El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha justificado este miércoles que su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se debe a que, por primera vez desde la II República, en España existe un Ejecutivo de coalición y uno de sus miembros, en referencia a Unidas Podemos, "en teoría, acepta que Euskal Herria es una nación que tiene derecho a decidir".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Otegi ha destacado "el alboroto que se ha montado" en el Estado, "incluidos los militares", tras el apoyo de EH Bildu y de ERC a las cuentas del Ejecutivo.

Además, ha asegurado que, si un Gobierno como el actual "no da una solución al problema nacional en términos democráticos, no habrá gobierno en el Estado español que haga frente a ese problema". "En ese sentido, decimos que, en el camino a la república vasca, esto es lo que toca en estos momentos", ha añadido.

En todo caso, ha asegurado que EH Bildu no cree que vaya a haber "un gobierno en España que acepte el derecho a decidir", aunque ha considerado que "sí se va a abrir el debate".

"Si cae este Gobierno, la alternativa no es una derecha tradicional formal, sino que ahora es la extrema derecha, y eso también sucede por primera vez en 40 años. Poca broma con eso. La alternativa sería que Abascal fuera ministro de Interior y Ortega Smith ministro de Defensa, con todo lo que eso significa", ha zanjado en esta clave.

Chat militares

Asimismo, Arnaldo Otegi ha afirmado que lo leído en el chat de militares retirados desvelado por infoLibre "es preocupante", ya que, en su opinión, "si en 2020 son capaces de decir esas cosas, ¿qué es lo que decían cuando se hizo la Transición?". "Vivimos en una democracia tutelada", ha denunciado

"Se dice que están en la reserva, pero hace diez años eran los dirigentes de un ejercito democrático, y eso refleja muy claramente qué tipo de Transición hemos tenido en el Estado español. Aquí no hubo ruptura con el franquismo y sigue incrustado en la armada y en la judicatura. Ese es el régimen que hay que cambiar", ha asegurado.

En este sentido, se ha preguntado hasta cuándo los españoles a vivir en un Estado en el que ya no solo ponen en peligro e hipotecan la cultura, educación, idioma y economía, sino que también las libertades democráticas. "Por eso somos cada vez más independentistas", ha añadido.

El Estatuto de Gernika afronta su primera renovación cuatro décadas después de recibir el visto bueno de la ciudadanía vasca en referéndum. Los expertos designados por los grupos políticos del Parlamento Vasco para la elaboración del borrador de texto articulado han registrado este lunes en la Cámara autonómica sus propuestas de reforma, paso previo al arranque del trabajo estrictamente político. Y lo han hecho divididos en tres bloques en los que, a su vez, también hay fricciones. El primero de ellos es el que integran los juristas del PNV, Elkarrekin Podemos y el PSE-EE, que han consensuado un documento que ha generado discrepancias en temas como el derecho a decidir y un consenso general alrededor de la acción exterior o la actualización de los derechos sociales. La segunda propuesta presentada es la de EH Bildu, que aunque pactó con el PNV las bases de la reforma ha decidido ir por separado al considerar que la propuesta jeltzale se queda corta. El experto del PP, por su parte, ha presentado un tercer texto que, según ha señalado, es “perfectamente constitucional” e “incrementa el nivel competencial” del País Vasco.

La Ponencia de Autogobierno de la Cámara vasca acordó en julio de 2018 el documento Bases consensuadas para la actualización del Autogobierno, que contó con el respaldo firme de PNV y EH Bildu, el apoyo parcial de Elkarrekin Podemos y el rechazo del PSE-EE y el PP. Aquel documento recogía el derecho a decidir como la “capacidad de los vascos para decidir, expresar y ejercer su voluntad colectiva”, establecía que “el pueblo vasco es una nación” y que “Euskal Herria es un pueblo con identidad propia” y contemplaba someter la reforma a una consulta “habilitante” antes de que el nuevo texto se tramitara en las Cortes. Sin embargo, el pacto alcanzado por jeltzales y abertzales está rotojeltzalesabertzales. Por ello, ambas formaciones han presentado propuestas diferentes, que todavía no se han hecho públicas, en el Parlamento Vasco. EH Bildu acusa al PNV de haber practicado un “juego de trileros” y de haber presentado una “chapucilla dentro de los límites de la Constitución” que “no tiene nada que ver con las bases y principios acordados”. Los segundos, por su parte, han criticado la posición “absolutamente maximalista” de Bildu.

La propuesta de PNV-PSE-Podemos

La primera propuesta que se ha puesto sobre la mesa es la consensuada por el PNV, Elkarrekin Podemos y el PSE-EE. Existe un consenso general alrededor de cuestiones como la acción exterior o la actualización de los derechos sociales, que se incluiría en el Título Primero con referencias directas a la igualdad, a los migrantes, a la diversidad sexual o a la violencia machista. Pero los continuos votos particulares de los expertos jeltzale, morado y socialista evidencian importantes discrepancias. Así, por ejemplo, el documento establece en su séptimo artículo consensuado que la ciudadanía vasca corresponde “a todas las personas que tengan la vecindad administrativa en cualquiera de los municipios” de Euskadi. Sin embargo, el jurista del Partido Nacionalista Vasco, Mikel Legarda, ha pedido en un voto particular que se incluya un apartado en el que se “reconozca la nacionalidad vasca a la ciudadanía vasca, sin que ello pueda afectar a la igualdad del individuo y los grupos en que se integra, ni suponer factor de discriminación alguna”.

Otro punto de fricción se ha encontrado en el título preliminar. En concreto, donde se indica que “la ciudadanía de los territorios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, como parte integrante de Euskal Herria, en expresión de su identidad nacional y de su voluntad democrática, se constituye en Comunidad Autónoma de Euskadi, de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto”. Legarda pide que se incluya el término “político” tras Estatuto. Alberto López Basaguren, el jurista designado por los socialistas vascos, plantea a través de votos particulares que se suprima la alusión a “como parte integrante de Euskal Herria” y que se cambie “identidad nacional” por “nacionalidad”. Sobre esto último, considera que hay que integrar “con naturalidad” el uso del término nación “por quienes lo consideren necesario”, aunque añade que solo es aceptable cuando hace referencia a “un sentimiento personal” vinculado a características “lingüísticas, culturales, religiosas o políticas” diferentes. Y recuerda que el término nacionalidad ya está en la Constitución “y no es objeto de controversia”.

Pero el mayor distanciamiento en la propuesta, que contiene siete títulos con 145 artículos, cuatro disposiciones adicionales y dos transitorias, gira alrededor del derecho a decidir. Esta cuestión estará incluida en la adicional segunda. Pero de dos formas diferentes, aunque ambas rechazan la unilateralidad que ha caracterizado al procés en Cataluñaprocés. La del PNV establece que “la plena realización de los derechos históricos del pueblo vasco” se exterioriza “a través del derecho a decidir de su ciudadanía libre y democráticamente expresado, siendo su ejercicio pactado con el Estado”, mientras que la de Elkarrekin Podemos y la de su experta designada para el proceso, Arantxa Elizondo, recoge el “derecho de la ciudadanía a expresar su voluntad libre y democráticamente, siendo su ejercicio legal y pactado con el Estado”. Sin embargo, los socialistas vascos han incluido un voto discrepante en el que rechazan esta disposición adicional segunda al considerar que “puede poner en riesgo el conjunto del consenso alcanzado”.

El PSE-EE ya advirtió el pasado sábado, a través de su portavoz parlamentario, de que no participará en “ningún texto” que incluya el “derecho a decidir, que es puro y duro derecho de autodeterminación, algo que no existe en ninguna Constitución”. De hecho, el escollo en este punto podría acabar tumbando la propuesta. Desde el PNV han avisado este lunes a los socialistas que esta cuestión se encuentra en el ADN su partido. Y el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido a las formaciones políticas “altura de miras” para llevar la reforma a buen puerto y ha defendido que aunque sea un “principio democrático” que no está “normatizado estrictamente” es “posible” en “una interpretación flexible de los derechos históricos, respetados y amparados en la Constitución”. La formación morada, por su parte, ha intentado destensar las relaciones señalando que es posible “desbloquear la situación” con “diálogo” y recordando que “en muchos aspectos”, como las cuestiones sociales, “se va a conseguir un consenso amplio entre diferentes”.

Xabier Arbos, catedrático de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona, explica que “no es una cuestión de ‘de acuerdo con el Estado’, sino que no está en la Constitución”. Por ello, ve “difícil que se pueda encajar”. En este sentido, recuerda la amplia doctrina del Tribunal Constitucional en esta materia. En concreto, pone el foco en la sentencia STC 42/2014, centrada en la resolución del Parlament por la que se aprobaba la declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña y en la que se señalaba que aunque “el planteamiento de concepciones que pretendan modificar el fundamento mismo del orden constitucional tiene cabida en nuestro ordenamiento”, el intento de la “consecución efectiva” tiene que realizarse “en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución, pues el respeto a esos procedimientos es, siempre y en todo caso, inexcusable”. Esa modificación, dice Arbos, afectaría al artículo 1 y al 2 de la Ley Fundamental. Una reforma que, por tocar el Título Preliminar, necesitaría el respaldo de dos tercios del Congreso, algo complicado.

Otra cosa sería, explica el catedrático de Derecho Constitucional, que por derecho a decidir se refieran a un “referéndum no vinculante, que naturalmente tiene que ser acordado con el Estado”. En este caso, señala Arbos, también existe una “gran polémica”. Por un lado, explica, está sobre la mesa la sentencia del Constitucional STC 103/2008 sobre la Ley del Parlamento Vasco de convocatoria y regulación de una consulta popular de autodeterminación. En este caso, el tribunal de garantías aseveró que como lo que se iba a preguntar a la ciudadanía chocaba con el artículo 2 de la Ley Fundamental, el relativo a la “indisoluble unidad de la Nación española”, sólo podía ser “objeto de consulta popular por vía del referéndum de revisión constitucional”. “Yo aquí discrepo y pienso igual que otros como Francisco Rubio Llorente [que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional y presidente del Consejo de Estado, fallecido en 2016]. Sin embargo, los que se muestran en contra tienen a su favor la jurisprudencia del TC”, sentencia el catedrático de la Universitat de Barcelona.

Bildu se decanta por la vía unilateral

EH Bildu, por su parte, se ha plantado en el Parlamento Vasco con su propia propuesta de reforma del Estatuto de Gernika a pesar de que pactó con el PNV las bases sobre las que se tenía que sostener la modificación normativa. Así, el jurista propuesto por la formación abertzale, Iñigo Urrutia, ha remitido un escrito a la presidenta de la Ponencia de Autogobierno expresando su “total discrepancia” con el documento planteado por jeltzales, socialistas y morados, que asume “plenamente el marco autonómico” cuando debería haberse dado un salto hacia un modelo “confederal”. En concreto, Bildu discrepa de los otros tres partidos en aspectos como “la naturaleza jurídico-política del sujeto”, el “enfoque del principio de territorialidad”, en materia de “capacidades y competencias”, en la configuración del denominado “Concierto Político”, en el “sistema de resolución de conflictos competenciales”, en las “relaciones entre ordenamientos jurídicos” y en el derecho a decidir.

Sobre esta última cuestión, los fragmentos de la propuesta filtrados a los medios de comunicación no hacen ninguna referencia a acuerdos con el Estado. Así, la propuesta abertzale establece que las instituciones vascas “tendrán la potestad para regular y gestionar la realización de consultas populares y referéndums en lo que corresponde tanto a asuntos políticos y sociales de su ámbito competencial como a las relaciones que deseen tener con otros territorios de Euskal Herria, con el Estado Español y otros espacios políticos europeos e internacionales”. Urrutia, además, ha deslizado en el texto remitido a la presidenta de la Ponencia que la reforma debería recibir el visto bueno de la Cámara autonómica y ser sometida luego a referéndum, dejando la negociación con el Estado para después de la consulta. El actual Estatuto recoge que la modificación debe ser aprobada en el Parlamento Vasco por mayoría absoluta, que requiere la aprobación de las Cortes mediante Ley Orgánica y que “finalmente precisará la aprobación de los electores mediante referéndum”.

A la inestabilidad derivada del cambio de alianzas del PNV en el Congreso, se suma ahora en Euskadi el frente identitario. El lehendakari, Iñigo Urkullu, defendió este jueves en el debate de política general del Parlamento Vasco que esta Cámara pueda “realizar un pronunciamiento solemne sobre el derecho de los vascos a ser consultados sobre la opción de la independencia, en su caso, o sobre cualquier otra, siempre que previamente se haya trabajado cuál es el objetivo de la consulta”. Y, “verificada la existencia de una mayoría clara de la sociedad vasca, en su caso, surgiría la obligación ética y moral para las instituciones del Estado de proceder, de forma pactada, a las reformas constitucionales pertinentes para ofrecer el cauce legal a la voluntad mayoritariamente expresada”.

A su modo de ver, “se entiende que la pretensión de una persona soberanista, llámenla ustedes independentista o soberanista, tiene que tener un cauce legal para poder materializarse si ésa fuera la voluntad expresa de una mayoría clara de los vascos expresada en una consulta legal, convocada al efecto”.

Poco a poco, las cartas de la política vasca empiezan a ponerse encima de la mesa. Y los difíciles equilibrios y alianzas se complican todavía más a medida que se acerca las fecha de aprobar los presupuestos para 2019, tanto en la propia Euskadi como en el conjunto de España.

El PNV (28 diputados) está a un escaño de la mayoría absoluta con al apoyo del PSE (9). Pero necesita a alguien más para sacar adelante las cuentas del año que viene. EH Bildu, la segunda fuerza del Parlamento Vasco (18 escaños) ya se ha ofrecido, pero exige a Urkullu que rompa antes con el PSE. En el PP (nueve diputados) todavía escuece el apoyo de los nacionalistas vascos a la moción de censura que puso fin al Gobierno de Mariano Rajoy y su líder, el exministro Alfonso Alonso, condiciona cualquier acercamiento a que el PNV bloquee en el Congreso las subidas de impuestos que planea Sánchez para 2019. Y a abandonar, claro, cualquier propuesta soberanista. Queda Elkarrin Podemos (11 diputados), pero tampoco por ahí lo tiene fácil Urkullu.

En diciembre del año pasado el Parlamento Vasco aprobó los Presupuestos vigentes gracias al acuerdo que, por segundo año consecutivo, alcanzaron PNV, PSE y PP. EH Bildu y Elkarrekin Podemos votaron en contra, al considerar que las cuentas eran “antisociales” y “regresivos”. La decisión del PNV de dejar de prestar apoyo a Rajoy y aupar a Sánchez a la Presidencia del Gobierno hace muy difícil que se repita ese escenario.

En en este contexto en el que Urkullu ha emplazado directamente al presidente Pedro Sánchez a comprometerse con lo que llamó un “doble sí”: el cumplimientos “en su integridad” del Estatuto de Gernika y asumir “la realidad plurinacional del Estado”.

“Democracia plurinacional”

Urkullu pidió a Sánchez en su discurso, rodeado de la solemnidad de las grandes ocasiones, voluntad de aplicar “una democracia plurinacional” en el Estado español y avanzar hacia un modelo confederal. Y defendió “la actualización de los Derechos Históricos” de Euskadi para “propiciar el pleno reconocimiento de la personalidad política del pueblo vasco”.

El lehendakari hizo un llamamiento a la incorporación de otros grupos políticos al acuerdo que el PNV ya ha suscrito con EH Bildu en el Parlamento Vasco para gestar una propuesta de nuevo estatus político para Euskadi. En su opinión, es factible en estos momentos promover una reforma estatutaria que reconozca “el carácter nacional” del País Vasco  Ha llegado el momento de que el Gobierno central “afronte esta etapa con altura de miras” porque, “tras casi 40 años, no se cumple el Estatuto de Gernika y no se asume la realidad plurinacional del Estado”.

¿Qué incluye la propuesta de Urkullu, además de reconocer el carácter nacional de Euskadi? Entre otras cosas, “actualizar el catálogo de competencias y ampliar el fondo competencial; clarificar la capacidad de decisión y garantizar un sistema de bilateralidad efectivo”, informa Europa Press.

“El objetivo de esta nueva etapa”, resumió el lehendakari, ”sería la asunción de Euskadi como realidad nacional con voluntad histórica de autogobierno y de decisión y la consideración del Estatuto como norma de rango cuasiconstitucional”. De lo que se derivarían, precisó, consecuencias jurídicas, políticas y relacionales: “Una capacidad competencial y de autoorganización institucional singular, una relación con el Estado basada en la bilateralidad y el pacto y un sistema de garantías eficaz que impida la vulneración del autogobierno”.

La propuesta de Urkullu sólo obtuvo eco favorable en las filas de EH Bildu, lo que no es poco, porque entre ambas formaciones representan el 64% del Parlamento. Eso sí, con salvedades. La portavoz de esta formación, Maddalen Iriarte, admitió que la ponencia de autogobierno del Parlamento que su grupo firmó con el PNV es un “buen acuerdo”: “Queremos decidir aquí para vivir mejor”.

Para EH Bildu, es necesario “cambiar el modelo de relación con el Estado” y, aunque se ha mostró a favor del diálogo y el acuerdo, subrayó que “no se pueden confundir ni con la subordinación ni con la sumisión“. Por eso emplazó a Urkullu a explicar hasta dónde está dispuesto a llegar y “qué quiere decir cuando habla de garantizar el recorrido institucional de este acuerdo mayoritario”.

Es en este contexto en el que la portavoz de EH Bildu tendió la mano a Urkullu para alcanzar acuerdos y salir del actual gobierno de coalición con el PSE. “Le damos la oportunidad de salir de un pacto de gobierno del pasado, de un proyecto de país erosionado y de un marco desgastado para emprender un nuevo camino lleno de oportunidades”, describió. “Son momentos cruciales en los que se debe actuar con altura de miras y liderazgo”, advirtió Iriarte.

PSE y PP, en contra

Del otro lado del tablero político, Urkullu se encontró con el rechazo del PSE y del PP. Idoia Mendia, la portavoz de sus socios parlamentarios, los socialistas vascos, reprochó al lehendakari que traslade ahora al presidente Sánchez la responsabilidad de un acuerdo que él no ha sabido alcanzar en Euskadi. De poco sirve un modelo, le reprochó, que “sólo recoge las aspiraciones de una parte”, en este caso la nacionalista.

El PSE, aclaró Mendia, no abdicará de lograr un acuerdo para un nuevo Estatuto. “Usted defiende un modelo confederal; yo defiendo el federal y estamos en uno autonómico que sólo se puede cambiar si reformamos la Constitución. Si no es así, y lo sabe usted, lo que ahora plantea sólo generará esa frustración de la que usted y nosotros queremos huir”, advirtió.

“Mi grupo”, anticipó la portavoz de los socialistas vascos, “pase lo que pase en los próximos meses, seguirá buscando conciliar voluntades. Entre el todo o la nada existe un enorme cauce en el que cabemos todos”.

La oposición del PP al proyecto del lehendakari es frontal. Su portavoz, Alfonso Alonso, auguró al Gobierno Vasco “dos años difíciles” y acusó a Urkullu de querer hacer a los vascos “rehenes de sus obsesiones soberanistas”. El PNV, acusó, se está dejando arrastrar por el mandato póstumo de ETA: “Materializar el derecho a decidir para lograr el reconocimiento nacional”.

Urkullu, razonó Alonso, ha dispuesto de “dos años de oportunidades con mayoría” que incluían al PP y “despreció sus apoyos”. “Hoy puede pensar que tiene más amigos que antes, porque está en pacto con Bildu y ha acordado también con Podemos en Madrid y con los separatistas de Cataluña, que tanto le inspiran. Puede que alguno de ellos le saque este año los Presupuestos. Si es así, será malo para los vascos y para usted. Pero le auguro dos años difíciles”.

En cuanto a la búsqueda de acuerdos más amplios para salvar la reforma estatutaria, Alonso emplazó al lehendakari a aclarar si, para conseguirlos, está “dispuesto a renunciar al derecho de autodeterminación”. Esta vía “lleva a la unilateralidad, al órdago y a la amenaza”, pronosticó.

Y aunque el eje del debate giró en torno a la identidad de Euskadi y su encaje en España y en Europa, la ausencia de una mayoría parlamentaria para sacar adelante los presupuestos de 2019 se convirtió en un ingrediente esencial en los discursos de los diferentes partidos.

Y aquí Alonso puso rápidamente condiciones: “La moderación de la política fiscal es condición para cualquier entendimiento con nosotros”, advirtió. “El nuevo Gobierno de España es el suyo, señor Urkullu, el que ha votado una nueva mayoría que les agrupa a todos ustedes para excluir al PP”. Y ahora, ante el “riesgo” de que no dure, “tienen mucha prisa por pasar la factura” y “exigir a Sánchez el precio político de su apoyo”, acusó.

“Yo que el PSOE, me andaría con tiento”

Lo que está haciendo, subrayó el portavoz del PP vasco, es advertir al Ejecutivo central de que, “o cumple esas exigencias, o que se atenga a las consecuencias”. “Yo que el PSOE, me andaría con tiento. Fíjense: a nosotros el último acuerdo con el PNV nos duró sólo una semana”, ironizó. “Si el PNV ha sido capaz de derribar a un Gobierno una semana después de aprobarle los Presupuestos, ¿por qué no va a ser capaz, con la misma coherencia, de dejar caer sin presupuestos al gobierno que ha investido?”, se preguntó.

Al portavoz parlamentario de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, tampoco le gusta la propuesta del Gobierno vasco, pero cree que Urkullu está todavía a tiempo “de deshacer el entuerto” de un nuevo estatus para Euskadi en España. Su grupo quiere “un nuevo Estatuto avanzado en lo social”, que reconozca a Euskadi “como nación, inclusivo en lo identitario y que sea legal”, así como “avanzar en un pacto de claridad que, llegado el caso, ofrezca cauces democráticos y sin ningún tipo de fractura social para decidir en lo territorial”. “Un cauce legal, bilateral y pactado”, precisó.

Por eso instó una vez más al lehedakari a buscar dos soluciones: una para el Estatuto y otra “para un pacto de claridad a la canadiense” que regule la autodeterminación. Ahí, explicó, hay espacio por un entendimiento con la marca de Pablo Iglesias en el País Vasco.

Donde no parece haberlo es en los social. En eso Elkarrekin Podemos sostiene que Urkullu “se ha equivocado de país”. El suyo es “imaginario, de piruleta y gominola” frente a “uno muy diferente en el que se encadenan contratos de miseria, en el que un alquiler es un lujo, en el que la vuelta al colegio deja los bolsillos de la familia limpios”. “Sinceramente, espero que no encuentre en esta Cámara quien le compre esta mercancía averiada”, indicó. La puerta para llegar a acuerdos está abierta, concedió Martínez, pero “exige un giro de 180 grados”.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha apelado este lunes a la movilización popular en la calle y ha asegurado que tiene intención de culminar el proceso independentista: "Llegaré hasta el final. Mi único límite es el Parlament de Catalunya".

"Es el único al que debo lealtad y, por tanto, sobre el tema obediencia llegará tan al final como el Parlament quiera llegar", ha dicho en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press en la que ha asegurado no tener miedo de la amenaza de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y ha afirmado que no se ha planteado tener que exiliarse.

Ha defendido que el proceso judicial contra los líderes soberanistas es "una farsa instruida desde el Gobierno español que tiene la voluntad de destruir una idea y de descabezar el proceso independentista", como dijo la exvicepresidenta del Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado.

Un juez de Barcelona ha dictado este miércoles libertad con cargos y una orden de alejamiento de 500 metros para el hombre que presuntamente agredió a una mujer el sábado en el parque de la Ciutadella, cuando ésta estaba quitando lazos amarillos junto con su marido y sus hijos, han informado a Europa Press fuentes de la Fiscalía.

El hombre había sido detenido este mismo miércoles por la Policía Nacional por presuntos delitos de odio y lesiones.

La mujer denunció este martes que el hombre la tiró al suelo en dos ocasiones y le causó una desviación del tabique nasal y una contusión en el maxilar derecho cuando vio que ella había retirado lazos amarillos colocados en la verja del parque.

El relato incluido en la denuncia, facilitado por Cs, asegura que la mujer paseaba con sus tres hijos menores de edad y su marido –militante del partido– por la acera del paseo de Pujades cuando ella y su marido retiraron algunos lazos amarillos que había colocados en la verja del parque.

El hombre la increpó, la llamo "extranjera de mierda" y, según la denunciante, le dio un golpe en el lado derecho de la cara, haciéndola perder el equilibrio y caer al suelo, y al incorporarse se volvió a abalanzar sobre ella dándole puñetazos en la cara y otras partes del cuerpo y haciéndola caer de nuevo.

Por su parte, los presuntos agresores también presentaron una denuncia sobre lo ocurrido ante los Mossos d'Esquadra.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este miércoles que aspira a volver a Cataluña pese a la orden de detención que pesa contra él si regresa a España: "No sé si voy a tardar 20 años en pisar suelo español. Si sé que no voy a tardar 20 años en pisar suelo catalán", informa Europa Press.

En la primera rueda de prensa desde que el Tribunal Supremo retiró la euroórden en la que pedía su extradición, ha afirmado que "hoy mismo podría pisar suelo catalán" yendo a la zona del sur de Francia que algunos catalanes denominan como la Cataluña norte.

Tras cumplirse este miércoles cuatro meses desde que fue detenido en Alemaniadetenido en Alemania, ha anunciado que regresará el fin de semana a Bélgica para impulsar desde allí el "Consell de la República", una suerte de Govern en el extranjero que tiene como misión internacionalizar la causa independentista.

Preguntado por la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, ha aplaudido que el cambio de Ejecutivo ha supuesto "un cambio de estilo, clima y lenguaje" respecto al Gobierno anterior de Mariano Rajoy.

Sin embargo, ha pedido al presidente que incluya en el diálogo la relaciones entre Cataluña y el resto de España, y ha reclamado poder reunirse con representantes del Gobierno: "Es extraño que el Estado se reúna con bandas terroristas y que no lo haga con demócratas".

Òmnium Cultural ha reunido en un vídeo a siete personalidades internacionales como Noam Chomsky para pedir la libertad de los políticos y líderes soberanistas presos, ha informado este martes la entidad en un comunicado.

Bajo el lema We demand justice and freedom, el vídeo también recoge las voces de la activista Angela Davis, la premio Nobel de la Paz Jody Williams, el entrenador Pep Guardiola, el abogado especialista en Derechos Humanos Ben Emmerson, el periodista y escritor Martín Caparrós y el fundador del Art for Amnesty de Amnistia Interancional, Bill Shipsey.

El vídeo, grabado en inglés y subtitulado al catalán y castellano, ha estado dirigido por el fotoperiodista y ganador del Premio World Press Photo Samuel Aranda, y tiene como hilo conductor un manifiesto que los protagonistas leen a cámara en el que se enumera "una lista de agravios y vulneración de derechos que han tenido lugar en los últimos años en el Estado", según la entidad.

La Policía Nacional está registrando dependencias de la Generalitat de Cataluña en el marco de una investigación sobre el censo utilizado en el referéndum del pasado 1 de octubre y ha detenido a una persona, según fuentes de la investigación consultadas por Europa Press.

En concreto, los registros, ordenados por el Juzgado de instrucción 13 de Barcelona, se están produciendo en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y la Consejería de Economía del Gobierno catalán, concretamente en el despacho del jefe del gabinete del secretario general de Vicepresidencia. También se están registrando instalaciones de Mediapro.

Más de 175.000 ciudadanos se han movilizado este domingo en Euskadi para reivindicar el derecho a decidirderecho a decidir, formando una cadena humana que ha conectado Bilbao, San Sebastián y Vitoria, y que ha concluido con la lectura de un manifiesto frente al Parlamento Vasco, en la capital alavesa, según datos de la organización recogidos por Europa Press.

La movilización, convocada por la plataforma Gure Esku Dago (Está en nuestras manos), ha contado con la participación de destacados dirigentes políticos como el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, o el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián.

La cadena humana de Gure Esku Dago ha unido las tres capitales de la comunidad autónoma, en un recorrido de 202 kilómetros.

Los organizadores han contado con la ayuda de 500 voluntarios y han movilizado mil autobuses para desplazar desde sus lugares de residencia a las personas que han respaldado la cadena.

En el acto de clausura, portavoces de Gure Esku Dago han leído un manifiesto en el que han subrayado que con la movilización de este domingo "este pueblo ha dejado muy claro que no está dispuesto a dar pasos atrás en sus objetivos". Así, el colectivo mostró su confianza de que en 2019 se puedan dar "pasos significativos para avanzar en el derecho a decidir", que consideran "un instrumento fundamental para garantizar la convivencia a largo plazo", porque "teniendo como único límite la voluntad democrática de la ciudadanía, permite defender todos los proyectos políticos en igualdad, sin exclusiones".

Sin "prejuicios"

Esta plataforma considera que es el momento de "redoblar el esfuerzo" y de "dejar de lado los prejuicios" para alcanzar la soberanía, un proceso en el que mostró su voluntad de colaborar con los partidos políticos, con las instituciones y con los agentes sociales. Con ese fin, el colectivo anunció que en los próximos meses tratará de promover "un espacio permanente de colaboración y consenso" que conduzca a "un pacto de país que, teniendo en cuenta los diferentes territorios –Euskadi, Navarra y el País Vasco francés–, nos lleve a decidir qué futuro queremos".

Gure Esku Dago, que elaboró un documento con 2.019 razones para reclamar el derecho a decidir, anunció que tras esta cadena en Euskadi espera poder "llegar pronto" con sus propuestas al Parlamento de Navarra. La cadena humana, en la que han participado más de 175.000 ciudadanos, destacó que se trata de "la mayor movilización en Euskal Herria" en favor del derecho a decidir.

PNV y EH Bildu, protagonistas en la movilización

El presidente del GBB –ejecutiva guipuzcoana del PNV–, Joseba Egibar, defendió que la cadena se trata de “un ejercicio de autoestima, de pensar que el futuro nos pertenece a todos y de un modo inclusivo lo tenemos que ganar y protagonizar”. “Esta es una manera plástica de mostrar esa adhesión al derecho a decidir", señaló en referencia a la Gure Esku Dago, en la que él mismo participó.

"Codo con codo, los vascos podemos conseguir muchas más cosas de las que nos imaginamos", apostilló el dirigente jeltzale, indicando que "el futuro nos pertenece a todos".

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran –también del PNV–, defendió también su participación en la cadena afirmando que "el pueblo vasco tiene derecho a decidir su futuro con total libertad". Así, Urtaran recordó que el PNV, como partido, "siempre ha defendido este derecho". "Todos los pueblos tienen derecho a decidir libremente su futuro" defendió el jeltzale citando el primer artículo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de Naciones Unidas.

Por otro lado, la portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Maddalen Iriarte, instó a los responsables políticos a que "no cierren los ojos ante los miles de ciudadanos vascos que han salido a la calle" para respaldar la Gure Esku Dago en favor del derecho a decidir.

La parlamentaria abertzale, presente en la cadena de Vitoria, destacó que "miles de vascos han salido a la calle para reivindicar el derecho a democrático a decidir", reiterando que EH Bildu reclamará este derecho en todas las instituciones en las que está presente.

PSE y PP, en contra

El secretario de Organización del PSE-EE, Miguel Ángel Morales, ha considerado que la presencia de alcaldes o diputados generales en la cadena humana celebrada este domingo por Gure Esku Dago supone representar "un papel que no les corresponde", ya que "se deben a reivindicaciones útiles para mejorar la vida de todos y todas y no a movilizaciones de parte".

En un comunicado, Morales ha resaltado además que el sentir mayoritario de la sociedad vasca "no está en la independencia ni en un escenario como el de Cataluña" y ha instado a todas las formaciones políticas a dar respuesta "a las demandas que plantea cada día una inmensa mayoría de vascos y a sumar esfuerzos para construir una Euskadi centrada en el progreso económico, el empleo de calidad y la lucha contra la desigualdad".

Por su parte, el PP vasco ha responsabilizado al PNV de "avivar la ruptura social" en Euskadi al "apoyar de un modo irresponsable" la cadena humana a favor del derecho a decidir promovida por Gure Esku Dago y ha criticado que la cita haya contado con el "respaldo" de la formación nacionalista, así como de cargos institucionales como los alcaldes de las tres capitales vascas o del diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, entre otros.

En un comunicado, la secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha tildado de "temeridad" que diputados generales y alcaldes hayan secundado la iniciativa de tal formar que ha quedado de manifiesto cómo los líderes de estas instituciones "priorizan sus intereses ideológicos a los intereses de la ciudadanía a la que representan".

El PNV y EH Bildu han acordado este miércoles una propuesta de preámbulo para un eventual nuevo estatuto vasco, en el que reivindican el derecho a decidir de los ciudadanos de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa para configurar, de acuerdo al "principio de legalidad", un nuevo modelo de relación "de igual a igual" con el Estado español, basado en la bilateralidad y de naturaleza "confederal", informó Europa Press.

La iniciativa no ha sido votado en la reunión de este miércoles y será sometida al parecer de los grupos el miércoles de la próxima semana. En la reunión de esta mañana en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco, PNV y EH Bildu han aprobado el texto del preámbulo de nuevo estatuto, al que no se han sumado Elkarrekin Podemos, el PSE-EE ni el PP.

La propuesta para el preámbulo del nuevo estatuto de Euskadi —cuyo texto definitivo y completo aún deberá pasar por un largo periodo de tramitación— establece que "la actualización del autogobierno vasco deberá atender al principio de legalidad".

Así, el PNV y EH Bildu proponen en el Nuevo Estatus para Euskadi que se reconozca "la nacionalidad vasca" a la ciudadanía que reside en la Comunidad Autónoma, en los términos que se regule por ley, y aseguran que "nadie será discriminado por razón de su nacionalidad ni será privado arbitrariamente de ella".

En el precepto referido a "la ciudadanía y nacionalidad", al que ha tenido acceso Europa Press, se indica que "el Nuevo Estatus Político anudará la ciudadanía vasca con la vecindad administrativa en alguno de los municipios del sujeto político", que se circunscribe a los territorios de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, que será el "sujeto político" con derecho a decidir y que tendría una relación de bilateralidad con el Estado, de tipo "confederal" y sin "subordinación".

En este sentido, apunta que "se establecerá que todas las ciudadanas y ciudadanos vascos, sin ningún tipo de discriminación, dispondrán de los derechos y deberes que les reconozca el Nuevo Estatus Político y el ordenamiento jurídico vigente".

"El reconocimiento de la ciudadanía vasca y la utilización de la vecindad administrativa como punto de conexión, posibilita el acceso a los servicios públicos a las personas que vivan en el sujeto político, con independencia de cuál sea su procedencia o nacionalidad", asevera.

Nacionalidad vasca

El documento señala que, "habida cuenta del carácter plurinacional del Estado español y las características del nuevo modelo de relación con el Estado contenida en el Nuevo Estatus Político, se reconocerá la nacionalidad vasca a la ciudadanía vasca en los términos regulados por ley, aprobada en el Parlamento Vasco". Asimismo, el texto apunta que "se establecerá también que nadie será discriminado por razón de su nacionalidad ni será privado arbitrariamente de ella".

En él, los jeltzales y la coalición soberanista reivindican el derecho a decidir de los ciudadanos de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa para configurar, de acuerdo al "principio de legalidad", un nuevo modelo de relación "de igual a igual" con el Estado español, basado en la bilateralidad y de naturaleza "confederal".

Plan Ibarretxe

El PSE-EE y EH Bildu han denunciado, tras el encuentro de este miércoles, que el texto de Título Preliminar "diferencia" entre "ciudadanos y nacionales vascos", tal como recogió en un principio el Plan Ibarretxe.

En el Nuevo Estatuto para la Comunidad de Euskadi que impulsó el exlehendakari Juan José Ibarretxe, se señalaba que "corresponde la ciudadanía vasca a todas las personas que tengan vecindad administrativa en alguno de los municipios de la Comunidad de Euskadi" y que "todas las ciudadanas y ciudadanos vascos, sin ningún tipo de discriminación, dispondrán en la Comunidad de Euskadi de los derechos y deberes que reconoce el presente Estatuto y el ordenamiento jurídico vigente".

Asimismo, apuntaba que "se reconoce oficialmente la nacionalidad vasca a todas las ciudadanas y ciudadanos vascos, de conformidad con el carácter plurinacional del Estado español".

"La adquisición, conservación y pérdida de la nacionalidad vasca, así como su acreditación, será regulada por una Ley del Parlamento Vasco que se ajustará a los mismos requisitos exigidos en las leyes del Estado para la nacionalidad española, de modo que el disfrute o acreditación indistinta de ambas será compatible y producirá en plenitud los efectos jurídicos que determinen las leyes", añadía, para subrayar que "nadie podrá ser discriminado en razón de su nacionalidad ni privado arbitrariamente de ella".

El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Joan Tardà, ha acusado este jueves al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de haberse convertido en un "fanático" por asegurar en esta ocasión que el 155 debe extenderse la aplicación del artículo 155 de la Constitución si quien ocupe la Presidencia de la Generalitat no respeta la vía autonomista.

"Cada vez se parece más a José Antonio Primo de Rivera. Es un fanático", ha llegado a decir Tardà, quien considera que el líder de la formación naranja se ha acostumbrado a vivir "en plena tontería".

"Si ése tiene que ser una aspirante a comandar el Gobierno de España algún día, ¡pobres españoles y pobres catalanes", ha proclamado el independentista catalán en los pasillos del Congreso de los Diputados.

Preguntado sobre la investigación que el Ministerio de Hacienda ha puesto en marcha para sancionar al expresidente catalán Carles Puigdemont por no haber declarado sus bienes, Tardà ha censurado esa decisión con la que, a su juicio, el Gobierno sólo trata de "asediar, derribar, demoler y, si puede, encarcelar algún día a señor Puigdemont". Siempre hemos dicho que no estamos hablando de justicia, sino de crueldad y venganza", ha defendido.

Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes a seis personas en Malgrat de Mar, Arenys de Mar, Òrrius (Barcelona) y Solsona (Lleida) por presuntos delitos de atentado a los agentes, desobediencia y desórdenes públicos por los hechos del 30 de enero en el Parque de la Ciutadella de Barcelona, ha informado el cuerpo policial a Europa Press.

Manifestantes que participaban en una movilización a favor de la investidura del diputado de JxCat Carles Puigdemont forzaron las puertas del Parque de la Ciutadella para acceder al recinto donde está el Parlament.

Los Mossos habían desplegado un dispositivo conjunto con la Policía Nacional y los manifestantes superaron las puertas del parque, principalmente la del paseo Lluís Companys, rompiendo el cordón de seguridad a partir de las 16.15 horas del 30 de enero.

Según han explicado a Europa Press fuentes policiales, la operación de este jueves consta de un doble registro: uno dentro de la sede de Òmnium, en la calle Diputació de Barcelona, y otro en la Secretaría de Difusión, perteneciente a la Conselleria de Presidencia. El juzgado también ha ordenado la entrada en un domicilio particular y Òmnium ha negado que sea en el de ninguno de sus trabajadores y miembros de la dirección.

La Guardia Civil ha finalizado pasadas las 12.00 horas de este jueves el registro en el despacho del secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat, Antoni Molons, que después ha sido trasladado detenido a la Comandancia de la Guardia Civil ubicada en la Travessera de Gràcia de Barcelo. Horas después fue puesto en libertad.

Según han explicado a Europa Press fuentes de la investigación, a primera hora los investigadores han acudido al despacho de Molons, donde se ha hecho un primer registro, y sobre las 11 horas le han trasladado al Palau, donde han entrado por la puerta de la plaza Garriga, todo por orden del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona.

Ante el Palau de la Generalitat se han concentrado unas 200 personas para protestar por el registro policial y han lanzado consignas pidiendo la "libertad de los presos políticos", además de cantar 'L'Estaca' de Lluís Llach, después de que la CUP llamara a concentrarse.

Los Mossos d'Esquadra han custodiado la Generalitat mientras agentes de paisano de la Guardia Civil realizaba el registro en el despacho de Molons, a quien se vincula las campañas de publicidad en medios de comunicación sobre el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre tuvieron un coste 502.639 euros, según la investigación preliminar de la Guardia Civil. El Instituto Armado ha analizado facturas y tomado diversas declaraciones de altos cargos y empresarios para rastrear el dinero público usado con tal fin tanto en el anuncio emitido por TV3 como para la campaña previa sobre el registro de catalanes en el extranjero.

Registros en la sede de Òmnium

Los agentes de la Guardia Civil que han entrado en la sede de Òmnium Cultural retienen a siete empleados y a miembros de la dirección de la entidad mientras registran sus direcciones de correo electrónico. Fuentes de Òmnium han explicado a Europa Press que los agentes "están secuestrando el correo electrónico de los trabajadores y cambiando contraseñas", y niegan que se haya entrado en el domicilio de ningún empleado o miembro de la junta.

El Instituto Armado ya entró en las dependencias de Òmnium el 24 de enero para recoger por orden judicial los correos electrónicos del presidente de la entidad, Jordi Cuixart, y el mismo día entró también en la sede de la ANC.a con el pago de las campañas de publicidad del 1-O.

Lo ha explicado en declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press, en alusión a las concentraciones que hubo ante la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017 en pleno registro policial y que acabaron con el presidente de la entidad, Jordi Cuixart, y Jordi Sànchez (JxCat) en la cárcel, donde aún permanecen.

"La instrucción del juez indica explícitamente que vigilemos y que no cometamos un nuevo 20 de septiembre porque se podría incurrir en un delito de rebelión si se convoca una manifestación ante las puertas de la entidad", ha detallado.

Mauri, que no ha llegado a entrar en la sede este jueves, ha calificado el registro de "ataque vergonzoso" y ha apuntado a que la operación se debe que están buscando si ha existido por parte de la entidad una malversación de fondos públicos.

Ha visto innecesario el registro y ha concluido: "Sería suficiente con mirar nuestra página web donde están las cuentas tranquilamente publicadas y donde se ve que desde hace años no cobramos ni un duro de la Generalitat".

Mauri ha explicado que en 2017 hicieron una campaña para fomentar la participación en el referéndum porque "nadie" les dijo que no la podían hacer, y ha asegurado que en ningún caso asumieron el papel que debía hacer el Govern u otras instituciones públicas.

"No encontrarán nada de lo que están diciendo que buscan", ha zanjado, y ha asegurado que Òmnium seguirá haciendo su trabajo y que registros como este no implicarán que dejen de hacer aquello que la entidad hace, siente y piensa.

Mauri ha dicho que quienes están retenidos dentro la sede son trabajadores y no miembros de la junta directiva de la entidad, y ha relatado que no le consta que se estén registrando domicilios particulares de miembros de Òmnium.

"Están haciendo un registro general en toda la sede y parece que se quieren llevar documentación económica. No encontrarán ningún vínculo de pago con la Generalitat", ha concluído.

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que "al derecho a decidir se le puede encontrar acomodo en el marco legal", aunque dice ser consciente de que la negociación del Estatuto "no va a ser el cuento de Alicia en el País de las Maravillas".

En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale asegura, además, que pese a que la formación jeltzale "no votó la Constitución y hoy todavía la ve insuficiente", está haciendo "más esfuerzos que nadie por articular una propuesta" de autogobierno dentro de los límites de la Carta Magna.

Tras valorar la propuesta realizada por el PNV en la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco, Ortuzar advierte de que si se acepta de salida la "teoría del PP y del PSOE de que hay unos límites férreos imposibles de franquear, eso nos llevaría a que Euskadi tiene un Estatuto más de régimen común, que especial".

A su juicio, un régimen de bilateralidad entre Euskadi y el Estado "no es inconstitucional" y resalta que el PNV es consciente de que "en Europa las soberanías son compartidas". "El asunto es cómo garantizas que cuando haya un conflicto, nos vamos a sentar a la mesa con las mismas condiciones. Ya lo tenemos con el Concierto económico", señala, al tiempo que aboga por que "cuando haya un conflicto, busquemos algo parecido a la Comisión Mixta del Concierto".

A su juicio, el Tribunal Constitucional es "un buen tribunal para los derechos civiles, pero no para el desarrollo del estado de las autonomías". Asimismo, considera que "lo más curioso de este proceso es que el PNV, que no votó la Constitución y que hoy todavía la ve insuficiente, está haciendo más esfuerzos que nadie por articular una propuesta dentro de los límites de la Carta Magna".

"Los que se llenan la boca todo el día hablando de la Constitución me da la sensación de que no se la han leído o no quieren leer todas sus potencialidades. Algo que sí hacemos nosotros", expresa.

En este contexto, cree que el PP "muy al final", pero se sumará a la reforma estatutaria, mientras que en lo que respecta a EH Bildu considera que "sería muy bueno y para nosotros muy importante".

"Pero la izquierda abertzale no puede pretender que arrinconemos al resto del país. De lo que se trata es de que estemos todos, por supuesto también el Partido Socialista", incide, al tiempo que recuerda que "hay que tener claro que este tema hay que llevarlo a Madrid y allí tendremos que tener aliados, gente que nos entienda".

Respecto al derecho a decidir, cree que es una reivindicación a la que se le puede "encontrar acomodo en el marco legal", aunque dice ser consciente de que la negociación del Estatuto "no va a ser el cuento de Alicia en el País de las Maravillas". Por otro lado, manifiesta que las relaciones con el PP y Mariano Rajoy están "en stand by".

Asimismo, señala que el problema del Estado "no se arregla con elecciones anticipadas" y considera que en estos momentos, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, "es más un problema que una solución".

Reacción del PP

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha acusado al PNV de haber presentado "un proyecto unilateral y rupturista, un plan Ibarretxe edulcoradoplan Ibarretxe " en la Ponencia de autogobierno que, a su juicio, "busca liquidar el Estatuto de Gernika".

En una entrevista publicada en El Diario Vasco, recogida por Europa Press, Alonso manifiesta, además, que aunque estamos en ambiente de "estabilidad" en el País Vasco, en lo que respecta al debate sobre la reforma estatutaria "deslizarnos hacia un terreno peligroso no favorece a nadie".

En este sentido, cree que el PNV "quiere volver a la política de frentes y reeditar el plan Ibarretxe". "Ha presentado un plan Ibarretxe edulcorado. Pero es lo mismo: recoge el principio de autodeterminación. Ese papel es un proyecto que quiebra el principio de soberanía, una propuesta de ruptura, una propuesta peligrosa que desborda la legalidad", indica.

No obstante, cree que el PNV "no se atreve a dar el paso" dado por las instituciones catalanas e incide en que "para dar un paso más, necesitan una mayoría y quien puede dársela es EH Bildu".

A su juicio, la Ponencia de autogobierno "no ha derivado en una reforma del Estatuto de Autonomía, si no que lo que quiere es liquidarlo y sustituirlo por otra cosa basada en el derecho a la autodeterminación y la quiebra del principio de soberanía".

El expresidente del Gobierno José María Aznar analizaba el pasado miércoles 8 de noviembre, en una entrevista concedida a la Cadena Ser, el paradigma actual en Cataluña. Y lo hacía sin perder la oportunidad de elogiar los años de su partido en el Gobierno central, frente al mandato socialista que su juicio fue clave en el desarrollo del independentismo catalán. "Si uno analiza los estudios sociológicos del CIS y del CEO entonces usted verá que el sentimiento independentista se dispara a partir del año 2006, 2007 y 2008", afirmaba el expresidente. Lo cierto es que la encuesta del CIS no mide el sentimiento independentista, sino el nacionalista. Sí lo lleva haciendo el CEO desde su creación en 2005, y sí se percibe asimismo en los resultados electorales de los principales partidos independentistas en los comicios autonómicos y generales de los últimos años.

Aznar no es el único líder político que ha echado la vista atrás para comentar la evolución del independentismo. El expresident de la Generalitat Artur Mas (CiU) recordó el pasado martes la sentencia del Tribunal Constitucional que en 2010 anulaba parte del Estatut de Cataluña, y lo identificó como el origen del independentismo. El también expresident José Montillá (PSC), no obstante, puso en duda dicha génesis y se mostró más partidario de señalar a la crisis económica como el viraje que explica el auge soberanista.

El análisis de los tres frentes (encuestas, elecciones catalanas y elecciones estatales) permite entrever una serie de momentos clave que explican la evolución del movimiento independentista en Cataluña. La sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut catalán o el inicio de las movilizaciones organizadas por la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural son algunos de los fuelles que han dado impulso al soberanismo y que, como consecuencia, han dejado huella en las encuestas anuales y en los comicios fuera y dentro de suelo catalán.

Encuestas: de tercer puesto a opción dominante

El Baròmetre d’Opinió Política que elabora el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) anualmente cuenta con una cuestión sobre el modelo territorial que los encuestados prefieren para Cataluña, y cuyas opciones pasan por una región de España, una comunidad autónoma, un Estado dentro de una España federal o un Estado independente. Esta última respuesta ha ido sumando fuerza con los años.

La primera encuesta, con un trabajo de campo que va del día 6 a 11 de junio de 2005, revelaba un 13,6% de población catalana que se inclinaba por la independencia, a una distancia importante del 31,3% que optaba por una España federal y del 40,8% que elegía el actual modelo de autonomías. La cifra se mantiene estable, oscilando entre el 13% y el 17%, durante los siguientes años. Los independentistas eran el 19,4% en enero de 2010, pero entre el 28 de junio y el 8 de julio ya superan la barrera del 20% y se posicionan en un 24,3%. ¿El motivo? Justo el 28 de junio de 2010 tiene lugar la sentencia que da pie al recorte del Estatut que había sido refrendado por los catalanes a través del referéndum celebrado en 2006.

Pero es a principios de junio de 2012 cuando alcanza por vez primera la cumbre, superando a la idea de Estado federal y de España de las autonomías. El proyecto independentista recibe el 34% de apoyo por parte de los encuestados, respaldo que subiría hasta diez puntos en sólo cinco meses. 

Precisamente el año 2012 resulta clave para el movimiento independentista. En septiembre de 2012, la entonces presidenta de la Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, organiza la manifestación Cataluña, nou estat d’Europa, para conmemorar la Diada. La marcha reunió a centenares de miles de personas con una evidente reivindicación soberanista. La primera gran muestra de fuerza del independentismo catalán. Fueron dos millones de personas, según los organizadores (1,5 millones según la Guàrdia Urbana), las que colmaron las calles de Barcelona aquel 11 de septiembre. El mismo mes de septiembre se produce otro acontecimiento importante. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantiene una serie de reuniones, algunas en secreto, con Artur Mas que concluyen en la negativa del Estado a aceptar el pacto fiscal por ser "contrario a la Constitución". El president de la Generalitat explicaba poco después que según Rajoy "no había margen para negociar un pacto fiscal" y lamentó que el Gobierno desperdiciara "una oportunidad histórica".

Es entonces, tras la encuesta de octubre de de 2012, cuando el fervor independentista alcanza el 44,3% y continúa en aumento progresivo hasta que a finales de 2013 abraza su máximo, con un 48,5%. La opción de una España organizada mediante comunidades autónomas se encuentra ya muy por detrás, con un 18,6%, mientras que el modelo federal se queda con un 21,3%. La Diada de 2013 fue fundamental para el empuje independentista. Una cadena humana, formada por 1,6 millones de personas según la Generalitat, recorrió cerca de 400 kilómetros como reclamo de una Vía catalana hacia la independencia. El objetivo, exigir un Estado propio para Cataluña. 

Desde entonces, la alternativa independentista se ha mantenido, según el CEO, unos puntos por debajo, en torno al 40%. En julio de 2017 sufrió un descenso notable hasta quedar en el 34,7%, pero en octubre, tras la celebración del referéndum del 1O, volvió a estabilizarse en el 40,2%. No ha dejado de ser, desde el año 2012, la opción favorita de los catalanes encuestados.

  Elecciones catalanas: viraje de CiU y aparición de la CUP

Los comicios autonómicos son también reflejo del calado independentista entre el electorado catalán, si bien CiU comenzó a dejar a un lado su discurso nacionalista para introducir aspiraciones marcadamente independentistas a partir, aproximadamente, del año 2012.

La suma de CiU y ERC se ha movido entre un mínimo de 57 escaños (47 para CiU y catorce para ERC en 1980) y un máximo de 81 (70 CiU y once ERC en 1992). En 2003 y 2006 ambas formaciones se mantienen con un total de 69 escaños, y ya en 2010 suben hasta los 72 (con un reparto de 62 para CiU y diez para ERC), coincidiendo con la campaña del PP contra el Estatut de Cataluña y la sentencia del Tribunal Constitucional avalando la inconstitucionalidad de 14 artículos. En 2012, ya con la CUP dentro del arco autonómico, la suma de los tres partidos permite al ala independentista obtener 74 escaños (50 CiU, 21 ERC y tres para la CUP), paralelamente al inicio de las movilizaciones y la masiva Diada por la independencia. Los comicios de septiembre de 2015, con Junts pel Sí como producto de la coalición entre Convergència y ERC, dejan al independentismo catalán con 72 escaños de nuevo (62 la coalición y diez de la CUP).

En cuanto a porcentaje de voto, la evolución apenas deja grandes cambios en términos porcentuales. Si en 1980 la suma de ambos partidos era del 36,55% (27,68% CiU y 8,87% ERC) el máximo en 1992 es del 54,79% (46,74% CiU y 8,05% ERC). Lo cierto es que entre 1984 y 1995 la suma de las dos formaciones se sitúa en torno al 50%, pero a partir de 1999 va a quedar siempre por debajo. Su máximo se produce en los años 2012 y 2015, ya con la CUP dentro del escenario político. En 2012 el porcentaje obtenido es del 47,8% (30,7% para CiU, 13,7% para ERC y 3,47% para la CUP) y el mismo se repite en 2015, esta vez con un 39,59% para la coalición y un 8,21% para la CUP.

El número de votos revela asimismo picos en la evolución. El peor año en este sentido es 1995, con un total de 437.938 papeletas a favor de la suma entre CiU (que obtiene 132.071) y ERC (con 305.867). El mejor, por contra, es 2015, con 1.628.714 votos para la coalición y 337.794 para la CUP, es decir, un total de 1.966.508. También 2012 deja buenos resultados para los independentistas en cuanto a número de votos, siendo 1.740.818 el total registrado (1.116.259 para CiU, 498.124 para ERC y 126.435 para la CUP).

Elecciones estatales: bajo mínimos con Zapatero

Una vez más, el comportamiento electoral también en el Estado español se mueve en base a una serie de momentos clave, aunque la estabilidad de CiU y ERC es notable en el Congreso: apenas seis escaños de diferencia entre su peor y su mejor momento y sólo 1,5 puntos en cuanto al porcentaje de voto.

En 1996 ambos ocupan 17 escaños (16 CiU y uno ERC), y la situación continúa siendo similar en las elecciones del 2000, con 16 actas (15 CiU y uno ERC). En 2004, después de los gobiernos de José María Aznar y del Pacto del Tinell que lleva a un tripartito de izquierdas a gobernar Cataluña, ERC consigue el mejor resultado de su historia (ocho escaños) y logra, junto a CiU, 18 asientos en la Cámara Baja. En 2008, tras el primer mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el independentismo sufre un notable descenso en cuanto al número de escaños, pasando a ocupar trece (diez CiU y tres ERC). Pero la situación vuelve a dar un giro en el año 2011, de nuevo tras la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut de Cataluña, a la que precedió la recogida de firmas y campaña por parte del PP. CiU y ERC consiguen entonces 19 diputados, 16 para los primeros y tres para los republicanos. Desde entonces, las elecciones de 2015 y 2016 han dejado al independentismo catalán (PDeCAT y ERC) con un total de 17 escaños en el Congreso (ocho los primeros y nueve los segundos).

En cuanto a porcentaje de votos, el mínimo histórico después del tenue inicio de 1979 se produce en 2008, tras el Gobierno socialista de Zapatero. Ambos suman entonces un 4,19% de las papeletas (3,03 CiU y 1,16% ERC). Las diferencias apenas varían en décima y media, siendo el máximo el año 2004 con un 5,75% de los votos (3,23% CiU y 2,52% ERC). 

Por último, el número de papeletas independentistas depositadas en las urnas de los comicios generales deja a los años 1979 y 1982 como los mínimos registrados, pero inmediatamente después aparece de nuevo el 2008, con un total de 1.077.564 (779.425 para CiU y 298.139 para ERC). El mandato de Zapatero se consolida como el que menos independentistas dejó a su paso. Por el contrario, y coincidiendo con los datos anteriores, el número de votos alcanza su máximo en el año 2004, tras el Gobierno de Aznar. Logra entonces 1.487.667 apoyos (835.471 CiU y 652.196 ERC).

Así lo argumentan los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira en los escritos en los que rechazan los argumentos que esgrimen los conocidos como los Jordis en los recursos que han presentado ante la Sala de lo Penal contra el auto de prisión dictado por la jueza Carmen Lamela.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 envió a prisión provisional a los representantes de las entidades soberanistas el pasado 16 de octubre argumentando riesgo de fuga por la alta pena que conlleva el delito de sedición (hasta diez años de prisión en estos dos casos), riesgo de destrucción de pruebas y riesgo de reiteración delictiva.

Los fiscales subrayan en sus escritos que este último supuesto "se objetiviza" porque "a día de hoy", los investigados continúan "llamando a la movilización social" para "conseguir de las autoridades catalanas la desconexión forzosa de Cataluña".

Y es que, de hecho, la ANC publicó el jueves un mensaje en la red social Twitter supuestamente enviado por Sánchez desde la prisión de Soto del Real. El mensaje, atribuido al hijo del dirigente catalán, decía que "sabiduría, coraje y unidad son clave" e instaba a "buscar un acuerdo hasta el último minuto". "No se lo pongamos fácil", añadía.

Las regiones italianas de Lombardía y Véneto han votado este domingo de forma aplastante a favor de una mayor autonomía dentro del ámbito italiano, una votación no vinculante y legal impulsada para demandar un nuevo reparto fiscal a Roma.

Según los resultado preliminares, la votación se ha saldado con un 98 % a favor del "sí" en el Véneto y un 95 % favorable a esta opción en el caso de Lombardía, con una participación cercana al 60 % en ambos casos.

El gobernador del Véneto, Luca Zaia, ha subrayado que la provincia "está preparada para el diálogo con el Gobierno y para ser un laboratorio de autonomía", reclamando además el 90 % de los ingresos por impuestos.

Por su parte, el gobernador de Lombardía, Roberto Maroni, ha indicado que la votación abre la puerta a "la batalla del siglo", destacando también su disposición a dialogar con el Ejecutivo.

En este sentido, el vicesecretario para Asuntos Regionales de Italia, Gianclaudio Bressa, ha indicado que "el Gobierno está preparado para iniciar una negociación", tal y como ha recogido el diario local La Repubblica.

Tanto Lombardía como el Véneto -motores económicos transalpinos- están gobernadas por la Liga Norte, una organización otrora secesionista y con veleidades neofascistas que aspira con la consulta obtener una herramienta para sentarse a negociar con el Gobierno central.

Lombardía, con capital en Milán, supone el 20% del PIB italiano y el Véneto, con capital en Venecia, supone otro 10 % de la riqueza del país.

La Liga Norte se creó en la década de 1990 para reivindicar un estado independiente, Padania, que incluiría toda la franja norte de Italia, desde Lombardía al Véneto. La formación ya no defiende la independencia, pero argumenta que los impuestos que se recaudan en el norte son dilapidados por una ineficaz burocracia centralista.

Aunque los resultados de la consulta no sean vinculantes, la Constitución italiana permite a las regiones negociar con el Gobierno central en cualquier momento la descentralización de competencias.

Maroni defendió antes de la votación que una victoria del "sí" a una mayor autonomía le habilitaría para negociar con más medios en Roma. "Es evidente que cuanto mayor poder de negociación tenga, más dinero podré traer de vuelta a casa", argumentó. El objetivo es que la región gestione 27.000 millones de euros más de sus propios impuestos.

Sin embargo, los analistas no creen que Roma ceda gran cantidad de dinero a las regiones del norte, ya que ello supondría recortar la inversión en el sur, mucho menos boyante económicamente.

En cambio, historiadores como Giovanni Orsina, de la Universidad LUISS Guido Carli de Roma advierten de que un sí muy claro profundizaría la tradicional división norte-sur de Italia.sí "Si abres el melón de lo que pagan las regiones del norte, tendrá consecuencias en el sur de Italia", ha apuntado.

España rebaja el tono y afloja la presión sobre Gibraltar en la larga antesala del Brexit, que deberá culminar en marzo de 2019. El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis (PP), ha marcado prioridades propias y un discurso distinto al de su antecesor, José Manuel García Margallo, sobre la espinosa cuestión del Peñón, un cambio apreciado e incluso agradecido por el Gobierno de Gibraltar. Los alcaldes del entorno de la Roca, así como sindicatos y asociaciones empresariales, presionan al Gobierno para que facilite un Brexit blando para el Peñón, un motor económico del que depende la cuarta parte de la PIB de una comarca, el Campo de Gibraltar, de más de 250.000 habitantes y castigada por el paro y la escasez de alternativas económicas. Dastis, que ha abandonado la retórica amenazante y despectiva de su antecesor, ha situado la necesidad de amortiguar el impacto del Brexit en ciudades como Algeciras y la Línea como objetivo básico de su gestión del problema.

Margallo ponía al frente de todas sus preocupaciones la cosoberanía o soberanía compartida, una propuesta con pocos visos reales de ser aceptada por Londres y rechazada de plano por la mayoría de los gibraltareños y sus autoridades. Al mismo tiempo el ex ministro advertía de que tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea la verja con Gibraltar se convertiría en una frontera exterior de la que España tendría el control, lo cual sonaba a amenaza de obstaculización del tránsito de personas y mercancías.

La verja es un valioso instrumento de presión en manos de España. La perspectiva de su utilización política resulta inquietante para la comarca del Campo de Gibraltar, uno de cuyos principales activos es la proximidad económica del Peñón. Pesa en la zona el recuerdo del cierre de la verja entre 1969 y 1982, de desastrosas consecuencias, que ha dejado un profundo trauma en la zona. Dastis, que no ha renunciado a la cosoberanía pero hace mucho menos hincapié en la misma que Margallo, se esfuerza en disipar estos temores y subraya su preferencia por un Brexit controlado que minimice el impacto en la comarca. "España no va a cerrar la Verja. No se desea perjudicar la vida diaria de los ciudadanos", señala Exteriores a infoLibre.

El vecindario, antes que la patria

El vecindario va antes que la patria y el empleo antes que la bandera. Dicho de otro modo: el pragmatismo se está imponiendo al esencialismo. "Yo soy de 'Gibraltar español', pero hay que ser inteligentes", afirmó Dastis en febrero, una frase impensable en Margallo.

En otra ocasión, el 28 de septiembre pasado, Dastis se soltó aún más. "Uno puede comprender a Gibraltar, mire lo que tenemos al otro lado de la verja. ¿Usted cree que quieren ser como esa otra gente?", afirmó en una respuesta al público durante una conferencia en Madrid, una declaración que –admitió– podía parecer una "herejía", pero que era lógica teniendo en cuenta la "degradación" de La Línea de la Concepción (Cádiz, 64.000 habitantes), la vecina española de Gibraltar.

Declaraciones duras, pero que pasaron desapercibidas, porque la crisis catalana devora toda la atención. No obstante, ahí quedaron: el ministro de Exteriores español admitiendo que es normal que Gibraltar no quiera ser española, porque la comarca gaditana que rodea a la Roca pierde por comparación. "Yo soy muy sensible y me conmovió el alcalde de La Línea, que está entregado a su ciudad, porque dice que su ciudad se muere", añadió Dastis.

61.000 frente a 16.000 euros per cápita

El ministro es de Jerez de la Frontera (Cádiz). El Campo de Gibraltar le pilla cerca. Lo conoce, no habla de oídas. Sabe que, al margen del enquistado conflicto diplomático entre Reino Unido y España por la soberanía de Gibraltar, la Roca tiene una microrrelación especial con este trozo de España. Margallo conocía menos esta realidad. Por eso la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, donde hay también alcaldes de su partido, le había entregado en octubre de 2016 un informe explicativo de la situación que pretendía dos cosas: una) dejar constancia ante el ministerio de la particular relación de la comarca con Gibraltar y del impacto de su salida de la UE; dos) pedir medidas compensatorias. Los datos que incluye el informe explican la modulación de la postura diplomática española, al tiempo que ilustran hasta qué punto una salida traumática de Gibraltar de la UE sería un latigazo para su entorno español.

El estudio recoge que Gibraltar, con 29.000 habitantes, tiene una renta per cápita de 61.000 euros y una tasa de paro prácticamente inexistente. El Campo de Gibraltar suma 265.000 habitantes, una renta per cápita de 16.000 euros y una tasa de paro del 32%. De los desempleados, un 92% no tiene formación secundaria. Hay un abismo a un lado y otro de la verja. ¿Por qué iba a querer Gibraltar saltar?

El turismo, el tráfico portuario y las empresas online, así como las exenciones y beneficios fiscales derivados de su particular estatus jurídico-político, hacen de la Roca una pequeña potencia económica, cuya riqueza irradia hacia toda la comarca. 10.000 trabajadores españoles, la mayoría de La Línea de la Concepción, cruzan cada día la verja para trabajar en los siete kilómetros cuadrados de la Roca. Un informe de la Cámara de Comercio de Gibraltar cifró la aportación del Peñón a la comarca en 2013 en casi 1.000 millones de euros, un 25% del PIB de la comarca. Los efectos del Brexit ya se notan. La devaluación de la libra en relación al euro está afectando al poder adquisitivo de los trabajadores españoles en Gibraltar.

Medidas compensatorias

En el informe entregado en octubre a Margallo, la Mancomunidad del Campo de Gibraltar reclama al Gobierno medidas ante los posibles efectos del Brexit: un plan de empleo, programas de formación, estrategias de desarrollo, inversiones –es crónico el déficit de las conexiones ferroviarias del puerto de Algeciras... La medida solicitada de mayor impacto es el reconocimiento de un régimen fiscal especial para atraer empresas y actividad económica.

"En el Campo de Gibraltar hay 30.000 parados, más de un 30% de la población activa. Hay que tener en cuenta que Gibraltar es también una gran empresa, que da trabajo a 10.000 personas. Cualquier repercusión negativa nos perjudicaría", señala Luis Ángel Fernández, concejal en Algeciras y presidente de la mancomunidad. "Ya hubo una experiencia negativa, como el cierre de la verja, y no queremos que se repita. Necesitamos alternativas de desarrollo. Somos una zona con suelo industrial, ideal para actividad logística. Sería muy importante una bonificación del impuesto de sociedades", señala.

De momento nada de eso ha llegado. No obstante, Dastis se muestra receptivo a este discurso. A diferencia de Margallo, nunca utiliza el control de la verja en términos amenazantes. Atrás quedan los tiempos en que Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar y líder de los socialistas, advertía a los gibraltareños de la supuesta intención de cerrar la verja de Margallo, que llegó a ser un personaje tremendamente impopular en la Roca, cuyos periódicos lo mostraban como ejemplo paradigmático de soberbia española. Ahora Picardo dedica incluso palabras de agradecimiento a Dastis, como hizo en su comparecencia en la ONU el pasado 3 de octubre.

Una "microrrelación" especial

Fernández, el presidente de la mancomunidad del Campo de Gibraltar, es del PP, que gobierna en Algeciras (120.000 habitantes). En su discurso no entra a decirle al Gobierno lo que tiene que hacer en cuestiones diplomáticas, competencia estatal de la que hace "seguidismo". "Nosotros lo que queremos son relaciones de buena vecindad y cooperación económica. Si ellos [los gibraltareños] quieren venir a comer o al cine, no queremos que tengan tiempos adicionales en la verja. Hay que tener en cuenta que hay una microrrelación especial. Las basuras de Gibraltar se depositan y reciclan en nuestro vertedero. Ellos pertenecen el Instituto de Estudios Campogibraltareños, compartimos los Juegos del Estrecho, en los que también están Ceuta y Tánger...", enumera Fernández, que pide que, pase lo que pase, haya "una frontera fluida y permeable". La verja, ni tocarla.

La Línea (La Línea 100x100, independiente), San Roque (PSOE), Los Barrios (Partido Andalucista), Jimena (PSOE), Tarifa (PSOE) y Castellar (IU) completan la comarca junto a Algeciras. Todos los alcaldes le piden a Dastis medidas compensatorias y sensibilidad con la zona. A pesar del cambio de tono y de actitud de Dastis, los alcaldes de partidos distintos al PP mantienen un discurso crítico, al considerar que la supuesta apuesta del Gobierno por la zona se reduce a declaraciones de intenciones. Exteriores lo desmiente. "El Campo de Gibraltar necesita atención especial con o sin Brexit; hay que saber aprovechar todas las oportunidades económicas que ofrece el Campo y para es eso es necesario procurar la mejora de las infraestructuras y estudiar nuevas formas de apoyo al Campo, que es lo que se está haciendo. Algunas de estas medidas [...] ya están en marcha, como las mejoras en la vía férrea Algeciras-Bobadilla [...]", explica el departamento de Dastis.

Los sindicatos a uno y otro lado de la verja también presionan por un Brexit blando. CCOO, UGT, Unite-The Union y The Teacher's Union colaboran en el Consejo Interregional del Sur. "Hay una serie de riesgos objetivos para los trabajadores a uno y otro lado que hay que abordar con seriedad. La afectación a los trabajadores de un Brexit duro sería mayor. En el turismo, en la industria del juego... Y además los llanitos [como se conoce a los gibraltareños en la zona] son una parte importante de la clientela de las empresas de la comarca", afirma Manuel Triano, secretario de CCOO en la zona, que no quiere que el escollo –en apariencia insalvable– de la negativa de Reino Unido a sentarse siquiera a hablar de cosoberanía derive en un conflicto que acabe afectando a los trabajadores.

Una difícil aspiración de cosoberanía

El Gobierno de España considera –y consideraba también cuando estaba el PSOE– que Gibraltar es una colonia y en realidad pertenece a España. Los sucesivos presidentes del Gobierno mantienen ante Londres una reclamación de la cosoberanía sobre la Roca, que diplomáticamente es firme pero políticamente es más bien retórica, puesto que Reino Unido no entra ni a considerar la posibilidad. De hecho ahora mismo la posibilidad, ya de por sí remota, está más lejos que nunca, explica Alejandro del Valle, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz. "Antes Reino Unido decía que cualquier acuerdo tenía que pasar por que los gibraltareños estuviesen a su vez de acuerdo; ahora dicen que los gibraltareños tienen que dar su conformidad sólo para empezar a negociar", señala Del Valle. Y no existe tal voluntad de negociar. Picardo es terminante en su negativa. En 2002 hubo un referéndum sobre la posibilidad de aceptar la cosoberanía con España: el sí obtuvo un 1,03%, frente a un 98,48% del no. No quieren ser España ni en pintura.

Los llanitos quieren ser británicos. Les va bien así. Desde 1973 Gibraltar está integrada en la UE como territorio británico de ultramar con un estatus especial. El Peñón dispone de las ventajas del club –tratados comerciales, libre circulación de personas y empresas, ayudas y fondos comunitarios...– , pero también de beneficios añadidos como la exención del IVA y la independencia de la unión aduanera, entre otros. Gibraltar no sólo ha desarrollado una notable oferta de servicios y un turismo pujante atraído en parte por la venta de productos sin IVA, sino también una legislación fiscal que la ha convertido en un dinámico centro financiero off-shore, aunque la UE no lo considera paraíso fiscal. El impuesto de sociedades es mínimo en comparación con España. Hay más de una empresa por cada dos habitantes. Económicamente es una cañón. El contraste con su mortecino entorno español es palmario. A la hora de atraer empresas, la comarca tiene cerca un competidor irresistible, con una oferta fiscal inigualable. En ese sentido, Gibraltar penaliza a su entorno español. Esto puede merecer la pena si hay luego compensaciones en forma de actividad económica. Pero no si un Brexit por las malas acabara afectando a la verja.

Un Peñón 'antibrexit'

Con su atractivo estatus europeo, ¿cómo iba Gibraltar querer salirse de la UE? Si el resultado global del referéndum fue de 17,4 millones a favor de la salida frente a 16,1 millones a favor de la permanencia, en el Peñón 19.322 personas votaron por la permanencia, el 95,9%, mientras sólo 823 votaron leave. Arrasó quedarse en la UE. Pero con los resultados globales en la mano, a Gibraltar le toca salir de la manita con el Reino Unido. Desde el minuto siguiente a la proclamación de los resultados, Picardo emprendió una campaña para reclamar la permanencia de Gibraltar en la UE, o al menos el mantenimiento de un estatus especial. El Gobierno de España se opone. Entiende que Gibraltar no debe ni siquiera formar parte de las negociaciones de salida de la UE.

Margallo aprovechó la posición de mayor debilidad de Gibraltar tras el Brexit para redoblar su ofensiva por la cosoberanía. Su insistencia llevó a provocar tensiones con Reino Unido. "Pondré la bandera [de España] en Gibraltar mucho antes de lo que Picardo cree", proclamó Margallo en octubre del año pasado, suscitando la reacción de su homólogo británico, Boris Johnson. Margallo realizó también comentarios sobre el contrabando –"Aunque en Gibraltar fumaran todos los monos no podrían consumir tanto tabaco"– o para justificar el cierre del Instituto Cervantes por parte del Gobierno del PP –"En Gibraltar salvos los simios todos hablan español"– que causaron protestas del Gobierno de Gibraltar.

Mejores formas, mismas carencias

Dastis ha desechado esa retórica. Los comentarios de índole patriótica más o menos chistosos con monos de por medio han desaparecido. El propio Gobierno de Gibraltar, a través de un portavoz, admite el cambio entre un ministro y otro y destaca las distintas manifestaciones de Dastis subrayando que el Brexit no debe perjudicar a los trabajadores del Campo de Gibraltar. No obstante, esto no significa que las relaciones entre España y Gibraltar sean fluidas. Es más, oficialmente no existen. No hay interlocución, aunque Exteriores señala que no por su culpa. "Hemos propuesto al Reino Unido la creación de grupos de trabajo técnico ad hoc con presencia de España, Reino Unido, autoridades autonómicas y locales españolas y autoridades locales gibraltareñas", explica el ministerio.

Lo indudable es que en la era Rajoy el Gobierno ha apostado por marcar la máxima distancia posible con Gibraltar. Además del cierre del Instituto Cervantes en 2015, el Gobierno fulminó en 2012 el Foro Tripartito (Reino Unido-España-Gibraltar) que había impulsado José Luis Rodríguez Zapatero, al considerar que daba un estatus diplomático a Gibraltar que no le correspondía. "Ahora mismo no hay una estructura institucional mínima para la colaboración, para abordar temas de convivencia transfronteriza. Nada. Absolutamente cero. Y los movimientos del Gobierno se han percibido en Gibraltar como confrontación", señala el catedrático Del Valle.

Esta falta de espacios de interlocución y colaboración contrasta con la gran cantidad de elementos de interés común: problemas medioambientales, atraque de submarinos nucleares, contrabando... "La negociación sobre la soberanía está bloqueada y la cooperación transfronteriza no existe", resume Del Valle, que pide que al menos haya un acuerdo de mínimos para establecer unas reglas básicas de convivencia y cooperación, relegando los litigios diplomáticos profundos.

Del Valle ha realizado una aportación original al siempre enconado debate sobre el estatus político de Gibraltar. En un artículo elaborado para el Real Instituto Elcano, el catedrático propone una soberanía compartida de Gibraltar como “Ciudad de las Coronas Británica y Española”, con un estatuto asociado y coordinado por la UE. A su juicio, ello podría dar una solución a la prioridad de cada una de las partes. Así lo explica en su artículo: "Para España, la recuperación de alguna forma de la soberanía sobre la ciudad perdida del Reino; para el Reino Unido, el mantenimiento de sus bases militares y de inteligencia; y, en fin, para Gibraltar, ser consultado y poder decidir su futuro respetando su identidad específica". Como se ve, Cataluña es el mayor, pero no el único frente identitario abierto para el Gobierno.

En aplicación del derecho de secesión cualquier persona podrá independizarse de las demás, libremente o por la fuerza. Sobre todo de las pesadas.

Toda comunidad más rica tendrá derecho a separarse del resto para que no la opriman ni contaminen (que hay mucho aprovechado sin pedigrí ni raza conocida).

Cualquier colectivo podrá hacer un referéndum sobre cualquier cosa que desee, sea legal o ilegal, siempre que disponga de suficientes urnas de cartón y mossos que las vigilen. Los curas también pueden colaborar.

La urna y la papeleta se podrán traer de casa, y el recuento se podrá hacer en el propio domicilio, en una iglesia, en una escuela, en el lugar designado al efecto, o por defecto en cualquier sitio cómodo y bien ventilado.

Es bueno que la contabilización de los votos se realice a ojo de buen cubero y, a solas, sin testigos molestos que puedan estropear el resultado.

Se deberá hacer una foto sonriente con las fuerzas del orden para que quede constancia del acto. Si se puede llevar a la abuela y los niños, mejor. El resto de formalidades democráticas pueden omitirse.

Es importante que se pueda votar varias veces y que haya jaleo en los puntos de votación para que se vea quien tiene razón.

El derecho a la secesión prevalecerá por encima de cualquier otro derecho humano o divino, de este mundo o del otro, incluidas las Islas Vírgenes.

La secesión podrá ser parcial, total, equívoca, diferida, pactada, unilateral, trilateral, o de portería a portería.

Si se necesita un buen mediador, el árbitro del último Barça - Madrid puede servir.

Se pague la secesión al contado o a plazos, lo importante es que no le cueste un euro al ciudadano el voto de los mercados. Aunque si las empresas se marchan, siempre puede uno salir pitando a cogerlas, con estelada o sin ella.

Por último, si se suspende la autonomía y el autogobierno, aún puede mandar uno en su casa o, alternativamente, en el módulo tres. Que por buena conducta se sale antes.

Y aquí paz y después secesión. ________________________

Andrés Herrero es socio de infoLibre

El escritor bosnio Velibor Colic asegura que cuando se mezclan política y sentimientos nada bueno puede salir, y recuerda cómo al referéndum de su país se le llamó “referéndum dum dum”, en referencia al sonido de las balas, de tan seguros que estaban de que aquel asunto iba a terminar mal. Acabó en una larga guerra, que se duplicó en Bosnia-Herzegovina y Kosovo.

Decir “eso no puede ocurrir en España y menos en estos tiempos”, no es una garantía. Solo es una estupidez. La ceguera es uno de los males crecientes de nuestra época, un buen momento para releer Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. La política del avestruz provocó la caída de Bizancio y abrió las puertas de la Segunda Guerra Mundial.

Todo es posible cuando se destapa la botella de la tribu y surge el odio, cuando se clasifican los ciudadanos en “buenos” y “malos”, en “patriotas” o “traidores”. Las palabras de la diputada de la CUP Mireia Boya, dedicada a los Comuns de Ada Colau, son terribles, recuerdan a la novela Una tumba para Boris Davidovich de Danilo Kis. La máquina de devorar acaba por devorar a sus creadores.

Pese a que Boya recibió criticas desde el independentismo, esa idea de las dos Cataluñas está en el ambiente. Es una de las bases de todo nacionalismo, la necesidad de crear enemigos. Es lo que hacen también Mariano Rajoy y Albert Rivera con los catalanes malos.

No pretendo copiar la estructura habitual de los artículos de Jesús Maraña, pero al menos esta vez me facilita mucho las cosas.