La corrupción es el desagüe por el que se pierde el sistema, una cloaca oscura y subterránea que nos aleja de poder nombrarnos un Estado decente. O una democracia madura. A más corrupción, más tercer mundo político. Lo dijeron hace unos meses, se escribió palabra por palabra: la corrupción cero no existe. Parece que ya no es ni una aspiración primera. El margen de error del oficio: un caso aislado. Dos. Tres. Cuántos no lo convierten en una epidemia. 

Una se imagina a alguien que, súbitamente, tiene su poder y está en un despacho. Y, un día, no consigue evitarlo, una luz verde parpadea y le indica el camino de la tentación. El político, que algo trae dentro que no lo da solo el cargo, decide pasar por encima de todos los códigos éticos, la moral duerme o se apaga, hace unas llamadas, mete las manos en el cajón de lo común, se lucra y se dice a sí mismo: pero qué fácil ha sido. Y también, y aquí está la enajenación segunda: a mí no me van a coger. Porque yo soy más listo que otros. 

¿Más perspicaz que el sistema? ¿Que la justicia? ¿Que el resto de ciudadanos? 

A mayor poder, más grande la corrupción. Intenta una no creer que sea la prueba del Dictum de Acton: El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Según la Real Academia Española, la palabra corrupción es sinónimo de putrefacción, descomposición, podredumbre, degeneración, fermentación. Significa deterioro de valores, usos y costumbres. En las organizaciones públicas significa utilización indebida o ilícita de las funciones en provecho de sus gestores. Significa diarrea y descomposición. A la corrupción política todo le encaja: hay algo que huele fatal. 

Dónde comienza la purga que devuelva la confianza. Dónde los obstáculos para lo que parece inevitable. ¿Más transparencia? ¿Mejores salarios para los cargos? ¿Qué más quieren? ¿Más control? ¿Un test ético o científico previo para el que va a manejar lo público?

Decía Rafael Chirbes en Crematorio: “La economía, que tan visible nos parece, tan escandalosa, es solo el decorado, el telón de boca que tapa el escenario por el que se mueve un animal sigiloso, invisible, tan inaprensible que ni siquiera tiene nombre, porque no es poder, aunque participe de él; no es el dinero, aunque se nutra de él; ni es el prestigio, aunque tenga su incorporeidad. Es el eje en torno al cual gira la gran rueda”.

Hay un párrafo en la sentencia que el Tribunal Supremo ha dictado contra el ex ministro José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama donde los jueces advierten: “Su efecto más grave (de la corrupción) es el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político, al quebrar la expectativa de que el poder democrático se ejerce en beneficio del conjunto de la ciudadanía”. Y termina avisando de que la corrupción compromete la estabilidad del propio sistema. 

Pocas cosas duelen más que la irrecuperable pérdida de confianza. Solo se rompe una primera vez. Tira gobiernos, destruye la relación más sólida como una carcoma. Una intenta volver hacia atrás, a la era de la ingenuidad, de la fe, y ya no es posible nunca más. En la política y en el amor, hay traiciones que devastan relaciones. La revelación de la corrupción es ese día en el que eres consciente del desenamoramiento, es el clic que te impulsa y te saca una casa, es lo que te impide volverles a votar. 

Al otro lado, alguien todavía no lo entiende: pero por qué te vas.

La esperanza que varios dirigentes del PSOE habían expresado en que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero diera explicaciones convincentes al juez de la Audiencia Nacional no ha servido para convencerlo. Las tres horas que el exjefe del Ejecutivo declaró este miércoles ante el instructor del caso, José Luis Calama, no lograron "desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación", según explicó el magistrado de la Audiencia Nacional en el auto por el que rechazó las medidas cautelares que se solicitaban. La resolución detalla esquemáticamente cuáles son los indicios contra el que fuera líder del PSOE a los que el instructor da mayor credibilidad y que Calama destaca en su resolución.

Fuentes del entorno de Zapatero aseguran que el interrogatorio ha sido "exhaustivo y reiterativo", pero que Calama ha dejado al expresidente explicarse en sus respuestas aunque ha refutado algunas de ellas. Se ha tratado, según esas mismas fuentes, de un un interrogatorio "formalmente correcto". El entorno del expresidente asegura que las preguntas estuvieron más centradas en "la naturaleza de sus trabajos de consultoría" realizados para Análisis Relevante, la empresa de su compañero de carreras Julio Martínez Martínez. Las contestaciones de Zapatero fueron, aseguran, "mucho más contundentes" en lo relativo a su supuesta participación en el rescate de Plus Ultra.

Sin embargo, el juez no consideró convincente su relato. Estos son los hitos de las pesquisas que, después de escuchar al exjefe del Ejecutivo, el instructor considera inalterados.

En esa fecha, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), autorizados por la anterior instructora del caso, la juez 15 del Tribunal de Madrid Esperanza Collazos, detuvieron al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, a su consejero delegado, Roberto Roselli, al abogado Miguel Palomero (presunto conseguidor de la trama de blanqueo investigada en España) y al compañero de carreras de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez. También se registró la sede de Plus Ultra y los domicilios de los arrestados. En el auto por el que Collazos se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, la jueza citaba conversaciones encontradas en el teléfono de Palomero con el empresario venezolano Danilo Diazgranados en el que aparecían referencias a "Z", "ZZZZ" o "Zorro" que los investigadores habían atribuido a Zapatero.

En las conversaciones intervenidas a Palomero, cuyo domicilio pidió registrar la fiscalía francesa, también aparecen intercambios verbales con Rodolfo Reyes –el antiguo máximo accionista de Plus Ultra ahora en paradero desconocido–, Julio Martínez Martínez y el empresario peruano Felipe Baca, entre otros. En el ordenador intervenido a Roselli se encontró una carta dirigida al vicepresidente del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, "siguiendo instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero". En las conversaciones entre el expresidente de la compañía, Martínez Sola, y Manuel Fajardo, el supuesto hombre de la trama de influencias del expresidente en Venezuela, este aparece supuestamente denominado como "el amigo". Lo que hasta el momento no ha aparecido es una orden directa que permita acreditar que Zapatero era el líder de la organización, como sostienen Calama y la UDEF.

El pasado 21 de noviembre, la unidad de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción de la Agencia Tributaria elaboró un informe sobre los ingresos y gastos de Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez Martínez. Esa unidad fue la que descubrió que Plus Ultra y otras empresas supuestamente dedicadas a canalizar peticiones a la red de influencia cuyo liderazgo el juez atribuye a Zapatero –Softgestor, Inteligencia Prospectiva o Grupo Aldesa– se encontraban entre los principales clientes de la sociedad de Martínez Martínez. A su vez el documento de Hacienda mostró que los principales pagos de esa consultora iban dirigidos al expresidente y a WhaTheFav, la empresa de sus hijas. Esa operativa se repitió en los ejercicios de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

"Los pagos realizados desde la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas SA, Inteligencia Prospectiva SL y Grupo Aldesa SA, que tienen como destino la sociedad Análisis Relevante SL en los ejercicios 2023 y 2024 representarían los ingresos relevantes que en su práctica totalidad tienen como destino la mercantil Whathefav SL y a José Luis Rodríguez Zapatero", aseguraban los agentes de la UDEF en otro de sus informes del pasado 3 de febrero. En los registros también se intervino un contrato de asesoramiento firmado por otra de las empresas del amigo de Zapatero –Idella Consulenza Strategica SL– con Plus Ultra.

La duración de ese contrato "consta determinada por el tiempo que tarde en emitirse por la SEPI [Sociedad Estatal de Participaciones Industriales] la resolución estimatoria o desestimatoria de la concesión de la ayuda a la aerolínea y en su caso hasta la formalización", dice el documento policial que subraya que el acuerdo estipula como remuneración "el 1% más IVA del importe de la ayuda aprobada por el Fondo de Rescate". Según la policía, ese documento acreditaría la vinculación de Martínez Martínez, el compañero de deporte del expresidente, "con el rescate público de Plus Ultra".

En el auto por el que comunicó a Zapatero que estaba imputado, Calama recogió los nombres y la operativa de alguna de estas empresas. Una de ellas, Inteligencia Prospectiva, carecía de actividad real y solo servía para introducir en España fondos procedentes del extranjero. Esa sociedad, sin embargo, no solo efectuó pagos a Análisis Relevante, la consultora para la que trabajaba el expresidente, sino también directamente a la empresa de sus hijas. Inteligencia Prospectiva está administrada por los hermanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón, a los que supuestamente acudían clientes que buscaban la trama de altas influencias investigada para garantizarse cupos de petróleo venezolano, según la investigación.

Otra de esas empresas sería Softgestor, que también abona servicios supuestamente prestados a la consultora en la que trabajaba Zapatero. Sus principales clientes serían empresas radicadas en Estados Unidos con intereses en Venezuela, una de las áreas de influencia de la trama. El juez también se refiere al grupo Aldesa que supuestamente habría contratado con las empresas de Martínez Martínez en concepto de "búsqueda de oportunidades de negocio" a cambio de una comisión del 3% del importe de los contratos que se consiguieran. Una de esas oportunidades habría sido el polémico proyecto del megacasino y centro comercial Hard Rock proyectado en Tarragona. Sin embargo, la ONIF no ha encontrado ningún pago de Aldesa a Idella, la empresa de Martínez con la que firmó el acuerdo.

Calama resalta de nuevo el informe facilitado a la UDEF por el Homeland Security Investigations (HSI), el cuerpo de investigación del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Se trata de un informe sobre el clonado de un teléfono de Rodolfo Reyes, el antiguo máximo accionista de Plus Ultra que actualmente está en busca y captura, y en el que se encontró una de las frases que más ha trascendido del caso ("nuestro pana Zapatero, detrás"). El magistrado asegura ahora que fue facilitado por las "autoridades judiciales de EE UU". Según la investigación, el HSI entregó esa información a la UDEF y Calama todavía no ha recibido autorización de Washington para utilizarla en un hipotético juicio. Acaba de pedirlo mediante una comisión rogatoria.

Zapatero, por su parte, ha solicitado al instructor que requiera información a las autoridades estadounidenses para verificar si esa prueba se obtuvo en una investigación concreta y con autorización de un juez, como exigen las garantías penales en España cada vez que una diligencia judicial afecta a derechos fundamentales, como en este caso, que invade el secreto de las comunicaciones. La petición del expresidente indica que parte de su estrategia de defensa se basa en la anulación de esa prueba, lo que obligaría a hacer lo propio con todo lo destapado gracias a ella. Sin embargo, antes de que el HSI lo facilitara a la policía española –el pasado 18 de marzo– los agentes ya apuntaban al exjefe del Ejecutivo como presunto líder de la trama de tráfico de influencias.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ya ha señalado cuál será una de las claves de su estrategia de defensa tras su declaración prevista para este miércoles. Combatir la legalidad del clonado del teléfono del exprincipal accionista de Plus Ultra, Ricardo Reyes, obtenido en 2021 por el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU y facilitado el pasado 18 de marzo a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Sin embargo, ya antes de esa fecha, la investigación se dirigía contra el exjefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011. El análisis de los pagos de las empresas de su compañero de running Julio Martínez Martínez por parte de Hacienda y las conversaciones entre el abogado de la trama Miguel Palomero y el empresario venezolano Danilo Díazgranados permitieron a la anterior instructora del caso, la jueza del tribunal 15 de Instrucción de Madrid, Esperanza Collazos, señalarlo como investigado.

Así se recoge en el auto por el que la jueza Collazos se inhibió a favor de la Audiencia Nacional el pasado 23 de febrero, semanas antes de que la prueba procedente de las autoridades de Washington llegara a manos de los agentes, por considerar que los delitos investigados –en ese momento procesal los de cohecho, apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y corrupción en los negocios– correspondían a ese tribunal al haberse cometido fuera del territorio nacional siendo de competencia de la justicia española. El auto de inhibición, tras una serie de trámites, hizo que la investigación se traspasara en exclusiva al actual instructor, el juez de Instrucción de la Audiencia, José Luis Calama, que este miércoles tomará declaración a Zapatero.

Uno de los principales indicios que los agentes, la Fiscalía Anticorrupción y el juez Calama manejan contra el expresidente del Gobierno se obtuvo durante el registro practicado al abogado Miguel Palomero de Juan, en su domicilio cercano al Retiro, en Madrid. Palomero era el abogado que supuestamente se encargaba de abrir sociedades y gestionar el patrimonio en España de la trama de blanqueo investigada en el caso Plus Ultra, en el que lo relativo a Zapatero es solo una parte. Palomero mantenía conversaciones de WhatsApp con varios de los presuntos integrantes de esa organización, como el peruano Luis Felipe Baca, o el venezolano Danilo Díazgranados. En un chat con este último empresario denominado Danilo-España, ambos recogían algunas referencias a sus relaciones con "Zorro" o "Z" o "ZZZZ", según el informe policial que analizó los dispositivos de Palomero. La jueza Collazos ya recogía en su auto de inhibición que, según la investigación, detrás de esas denominaciones estaría Zapatero.

La anterior instructora también daba por seguro en esa resolución que el expresidente del Gobierno español habría auxiliado a Díazgranados en algunos de sus negocios a camino entre Madrid y Caracas. "Consta la influencia de Rodríguez Zapatero ante los altos ejecutivos de Repsol para que Danilo Díazgranados obtuviera en diciembre de 2023 la distribución de lubricantes de esa compañía en Venezuela", escribió Collazos el pasado 23 de febrero, antes de que llegara a las autoridades españolas la prueba estadounidense cuya validez Zapatero está ya combatiendo en la Audiencia Nacional. La jueza de Instrucción 15 del Tribunal de Madrid subraya que su auxilio en esas gestiones comerciales, constituiría "un delito de corrupción en los negocios".

Antes de que los datos del teléfono de Ricardo Reyes, clonados por el Homeland Security Investigations (HSI) llegaran a la UDEF, la Policía y la Agencia Tributaria ya habían analizado los flujos de dinero de Plus Ultra y otras empresas sospechosas de pagar al expresidente socialista para valerse de su influencia en España y en la Venezuela de Maduro, como Softgestor –que prestaba servicios a sociedades de EE UU con vínculos en Venezuela– o Inteligencia Prospectiva, sin sede ni actividad y que, supuestamente, sería una tapadera para que determinadas empresas (entre ellas algunas chinas) reclamaran gestiones a Zapatero gracias a su acceso al Gobierno de Caracas para garantizarse cupos de petróleo. Collazos ya apuntaba a que las entregas de esas sociedades opacas a otras de su compañero deportivo, Julio Martínez Martínez, entre ellas la consultora Análisis Relevante, solo tenían por objeto pagar la privilegiada intermediación del expresidente español.

Tras la detención de Martínez Martínez y varios directivos de Plus Ultra el pasado diciembre, el informe con el primer análisis de lo incautado en los registros por la UDEF, ya lo pone como presunto líder de la trama, desplazando de ese puesto a su amigo Martínez Martínez. "Con la información disponible, los investigadores consideran acreditado que José Luis Rodríguez Zapatero habría percibido entre 2020 y 2025, al menos 490.780 euros de Análisis Relevante", relata ese informe policial del pasado 3 de febrero, más de un mes antes de que llegara la prueba de la agencia estadounidense HSI. "En paralelo, la sociedad de la que son administradoras solidarias las hijas de Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, la mercantil Whathefav, habría percibido al menos otros 236.125 euros en el mismo periodo de Análisis Relevante, así como al menos otros 20.993,50 euros en el año 2020 de Agropecuaria Lucena, otra sociedad cuyo administrador único es Julio Martínez Martínez", el compañero de carreras del expresidente.

"Se carece de facturación en relación con los pagos anteriores, que permitirían conocer la justificación dada a dichas operaciones, salvo en lo que respecta a cuatro facturas expedidas por Whathefav a Análisis Relevante en 2020, cuyo concepto solo indica 'servicios agencia", continúan los agentes que, a continuación, exponen su conclusión. "Teniendo en cuenta lo anterior, los investigadores consideran la existencia de indicios suficientes para concluir, al menos de manera preliminar, que no sería Julio Martínez Martínez el que tendría capacidad de acceso a personas de la más alta responsabilidad política, sino que este papel correspondería realmente a José Luis Rodríguez Zapatero". Por último, el documento policial señala: "Julio Martínez Martínez [...] actuaría como persona interpuesta, al objeto de canalizar pagos de terceros que habrían sido favorecidos por las gestiones de Rodríguez Zapatero, como en el caso del rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas".

José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la Audiencia Nacional como supuesto líder de una organización criminal dedicada al tráfico de influencias, entre otros delitos, ha pedido al instructor del caso, José Luis Calama, que reclame a Estados Unidos información sobre las condiciones en las que el Homeland Security Investigations (HSI), cuerpo policial dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, obtuvo una prueba crucial en su caso. Se trata de la copia que esa agencia estadounidense obtuvo en 2021 del móvil de Rodolfo Reyes, el ex máximo accionista de Plus Ultra, en el que aparece el nombre del expresidente del Gobierno español en numerosas ocasiones señalándolo como una persona clave –"Nuestro pana Zapatero"– para que la aerolínea obtuviera el rescate de 53 millones de euros que finalmente le fue concedido por el Gobierno español.

El escrito del expresidente reclamando al juez que pida a Washington más información sobre esa prueba, apunta a que busca su nulidad, lo que haría caer como un castillo de naipes una parte importante de la investigación. HSI colabora estrechamente tanto con la Policía Nacional como con la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera. Su información, debidamente judicializada en España y utilizada con todas las garantías del proceso penal, ha servido para desarticular redes de narcotraficantes, o para detener a pederastas que distribuían pornografía infantil por internet. El HSI, que depende del ICE –desgraciadamente célebre por sus redadas contra migrantes alentadas por el Gobierno de Donald Trump– también ha colaborado en la investigación de otros graves delitos como la falsificación de moneda e incluso agresiones sexuales.

Pero, que su colaboración sea determinante en muchas ocasiones en el esclarecimiento de delitos transnacionales, no impide que, a menudo, sus actuaciones se cuestionen en los tribunales, como se intuye que el expresidente español imputado hará próximamente. En al menos dos casos, la anulación de las pruebas proporcionadas por la agencia de EEUU por supuestas vulneraciones de derechos fundamentales y garantías del proceso han acabado con la absolución de los acusados, según el repertorio de jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial (Cendoj).

Así ocurrió, por ejemplo el 5 de noviembre de 2018, cuando la sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a dos personas acusadas, con informaciones que nacieron del HSI, de formar parte de una organización internacional de narcotraficantes que estarían operando en Sudamérica y Europa dedicada a la introducción en España de importantes cantidades de cocaína. Su modus operandi consistiría en ocultar varios kilos en maletas y enviarlas a través de compañías aéreas con el objeto de que fueran recogidas en el aeropuerto, por lo que la banda estaba realizando intensas gestiones para localizar a una persona que tuviera acceso a las maletas en España. Los americanos reclamaron a la UCO de la Guardia Civil que utilizara un agente encubierto para infiltrarse en ella. Dos semanas después apareció una maleta sin identificar con 28 kilos de cocaína en el Aeropuerto de Barajas. El caso terminó archivado por las sospechas del tribunal de que pudiera tratarse de un delito provocado, algo que está prohibido en España.

El 28 de marzo fue la sección 15 de esa misma Audiencia provincial la que archivó otro caso iniciado por una comunicación del HSI, esta vez con la Agencia de Vigilancia Aduanera. Sus agentes advirtieron de que habían detectado en el aeropuerto de Miami un paquete procedente de Haití con 1.600 gramos de cocaína en su interior, por lo que solicitaban una entrega controlada para cazar a su receptor, un haitiano residente en Madrid. Aduanas informó a la Fiscalía de Madrid, que autorizó la operación, y, tras llegar el paquete a Barajas, uno de sus agentes, disfrazado de repartidor, detuvo al destinatario en su domicilio de la capital después de que firmara haciéndose cargo del paquete, que contenía una bolsa de palos de golf. El tribunal anuló la prueba y absolvió al acusado al no quedar acreditada la cadena de custodia de la prueba desde EEUU. En el interior había una cantidad de droga muy superior a la indicada por el HSI.

Fuentes de la Audiencia Nacional, el tribunal que más en contacto está con esta agencia, aseguran que la información que sus agentes suelen facilitar a sus colegas de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad españolas suele ser muy parca. Y que normalmente rechazan facilitar datos sobre las investigaciones en las que intervienen para no revelar la identidad de sus agentes o confidentes. En el caso de Zapatero, las dudas que se plantean y que su letrado quiere conocer son, en primer lugar, si el teléfono de Rodolfo Reyes que apunta al expresidente se clonó con todas las garantías del proceso penal español y, especialmente, con la autorización judicial que se exige en España para hacerlo. Pero también el hecho de que HSI tardara cinco años en entregar esa prueba a la policía española (se la facilitó el pasado 18 de marzo) ¿Por qué no lo hizo cuando la obtuvo?

Conocerán esa teoría que establece que cualquiera de nosotros está relacionado con cualquier otro con solo seis intermediarios. La idea central es muy potente: cualquier persona del planeta está conectada con cualquier otra a través de una cadena de, como máximo, seis grados. Es decir, tú conoces a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien… y en seis pasos puedes llegar a cualquier persona del mundo. Según esto, cualquier valenciano puede tener una relación con Ábalos con apenas tres intermediarios y con Aldama, seguramente, el máximo, seis. Teniendo en cuenta esto y si tiene joyas heredadas de su madre, dinero en metálico en casa, varios ordenadores, algunos discos duros, memorias USB, teléfonos móviles viejos de los que no ha querido desprenderse por no tirar las fotos, conexión a internet y un telescopio, puede darse por imputado. Si añadimos a todas estas pruebas de cargo que este año ha tenido un requerimiento de la Agencia Tributaria para explicar un pago de cien euros, empiece a pensar en cuándo la UCO o la UDEF o la fiscalía anticorrupción le pide las cuentas de los últimos diez años para ver si tiene algo que ver con las tramas "Leire", "Zapatero", "Koldo-Ábalos", "Hermanísimo", "Cerdán", "Begoña Gómez" et alter. Supongo que la siguiente trama será la "Salvador Illa" habida cuenta de la petición de todas las cuentas, pagos, ingresos, relaciones con empresas, tiques de compra en Carrefour relacionadas con la última campaña electoral del PSC. Si esa petición no es prospectiva entonces no entiendo el concepto.

Esto viene a cuento porque me resulta particularmente sorprendente que sean argumentos circunstanciales los que se convierten en noticia y, por tanto, los que recibe la mayor parte de la ciudadanía, esa misma ciudadanía que no tiene tiempo, ganas ni conocimiento para leerse cientos de páginas de autos, informes y sentencias. Desde mi humilde punto de vista, el caso "Begoña" debería ser el caso "Juez Peinado"; el caso "Hermanísimo" deberían haberlo enviado al contencioso-administrativo sin más; el caso "Leire" debería llamarse "Los cuentos de Leire" y el caso "Zapatero" no se sustenta ni con pegamento. Sobre el caso "Ábalos-Cerdán-Koldo" me abstengo, aunque algunos errores de bulto de los investigadores apuntan a serias dudas de que vaya más allá de conductas más que deplorables. En este estado de cosas, no sé si será prueba de cargo dentro de poco las veces que alguno de los acusados tuvo "amor propio" pero, visto lo visto, todo es posible.

Con todo esto, algunos de los tertulianos-acusadores comentando los casos, a la vista de las escasas evidencias, correcciones de tribunales superiores y menudencias administrativas, acaban siempre con lo mismo: "Es que hay algo que me chirría, que no es ejemplar". Pero, por más que busco en el Código Penal la pena por conductas chirriantes o no ejemplares, no encuentro cuántos años de cárcel les corresponde a los ya condenados. Porque no les quepa duda, querido lector, que el hermano, la esposa y el compañero Zapatero del presidente del Gobierno serán condenados aunque sea con un sustento como el que ha tenido el fiscal general del Estado. Es decir, se les condenará porque "no existe una explicación alternativa razonable que permita cuestionar" [...] "un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente, que lleva necesariamente a afirmar, como hecho probado, que fue el acusado, o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento quien entregó el correo para su publicación". Es decir, como no hay alternativa, la mía vale aunque no haya pruebas concluyentes. En este caso, definir jurídicamente "entorno inmediato" (así lo dice en la página 137 de 233) me parece relevante, ¿no creen? ¿será su entorno familiar? ¿Alcanza a los vecinos de la escalera donde reside el interfecto?, ¿el barrio?, ¿todo Madrid? Suponemos, pero solo suponemos –porque en ningún momento se dice–, que se refiere a su entorno funcional, pero aunque así fuera dónde queda el principio “indubio pro reo”. De lo que se trata no es de hacer justicia sino de tener una condena a sabiendas de que será revisada por instancias superiores y, seguramente, anulada.

La pregunta subsiguiente es razonable: ¿existe entonces una conspiración entre periodistas, acusaciones, jueces, fiscales? La respuesta es otra pregunta: ¿es necesaria una conspiración para llevar adelante todas estas actuaciones? Pues la verdad es que no, ya que no es difícil pensar que, de los 600 funcionarios de la UCO y los cientos de policías de la UDEF, hay, pongamos por caso, un diez por ciento de extrema derecha o muy conservadores a los que no les gusta nada el gobierno actual. Tampoco es difícil pensar que algunos de estos hayan hecho caso a rumores, noticias autosostenidas de OKDiario, The Objective y otras lindezas digitales, y que, a consecuencia de estas noticias, hayan transmitido a jueces, fiscales o a la Audiencia Nacional la importancia de hacer caso a estas noticias y que estos hayan dado el visto bueno a que se investigue. ¿Quién en este circuito ha cometido una ilegalidad? Nadie. Cada cual ha cumplido con su obligación como buen intelectual orgánico que sigue la máxima de quien pueda hacer que haga, aun sabiendo la debilidad de los argumentos de partida. Solo que en ese círculo algo huele a podrido y es en el todo donde se descubre la mentira. Porque, me pregunto yo, por ejemplo, ¿cómo saben que la directora general de la Guardia Civil se reunió en un bar cercano a la sede de la Guardia Civil con la "cuentista Leire" si no es que había alguien haciendo estas labores previamente? Por cierto que los informes no destacan que, si ambas querían ser discretas, no parece muy lógico entrevistarse en un bar cercano a la propia sede de la Guardia Civil al que, seguro, más de un miembro de la UCO iba a tomarse una Coca-Cola. Pero bueno, detalles.

En muchos aspectos, las investigaciones de ambos organismos se parecen mucho a constructos narrativos que siguen un razonamiento tautológico cuyas conclusiones coinciden con las previsiones sin que se añada más información que la propia hipótesis inicial. Por otro lado, partiendo de la teoría de los seis grados, podemos encontrar cualquier relación si echamos todas las cosas encima de la mesa, de la misma forma que podemos ver figuras en las nubes o unas caras en Bélmez. De hecho, además de todo lo dicho al principio, si por casualidad, querido lector, estuvo de vacaciones en Cáceres en la época en la que el hermano de Pedro Sánchez era contratado por la Diputación y se quedó escuchando a un músico callejero tocar el violín, puede usted haber participado en la trama. Todo es cuestión de imaginación. Pero claro, la diferencia es que cuando lo dice la UCO o la UDEF (o una parte de ellas) lo hace con el aval de todo su prestigio institucional. Y lo más parecido a las “inferencias” de algunos investigadores es la comparecencia en el Senado norteamericano del exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de EE. UU. David Grusch afirmando que el gobierno norteamericano guarda ovnis y restos orgánicos de seres extraterrestres. ¿Pruebas de sus inferencias? Ninguna, o circunstanciales no delectivas; su rango y su currículo. En fin, denme dos puntos de apoyo y cambiaré un gobierno.

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Alfonso Puncel es socio de infoLibre.

Las dos fiscales anticorrupción del caso Leire Díez, el que investiga los supuestos manejos de la llamada fontanera del PSOE y de otras personas que actuaban con ella para torcer la voluntad de la Fiscalía y de la UCO en las causas por corrupción que afectan al partido y al Gobierno, se han desentendido de los canales internos por los que se comunican habitualmente los miembros del Ministerio Público. En su lugar, han pedido al juez Santiago Pedraz que sea él quien solicite a la Fiscalía General del Estado información relevante para la instrucción.

La petición de las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen al instructor de la Audiencia Nacional, y el hecho de que haya sido este quien la curse, ha generado, como mínimo, desconcierto en la cúpula de la Fiscalía. Fuentes oficiales del organismo que dirige Teresa Peramato rechazan pronunciarse sobre aspectos concretos de una investigación en curso y aseguran que actuarán con la máxima colaboración con el juez. Pero algunos fiscales consultados consideran que esa forma de actuar podría trasladar a los ciudadanos una sombra de sospecha sobre la Fiscalía General o, al menos, una falta de confianza de esa fiscalía especial en sus superiores.

El auto notificado el pasado lunes por Pedraz se hacía eco de las diligencias solicitadas por las fiscales del caso. Entre ellas se encontraba una petición de información a la Fiscalía General del Estado "para que informe en relación con el total de las denuncias formuladas por Koldo García Izaguirre [el exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos] que hubiera recibido ante dicha institución entre los meses de enero a junio de 2025 y el trámite dado a las mismas". También solicitaba información sobre las "reuniones mantenidas" en la sede de la máxima jefatura del Ministerio Público entre abril de 2024 y junio de 2025 con Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, que actuaba junto a ella, los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, también imputados y el abogado del comisario jubilado relacionado con las cloacas del Estado José Manuel Villarejo, José García Cabrera. "En el supuesto de que tales reuniones hubieran tenido lugar, se solicita se informe si consta registro de las visitas, fecha y hora de las mismas y la/s persona/s que participaron en aquellas", añadía.

El principal informe policial de la UCO que consta en el sumario de la causa dedica un capítulo a las supuestas gestiones prometidas por Leire Díez y su grupo con la Fiscalía General. Los agentes reflejan cómo la fontanera y sus supuestos cómplices habría ofrecido a sus interlocutores beneficios en los procedimientos en los que estaban incursos –como en el caso de Villarejo o Francisco Martínez en Tándem o Kitchen–. En otras ocasiones aparece como destinataria de escritos o denuncias de la trama, como los relacionados con la instructora de la causa contra el hermano de Pedro Sánchez, la jueza de Badajoz Beatriz Biedma, o las denuncias contra la propia UCO y sus agentes. "Desde el punto de vista de la posición estratégica y capacidades de esta supuesta organización", dice el documento policial, sus integrantes tendrían "capacidad demostrada (...) para acceder a esta Fiscalía e incluso, aparentemente, al propio fiscal general del Estado, en ese momento Álvaro García Ortiz", añade.

Varios fiscales consultados aseguran que lo más habitual es que, cuando una fiscalía –la del Supremo, Anticorrupción, la de la Audiencia Nacional o cualquiera de las provinciales– necesita información para una causa que investiga o en la que participa, lo normal es recurrir al fiscal jefe para que se ponga en contacto con su homónimo del departamento al que se requieran los datos a través de un oficio. Esas mismas fuentes aseguran que, de ese modo, la fiscalía que requiere la información la puede aportar directamente al juez a través de sus escritos e informes para que la incluya en la causa. Lo normal, sostienen, hubiera sido que las fiscales anticorrupción hubieran recurrido a los cauces internos del Ministerio Público y solo en el muy hipotético caso de que no consiguieran por esa vía lo solicitado, recurrieran directamente al juez. "Lo contrario parece una muestra clara de desconfianza a los compañeros", dice uno de los consultados. Otros sostienen que esa forma de actuar "lanza sospechas" sobre la cúpula de la Fiscalía en un momento en que la institución se encuentra muy dividida tras la condena del anterior fiscal general por desmentir un bulo.

Anticorrupción también ha pedido a Pedraz que sea él quién exija a otra fiscalía, en este caso la Fiscalía Superior de Extremadura, toda la documentación sobre la denuncia presentada por el exjuez Luis José Sáenz de Tejada –instrumentalizado supuestamente por el grupo de Leire Díez– contra Biedma, la instructora de la causa abierta en Badajoz contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, por su contratación como responsable de los conservatorios de esa provincia, cuyo juicio ha concluido este martes. Según las fuentes fiscales consultadas, también en este caso hubiera bastado con recurrir a los cauces internos habituales. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, dirigida por el fiscal de Sala jefe Alejandro Luzón, depende jerárquicamente, como todas las fiscalías especiales, autonómicas o provinciales, en última instancia, de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y está sometida, según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, a sus instrucciones.

"Soy una bocazas. Me he llamado a mí misma bocazas un millón de veces". Esta confesión –o quizá mejor, justificación; quién sabe si una suerte de coartada– se la soltó Leire Díez al diario El País días después de la operación comandada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que mandó el 27 de mayo a la UCO a la sede central del PSOE. A Ferraz. Y a recabar pruebas contra ella. Si su objetivo, siempre a las órdenes del ex secretario de Organización y también imputado en el caso Koldo, Santos Cerdán, era acabar con los procesos e investigaciones que, desde la cuestionada imputación de Begoña Gómez, ha encadenado su antiguo partido y el Gobierno, el resultado no ha podido ser peor.

Los brazos del aparato del Estado a los que Díez echaba la culpa de actuar en campaña contra su antiguo partido y cuya voluntad trataba de doblegar con supuestas artimañas ilegales –la UCO, la Fiscalía Anticorrupción y hasta los propios jueces, según la investigación– han terminado volviéndose contra ella y sus compañeros en la supuesta trama que se investiga. Será la Justicia la que decida si ha cometido los delitos que le imputan, pero el sumario retrata a alguien con un carácter desmesurado, que se vanagloria ante sus víctimas de un poder y una influencia exagerada y a los que se dirige con una temeraria verborrea.

El Gobierno y el PSOE han tratado de cortar la hemorragia situando la culpa de todo en Cerdán, una rama ya podada tras su implicación en la trama de corrupción que, junto a José Luis Ábalos y su asesor Koldo orquestaron en el Ministerio de Transportes. Díez, argumentan en el partido, colgaba de él. Pero si se demostrara que el origen de todo estaba más arriba y que actuaba a órdenes de la cúpula, la reputación de los máximos responsables socialistas quedaría muy maltrecha más allá de su hipotética responsabilidad penal.

Porque Díez se enfrentaba con esa peligrosa suficiencia y superioridad a personajes que se las sabían todas y a los que, según los investigadores, ofrecía tratos ilegales. A fiscales, como José Grinda, que se enfrentó a la mafia rusa; o a Ignacio Stampa, que destapó las cloacas del Estado. A guardias civiles especialmente entrenados para detectar cualquier indicio de corrupción. Incluso a personajes especialmente peligrosos para los intereses del PSOE, como el propio comisario jubilado José Manuel Villarejo, que utilizó recursos del Estado para extorsionar a jueces, fiscales, políticos y empresarios a través de sus famosas grabaciones y otros medios ilegales.

Uno de los pasajes en los que se aprecia esa temeridad se refleja en las actas que el excomandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo, redactó tras sus dos encuentros con Díez en los que, supuestamente, le pidió que declarara contra el confidente del caso, Víctor de Aldama. Según el agente, la enviada socialista –que obviamente no midió bien con quién trataba– le aseguró que fue ella la que eligió a los abogados de Ábalos y Koldo y que ella misma diseñaba su estrategia de defensa.

Entre los ofrecimientos que supuestamente hizo a Villalba para lograr su colaboración estaba el de convertirlo en asesor de la directora general de la Guardia Civil. El poder en el seno del cuerpo policial que quiso mostrar en esa reunión, le llevó a decir que el próximo director adjunto operativo (máximo cargo funcionarial) de la Benemérita lo iba a nombrar ella. Ante el agente, Leire Díez se habría atrevido a difamar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que señala como responsable del "desgaste" del Gobierno. De varios mandos de la UCO dijo que estaban a sueldo de Repsol y a otros les acusó de fabricar pruebas falsas en la operación Cataluña.

Díez, además, alardea en todo momento de tener en su poder informaciones impactantes. Como pruebas de la supuesta presencia de mandos de la UCO en locales con mujeres prostituidas. O de que, durante algunas de las investigaciones, el cuerpo había recurrido a sistemas de intercepción telefónica supuestamente ilegales. Del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, dice que es "afín al PP" y que se convertirá en fiscal general del Estado "cuando Feijóo llegue al Gobierno".

También hace vaticinios que se han demostrado falsos. Como que el caso Mascarillas –cuyo juicio acabó hace unas semanas y en el que Ábalos, Koldo y Aldama se sentaron en el banquillo– no llegaría a ninguna parte. "Sobre Santos Cerdán", escribe Villalba, "tienen plena confianza en él y según ellos no va a caer por más contaminación o informaciones que salgan y le afecten". "Tiene la confianza plena de la estructura", añade. Cerdán pasó casi cinco meses en prisión tras resultar imputado en el caso Koldo.

A Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad del PP y acusado en el caso Kitchen de espionaje a Luis Bárcenas, le aseguró que la información que le facilitara la enviaría "a los que me han dicho que me ponga al frente de todo esto". A lo que luego añadió que los que le habían hecho ese encargo "se encuentran en la calle Ferraz [sede central del PSOE] comunicados con el Palacio de la Moncloa, porque como bien sabes, gobierna el partido de Ferraz".

Dos jueces distintos –el número 9 de instrucción del Tribunal de Madrid, Arturo Zamarriego, y el número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz– han investigado a la vez durante varios meses la trama presuntamente urdida por el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y cuya principal actora era la exmilitante Leire Díez auxiliada por el empresario Javier Pérez Dolset, para tratar de hundir las investigaciones policiales y judiciales que pudieran afectar al PSOE y al Gobierno. Una vez que se levante el secreto de sumario, lo más probable es que la causa acabe en manos de Pedraz. Será así porque el juez de la Audiencia Nacional, que mandó este miércoles a la Guardia Civil a la sede del partido en Ferraz, aprecia un delito cuya investigación y enjuiciamiento corresponde en exclusiva a ese tribunal.

Se trata del delito contra las instituciones del Estado recogido en el artículo 504.2 del Código Penal. Ese precepto castiga con pena de multa a "los que injuriaren o amenazaren gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad". Se trata de una de las infracciones contenida en el catálogo que el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) atribuye a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y cuya instrucción correspondería al Tribunal Central de Instancia –los antiguos juzgados centrales de Instrucción–, en el que Pedraz ocupa la plaza número cinco.

El instructor, según el auto por el que este miércoles ordenó a la UCO practicar un requerimiento de información en la sede federal del PSOE, justificaría la existencia de ese delito por los intentos de la organización formada por Cerdán y Díez de desacreditar a miembros de la Fiscalía Anticorrupción –entre ellos a su fiscal jefe, Alejandro Luzón– así como a integrantes de la Unidad Central Operativa (UCO), de la Guardia Civil. La trama que hasta el momento investigan Pedraz y Zamarriego trató de lograr de dos fiscales y de varios agentes informaciones y declaraciones que pudieran ser comprometedoras para responsables de ambos cuerpos.

Además de ese delito, Pedraz aprecia también el de organización criminal, "plurales delitos de cohecho" –al haber tratado supuestamente de comprar mediante promociones o pagos a fiscales y guardias civiles–, revelación de secretos, inducción al falso testimonio –intentaron conseguir que varios agentes testificaran contra mandos de la UCO–, acusación falsa, falsedad en documento mercantil –al crear facturas para ocultar los pagos a Díez del ex secretario de Organización del PSOE–, prevaricación y tráfico de influencias. Zamarriego, por su parte, limitaba los delitos apreciados al cohecho y el tráfico de influencias. El juez número 9 de Instrucción del Tribunal de Madrid mantiene abiertas sus diligencias sobre estos mismos hechos.

Debido a que la instrucción de Pedraz justifica la competencia de la Audiencia Nacional, lo más probable es que, en los próximos días, cuando se alce el secreto de las actuaciones, el instructor de ese tribunal reclame a Zamarriego su causa. El hecho de que el instructor madrileño haya mantenido abiertas sus diligencias, mientras el juez de la Audiencia Nacional también investigaba, se debe a que aquel desconocía las pesquisas de este, al haberse declarado secretas. En caso de que decida que sigue siendo él el juez competente, deberá ser la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo –el tribunal superior a ambos– quien resuelva quién se queda finalmente con el caso.

La organización para tumbar casos judiciales que investiga Pedraz, tal y como se explica en su auto, se deriva de las pesquisas sobre la trama de amaño de contratos públicos también organizada supuestamente por Cerdán y de la que formarían parte Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, así como el empresario guipuzcoano Antxon Alonso, copropietario de Servinabar junto al ex secretario de Organización y también implicado en el caso Koldo. El caso fue inicialmente asumido por el juez número 6 Antonio Piña, que se encontraba de guardia en ese momento (el pasado diciembre). Después de ordenar las detenciones y registros urgentes mandó el caso a reparto, desde donde se adjudicó a Santiago Pedraz.

Trataron supuestamente de encontrar información comprometedora del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a través de dos subordinados. Y recabaron información secreta de la estructura de la Unidad Central Operativa (UCO), la que actúa en todas las causas judiciales de corrupción que corresponden a la Guardia Civil y, últimamente, en las abiertas contra el PSOE y el Gobierno. El exsecretario de Organización Santos Cerdán y la militante y exconcejal socialista Leire Díez crearon esa organización "con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE y del Gobierno", según el juez número 5 de instrucción de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. El instructor aprecia en la trama los delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias, y delito contra las instituciones del Estado.

Además de Cerdán, que la lideraba, y Leire Díez, de esa organización formarían parte, según el juez, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y la gerente del partido, Ana María Fuentes, que aparece como cómplice. El proceso aprecia también indicios contra dos abogados –Jacobo Teijelo e Ismael Oliver–, así como contra un guardia civil imputado por revelación de secretos. Del exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, y del diputado socialista y miembro de la ejecutiva del partido Juan Francisco Serrano, no descarta su implicación, a la espera del avance de las pesquisas. El magistrado ha ordenado este miércoles a la UCO desplazarse a la sede federal de la formación en la madrileña calle Ferraz para hacer un requerimiento de documentación.

La dirección del grupo, según el juez, correspondía a Cerdán, expulsado del partido tras estallar su implicación en el caso Koldo y que fue excarcelado el pasado diciembre tras pasar casi cinco meses en prisión provisional. Pero la ejecución de los trabajos encargados por el entonces número tres de la formación correspondía a Leire Díez, que actuaba acompañada de Pérez Dolset, empresario tecnológico investigado por varios delitos en la Audiencia Nacional desde hace años. El instructor señala al menos cinco actuaciones de ambos que perseguían lograr información comprometedora de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (Anticorrupción) a través de dos de sus miembros, así como recabar datos secretos de la UCO y lanzar estrategias para denigrar públicamente sus operaciones e informes.

Uno de sus objetivos fue el fiscal anticorrupción José Grinda (caso 3%, mafia rusa...) al que abordaron con un doble objetivo. Por un lado, para tratar de cambiar su posición en varios casos cuya investigación le correspondía (entre ellos los relativos a Pérez Dolset) y, por otro, para recabar información comprometedora que afectara al responsable de su fiscalía, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón. Para lograrlo, según Pedraz, le ofrecieron un puesto en el extranjero e incluso el pago de dinero. El instructor asegura que existen anotaciones que apuntan que estaban dispuestos a abonarle 300.000 euros. Para ejecutar el soborno se sirvieron de un periodista ajeno a la trama. Grinda, sin embargo, denunció el intento de soborno ante el Ministerio Público, que llevó el caso ante el juez de instrucción 9 del Tribunal de Madrid.

Otra de las víctimas de la trama fue uno de los fiscales anticorrupción del caso Villarejo, Ignacio Stampa, ahora destinado en la Fiscalía de Madrid. A Stampa, según relató en la denuncia que, como Grinda, presentó posteriormente, le reclamaron información sobre Luzón, Grinda y el entonces juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor entre otros del caso Kitchen de espionaje a Bárcenas. Según el auto de Pedraz, le ofrecieron volver a Anticorrupción, fiscalía en la que no obtuvo la plaza que buscaba por la oposición de la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado. También se prestaron a ayudarlo con la intercesión en un pleito que tenía abierto.

Las gestiones de Leire y Dolset, para las que contaron en ocasiones con el apoyo de los letrados Teijelo y Oliver, también se dirigieron al excomandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, implicado en el caso Koldo como amigo del exasesor de José Luis Ábalos, al que facilitaba supuestamente teléfonos opacos para sus acciones ahora investigadas e investigado por organización criminal, cohecho y blanqueo. La trama de Cerdán y Leire se reunió con él en dos ocasiones, tras las cuales el exagente redactó sendas actas. Se ofrecieron a ayudarle a recuperar su carrera profesional y acceder a puestos de "máxima responsabilidad". A cambio tendría, según recogió en sus documentos, que "desmontar la Guardia Civil" y pasarles "cuanta información tuviera del fiscal Grinda así como de mandos de la UCO y de la JI", la Jefatura de Información. También le propusieron supuestamente declarar contra la UCO ante la Policía Nacional.

Con el que las gestiones de la organización sí dieron sus frutos fue con el también guardia civil Juan Sánchez Yepes, imputado por revelación de secretos. En la reunión con él, que fue grabada y emitida después por varios medios, también participó el abogado Jacobo Teijelo. El agente les proporcionó información sobre "la estructura de la UCO y sus miembros", según el juez, pese a saber que se trataba de información secreta. "Mira, la composición, funcionamiento y los nombres de la UCO son secretos por ley", les dijo. Y después añadió: "Todo esto es secreto, estoy cometiendo un delito de revelación de secretos". A partir de ese momento, el teniente coronel jefe de la unidad, Antonio Balas, "pasó a convertirse en uno de los principales objetivos del grupo", relata el instructor. La organización también intentó denigrar las actuaciones del cuerpo denunciando sus actuaciones en la Fiscalía General del Estado e impulsando investigaciones disciplinarias internas sobre supuestas filtraciones de agentes de la UCO sobre conversaciones de Ábalos que, en realidad, habían sido filtradas por el exministro.

Por último, según Pedraz, también intentaron modificar la declaración de la empresaria Carmen Pano, implicada en el caso hidrocarburos que también se investiga en la Audiencia. Pano aseguró ante el juez que habría llevado a la sede del PSOE 90.000 euros en metálico. El instructor sostiene en su resolución que la trama ideada por Cerdán le habría ofrecido 50.000 euros para que cambiara su declaración. En este caso, las gestiones con la empresaria las habría realizado el abogado Ismael Oliver y la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, según los indicios que aprecia el instructor.

El juez sitúa el origen de la trama durante el período de reflexión sobre su continuidad como presidente del Gobierno que Pedro Sánchez inició el 24 de abril de 2024 mediante su "carta a la ciudadanía", tras conocerse la imputación de su esposa, Begoña Gómez, por el juez Juan Carlos Peinado. Cerdán, según el relato de Pedraz, convocó dos días después en Ferraz una reunión a la que fueron convocados Leire Díez, Pérez Dolset y el exjefe de gabinete de Sánchez, Juan Manuel Serrano. También asistió supuestamente el exdirector de comunicación del PSOE, Ion Antolín. Pedraz recuerda que el fiscal Stampa, en su denuncia contra la trama, aseguró que Díez le había dicho que Sánchez habría ordenado, literalmente: "Límpiese", en relación a la imputación de su esposa, a lo que Pérez Dolset habría añadido: "Límpiese, sin límite". En el caso del hermano del presidente, investigado en Badajoz, el objetivo, según la militante socialista, sería "destruir el procedimiento".

A cambio de su labor, Leire Díez habría recibido pagos del PSOE de 4.000 euros al mes, presuntamente. Para ocultarlos, según el juez, se canalizaron a través de la consultora Zaño, de Gaspar Zarrías, que se habría encargado de los dos primeros pagos. Después, fue el abogado ahora imputado Ismael Oliver el que prestó dos sociedades para facilitarle los fondos, según la investigación. Esas transferencias de dinero se justificaron, según el juez, con facturas falsas y con el supuesto conocimiento de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes. También se habría canalizado dinero a través del medio digital Crónica Libre, cuya periodista fundadora falleció el año pasado, y al que habrían abonado 20.000 euros en concepto de publicidad.

La trama, según el juez, también habría intentado obtener la información sensible de la UCO y de Anticorrupción que rastreaba a través de otros investigados por esa Fiscalía Especial. Entre ellos, el auto cita al comisario Villarejo; al exviceministro de Energía de Hugo Chávez, Nervis Gerardo Villalobos; al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez (acusado en el caso Kitchen); y al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, que pasó un año y nueve meses en prisión preventiva por una causa por apropiación indebida de la que finalmente fue absuelto en abril de 2019.

El caso Leire, que el juez Santiago Pedraz comenzó a investigar en secreto en diciembre, ha destapado una presunta trama, supuestamente financiada "con cargo a fondos" del PSOE, para "atacar la correcta dirección de las investigaciones" abiertas a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o que pudieran perjudicar a miembros del partido.

A primera hora de la mañana saltaba la noticia de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se habían personado en la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz.

Tras cierta confusión sobre el motivo de la irrupción de los agentes, se aclaraba que su misión era, entre otras, la de requerir diversa documentación y archivos electrónicos relativa a esos presuntos pagos irregulares a la exmilitante del partido Leire Díez por sus servicios al frente de esa supuesta trama.

De forma simultánea, la UCO también practicaba este miércoles registros en la vivienda del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en Milagro (Navarra), en la del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en Madrid, y en la del empresario Javier Pérez Dolset en la Comunidad de Madrid.

Después se conocía que los tres han sido imputados por el juez Pedraz en el llamado caso Leire como integrantes de esa trama por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

En el auto en el que acuerda estas imputaciones, el juez desvelaba que Cerdán habría acordado con Díez "remunerarla con 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido" (llegó a percibir cuatro pagos), mientras que Zarrías "prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica".

Otros nuevos imputados son el abogado Ismael Oliver, quien ejerció un tiempo la defensa del exasesor ministerial Koldo García, y que según el juez "sería el vehículo de pago de las cantidades destinadas a Leire a través de sus sociedades". De hecho, fue el procedimiento de pago ideado para sustituir al de Zarrías y por el que Leire Díez llegó a percibir 27.225 euros.

También configuran la trama el letrado Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa de Cerdán en el caso Koldo, y el capitán de la Guardia Civil que formó parte de la UCO Juan Sánchez Yepes, al que representa Teijelo en el caso Gaslow sobre un fraude de hidrocarburos, que también investiga Pedraz. Sánchez Yepes, según el auto, "también factura sus servicios al PSOE".

Los investigadores sospechan que para "articular dichos pagos" se contó "con el presumible concierto" de la gerente del PSOE Ana María Fuentes, que también ha sido imputada, al menos como autora de un posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.

El juez también ha hallado indicios de que el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano Quintana y el que fuera mano derecha de Cerdán, Juan Francisco Serrano Martínez, actual diputado del PSOE por Jaén y parte de la Ejecutiva socialista, habrían colaborado con los investigados, aunque considera que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal.

El juez sitúa el "punto de inflexión" de este encargo en la reunión que Leire Díez y Pérez Dolset mantuvieron con Cerdán en Ferraz en abril de 2024, coincidiendo con los días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez, tras mandar una carta a la ciudadanía.

Señala Pedraz que Cerdán "habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste" de esta actividad que ahora se investiga.

El plan de actuación habría incluido ofrecimiento de remuneraciones o favores a miembros de la Guardia Civil, fiscales e investigados, "a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de su cargo".

En ejecución de dicho plan se dirigieron sucesivas denuncias "infundadas" contra la jueza Beatriz Biedma, así como contra la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón o la UCO.

Según Pedraz, la organización también llegó a ofrecer 50.000 euros a Carmen Pano —la empresaria que declaró ante el juez que había llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE— para modificar o condicionar su declaración testifical.

El abogado Ismael Oliver habría sido el encargado de negociarlo y el juez ve indicios de que el ofrecimiento se materializó a través de Leticia de la Hoz, actual abogada de Koldo García.

 El auto recoge al menos 22 reuniones en la sede del PSOE en Ferraz, la mayoría entre Leire Díez y Cerdán. En la primera reunión, del 26 de abril de 2024, según el auto, participaron también Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano, que fue entre 2014 y 2018 jefe de gabinete de Pedro Sánchez en Ferraz; e Ion Antolín, entonces responsable de comunicación del PSOE.

"Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe", escribe Díez en unas anotaciones manuscritas, dice Pedraz, que añade que Cerdán sabía que esa militante, "por intereses de ámbito personal", había desarrollado con anterioridad actividades de "injerencia" en procedimientos judiciales.

Los requerimientos de información a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) emitidos por la primera instructora de caso, la jueza madrileña Esperanza Collazos, y después por el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, el que imputó al expresidente Zapatero el pasado martes, fueron taxativos. Solicitaban "la entrega de toda la información relacionada con la ayuda pública temporal otorgada por el Consejo de Ministros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI, a la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas SA por importe de 53 millones de euros". Sin embargo, ambas peticiones no fueron atendidas con la debida diligencia por el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. "Algunas de las carpetas se encuentran vacías y no tienen documentación", sostuvieron en un informe los agentes de la UDEF que investigan el caso. "Otros no pueden ser abiertos [...]. En relación con las comunicaciones [...] se limitan a intercambios entre el FASEE y la compañía Plus Ultra relativos únicamente al año 2025, por lo que no se aprecia en ellos información relevante", advertía la Policía.

La información incompleta enviada a ambos jueces por la SEPI casa con la política de comunicación y transparencia sobre el rescate defendida por el organismo heredero del Instituto Nacional de Industria, que agrupaba el sector público empresarial español. El consejo rector del FASEE, integrado en ese organismo, batalla desde 2022 con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para no facilitar a los medios de comunicación el expediente de la concesión del rescate. Inicialmente, el litigio se falló en enero de 2025 a favor de Transparencia y los periodistas que solicitaron la información, pero la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Presidencia y Justicia, ha llevado la sentencia a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. Los magistrados del alto tribunal ya han admitido a trámite dos recursos de casación de los servicios jurídicos del Gobierno que están pendientes de resolución definitiva.

Tanto el consejo rector del FASEE (el fondo que aprobó el rescate) como la Abogacía del Estado se apoyan para negar la información solicitada en el Decreto-ley 25/2020 de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de julio de ese año, en pleno estado de alarma por la pandemia de la covid. Se trata de la norma que crea el mecanismo de reflote para empresas estratégicas al que se acogió Plus Ultra, en cuyo artículo 2.17 se establece que "los datos, documentos e informaciones que obren en poder del consejo gestor y de SEPI en virtud de las funciones que le encomienda este real decreto-ley tendrán carácter reservado y, con las excepciones previstas en la normativa vigente, no podrán ser divulgados a ninguna persona o autoridad, ni utilizados con finalidades distintas de aquellas para las que fueron obtenidos".

Ese mismo apartado establece que "quedarán también obligadas a guardar secreto y a no utilizar la información recibida con finalidades distintas de aquella para la que les sea suministrada los auditores de cuentas, asesores legales y demás expertos independientes que puedan ser designados por el Consejo Gestor y por SEPI en relación con el cumplimiento de las funciones que tienen legalmente atribuidas". A lo que añade: "Este carácter reservado cesará desde el momento en que los interesados hagan públicos los hechos a los que los datos, documentos e informaciones se refieren".

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dio la razón en 2025 a una periodista que solicitó el expediente completo del rescate de la compañía aérea "con la anonimización de aquellos datos especialmente protegidos si fuera necesario, del expediente administrativo [...], del acuerdo de concesión con los informes presentados para ello". El consejo rector del fondo denegó la petición en vía administrativa asegurando que al divulgar esa información, podría generar un "daño real y efectivo" a la empresa "respecto de la que se solicita la información". Además, el organismo dependiente de la SEPI y por extensión del Ministerio de Hacienda, afirmaba que el medio que solicitó el expediente no había justificado "la existencia de un interés público" para acceder a él.

Sin embargo la sección tercera de lo Contencioso de la Audiencia, en una sentencia muy disputada –con dos votos particulares discrepantes–, terminó dando la razón a la redactora. "Existe un interés público en conocer dicho expediente ante la importante cuantía de dinero público concedido a una entidad privada", decía la resolución dictada el 22 de enero de 2025. "Dicho conocimiento entronca directamente con los fines de la transparencia y del derecho de acceso a la información", añadía. La actuación del FASEE, continuaba, vulneraba ese derecho reconocido por la Ley de Transparencia. El último razonamiento era, tal vez, el más dañino para el organismo estatal: "No resulta probado que se trate de una empresa estratégica (operaba un porcentaje mínimo del tráfico aéreo en España), como es notorio. Y su solvencia ha suscitado dudas desde su creación".

En la causa penal que instruye el juez Calama, que investiga si el importe del rescate sirvió a cargos venezolanos para blanquear dinero y en la que el pasado martes citó como imputado al expresidente Zapatero, la UDEF no ha conseguido tampoco que la SEPI le facilite todos los mensajes que intercambió con Plus Ultra. "Queda patente que tuvo lugar un flujo de comunicación entre los directivos de Plus Ultra y José Ángel Partearroyo Martín (Director de Participadas IV de la SEPI) al menos en esa fase de concesión de la ayuda pública, no habiendo sido dichas comunicaciones incorporadas al expediente, salvo alguna excepción en formato PDF", dicen los policías en uno de sus informes. Los agentes aseguran que la SEPI tampoco les ha facilitado el acceso a la documentación aportada por Plus Ultra a la auditora Deloitte o la contratación de asesores externos. "Existen documentos que, aun constando en fuentes abiertas, no figuran entre la documentación aportada", añaden. "En concreto se trataría de al menos, las actas de la SEPI del período de concesión de la ayuda", que sí fueron publicadas por El Mundo o Vozpópuli.

El objetivo que los directivos de Plus Ultra buscaban al "contratar" los supuestos servicios de la red presuntamente dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, era el rescate de la compañía aérea hispanovenezolana por un importe de 53 millones de euros, una finalidad que se logró. Pero, aunque el consejo rector de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) o el Consejo de Ministros no lo hubiese aprobado, el delito de tráfico de influencias que se atribuye al expresidente socialista podría haberse producido igualmente. Porque, como recoge el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el auto por el que acordó su imputación y el registro de su oficina, la empresa de sus hijas y otras sociedades de la trama, la principal infracción penal que se le imputa no exige un resultado concreto. Tampoco que se produzca un beneficio para el perpetrador.

Para que el tráfico de influencias –que se castiga con penas de hasta dos años de prisión– se consuma basta con que el autor haya intentado influir para lograr su objetivo. Que prospere la imputación de Zapatero depende de que se pruebe que ejerció su ascendencia sobre responsables de la SEPI, funcionarios o cargos del Ministerio de Hacienda –del que depende esa entidad–, su entonces titular, María Jesús Montero, o cualquier otro miembro del Consejo de Ministros –el órgano encargado de tomar la decisión definitiva– incluido su presidente, Pedro Sánchez.

Es lo que el propio instructor del caso y otros expertos penalistas llaman "delito de mera actividad". En su auto, Calama cita la Operación Avispa –el caso por el que se condenó en 2021 al exsubdelegado del Gobierno en Barcelona, Eduard Planells, por dar permisos de residencia a miembros de la mafia georgiana– o el caso Palma Arena –en el que fue condenado el expresidente balear y exministro de Medio Ambiente Jaume Matas (PP)– para explicar que "basta con que el sujeto activo intente influir en un funcionario, sin ser necesario que la resolución buscada llegue a dictarse".

El juez de la Audiencia Nacional aclara también que, para que se produzca el delito, tampoco es necesario "que la resolución pretendida sea injusta o arbitraria". En el caso que investiga, el magistrado sí considera, sin embargo, que el rescate de Plus Ultra se produjo sin que la aerolínea cumpliera los requisitos legales para ello, algo que en cualquier caso sería indiferente para la consumación de la infracción. "Lo relevante es que la influencia tenga la capacidad objetiva de orientar al funcionario hacia la decisión deseada", escribe Calama en su resolución.

"La conducta debe dirigirse a lograr una resolución que pueda implicar algún tipo de beneficio económico directo o indirecto", prosigue. "Sin embargo, ni la existencia real de ese beneficio ni la emisión de la resolución son requisitos para que el delito se considere consumado", añade. "Lo imprescindible es que quede acreditada la intención del autor de obtener tanto la resolución como el beneficio, sea para sí o para un tercero". En resumen: "El delito se consuma con el acto de influir, siendo irrelevante el resultado final de la gestión".

"Si todo esto es cierto, solo habría que concretar quiénes serían las personas en las que se intentó influir en la SEPI y cómo lo hizo Rodríguez Zapatero", escribe Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid en un artículo publicado este miércoles en El País. "No hace falta que se consiga lo que se pretende: basta con influir, pues se trata de un delito de mera actividad, de peligro para la recta Administración Pública. Ni siquiera haría falta que se haya influido efectivamente (...), también se castiga a quien se ofrece a realizar las actividades de influencia y recibe una dádiva por ello", añade el experto penalista en su tribuna.

El auto de Calama no refleja una pistola humeante como sería, por ejemplo, una conversación, un intercambio de mensajes o una cadena de correos electrónicos entre el expresidente del Gobierno, por ejemplo, con María Jesús Montero —máxima responsable de la SEPI en el momento de los hechos—, algún cargo de esa sociedad pública, otro ministro o el propio presidente Sánchez realizando la gestión. En la resolución no aparece una prueba directa del tráfico de influencias, pero sí tres grupos de indicios que apuntan a que Zapatero, o la estructura que presuntamente lideraba, realizó las gestiones prohibidas por el Código Penal.

El primero incluiría "los contactos personales" del expresidente y "su capacidad de acceso a altos cargos de la administración", algo que el juez supone a quien ha ocupado la más alta responsabilidad gubernamental del Estado. También la intervención de Manuel Aarón Fajardo –al quien los directivos de Plus Ultra se refieren como la persona de Zapatero en Venezuela– o Julio Martínez Martínez, su excompañero de carreras y empresario, "como intermediarios con los clientes". Esa intervención se deduce de las conversaciones de los directivos de la aerolínea, que llegan a referirse a Martínez como "el lacayo" o "el banco del jefe".

En segundo lugar, "la secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones" indicaría que "la influencia ejercida no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, sino la consecución de una resolución administrativa concreta: la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia" del que salieron los 53 millones de euros del rescate a la compañía aérea. El hecho de que, antes de su aprobación, varios de los investigados ya conocieran que el desembolso se fuera a producir, también indica, según el magistrado, "el acceso anticipado a información privilegiada".

Por último, el juez encuentra también "un indicio relevante de la relación causal entre la actividad de influencia y el beneficio económico perseguido", otro de los elementos del delito. Se refiere a "la existencia de contraprestaciones económicas canalizadas a través del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez [el amigo de Zapatero], mediante contratos de asesoría elaborados ad hoc y pagos directos e indirectos procedentes de Plus Ultra y de otras sociedades vinculadas". "La utilización de sociedades instrumentales como Caletón Consultores y Summer Wind, la triangulación de pagos y la participación de administradores con funciones de testaferros refuerzan la apariencia de una estructura diseñada para ocultar el origen y destino de los fondos", describe el juez.

Calama observa, con más claridad si cabe, los mismos elementos del delito de tráfico de influencias en las gestiones de Martínez Martínez, el empresario amigo de Zapatero, con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela. Se trata, según el instructor, "de una pluralidad de gestiones reiteradas, realizadas en unidad de propósito y aprovechando la posición de influencia que Julio Martínez Martínez mantenía sobre el presidente del INAC, el mayor general Juan Manuel Teixeira Díaz". El auto resalta en negrita que, tras las conversaciones de Martínez con Teixeira que dieron lugar a la autorización de un vuelo Caracas-Madrid de Plus Ultra, el compañero de carreras del expresidente del Gobierno recibió un mensaje de una persona registrada como "Z" en la agenda de su teléfono que decía: "En tiempo y forma. Exitosa gestión...".

Acto seguido, el empresario amigo de Zapatero envió otro mensaje al militar venezolano en el que le agradecía el apoyo y le indicaba que los vuelos habían sido aprobados: "Muchas gracias por su ayuda", le dijo Martínez Martínez al mayor general Teixeira. Además de tráfico de influencias, el juez imputa al expresidente el delito de blanqueo de capitales —por la supuesta constitución de una sociedad off-shore en Dubái—, así como el de organización criminal.

En la cúspide, José Luis Rodríguez Zapatero, el "presunto líder" de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias". Esa supuesta estructura, que ha servido al juez número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, para imputar por primera vez en España a un expresidente del Gobierno, tendría, según la información facilitada desde el tribunal y auto del instructor, tres niveles. El comunicado difundido desde la Audiencia no lo explica en detalle, pero el entramado liderado por Zapatero no solo habría tenido a Plus Ultra Líneas Aéreas entre sus clientes, sino que en su nómina habría algunos más. Del contacto y las gestiones con todos ellos se encargaría el segundo nivel de la estructura, en el que el juez sitúa al compañero de carreras del expresidente, el empresario alicantino Julio Martínez Martínez. El nivel más bajo de la supuesta red corrupta, en la gestión diaria del entramado, el instructor coloca a otras dos personas. A un lado María Gertrudis Alcázar, la secretaria de la oficina del ex jefe del Ejecutivo y con relación directa y supuestamente bajo las instrucciones de este. Al otro, Cristóbal Cabo Quiles, al que el juez otorga el rol de gestor diario del entorno societario de Martínez.

Zapatero, como el jefe de todo, mantendría, según Calama, el control total de las operaciones corruptas del entramado. A la red, el expresidente aportaba sus contactos personales forjados durante los siete años que ocupó el Palacio de la Moncloa. Esos contactos junto con la capacidad de acceso que un exlíder del Ejecutivo tiene a los altos cargos de la administración, se ponían a disposición de los clientes de la estructura, que recurrían a ella, según el resumen de la resolución facilitado por la Audiencia, para "obtener decisiones favorables" a cambio de contraprestaciones económicas. Desde su posición de liderazgo, no solo se habría dedicado a ejercer la influencia objeto de investigación, el expresidente se ocuparía desde el máximo puesto jerárquico de la selección de clientes, pero también del mecanismo para que sus pagos quedaran fuera del radar, impartiendo instrucciones "para crear sociedades off-shore" –la información facilitada por la AN cita una con sede en Dubai–. También adoptaría estrategias para desvincularse formalmente de la estructura. Los detalles en los que se basa el juez para hacer esa durísima acusación no aparecen en el auto.

El expresidente del Gobierno, tras conocerse su imputación, ha señalado, como ya hizo el pasado 2 de marzo durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, que él no ha tenido ninguna relación Plus Ultra ni realizó gestión alguna a su favor para que el Gobierno aprobara su rescate. Su relación con Julio Martínez, según ha asegurado en repetidas ocasiones, se limitaba a elaborar informes de consultoría "a precios de mercado".

Por debajo del exjefe del Ejecutivo y directamente a sus órdenes se encontraría Julio Martínez Martínez, su compañero de sesiones de running. Martínez era quien trataba con los clientes como "interlocutor habitual". También actuaba, según el instructor, "como receptor y ejecutor de las instrucciones directas de Rodríguez Zapatero". Fue supuestamente a sus órdenes que puso al servicio del entramado su estructura societaria para canalizar los cobros de los clientes. Martínez formalizaba esas entregas de dinero a sus empresas mediante contratos de asesoría o consultoría que, según Calama, serían ficticios y que solo se usarían "como mera justificación documental frente a terceros". En realidad esos fondos acababan en poder del expresidente o en la caja de Whathefav, la empresa de sus hijas. Durante su declaración en el Senado, Zapatero admitió haber cobrado en total en seis años 430.000 euros de Análisis Relevante, otra de las empresas de Martínez, por asesorías. La sociedad de sus hijas se habría encargado de la maquetación y el envío de sus informes, según su versión.

En el caso de los servicios prestados por la supuesta estructura corrupta a Plus Ultra, Martínez Martínez, "siguiendo instrucciones de Rodríguez Zapatero", señala el instructor, creó al menos una sociedad en el extranjero denominada "Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco". Esas firmas estaban participadas al 100% por otra de las sociedades del compañero de carreras del exlíder de Gobierno, Idella Consulenza Strategica, con sede en Alicante. Esta última, cuyo único administrador y propietario es Martínez, firmó un contrato con Plus Ultra por el que cobraría un 1% de los 53 millones desembolsados para el rescate de la aerolínea hispanovenezolana. El instructor cree que la sociedad con sede en Dubai estaba pensada para canalizar esos fondos porque se creó solo siete días después del acuerdo con la compañía de aviación.

Fue a través de otra de las sociedades de Martínez, Análisis Relevante, con la que Zapatero sí ha reconocido una relación profesional, la que remitió un total de 490.780 euros al expresidente y otros 239.755 a la empresa de sus hijas. Esos fondos, según el auto, procedían de Plus Ultra y otras empresas interpuestas. "La mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante", sostiene Calama, "terminaron en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero". En este segundo escalón de la trama, el instructor también coloca a Manuel Aarón Fajardo García, a los que los gestores de Plus Ultra denominan "el hombre de Zapatero en Venezuela". El auto asegura que fue Fajardo con quien se pusieron en contacto los directivos de la compañía aérea para gestionar el rescate y que este les dirigió a Martínez, con el que siguieron tratando.

En el último escalón se encuentra Gertrudis Alcázar, la secretaria personal de Zapatero, que continúa con la misma función en la actual oficina del expresidente, situada justo en frente de la sede central del PSOE. Alcázar, según el auto, se encargaría de "la gestión cotidiana" de la red corrupta, ejecutando las órdenes del expresidente. Junto a ella, en ese tercer nivel, se encontraría Cristóbal Cano Quiles, el "gestor diario del entorno societario" controlado por Martínez, que tenía una fluida relación con la asistente administrativa del ex secretario general del partido. De varios correos intercambiados entre ambos, el juez deduce que, tras una comida en un restaurante entre Zapatero y Martínez, ambos habrían acordado la constitución de la sociedad off-shore con sede en Dubai.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, tuvo que corregir ante el tribunal a su confidente, el empresario y conseguidor Víctor de Aldama, durante la última jornada del caso Mascarillas. "Desde luego, el presidente del Gobierno no era el número uno", como había sostenido durante su declaración como acusado –y, por tanto, con el privilegio de poder mentir– el principal delator del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y su asesor de cabecera y presunto cómplice Koldo García. Pese a ese bulo deslizado ante la más alta instancia penal española, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Luzón defendió que su colaboración no solo merecía la atenuante propuesta por él mismo, que suavizó hasta los siete años de cárcel su acusación, sino que podría, como propuso el abogado del PP, Alberto Durán, y el propio defensor de Aldama, José Antonio Choclán, atenuarse todavía más hasta permitir la suspensión de su hipotético ingreso en prisión.

El jefe de Anticorrupción justifica esta postura por su aportación "sobre la duradera relación que mantuvo" con Ábalos y Koldo, así como otras pruebas sobre supuestos amaños de obra pública –con la escritura manuscrita del asesor, confirmada durante la instrucción del caso, o "la participación en tales amaños de Santos Cerdán León", el sucesor de Ábalos como número tres del PSOE al frente de la Secretaría de Organización del partido, "lo que era del todo desconocido para la investigación". "Se trata de manifestaciones relevantes, veraces, que se compadecen con el material probatorio que se ha ido incorporando al procedimiento", sostiene Luzón que, tras el juicio, incluyó una nueva valoración en sus conclusiones definitivas: que los audios intervenidos a Koldo sobre el reparto de obra pública "encajan plenamente con lo inicialmente declarado" por Aldama.

El trato privilegiado que la acusación pública (coincidiendo con el PP) ha dado al colaborador ha sido muy cuestionado en diversos ámbitos. Y no solo por el señalamiento –sin pruebas, en sede judicial y con posterior desmentido del fiscal– hacia Pedro Sánchez como líder de la organización criminal. También por el señalamiento contra el propio Aldama de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que lo ha colocado en la cúspide de la banda –"quien paga, manda", dijeron de él los agentes ante el plenario– y, sobre todo, por los bulos que ha ido aireando en medios especialmente contrarios al Gobierno desde su salida de prisión en noviembre de 2024 gracias al apoyo de Luzón.

Aldama ha colocado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una fiesta con prostitutas presuntamente celebrada en un piso de Madrid en una fecha en la que el ministro no estaba en la capital, sino en Canarias. También ha lanzado acusaciones contra el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ya lo ha demandado. Además, difundió fantasiosos rumores sobre supuestas cuentas de varios ministros en República Dominicana o contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero al que ha atribuido una comisión obtenida por su supuesta intermediación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Todas esas afirmaciones sin sustento han suscitado en el Gobierno dudas sobre si la verdadera intención de Aldama es colaborar con la justicia o con el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo.

La decisión sobre el destino de los tres acusados –Ábalos, Koldo y Aldama– en la principal trama de corrupción surgida en el seno del Ejecutivo y del PSOE está ahora en manos de los magistrados que deberán redactar la sentencia. No es la primera vez que un arrepentido adquiere un papel central en la investigación de casos de corrupción. Tres de los más sonados, Gürtel, los papeles de Bárcenas o el caso Nóos (en el que fue condenado el exmarido de Cristina de Borbón, Iñaki Urdangarin) se esclarecieron gracias a figuras de este tipo. Se trata de promocionar la delación, una tendencia al alza desde hace años en el Derecho Penal español y europeo.

El exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas fue, según el Tribunal Supremo, "esencial" para destapar la trama Gürtel, el mayor caso de corrupción que ha afectado al PP y cuyas últimas piezas acaban de ser juzgadas en la Audiencia Nacional. En 2007 presentó una denuncia en la policía acompañada de 18 horas de grabaciones que hizo a escondidas a su cabecilla, Francisco Correa –para el que había trabajado y del que había sido amigo– en las que revelaba parte de sus delitos. La sentencia, que terminó haciendo caer al Gobierno de Mariano Rajoy en una moción de censura, lo condenó a cuatro años y nueve meses de prisión por los delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad, malversación y prevaricación, porque, según el tribunal, cobró sobornos y ayudó al cabecilla con sus manejos en el Ayuntamiento de Majadahonda, donde Peñas fue edil.

Sin embargo, gracias a su colaboración con la justicia, la Audiencia suspendió su ingreso en prisión mientras se tramitaba el indulto de las penas de inhabilitación que también se le impusieron y que le habrían impedido continuar trabajando como funcionario. "Su colaboración ha sido esencial para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, en lo que a él y quienes con él participaron en los mismos se refiere, tanto por la aportación de determinadas conversaciones que grabó, como por la descripción de esos hechos y partícipes, en particular en lo relativo a la actividad desarrollada por Francisco Correa", explicaba la sentencia de la Época I, en mayo de 2018. El Gobierno, finalmente, le concedió el indulto que reclamaba en octubre de 2024. Habían transcurrido 17 años desde que grabó al jefe del entramado corrupto.

De su declaración como imputado ante el entonces juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, el 15 de julio de 2013, se hizo hasta una obra de teatro. En ese acto, Luis Bárcenas aportó a la investigación sus famosos papeles con los sobresueldos que el PP abonaba a sus principales cargos y que habían sido publicados por El País en enero de ese mismo año. También hizo un relato detallado de la contabilidad b del partido del que fue gerente y luego tesorero, y de cómo con los fondos que reflejaban esas cuentas se pagó parte de la reforma de la sede central de la formación en el número 13 de la madrileña calle Génova. Otro de los aspectos que confesó y en los que había participado, fue la adquisición por el partido de acciones de Libertad Digital, una transacción por la que fue condenado en mayo de 2018 en la sentencia de la Época I del caso Gürtel. Para tratar de evitar esa confesión y robarle la documentación que mostró al juez, el Gobierno de Mariano Rajoy montó la trama de espionaje de la Operación Kitchen que se juzga estos días en la Audiencia Nacional con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz como principal acusado.

Esta colaboración le sirvió al extesorero para que la Audiencia apreciara la atenuante de confesión porque "en su declaración aportó importantes datos de cara a la investigación", pero, a diferencia de lo que pide el PP y Anticorrupción para Aldama, no se le aplicó en grado cualificado porque "fueron los registros practicados con posterioridad en las sedes de Unifica [el estudio de arquitectos que ejecutó la obra] y del PP los que aportaron datos decisivos para el completo esclarecimiento de los hechos y de la intervención de otros acusados", decía la sentencia. Anticorrupción pedía para él un total de cinco años de cárcel que el tribunal dejó en dos. La sentencia no tuvo reflejo en su situación personal, ya que Bárcenas se encontraba en prisión desde la sentencia de la Época I, en la que fue condenado a 33 años que luego el Supremo rebajó a 26 con un límite máximo de 12 años, de los que cumplió algo más de ocho. Su arrepentimiento se tuvo en cuenta para el acceso a todos los beneficios penitenciarios.

En la causa que llevó al banquillo a Cristina de Borbón y terminó con la condena de su esposo, Iñaki Urdangarin, por el llamado caso Nóos, también hubo un arrepentido. Fue Marco Antonio Tejeiro, el contable del instituto regentado por el yerno de Juan Carlos I y su socio Diego Torres (cuya esposa era la hermana del delator). Tejeiro relató al fiscal anticorrupción Pedro Horrach los negocios ilegales de Nóos y el desvío por parte de Urdangarin y su socio a sus empresas de fondos públicos adjudicados por los Gobiernos de Baleares durante la presidencia de Jaume Matas o de la Comunitat Valenciana con Francisco Camps, ambos del PP.

El confidente del caso Nóos compareció en el juicio ante la Audiencia de Baleares como imputado por los delitos de prevaricación, malversación, estafa y falsificación de documento por los que la Fiscalía le reclamaba dos años de cárcel. Finalmente, gracias a su colaboración, tanto Anticorrupción como la acusación popular del pseudosindicato ultra Manos Limpias levantaron la acusación contra él, por lo que resultó absuelto.

La última fase del juicio del caso Mascarillas ha estado rodeada de una cierta polémica en torno a la actuación de Anticorrupción. El PP –que es una de las acusaciones populares en el proceso– y sus medios afines han reclamado que la petición de prisión contra el principal confidente del caso, el empresario Víctor de Aldama, se redujera hasta el punto de permitir una eventual suspensión de la pena para que no entre en la cárcel. Esa reclamación se ha traducido en presión hacia el Ministerio Público para que mantuviera esa posición (planteada en el proceso por el PP) y en acusaciones directas a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de haber obligado al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a mantener su petición inicial de siete años de cárcel y no premiar aun más la colaboración de Aldama dando así una supuesta instrucción favorable al Gobierno de Sánchez que, sin embargo, el propio Luzón ha desmentido que existiera.

El Código Penal permite modular el castigo a los arrepentidos en recompensa a su colaboración mediante las circunstancias atenuantes. Es lo que hizo el pasado lunes el PP al reclamar que se le aplicara la atenuante analógica de confesión como "muy cualificada", dando lugar a una rebaja en su petición de penas al confidente de dos grados, lo que permitiría, en su caso, al Supremo suspender su ingreso en prisión en caso de que fuera condenado. Anticorrupción, sin embargo, mantuvo su petición inicial de siete años de cárcel con la apreciación simple de esa misma atenuante, aunque después, en su exposición oral, Luzón argumentó que en el caso de Aldama también era posible la reducción que planteaba el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo junto al resto de acusaciones populares.

Más allá de esta polémica, lo cierto es que, desde 2004, los sucesivos gobiernos, tanto socialistas como populares, han defendido que en casos de arrepentidos como el corruptor del caso Koldo, el fiscal pueda ir mucho más allá que actualmente y pueda premiar la colaboración con la suspensión del proceso contra él y su posterior archivo. El proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal elaborado por el Ejecutivo de Sánchez –el que prevé que sea el fiscal el que dirija la investigación de los delitos– que actualmente se tramita en el Congreso, mantiene esta posibilidad para los casos de "colaboración activa contra una organización criminal". Aldama está acusado de formar parte de una banda de este tipo así como de los delitos de cohecho y aprovechamiento de información privilegiada. En los casos de José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, la nómina de infracciones se completa con tráfico de influencias y malversación.

"En los supuestos de delitos castigados con penas de hasta seis años de prisión o con penas de otra naturaleza, cualquiera que sea su extensión, cometidos en el seno de una organización criminal, el fiscal podrá acordar la suspensión del procedimiento", dice el primer inciso del artículo 168 del proyecto de ley orgánica. Esa suspensión puede decretarse si el colaborador abandona previamente la organización, reconoce sus delitos e impide con su actuación que se produzcan otros nuevos o, como en el caso de Aldama, cuando el confidente ayude "eficazmente a la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otras personas responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones criminales a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado". La colaboración del conseguidor del caso Mascarillas, ha servido, por ejemplo, para atrapar a Santos Cerdán, como han señalado en el juicio tanto el PP como el fiscal.

Para que el Ministerio Público pueda acordar esa nueva figura en caso de que, finalmente, se apruebe la ley, el confidente tiene que pagar previamente todas las indemnizaciones que se deriven de sus delitos para demostrar su arrepentimiento. La suspensión queda condicionada, además, a que el colaborador no frustre posteriormente los datos facilitados en su confesión ni vuelva a delinquir. Si cumple esas dos condiciones, transcurridos cinco años desde la suspensión del procedimiento, el confidente puede reclamar al juez del caso "el sobreseimiento del procedimiento archivado, con pleno efecto de cosa juzgada", con lo que los delitos quedarían sin condena gracias a su cooperación con los investigadores.

Esa posibilidad también fue defendida por el PP en 2013, cuando presentó su borrador de anteproyecto de Código Procesal Penal elaborado por el Ministerio de Justicia que entonces dirigía Alberto Ruiz-Gallardón. Ese texto, en lugar de la suspensión (que solo se convierte en archivo cinco años después) preveía el sobreseimiento a instancias del fiscal, pero en estos casos, se exigía un pronunciamiento previo del fiscal general del Estado, que debía evaluar si la cooperación del integrante de la organización criminal había tenido la suficiente entidad como para eximirle de sus delitos. Una posibilidad similar estaba prevista en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal elaborado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, cuando quien ocupaba la cartera de Justicia era Francisco Caamaño.

La exposición de motivos del proyecto actualmente en trámite parlamentario recuerda que la posibilidad de que el fiscal terminara el proceso "por razones de oportunidad" ya se recogía en los textos anteriores. La futura regulación está inspirada en el derecho alemán y el portugués y, en el caso de las organizaciones criminales, se busca un supuesto ligado "a la figura del arrepentido". "Este supuesto se sujeta (...) a claros límites reglados y a condiciones que aseguran que la decisión de oportunidad solo será efectiva cuando el arrepentimiento sea real, la colaboración prestada sea activa y sustancial y siempre que las víctimas del delito cometido hayan sido debidamente resarcidas", dice el preámbulo de la futura norma procesal.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha defendido la legalidad de la actuación del Ayuntamiento, tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción la investiga por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en procesos de colocación de personal, y ha dicho que la actuación de Anticorrupción es "un trámite" que se hace "con absoluta normalidad".

Según ha dicho Catalá ante los medios de comunicación tras desvelar Compromís la decisión de Anticorrupción después de su denuncia, la Fiscalía siempre abre diligencias tras una denuncia y ha explicado que el proceso de recolocación de personal tras la disolución del Consorcio Valencia 2007 ha sido "totalmente trasparente" en el caso del Ayuntamiento, al que solamente afecta el caso de un trabajador que pasó a la Fundación Visit València.

En esta fundación sin ánimo de lucro participan el Ayuntamiento de València, la Cámara de Comercio, Feria Valencia, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Turisme Comunitat Valenciana, la Diputación provincial y empresas del sector turístico.

"Estamos hablando de una persona, un empleado público que trabajaba en el Consorcio Valencia 2007 como auxiliar administrativo y que accedió a través de un procedimiento de concurso oposición, totalmente transparente, a una plaza en la Fundación Visit València", ha manifestado la alcaldesa.

Catalá ha explicado que, tras la disolución y liquidación del Consorcio Valencia 2007 —entidad creada para las dos ediciones de la Copa del América de vela que albergó la ciudad—, fueron los concejales de Compromís los que pidieron que se evitaran los despidos en una moción en el pleno del Ayuntamiento.

 "Por tanto, el mismo denunciante, que es Compromís, pedía a través de una moción aquello que ahora denuncian, pedían que reasignáramos a dedo a los 11 trabajadores en la administración pública", ha remarcado.

La alcaldesa ha destacado que, en esa moción, el Ayuntamiento votó en contra porque había un informe de la Secretaría Municipal "que negaba esta posibilidad".

"La Secretaría Municipal siempre se mostró en contra de cualquier subrogación, que era lo que quería Compromís, en la medida de que estos trabajadores no eran integrantes de una entidad adscrita al mismo, sino de la Administración General del Estado", ha añadido.

En esta línea, Catalá ha asegurado que en la Fundación Deportiva Municipal "actualmente no hay ninguna persona que haya sido trabajadora anterior del Consorcio Valencia 2007" y ha insistido en que, en el caso del empleado público que optó a la plaza de la Fundación Visit València, se hizo con un proceso "transparente y riguroso" en un concurso de oposición "que había creado el anterior gobierno municipal", al frente del cual estaban Compromís y el PSPV.

La alcaldesa ha señalado que pondrán a disposición de la Fiscalía "el expediente completo, la liquidación del Consorcio, el proceso interno de la Fundación Visit València y el de este administrativo", además de las mociones de los grupos municipales socialista y Compromís, donde "votaban a favor, teniendo en contra un informe de la Secretaría Municipal, para que reasignáramos a los once trabajadores a puestos en el Ayuntamiento a dedo".

"Creo que el fiscal va a tener que estudiarlo todo, porque evidentemente es indicativo los antecedentes del denunciante", ha dicho Catalá, quien lo ha calificado de "actuación esperpéntica".

Por su parte, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha señalado que "no informa de los trámites realizados en el marco de los procesos judiciales en marcha" que, consideran estas fuentes, "forman parte de una instrucción".

"Obviamente, la APV facilita siempre la documentación e información requerida por cualquier órgano fiscalizador", han concluido desde la entidad que preside Mar Chao, también investigada por la Fiscalía Anticorrupción, entre otros cargos públicos, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias al parecer cometidos en procesos de colocación de personal, según ha informado Compromís, que denunció estos hechos el pasado mes de febrero, y han confirmado fuentes fiscales.

España se encuentra entre los primeros de una lista 62 países –37 Estados miembros y 25 socios– de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en integridad de su sistema judicial. La organización internacional con sede en París ha analizado los indicadores de anticorrupción de la judicatura y la Fiscalía española, y coloca a ambos cuerpos por encima de la media de los Estados analizados. El informe Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026, publicado el pasado 24 de marzo considera, en contra de la apreciación de gran parte de la derecha política y judicial y de las asociaciones corporativas, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es "un órgano independiente", según las normas del organismo que, junto a la Comisión Europea y el Consejo de Europa, evalúa periódicamente la calidad de la democracia.

Las conclusiones que alcanza el documento sobre la integridad de la judicatura, la Fiscalía y sus órganos de gobierno coloca a España por delante de otras grandes economías europeas como Italia, Francia o Bélgica. Mientras que en los indicadores relativos al funcionamiento de la judicatura la coloca en décima posición, en los del Ministerio Público aparece en el décimosegundo puesto. En el apartado reservado a los jueces se cumple el 88% de los criterios sobre normativas de integridad judicial, criterios que, en la práctica, se implementan al 64%. La media de los países analizados en este campo se sitúa en el 66% y el 45%, respectivamente.

La OCDE valora la regulación constitucional de los miembros del Poder Judicial que, según la norma fundamental son "independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley". También que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) garantice esa inamovilidad y establezca "las causas objetivas de su cese". Esa misma norma legal "establece que la selección y promoción de los jueces debe basarse en procedimientos objetivos y basados en el mérito, incluyendo exámenes", prosigue el documento.

El análisis sobre integridad y anticorrupción también se refiere al CGPJ, "el órgano encargado de decidir sobre el nombramiento y promoción de los jueces". El Consejo, continúa el informe, "es un órgano independiente según las normas de la OCDE". La afirmación contrasta con la visión de la derecha judicial y política, que considera que la institución está politizada e instrumentalizada por los partidos que proponen a sus miembros. Las organizaciones judiciales conservadoras –todas salvo Juezas Jueces para la Democracia– al igual que las formaciones políticas de derechas, proponen como solución que los 12 vocales procedentes de la carrera de los 20 que integran el órgano sean elegidos directamente por la carrera sin intervención del Parlamento. Sin embargo, lo que avala la OCDE es el sistema parlamentario de renovación actualmente vigente, el preferido por el Gobierno y la asociación judicial de izquierdas.

Otro de los aspectos que subraya el documento es la existencia de un código de principios de ética judicial, que el Consejo aprobó en 2016, así como el hecho de que la ley regule "una lista de incompatibilidades que deben observar los jueces y las situaciones que pueden dar lugar a conflictos de intereses". Sin embargo, la OCDE afea que la normativa solo obligue a presentar declaraciones de intereses a "los miembros de los máximos órganos del Poder Judicial". "Mientras las declaraciones de todos los miembros del CGPJ están disponibles en línea, las declaraciones de intereses de los magistrados del Tribunal Supremo no son públicas", advierte.

La necesidad de conocer los intereses de estos altos magistrados fue objeto de controversia el pasado noviembre. Tras la inhabilitación del ex fiscal general, los medios publicaron que tres de los magistrados del tribunal que lo condenó daban clases en el colegio de abogados de Madrid que, a su vez, era acusación en el proceso. Uno de ellos, además, dirigió la tesis doctoral del abogado que representaba a Alberto González Amador, el denunciante y novio de Isabel Díaz Ayuso, y a otro letrado de la asociación de fiscales APIF, que actuó como acusación popular.

Por último, el documento valora la existencia de un canal interno de denuncias de irregularidades, "que permite a las personas denunciar conductas indebidas". Los denunciantes están protegidos por la Ley de Protección de las Personas que Informen sobre Infracciones Normativas y de Lucha contra la Corrupción, aprobada en febrero de 2023. "El sitio web del canal de denuncias contiene información sobre los derechos de los denunciantes, los procedimientos para denunciar conductas indebidas y los datos de contacto para presentar las denuncias", subraya el documento.

La valoración de la integridad de la Fiscalía es algo menor, pero también muy alta. El Ministerio Público español cumple con el 76% de los criterios normativos anticorrupción, que se cumplen en la práctica al 74%, según la OCDE. Dichos porcentajes también se colocan por encima de la media de los 62 países analizados (66% y 52%, respectivamente) lo que sitúa a España por encima de varias de sus principales socios europeos también en este campo. Como en el caso de los jueces, en el de los fiscales se valora que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la LOPJ establezcan "las garantías de integridad del sistema fiscal", entre ellas "los motivos objetivos para el cese de los fiscales" y los "procedimientos objetivos y basados en el mérito para su selección y promoción".

El informe valora que esas mismas normas definan "las circunstancias y relaciones que pueden dar lugar a situaciones de conflicto de intereses para los fiscales y las circunstancias que podrían dar lugar a la recusación de los fiscales". Sin embargo, como en el caso de los jueces, reprocha que los miembros de la Fiscalía no estén obligados a presentar declaraciones de intereses.

Claudia Montes ha querido dejar claro en el Tribunal Supremo que el exministro Jose Luis Ábalos, con quien hablaba a diario como "amigo y militante" del PSOE, jamás le dijo que había maniobrado para que fuera contratada en la empresa pública Logirail: "A mí nunca él me dijo 'Claudia te he enchufado'", recoge EFE.

Montes ha testificado este miércoles en la segunda jornada del juicio contra el exministro, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de la covid 19.

La mujer ha relatado al tribunal que desconoce si Ábalos la enchufó o no para acceder a Logirail, porque el exdirigente socialista nunca se dirigió a ella en esos términos. 

"José Luis no me dijo en ningún momento 'oye te he enchufado', eso no me lo ha dicho", ha afirmado la testigo, que ha precisado que no quiere ser falsa porque se está demostrando que hicieron algo por detrás, pero ni Ábalos ni Koldo le mencionaron nada al respecto.

En este sentido, ha relatado que se limitó a contarle su situación a Ábalos, "como a cualquier amigo y compañero de partido", de que "como madre soltera necesitaba trabajar", por lo que el exministro le pasó enlaces de Logirail y ella, al percatarse de que "había puestos para todo" y de que "podías elegir" en la plataforma Infojobs, postuló para el de encargada. Le llamaron de Madrid, le hicieron una entrevista telefónica y le llamó el gerente del norte.

Ahora bien, ha asegurado que los currículum que envió a Koldo no eran falsos. "Se dice en el informe de la UCO que se modificó. Pero son iguales. No hay estudios puestos de más", ha agregado.

Montes ha comentado que al poco de acceder tuvo un problema que era más bien un asunto entre dos superiores del que informó a Ábalos y a Koldo, porque este último le dejó claro que "era su jefe".

En concreto, por la ubicación de su oficina, ya que ella estaba en un sitio sin ordenador, sin escritorio y de cara a la pared, lo que hacía era "ir a la biblioteca de Oviedo, coger libros y leer", pero siempre en su horario laboral y sobre temática de trenes, porque "quería saber todo en lo referente a los trenes", de manera que "en ningún momento" dejó de ir a trabajar.

Montes, que trabajó en Logirail desde diciembre de 2019 hasta febrero de 2022, ha señalado que la despidieron por burofax "sin motivo alguno" mientras se encontraba de baja por acoso laboral.

Por otra parte, preguntada sobre si fue colaboradora de la UCO en el caso de las mascarillas, ha contestado que cuando se entera de lo que está pasando en su empresa sobre supuestas prácticas corruptas, dio cuenta al presidente asturiano, Adrián Barbón, y a los dos ministros que han sucedido a Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Y al ver que nadie le hacia caso, llamó a la UCO: "Me atiende un comandante y me dice que tiene en cuenta mi información pero que no lo puede meter en la causa y que lo metería en otra investigación".

El ex director gerente de Logirail José Ángel Menéndez ha contado que cuando fue informado de que Claudia Montes "no iba a trabajar" a la oficina, "sin ninguna justificación que le avalara", decidió "iniciar el proceso para un expediente sancionador", como a cualquier otro trabajador, porque "incumplía de forma grave el convenio" y podía ser sancionada con el despido. Sin embargo, cuando ese expediente se iba a abrir, Menéndez fue cesado y su sustituto Oscar Gómez decidió "no continuar" con ello.

Ahora bien, el exgerente sí que ha descartado irregularidades en su contratación porque su currículum llegó de forma legal a través de Renfe, que era un proveedor de Logirail. La mujer reunía los requisitos básicos, no los específicos, por eso se la dio formación.

Un testimonio que se contradice en parte con el de Óscar Gómez, quien ha dicho que desconocía dicho expediente disciplinario, y ha justificado las ausencias de Montes porque no tenía un lugar de trabajo "adecuado", al estar cerca de unas escaleras.

Entonces, adoptó la decisión de encontrar un nuevo espacio y de adecuar su contrato al servicio que estaba prestando lo que implicaba subirle de categoría, un ascenso que ella ha justificado por su "esfuerzo, trabajo y muchas horas extras".

El testigo, que ha dicho que le consta que después Claudia Montes fue a trabajar, ha rechazado haber recibido indicaciones de Ábalos o su asesor en torno a esta mujer, y ha reconocido que, en el acto de conciliación tras su despido, ella denunció haber sufrido bullying, algo que no había manifestado mientras trabajaba en la compañía.

Un juzgado de Madrid investigará por un delito fiscal de cerca de un millón de euros del IRPF al creador de la plataforma Madeira Invest, Álvaro Romillo, que entregó 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez "Alvise" y al que investiga la Audiencia Nacional por una estafa piramidal de 185 millones, según informa EFE. 

En un auto fechado el pasado 30 de marzo al que ha tenido acceso EFE, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordena la apertura de una pieza separada por fraude fiscal tras analizar un informe de la Agencia Tributaria que implica a Romillo en un fraude durante el año 2022.

El 15 de diciembre de 2025, Calama procesó a Romillo y a otras nueve personas por la presunta estafa de más 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024 a instancias de afectados por esta operativa, muchos de ellos representados por el bufete Zaballos Abogados.

En su auto de apertura de pieza separada, el magistrado explica que está "constatado" que en 2022 Romillo promociona en su página web mecanismos para la elusión de impuestos, tales como "poner bienes a nombre de familiares y amigos; ocultar la residencia fiscal en España, para evitar tributar; simular la residencia fiscal en otro país; utilizar, torticeramente, sociedades extranjeras; distraer ingresos para que no tributen, e inflar los gastos de una empresa". Al tiempo, añade el auto, Romillo siguió sus propias "estrategias" para consumar un fraude fiscal durante el ejercicio 2022.

A través de un "embrollo societario", Romillo quiso opacar "los verdaderos ingresos generados por el que, en definitiva, era el único motor que daba origen a sus ingresos", que era su éxito en redes sociales.

En 2022 ingresó a través de sus numerosas sociedades cerca de 3 millones de euros, por lo que Hacienda le atribuye un delito de fraude fiscal del IRPF que ronda el millón de euros (906.919,31 euros), además de defraudar más de medio millón en concepto de IVA.

En paralelo, la Audiencia Nacional investiga el fraude piramidal ideado por Romillo, conocido como Criptospain, que ideó y puso en marcha una organización criminal estructurada y jerarquizada, de la que asumió la dirección y liderazgo, movido por "un ánimo de lucro ilícito". 

El objeto de esta organización criminal consistía en la apropiación sistemática de las cantidades recibidas por parte de terceros para supuestas inversiones que eran publicitadas valiéndose del portal digital Madeirainvest.com, que aparentaba ser una plataforma de inversión segura y rentable. 

A través de dicha web, se ofrecían productos financieros ficticios con la finalidad de atraer a potenciales inversores, entre los que figuraban relojes, vehículos, propiedades inmobiliarias, oro y otros metales preciosos.

Los inversores, confiados en la apariencia de legalidad y solvencia que transmitía la plataforma, en la que llegaban a asegurar rentabilidades mínimas del 20%, realizaron aportaciones económicas que fueron desviadas por los miembros de la organización a cuentas controladas por Romillo y sus colaboradores, sin que existiera actividad real de inversión.

De este modo, 3.062 inversores de Madeira Invest Club resultaron perjudicados, sufriendo pérdidas económicas derivadas de la conducta fraudulenta desplegada por Romillo y los demás miembros de la organización criminal y que han sido cuantificadas en 185.511.947,76 euros.

Calama investigará por un fraude fiscal de más de 88 millones en 2023 y 2024 a Álvaro Romillo. En un auto fechado el pasado 1 de abril al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado central nº 4 amplía el procesamiento que decretó el pasado 15 de diciembre contra Romillo y otras nueve personas.

Ahora, Calama amplia la pieza separada por un presunto delito de blanqueo de capitales al encontrar "indicios racionales" de fraude del IRPF y del impuesto de patrimonio de 2023 y 2024. Mediante "la omisión de ingresos reales que reflejan su verdadera capacidad económica", Romillo habría defraudado 30.720.005,18 euros en 2023 y 49.117.091,37 euros en concepto de IRPF, así como 2.247.336,80 euros para el ejercicio 2023 y 6.068.774,76 euros para 2024 del impuesto de patrimonio.

En su auto, Calama mantiene a Romillo en prisión provisional, donde permanece desde el pasado 7 de noviembre, al haber detectado que el procesado se encuentra "en una privilegiada situación en orden a eludir la acción de la Justicia, pues dispone de una ingente cantidad económica con la que sufragar el acceso a medios ilícitos que le permitan abandonar el territorio nacional". 

Dicha organización criminal, destaca el auto, cuenta, "al menos, con 52 sociedades instrumentales, 106 cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos y embarcaciones, repartidos en, al menos, en 15 jurisdicciones diferentes (Portugal, Bélgica, Lituania, Estonia, Bulgaria, Rumania, Malta, Reino Unido, Albania, Estados Unidos, República Dominicana, Malasia, Singapur, Hong Kong y Tailandia)". 

Empieza la recta final del curso político con dos juicios por corrupción, cuya coincidencia, por cierto, no deja de ser curiosa. El caso Kitchen llega hoy a los juzgados, casi veinte años después de las primeras indagaciones sobre Gürtel, la trama de financiación ilegal del PP que llevó a una sentencia en la que se declaraba a dicho partido responsable a título lucrativo, y que motivó la moción de censura que condujo al primer gobierno de Pedro Sánchez el 1 de junio de 2018. De aquella Gürtel, esta Kitchen. Es decir, la trama por la que los populares intentaron tapar los casos de corrupción por financiación ilegal utilizando –presuntamente– a la cúpula del ministerio de Interior dirigido por Fernández Díaz para desactivar al tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que amenazaba con hablar y contar hasta qué punto máximos dirigentes del partido, incluido un tal “M. Rajoy” que los jueces nunca llegaron a identificar, estaban involucrados en el cobro de sobresueldos y financiación irregular del Partido Popular con dinero procedente de contratos amañados y mordidas (la noticia la desveló entonces El País, en 2013, ¡hace 13 años!, por si alguien no la recuerda). 

Mañana la atención girará hacia Ábalos y Koldo, los socialistas acusados de corrupción por mordidas en contratos de mascarillas en lo peor de la pandemia, en el año 2020, cuando los muertos se contaban por centenares cada día. Una trama que ha llevado a que José Luis Ábalos, quien fuera ministro de Fomento, secretario de Organización del PSOE y hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez, ingresara en prisión de forma preventiva. Un escándalo que llevó a especular con un caso de financiación ilegal del PSOE –hoy sin constatar– y que alumbró las sombras sobre Santos Cerdán, quien sustituyó a Ábalos como secretario de organización en el Partido Socialista, y cuyas –supuestas– irregularidades se siguen investigando.

Pese a que el estallido de los escándalos se remonta en el primer caso a hace casi dos décadas, y el otro a aproximadamente dos años, ambos coincidirán en nuestras pantallas en esta semana que comienza. Bienvenida sea la agilidad de la Justicia en el último de los dos procesos; pero ojalá fuera siempre así y de manera generalizada, incluyendo a asuntos como el primero.

Esta coincidencia va a multiplicar las reacciones equidistantes. Parece sensato criticar con toda la vehemencia posible los casos de corrupción de socialistas y populares y clamar por una regeneración de la vida política que acabe con cualquier atisbo de corrupción. ¿Quién no firmaría esto? Más difícil es, sin embargo, mantener la misma implacabilidad contra la corrupción sin que ello lleve a fomentar la antipolítica. Que me perdonen Santiago Segura y su nuevo Torrente, pero no, no todos son iguales. 

No es lo mismo poner a tu servicio la mismísima Policía para –presuntamente– tapar un caso de financiación ilegal que afecta a numerosos dirigentes y destruir las pruebas después a martillazos, que descubrir que personas de máxima relevancia del partido han estado lucrándose forzando contratos en lo peor de la pandemia. En este último asunto se desvela –supuestamente– una insoportable utilización del dinero público; en el primero, sin embargo, hablamos del tipo más grave de corrupción que puede existir, la captura no ya de políticas, sino del propio aparato del Estado, para hacer callar a quien podría destapar la dimensión de un escándalo.

Tampoco la reacción ha sido igual. Los unos aún no han reconocido públicamente la gravedad de Gürtel y Kitchen y les cuesta distanciarse de aquello –es difícil reprimir una sonrisa cándida al recordar a Pablo Casado anunciar la venta de la sede cuya reforma se pagó con dinero de la Gürtel–. Los otros expulsaron inmediatamente a los presuntos corruptos e iniciaron una auditoría interna que indica que no hay financiación ilegal. Si se desvelara lo contrario, ni sus socios ni sus militantes ni sus votantes lo perdonarían. Los ya exsocialistas están en prisión desde hace meses; los conservadores procesados jamás han llegado a pisar una celda.

Existe una tercera diferencia, sustancial a mi entender, en lo que debe exigirse a cada uno. Al Partido Popular cabe pedirle el reconocimiento oficial de lo que aquello supuso y la depuración política de responsabilidades: Fernández Díaz está suspendido de militancia del PP desde 2021, pero no expulsado, y el resto de dirigentes implicados en Gürtel jamás dejaron el partido. Más hay que exigir, a mi juicio, a los socialistas, que llegaron al gobierno en 2018 izando la bandera anticorrupción. En sus manos está adoptar las medidas necesarias para que ni unos casos ni otros vuelvan a producirse, ni en el interior de los partidos ni mucho menos en las instituciones del Estado. Sin embargo, como se puede leer, la OCDE ha vuelto a afear a España que no tenga una adecuada regulación de lobbys –cuya tramitación ha sido iniciada al menos tres veces (ver aquí), sin llegar nunca a aprobarse–, ni de financiación, democracia interna e integridad de los partidos, algo que clama al cielo, considerando los dos casos que se van a juzgar estos días y que protagonizarán buena parte de la conversación ciudadana en lo que queda de curso. Por cierto, en plena campaña electoral de las elecciones andaluzas. Nada menos.

En definitiva, contra la corrupción cualquier demócrata debe ser implacable. Y justamente por ser demócrata, no debe dejar que esta implacabilidad se convierta en un ejercicio de antipolítica. Porque ni todos son iguales, ni todos los casos de corrupción son lo mismo. No se trata de cuál sea más grave, sino de quién o quiénes están implicados, cómo ha reaccionado el partido en cada caso y qué queda por hacer, o sea, a cada cual, según sus posibilidades.