagan unas declaraciones preliminares y para que, en su caso, enseñen algunas cartas.

“Básicamente, recurro porque he sido víctima de una trampa”, resume Alexandre Djouhri con ánimo.

“Señor Djouhri, sé cómo se expresa usted. Sus palabras son a veces algo precipitadas. Intente expresarse con fluidez para el señor secretario…”, intenta el presidente.

Indiferente a este comentario, el intermediario se lanza sin pensárselo dos veces. Quiere explicar “la trampa”. Fue detenido el 7 de enero de 2017 cuando iba al cumpleaños de su hija en Londres. Le leyeron una orden de detención europea en la que se mencionaba a Mediapart y la acusación de “haber participado en la financiación de la campaña de Nicolas Sarkozy por un importe de 50 millones” de euros. Fue encarcelado y luego puesto en libertad bajo fianza. Finalmente, cuando salió libremente de Londres hacia París, la trampa le esperaba a su llegada.

“GIGN [grupo de intervención de la gendarmería, ndt], pasamontañas, metralleta, ¡rumbo a [la prisión de] Fresnes!”, resume. “Nunca en mi vida he huido de la justicia. Pero todos los artículos me hacían parecer un deus ex machina. Me han encarcelado cuatro veces por motivos falsos, pero sigo en pie. Si estoy aquí en 2026, es porque no han encontrado nada. No voy a morir con los ojos vendados. Si le hubiera pasado a otra persona, estaría hablando en sánscrito.”

Con la mirada fija en el acusado, el presidente y sus asesoras intentan seguirle. Alexandre Djouhri continúa. Dice haberse enfrentado a “una instrucción monárquica”. “Pin-pon, fase 4, terrorista”, resume de nuevo. “¡Pero denme una prueba! Nunca he recibido una acusación, salvo la de Ziad Takieddine —que en paz descanse— en la prensa”.

Denuncia “el poder de la prensa”, que ha hablado “a lo largo y lo ancho” del “espectro Djouhri”, del “atrevido Djouhri”. “Para ser atrevido hay que estar condenado…”, añade. Según él, Manuel Valls, entonces primer ministro, había dicho que iba a “acabar en la cárcel”. “Así que han puesto precio a mi cabeza”, concluye de golpe.

Nicolas Sarkozy, con traje negro y camisa a rayas blancas y azules, sube al estrado.

“Señor presidente, he recurrido porque no he cometido ninguno de los hechos por los que he sido condenado. Movilizaré todas las fuerzas de las que soy capaz para defender esta verdad arraigada en mí”, dice. Por lo tanto, “no tengo declaraciones preliminares”. “Desde mi punto de vista, no hay necesidad de explicaciones en esta fase”, concluye.

Si Olivier Géron esperaba una larga intervención del expresidente, se llevó una decepción.

En la misma línea, Brice Hortefeux se declara “totalmente inocente de los cargos que se le imputan”. “He recurrido porque el tribunal consideró que me había reunido con Abdallah Senoussi de forma premeditada. Eso es falso. Lo demostraré ante este tribunal”, asegura con cierto tono solemne. También promete demostrar que “ese breve encuentro” no tenía por objeto obtener financiación libia para la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy. Y también que tampoco “contribuyó a una transferencia de fondos públicos libios a Francia al entregar un documento bancario”.

Desde el 26 de septiembre, no hay “una sola mañana” en la que no se pregunte por los motivos de la sentencia de primera instancia, que considera “injusta e infundada”. “Una suma de hipótesis no constituye una verdad”, afirma.

El banquero Wahib Nacer se declara “totalmente inocente”. Thierry Gaubert se felicita de que el tribunal, en su sentencia, finalmente no lo haya incluido en “la asociación de malhechores”. Édouard Ullmo no tiene nada que declarar. Por último, Éric Woerth, absuelto en primera instancia, considera que “no hubo financiación ilegal en esta campaña”.

Los siete acusados no muestran, por el momento, ningún signo de cambio.

El presidente Géron se dará cuenta de ello al interrogar a Éric Woerth, nombrado el 13 de marzo presidente del PMU (Pari mutuel urbain, Apuestas mutuas urbanas, que gestiona las apuestas hípicas).

El tribunal trata en primer lugar de comprender el cambio de Éric Woerth, tesorero histórico del clan Chirac —había sido desde 1993 director financiero del partido RPR—, hacia el clan a priori adversario de Nicolas Sarkozy, cuando este último se convirtió en presidente del partido UMP en 2004. “Pensó que podía quedarme en su equipo”, dice simplemente Éric Woerth.

En cuanto a la campaña de 2007, el exministro recuerda una reunión, una sola, con Nicolas Sarkozy, quien le pidió que fuera su tesorero. Claude Guéant ya estaba organizando la campaña. Por desgracia, Éric Woerth no tiene memoria para las fechas.

“¿Cuándo dejó de ser tesorero de la UMP para convertirse en tesorero de campaña?”, pregunta Olivier Géron.

— “En 2006. Un año antes [de las presidenciales].

— En la agenda del Sr. Hortefeux hay menciones de reuniones a principios de 2005. El 18 de enero de 2005, ‘Cita con Woerth en NS, comité directivo’. El 16 de febrero, ‘Entrevista en NS, presupuesto con BH’. Estamos en 2005.

— Son reuniones para sentar algunas bases con personas que pueden desempeñar un papel.

— Así que, en febrero de 2005, ya se empieza a hablar de la campaña y de su financiación.

— No lo recuerdo. Quizá fuera 2005”, acaba por confirmar Woerth.

La precisión es importante, ya que es en la primavera y el verano de 2005 cuando se establecen los primeros contactos en Libia, antes de que Claude Guéant y Brice Hortefeux se desplazaran allí para reunirse con Abdallah Senoussi, en octubre y diciembre.

En diciembre de 2006, el presidente señala una reunión en la agenda de Brice Hortefeux: “NS recibe a Woerth, BH debe estar presente, presupuesto de campaña”.

“¿Qué es esta reunión y por qué es necesario que esté el Sr. Hortefeux?

— Formaba parte de la asociación de financiación de los amigos de Nicolas Sarkozy. Brice es un viejo amigo”, justifica Éric Woerth.

— “Hay algo que no entiendo”, insiste el presidente. “Pone ‘presupuesto de campaña’. Si miramos la aportación de la asociación [a la campaña], son 240.000 euros. En términos presupuestarios, no es nada. ¿Por qué es necesario que el Sr. Hortefeux esté presente?

— En primer lugar, en aquel momento no sabía que aportaba 240.000 euros. Era normal que Brice estuviera allí. Brice era amigo de Nicolas Sarkozy”.

Hay, pues, cosas que Éric Woerth no puede explicar. Así, asegura que “nunca fue informado del alquiler de una caja fuerte por parte de Claude Guéant”. Es en esa caja fuerte, abierta en 2007 en el banco BNP Opéra, donde el exdirector de campaña afirma haber guardado los discursos de Nicolas Sarkozy.

Por último, sigue sin poder explicar la llegada de dinero en efectivo no declarado a la campaña presidencial de la que era tesorero. La investigación ha encontrado rastro de una suma de 35.000 euros distribuida entre una veintena de personas del equipo de campaña. “Cae del cielo”, resume Éric Woerth, quien decide recompensar a parte de su equipo con este dinero enviado de forma anónima. Sostiene, sin convencer, que no se trata de un gasto electoral, ya que el dinero no se abonó hasta el día siguiente a las elecciones.

Según los investigadores, la circulación de efectivo habría sido mucho mayor. Algunos testigos hablan de un “desfile” de personas que “vienen a recoger su sobre” a la sede de la UMP. “Hay mucho chismorreo ahí de por medio”, protesta Éric Woerth. “No tengo la impresión de haber cometido una falta grave. La campaña se financió con cheques. No la financió Libia, la financió la Société Générale”.

“Entonces, ¿cómo llegaron esos 35.000 euros?”, pregunta Olivier Géron.

— “Llegaron en unos diez envíos, ya fuera a la UMP, a la sede de la campaña, a mi nombre o a la dirección financiera. No hay nada indicado. Se observa que hay una serie de entregas de dinero que suman unos 35.000 euros. Se detiene al cabo de unos meses. No se utilizó en la campaña.

— Pero entonces, ¿por qué no hay ningún testimonio? Ningún empleado confirma que se haya producido esa entrada de dinero en efectivo…

— Es normal, nadie abría el correo. Era yo quien lo abría.

— ¿Era usted personalmente quien abría los sobres?

— Sí.”

Éric Woerth asegura que el ambiente de la campaña era “extraordinario”. Y que, por lo tanto, hay “gente que [hizo] cosas extraordinarias e incluso un poco extrañas”. Los gastos que figuran en las cuentas de campaña deben poder rastrearse. “Esas sumas no rastreables” no podían, por tanto, integrarse en la campaña, reconoce el exministro.

El presidente Géron recuerda que, legalmente, el candidato se expone a sanciones penales en este asunto.

“¿No le habló al Sr. Sarkozy de esta entrada de dinero en efectivo? Al fin y al cabo, él era el responsable.

—Quizá debería haberlo hecho, pero no lo hice porque es algo anecdótico en la campaña”.

La Fiscalía General continuará el interrogatorio al exministro el lunes por la tarde.

Entre los 230 artículos publicados por Mediapart sobre el caso libio, uno de ellos, en abril de 2012, se hacía eco de la revelación de una nota procedente de los archivos del régimen de Gadafi. Esta nota, fechada en diciembre de 2006, mencionaba un acuerdo de financiación para la campaña presidencial de 2007. Se la denominó la “nota Koussa”, por el nombre de su firmante, Moussa Koussa, exjefe de los servicios secretos exteriores libios.

En su sentencia del 25 de septiembre de 2025, en la que condenaba a Nicolas Sarkozy por asociación ilícita, el tribunal de París consideró que “lo más probable es que este documento sea falso”. Esa valoración ha sido utilizada en varias ocasiones desde entonces por Nicolas Sarkozy para cuestionar duramente el trabajo de Mediapart. En particular en su obra Le Journal d’un prisonnier (Diario de un prisionero, edit. Fayard), en la que escribió, en la página 54: “El caso Dreyfus prosperó sobre la base de documentos falsos. El mío comenzó sobre la base de la falsificación de Mediapart.”

Mediapart, a través de su abogado, Emmanuel Tordjman, envió el lunes 16 de marzo al presidente del Tribunal de Apelación, Olivier Géron, una breve carta que fue distribuída, tal y como habíamos solicitado, a todas las partes del proceso (acusados, partes civiles y fiscales). Esta carta se redactó para señalar que la valoración del tribunal de París contradecía varias resoluciones judiciales. De hecho, en tres ocasiones, y de forma definitiva ante el Tribunal de Casación en 2019, la autoridad judicial concluyó que la “nota Koussa” no era ni una falsificación intelectual ni una falsificación material, desestimando así las denuncias de Nicolas Sarkozy y Brice Hortefeux.

Uno de los cinco abogados del expresidente de la República, Sébastien Schapira, solicitó el miércoles 18 de marzo que la carta de Mediapart fuera “desestimada”, al considerar que se trataba de una “injerencia” susceptible de menoscabar “la serenidad de las deliberaciones” del juicio de apelación sobre la financiación libia.

El fiscal general, Damien Brunet, consideró por su parte que la solicitud debía ser denegada, ya que la carta podía ser debatida de forma contradictoria. Una postura compartida por el abogado de la asociación anticorrupción Sherpa, Vincent Brengarth, quien añadió que la misiva de Mediapart no contenía ningún elemento que no fuera ya conocido.

Invocando el artículo 427 del Código de Procedimiento Penal, según el cual “el juez solo puede basar su decisión en las pruebas que se le presenten durante el juicio y que hayan sido discutidas de forma contradictoria ante él”, el presidente del Tribunal de Apelación rechazó finalmente, tal cual, la solicitud formulada por la defensa de Nicolas Sarkozy.

Traducción de Miguel López

El asesor fiscal del bar Franky de Pamplona, Miguel Moreno Purroy, ha reconocido este martes que emitió facturas a Acciona que "no respondían a una prestación real" porque se lo pidió el exasesor ministerial Koldo García, según informa EFE.

El informe de la UCO recoge que este bar situado en Pamplona emitía facturas ficticias a nombre de Acciona para que Koldo García cobrara ese dinero. "En lo que a mí respecta, el informe está muy bien documentado", ha declarado.

Moreno Purroy comparece este martes en la Comisión de Investigación sobre licitación de obras públicas que se celebra en el Parlamento de Navarra, donde ha señalado que actuó, entre los años 2016 y 2018, para ayudar a Koldo García y que se "equivocó", pero también ha negado formar parte de "una trama corrupta". 

"La tarjeta de visita de Acciona me la entregó Koldo García. Él me dijo que tenía una necesidad, que estaba en mal momento económico y él no tenía dificultad para que Acciona pagara alguna factura", ha dicho, antes de apuntar que se trata de facturas que en total "no ascienden a más de 8.000 euros".

Moreno Purroy ha señalado que el "circuito pactado" entre Koldo García, el gestor del bar, Francisco Javier Lorente, y él mismo consistía en emitir una factura falsa a Acciona, cobrar el dinero en la cuenta del bar y entregar el dinero en efectivo a Koldo García. Tal y como ha explicado, no tiene "duda" de que la tarjeta de Acciona se la entregó el exdirectivo de la compañía en Navarra, Fernando Merino, a Koldo, para que se emitieran las facturas con esos datos. 

El asesor fiscal o contable del establecimiento ha señalado que estos pagos comenzaron por el "mal momento" económico por el que pasaba Koldo García. Según ha expuesto, no sabía que iba a ser algo sostenido en el tiempo. "Él nos plantea una (factura) y la hacemos. Luego nos plantea otra y así hasta cinco", ha contado. 

Una de las facturas, de 2.700 euros, fue cargada a la UTE Recajo, en la que estaba Acciona, y la ingresó Moreno Purroy en una de sus cuentas, no en la del bar. Posteriormente, se lo entregó en efectivo a Patricia Uriz, pareja en aquel momento de Koldo. También ha señalado que él no estuvo presente en ninguno de los demás pagos en efectivo a Koldo, por lo que no puede dar fe de ellos. Tampoco tuvo contacto con Merino más allá de enviarle por correo las facturas y no hizo más facturas falsas, según ha asegurado.

En el turno de Geroa Bai, su portavoz Pablo Azcona ha preguntado por la empresa Xamena, de la que Moreno Purroy es administrador único, y el compareciente no ha querido responder por "no estar relacionado con el objeto de la comparecencia". Posteriormente, Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha incidido en el tema y Moreno Purroy ha respondido que esta empresa, constituida en 2017, solo ha hecho una obra privada de viviendas en una parcela de Milagro.

Un juzgado de Sevilla ha procesado, como paso previo a la apertura de juicio oral, al exvicesecretario general del PSOE de Andalucía Rafael Velasco y al exconsejero de Empleo Antonio Fernández junto a otros ocho acusados en una pieza separada de la causa de los cursos de formación.

En el auto del Tribunal de Instancia de Sevilla, Sección de Instrucción, plaza 6, al que ha tenido acceso EFE este jueves, el juez da por terminada la instrucción en la que ha investigado delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación.

El juzgado da traslado de la causa a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo de veinte días, pidan la apertura del juicio y formulen escrito de acusación, el archivo de la causa o, excepcionalmente, la práctica de nuevas diligencias.

Este procedimiento está relacionado con la presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a Formación para el Empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la sociedad mercantil Aulacen Cinco SL, vinculada con Velasco.

Según el auto, esta entidad habría recibido, gestionado, justificado y liquidado subvenciones "de manera irregular" en el marco de los distintos expedientes administrativos de concesión de subvención otorgadas por el SAE.

A través de diferentes expedientes de subvención Aulacen Cinco habría sido beneficiaria "injustamente" de una continuada disposición de fondos públicos procedentes de la Junta de Andalucía y del Fondo Social Europeo para actuaciones formativas para desempleados por un total de más de 193.900 euros, y que habría culminado con un último pago por importe de 10.324 euros.

Todo ello, recoge el auto, "al margen de la legalidad vigente, prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido, en claro perjuicio de la generalidad de empresas -en especial, de las del mismo sector de actividad- y desempleados".

Esta forma de actuar las habría privado de concurrir a su concesión acreditando las condiciones y requisitos habilitantes de su percepción, "con desprecio de elementales normas de procedimiento en la gestión de fondos públicos, y con incumplimiento de la disciplina de concesión, control, pago y justificación de subvenciones dirigidas a la Formación para el Empleo".

Entre las irregularidades expuestas en una extensa resolución de 115 páginas, el juez expone que en diferentes expedientes de subvención no se habría seguido el preceptivo procedimiento de concurrencia competitiva establecido, dada la falta de inscripción -en legal forma- de la sociedad Aulacen Cinco como centro de formación acreditado. "Cabe deducir el trato de favor que, por parte de los responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), se habría dispensado a Aulacen Cinco SL como beneficiaria", indica la resolución.

Por tanto, se habría incumplido la disciplina de concesión, control, pago y justificación de subvenciones dirigidas a la Formación para el Empleo gracias al "natural concurso" de los beneficiarios con los responsables del correspondiente órgano gestor de la subvención, en este caso, del SAE, según el auto.

El Tribunal Correccional de París decidirá el próximo 9 de marzo si acepta la solicitud del expresidente francés Nicolas Sarkozy, quien pide no tener que llevar por segunda vez el brazalete electrónico por su última condena en firme de finales de 2025 debido a un caso de cuentas de la campaña de 2012, informa EFE.

Tras la vista de este lunes, que se celebró a puerta cerrada, el abogado del antiguo jefe de Estado, Vincent Desry, declinó hacer declaraciones a los medios. Sarkozy quiere que se aplique una 'unificación de penas' para evitar el brazalete electrónico por segunda vez.

Entre febrero y mayo de 2025, el ex jefe de Estado llevó este dispositivo de control por una condena en firme debido al llamado caso Bismuth, de corrupción y tráfico de influencias por hechos de 2014.

A finales de noviembre de 2025, el exmandatario vio confirmada una segunda sentencia en firme por el caso Bygmalion, sobre sus cuentas de campaña para las presidenciales de 2012. Entonces se le sentenció a seis meses de prisión conmutadas por arresto domiciliario por la financiación irregular de su campaña de 2012.

Para Sarkozy, si se aplica el principio de 'unificación de penas', no sería necesario portar de nuevo el brazalete, ya que ya lo llevó a comienzos de 2025. La decisión sobre el brazalete llegará una semana antes de que el expresidente se enfrente a un proceso en apelación por el caso más grave en su contra.

Se trata de su presunta implicación en una trama de financiación ilegal para la campaña que le permitió convertirse en presidente de Francia en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi.

Por este proceso, Sarkozy fue condenado en primera instancia en septiembre de 2025 a cinco años de prisión por corrupción y tráfico de influencias, de los que cumplió tres semanas (entre el 21 de octubre y el 10 de noviembre) entre rejas.

Sin embargo, el exmandatario conservador logró finalmente ser liberado a la espera de que se resuelva su recurso en apelación, que se celebra entre el 16 de marzo y el 3 de junio.

El anteproyecto de ley orgánica de integridad pública aprobado este martes por el Gobierno modificará 18 normas, incluidas seis leyes orgánicas, para luchar contra la corrupción en la contratación pública, con nuevas restricciones a empresas, administraciones y partidos políticos, según informa EFE.

Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se trata de una ley "muy ambiciosa" que contempla, por ejemplo, hacer público y accesible el registro de empresas con prohibición de contratar con la administración e incrementar de 15 a 20 años el plazo en el que las empresas condenadas por corrupción puedan contratar con la administración o percibir subvenciones o beneficios fiscales.

Las donaciones de particulares a los partidos políticos serán públicas a partir de 2.500 euros, en vez de los actuales 25.000; y los partidos deberán realizar auditorías externas sobre sus cuentas, endureciendo el régimen sancionador si no lo cumplen. 

Se amplía la prescripción de los delitos de corrupción y se refuerza la Oficina de recuperación y gestión de activos y la capacidad del Estado de incautar bienes a corruptos, con figuras como el "decomiso sin condena" o el de "riqueza no justificada".

Algo huele a podrido en el reino de Noruega. Desde la publicación de millones de documentos relacionados con el caso Epstein, este país de 5,5 millones de habitantes descubre con estupor la complicidad de parte de su élite con el estafador y pederasta estadounidense.

“Me cuesta encontrar una expresión lo suficientemente fuerte para calificar lo que está pasando”, explica a Mediapart la exjueza y eurodiputada franco-noruega Eva Joly. La sociedad se ve sacudida en sus cimientos. “Ver a un ex primer ministro investigado por corrupción agravada es muy difícil de aceptar.”

Aunque, vistos los documentos, ninguna de las personas implicadas está involucrada en los delitos sexuales de Jeffrey Epstein, los vínculos de interés que se van conociendo, ya sean políticos o financieros, sacuden la imagen de un país al que le gusta presentarse como una potencia moral y humanitaria.

La personalidad más afectada por el escándalo es Thorbjørn Jagland, de 75 años. El ex primer ministro laborista (1996-1997) también ocupó el cargo de secretario general del Consejo de Europa entre 2009 y 2019, y presidió el Comité Nobel de 2009 a 2015. La gran cantidad de documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a finales de enero permitió conocer más detalles sobre los estrechos vínculos que Jagland y Epstein habían forjado a lo largo de los años. Incluso después de la condena en 2008 en Florida del financiero por delitos sexuales y sus 13 meses de prisión.

Pero sobre todo los noruegos pudieron ver hasta qué punto su ex primer ministro, que oficialmente promovía la causa de las mujeres y la igualdad de género cuando estaba al frente del Consejo de Europa, la principal organización de defensa de los derechos humanos del continente, resultaba ser mucho menos feminista en privado. Un embarazoso email enviado a Epstein en enero de 2013 da a entender que él también podría haber frecuentado a mujeres jóvenes gracias a su amigo americano.

El jueves 12 de febrero, la policía registró su casa en Oslo y sus residencias secundarias. El que fuera nombrado comendador de la Legión de Honor en Francia por el presidente François Hollande en 2013 fue acusado ese mismo día de “corrupción agravada”, lo que le expone a una pena de hasta diez años de prisión, debido a sus vínculos con Epstein. El día anterior, el Consejo de Europa había levantado la inmunidad de la que gozaba, a pesar de que había dejado el cargo de secretario general hacía seis años.

También se han visto salpicadas otras figuras destacadas de los círculos diplomáticos por sus vínculos de interés con Epstein. La pareja formada por los dos diplomáticos Terje Rød-Larsen y Mona Juul trascendía las fronteras de Noruega. Su participación en las conversaciones secretas entre israelíes y palestinos que culminaron con los acuerdos de Oslo en 1993 les valió incluso ser protagonistas de un exitoso musical de Broadway a mediados de la década de 2010.

La caída es más brutal. Aunque Terje Rød-Larsen, de 78 años, ya no estaba en activo tras haber tenido que abandonar en 2020 su puesto en el laboratorio de ideas Instituto Internacional para la Paz (IPI) debido a sus ya conocidos vínculos con Epstein, su esposa, de 66 años, ha dimitido de su cargo de embajadora en Jordania e Irak.

El lunes 9 de febrero, la policía abrió una investigación contra Mona Juul y Terje Rød-Larsen, sospechosos respectivamente de corrupción agravada y complicidad en corrupción agravada. También se llevaron a cabo registros en sus domicilios. “Økokrim [la unidad central encargada de investigar los delitos financieros, ndr] quiere investigar, en especial, la posible concesión de ventajas relacionadas con las funciones desempeñadas” por la diplomática, declaró la policía en un comunicado.

“Mi clienta no reconoce los cargos que se le imputan”, afirmó su abogado, Thomas Skjelbred. “Terje Rød-Larsen está convencido de que, una vez que se hayan examinado minuciosamente todos los hechos, la investigación determinará que no hay motivos para un proceso penal y que el caso será archivado”, afirmó el abogado de su marido, John Christian Elden.

Se plantean preguntas, en particular, sobre la gestión del caso por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. En 2019, una nota de servicio establecía un vínculo entre el Instituto Internacional para la Paz, dirigido por Terje Rød-Larsen, y Jeffrey Epstein. Terje Rød-Larsen dimitió en 2020.

Según la nota, citada por los medios de comunicación noruegos, había muchas becarias, “todas ellas mujeres jóvenes y guapas, sin la formación necesaria para trabajar en el laboratorio de ideas”. “Su estancia fue breve y, durante ese tiempo, acudieron a la sede de las Naciones Unidas para hacerse fotos. Esas fotos fueron enviadas posteriormente al Sr. Epstein”, precisaba el texto.

El Ministerio de Asuntos Exteriores remitió la notificación al fiscal general, quien a su vez informó a los investigadores estadounidenses encargados del caso Epstein. Pero no se inició ninguna investigación en Noruega.

La publicación de los contactos entre Mette-Marit, esposa del príncipe heredero Haakon, y Jeffrey Epstein entre 2011 y 2014 también fue noticia en los medios de comunicación del país. En 2012, Epstein se encontraba en París, donde poseía un amplio apartamento en la avenida Foch, cerca del Arco del Triunfo. Le dice a la princesa heredera que está “buscando esposa”. La capital francesa es “un buen lugar para el adulterio”, pero “las escandinavas son mejores esposas”, responde ella.

Mette-Marit se disculpó y reconoció haber “cometido un error de juicio”. “Lamento profundamente haber tenido cualquier tipo de contacto con Epstein. Es simplemente vergonzoso”, dijo en un comunicado.

“Es una realidad brutal”, reconoció el actual primer ministro laborista Jonas Gahr Støre ante todas estas revelaciones, en una entrevista concedida a la televisión pública NRK. Se declaró a favor de una comisión de investigación independiente, que sería creada en el Parlamento. “Es esencial arrojar toda la luz sobre este asunto. Quiero subrayar no obstante que muchos diplomáticos trabajan con profesionalidad y diligencia y realizan una importante labor para Noruega”, añadió el jefe del Gobierno, que fue ministro de Asuntos Exteriores entre 2005 y 2012.

El partido ecologista ha propuesto a Eva Joly para dirigir esa comisión. “Por supuesto que lo consideraré cuando me lo propongan, si es que me lo proponen”, afirma. Pero, a priori, me gustaría mucho ser una actriz con mi perspectiva francesa.” Con ideas como completar las instituciones noruegas con salvaguardias, como se hace en la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública Francesa, con el fin de “vigilar el enriquecimiento de los políticos y altos cargos”.

“Las instituciones han funcionado realmente mal”, asegura Eva Joly. “Porque muchos elementos eran públicos y nadie se ocupó de ellos. Eso se debe a que no existe el equivalente a constituirse en parte civil”. Un procedimiento que, si se implantara, permitiría a las asociaciones desempeñar un papel impulsor. El reino noruego se tambalea, y todas las ideas para recuperarlo parece que serán bienvenidas.

Traducción de Miguel López