La Comisión Europea ha reabierto el procedimiento por una posible ayuda de Estado ilegal recibida por el Real Madrid y derivada de la sobrevaloración que el Ayuntamiento de la capital hizo de una parcela situada en Las Tablas en un convenio urbanístico firmado con el club en 2011. En julio de 2016, el Ejecutivo europeo declaró que el club se había beneficiado de una sobreestimación del terreno de 18,4 millones de euros, pero tres años después, en mayo de 2019, y tras recurrir el Real Madrid, el Tribunal General de la UE, anuló la decisión. Ahora, sin embargo, Bruselas vuelve a examinar la operación, en un nuevo procedimiento donde ya ha realizado una valoración de las parcelas que el Ayuntamiento de Madrid entregó al club en compensación por haber incumplido su promesa de cederle el mencionado terreno de Las Tablas. Como esa tasación será distinta a la que se incluyó en el convenio de 2011, el Real Madrid ha provisionado en sus cuentas la cantidad de 23,14 millones de euros, porque considera “previsible” que la Comisión Europea se ratifique en que el Ayuntamiento de Madrid le concedió una ayuda de Estado ilegal.

Así lo reconoce el propio club en su informe económico del último ejercicio, tal y como adelantó el diario británicoThe Daily Telegraph y ha confirmado infoLibre tanto en la Comisión Europea como en el Ayuntamiento de Madrid. De hecho, el consistorio explica que ya ha remitido a la Secretaría de Estado para la UE, a fin de que ésta los traslade a la Comisión, “diversos informes” en los que se reafirma en “la adecuación legal de los criterios de valoración de la parcela objeto del procedimiento” y, por tanto, en la inexistencia de una ayuda de Estado ilegal.

Al anular el Tribunal General de la UE la decisión del Ejecutivo europeo, el Ayuntamiento debería haber devuelto al Real Madrid 20,33 millones de euros –más intereses de demora–, la cantidad que el club le había ingresado en octubre de 2016 al mismo tiempo que presentaba recurso contra la condena por ayuda de Estado ilegal. Sin embargo, a día de hoy aún no lo ha hecho. Hasta ahora esos 20,33 millones, aumentados con los intereses de demora correspondientes, han figurado en las cuentas del club como una partida más en el epígrafe de deudores comerciales. Son los 23,14 millones de euros que acaba de incorporar también como provisión ante la posibilidad de que Bruselas vuelva a decidir en su contra y no pueda cobrar del Ayuntamiento de Madrid esa cantidad.

No obstante, el club asegura en el informe económico que “discrepa” de la valoración realizada por Bruselas “tanto del terreno de Las Tablas como de las parcelas” que se le cedieron en su lugar, y anuncia que presentará “los oportunos recursos”. infoLibre también ha preguntado al Real Madrid por la reapertura del procedimiento, pero el club no ha respondido.

En efecto, el Tribunal General de la UE anuló la decisión del Ejecutivo europeo que declaró “incompatible con el mercado interior” la compensación en forma de terrenos valorados en 18,4 millones de euros que el Real Madrid había recibido del Ayuntamiento entonces gobernado por Alberto Ruiz-Gallardón. Pese a desestimar dos de los tres motivos por los que el club impugnaba el dictamen de la Comisión –que no había ninguna ventaja a su favor y que el Ejecutivo europeo había basado su tasación de la parcela de Las Tablas en “un informe pericial carente de valor probatorio”–, aceptó el tercero: que la Comisión Europea sólo había valorado la parcela de Las Tablas, pero no los terrenos cedidos en su lugar, por lo que no pudo realizar un “análisis completo de todos los datos pertinentes” para saber si realmente el Real Madrid había obtenido una ventaja. “La Comisión”, explicaba la sentencia, “no ha demostrado suficientemente que la medida controvertida [la permuta de terrenos] confiriera una ventaja al demandante [el club]”.

Pero es lo que se ha dispuesto a hacer ahora la Comisión Europea. Ya tiene una valoración de esos terrenos, realizada por un “experto inmobiliario”, según recoge el Real Madrid en su informe económico. El club dice también que la tasación resultante tiene un “valor muy similar” al que se les otorgó en el convenio que en julio de 2011 firmó con el consistorio. Aun así, considera “probable” que la Comisión “defienda la legalidad de la decisión anulada” por el Tribunal de la UE y vuelva a considerar ayuda de Estado ilegal la entrega de esos terrenos.

La historia viene de mucho más atrás. En concreto, de mayo de 1998, cuando club y ayuntamiento firmaron un convenio por el que el consistorio, entonces en manos de José María Álvarez del Manzano, se comprometió a ceder al Real Madrid unas parcelas valoradas en 13,5 millones de euros. Entre ellas se encontraba una –la B-32– situada en el barrio de Las Tablas, en el norte de Madrid y no muy lejos de Valdebebas, donde el club tiene su ciudad deportiva. Entonces, los servicios técnicos del Ayuntamiento de Madrid la valoraron en 595.194 euros. En aquel año, la zona no estaba urbanizada ni se había empezado a edificar.

En julio de 2011, ya con Ruiz-Gallardón, el Ayuntamiento firmó un nuevo convenio. La parcela de Las Tablas tenía la calificación de “equipamiento deportivo básico”, según el plan de urbanismo de 1995, por lo que era una parcela de titularidad pública y no podía ser enajenada de ninguna manera. Ambas partes lo sabían y el Ayuntamiento decidió indemnizar al club pagándole una cantidad equivalente al valor de la parcela B-32. Entonces los servicios técnicos municipales elevaron su valor a 22.693.054,44 euros. Lo habían multiplicado por 38 en 13 años. Las Tablas se había convertido en una zona residencial en pleno auge. La compensación no sería en metálico, sino mediante la cesión de otras parcelas cuyo valor total se calculó en 19.972.348,96 euros: 7.966 metros cuadrados en Carabanchel, 3.305 metros cuadrados en Valdebebas y otros 3.600 metros cuadrados junto al estadio Santiago Bernabéu, en el Paseo de la Castellana. Además, ambas partes saldaron sus deudas mutuas y el Real Madrid también le devolvió al consistorio otros bienes inmuebles, según explica el Tribunal General de la UE en su sentencia sin precisar cuáles.

Pero, al concluir el procedimiento por ayuda de Estado ilegal en diciembre de 2013, la Comisión argumentó que “un operador en una economía de mercado, en una situación comparable a la del Ayuntamiento de Madrid”, no habría firmado un convenio como el de julio de 2011. Por dos razones. La primera, que una empresa privada habría “recabado asesoramiento jurídico antes de suscribir dicho acuerdo”, para determinar si podía ser considerado responsable del incumplimiento de cesión de la parcela de Las Tablas al Real Madrid. El Ayuntamiento no lo hizo. La segunda, añadía la Comisión, que una empresa privada “no habría aceptado pagar al Real Madrid una compensación de 22.693.054,44 euros”, puesto que esa cantidad “superaba con creces el grado máximo de su responsabilidad jurídica por el incumplimiento de la obligación de ceder la parcela B-32”.

De hecho, durante el procedimiento abierto, la Comisión Europea examinó cuatro valoraciones distintas de la parcela protagonista: la realizada por el Ayuntamiento; otra por el Catastro Inmobiliario, dependiente del Ministerio de Hacienda; una tercera que presentó el Real Madrid y una cuarta encargada por el propio Ejecutivo europeo a un centro de estudios inmobiliarios. La Comisión consideró que la tasación adecuada era una de las cuatro propuestas por ese centro de estudios inmobiliarios y que dejaba el valor del terreno en 4,27 millones de euros. Cinco veces menos que la firmada por los técnicos municipales madrileños en 1998.

La sentencia del Tribunal General de la UE establece que la Comisión acertó al escoger esa tasación, que considera la más acertada de entre las presentadas. Y anula la decisión de calificar como ayuda de Estado ilegal la entrega de esos terrenos en lugar de la parcela B-32 únicamente porque el Ejecutivo europeo no hizo una tasación de aquellos y se atuvo sólo a los valores que se les imputaban en el acuerdo de julio de 2011. La Comisión, indica el Tribunal de la UE, “no tuvo en cuenta todos los aspectos de la operación controvertida”.

Esa omisión es la que Bruselas se dispone a subsanar ahora: tasar los terrenos de Carabanchel, Valdebebas y el Paseo de la Castellana, y verificar si valen lo que le costaron al Ayuntamiento de Madrid o, por el contrario, el consistorio concedió al club de Florentino Pérez “una ventaja que no habría obtenido en condiciones normales de mercado”.

10.000.000.000 euros. Eso es lo que costó aproximadamente la carretera de circunvalación M-30 con el ayuntamiento de Gallardón y que los madrileños estamos terminando de pagar.

Si el Ayuntamiento de Madrid quisiese remediar el problema de la vivienda, a coste cero, lo que podría hacer es dedicar la misma cantidad a adquirir en propiedad 100.000 viviendas y dedicarlas al alquiler.

Esta acción tendría varios puntos muy positivos para la mayoría de ciudadanos madrileños:

Cumplimiento del derecho a la vivienda digna y no manipulado por la especulación.Todos aluden a la Constitución pero nadie hace cumplir este derecho.

Aumento de la renta disponible de los ciudadanos, mejorando su calidad de vida y capacidad de compra.

A diferencia de la faraónica M-30 de Gallardón, esta inversión tiene el retorno económico del alquiler y se autofinancia.

Equiparación de Madrid, gran capital europea, como París, Berlin, Viena, Copenhague, Amsterdam y otras ciudades amigas de sus ciudadanos, facilitando sobre todo a los jovenes su desarrollo personal.

La intervención en el mercado inmobiliario por parte de los poderes del Estado es una obligación para evitar burbujas especulativas que ya sabemos cómo empiezan y cómo acaban.

Con esta intervención que es totalmente factible (si Madrid se puede endeudar haciendo túneles, también podría haciendo vivienda pública, ya sea nueva o de segunda mano) se consigue la moderación de los precios del alquiler, pero también de compraventa.

Al bajar los precios, aumentaría la actividad inmobiliaria, gana la mayoria, democracia.

La acción consiste en hacer lo contrario de lo que se ha hecho hasta ahora.

Dejar que el mercado, la ley de oferta y demanda regule los precios y la no intervención pública, incluso enajenando vivienda pública malvendiéndola a fondos buitre, nos ha traído a esta situación.

Cualquier administración, central, autonómica o local, debería sentirse implicada en resolver esta cuestión, tan importante como evitada.

Las razones que aducen la libertad de mercado para no intervenir son interesadas, de parte, o hay razones de marketin político irresponsables.

Salvador Taengua Benavent es socio de infoLibre

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido no prorrogar la investigación sobre los famosos papeles del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, que debido a los nuevos plazos legales llegará a su fin el próximo 29 de julio.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ha optado por "no acordar la prórroga de la instrucción, sin perjuicio de la práctica y recepción de las diligencias ya acordadas", según un auto del jueves al que ha tenido acceso Europa Press.

Sin embargo, al mismo tiempo el magistrado ha recibido una serie de informes que podrían propiciar la petición de nuevas diligencias por las partes, de acuerdo con las fuentes consultadas. De ser así, Pedraz podría acordarlas antes de la fecha límite.

Las pesquisas se centran en las llamadas comisiones finalistas, es decir, en determinar si los donantes de la presunta caja b del Partido Popular daban dinero a cambio de adjudicaciones concretas.

En una de las últimas diligencias de esta causa, hace justo una semana Bárcenas implicó a todos los ministros de Medio Ambiente y de Fomento del PP en la trama al asegurar que trataban con los empresarios que contribuían a esa supuesta contabilidad oficiosa.

En concreto, relató un episodio que le habría transmitido en su día su antecesor en la Tesorería del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta. De acuerdo con Bárcenas, Lapuerta acudió al director general de Carreteras del Estado y el entonces ministro, Francisco Álvarez Cascos, le abroncó indicándole que debía dirigirse siempre a él para esos asuntos.

Cristina Cifuentes se sienta este lunes en el banquillo de los acusados por supuestamente inducir a falsificar el acta de su trabajo de fin de máster, una acusación que podría acarrearle hasta cuatro años de prisión. Este juicio es sólo el principio en una serie de investigaciones que le afectan tanto a ella como a sus dos antecesores en la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre e Ignacio González, que enfrentan sus propias batallas con la Justicia y para las que 2021 podría ser un año decisivo.

Los tres gobernaron en Madrid de forma consecutiva y durante 15 años, entre 2003 y 2018. González fue el único que dejó su puesto al expirar el mandato y dos años después fue detenido por orden de la Audiencia Nacional, mientras que Aguirre y Cifuentes dimitieron de forma abrupta: la primera alegó en 2012 motivos personales, mientras que la segunda lo hizo asediada por el escándalo del máster que nunca terminó y tras la publicación de un vídeo en el que aparecía robando cremas en un supermercado. Una y otra fueron imputadas varios años más tarde de sus salidas como máximas responsables políticas de la Comunidad de Madrid.

Por orden cronológico, el llamado caso máster fue el último de los que salpican a los tres expresidentes en abrirse en los tribunales, pero el primero en instruirse y ser enviado a juicio en la Audiencia Provincial de Madrid. Tras un aplazamiento el año pasado a causa de la pandemia de coronavirus, Cifuentes tendrá que hacer frente a cuatro jornadas de vista oral en las que la Fiscalía sostendrá que la expresidenta indujo a la falsificación de un acta “a sabiendas” de que con ese gesto estaba acreditando una defensa de Trabajo de Fin de Máster (TFM) “que jamás se produjo”. Un documento que ella misma exhibió públicamente en varios medios de comunicación y redes sociales "para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse".

El Ministerio Público pide para Cifuentes tres años y tres meses de prisión por un presunto delito de falsedad documental, así como para María Teresa Feito, exasesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Fue con quien Cifuentes se habría puesto en contacto nada más publicarse la información del escándalo en eldiario.es para que hiciera las gestiones oportunas “con la finalidad de resolver la crisis que la noticia había provocado", a lo que accedió, según el relato del fiscal.

Como autora de la falsificación del acta la Fiscalía pide 21 meses de cárcel para Cecilia Rosado, integrante del tribunal que supuestamente examinó a Cifuentes, una pena inferior a las anteriores porque reconoció los hechos y ha colaborado en la investigación. La representación letrada de la universidad no hace distinciones y solicita cuatro años de cárcel para cada una de las tres acusadas. El cuarto procesado en esta causa, Enrique Álvarez Conde, catedrático de la URJC y exdirector del Instituto de Derecho Público, falleció en abril de 2019.

No ha enseñado el trabajo

La Audiencia Provincial ha programado cuatro jornadas de juicio en el que previsiblemente Cifuentes será la primera en declarar. Hasta la fecha, la expresidenta nunca ha admitido los hechos que defiende Fiscalía; más bien al contrario, en instrucción aseguró al juez que sí cursó el máster e hizo el trabajo final y lo entregó al tribunal, pero que no lo podía acreditar porque lo había perdido en varias mudanzas.

Pase lo que pase con este procedimiento, aquí no acaban los problemas de la expresidenta de la Comunidad de Madrid con la Justicia: desde septiembre de 2019 está imputada en la macrocausa de corrupción Púnica, en la Audiencia Nacional, concretamente en la pieza número 9 que investiga una supuesta financiación irregular en el PP de Madrid, en el que ella ocupó diferentes puestos de responsabilidad.

En concreto, el juez Manuel García Castellón la señaló por la supuesta adjudicación "arbitraria" de los servicios de restauración de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011, cuando ella formaba parte de la Mesa, a favor de Cantoblanco, sociedad de Arturo Fernández. Se da la circunstancia de que Cifuentes era patrona de Fundescam en 2007, cuando, según el magistrado, el empresario hizo donaciones a esa fundación del PP de Madrid, y formó parte del comité regional de campaña del partido en las elecciones autonómicas de ese año. Las indagaciones van encaminadas a averiguar si las donaciones al partido fueron un pago por la adjudicación en la Asamblea.

En el marco de la investigación, otros antiguos integrantes de la Mesa de la Asamblea, pertenecientes al PSOE e IU, ratificaron la versión de Cifuentes al asegurar, en su declaración como testigos, que no hubo ninguna irregularidad en la adjudicación y que su valoración se regía por los criterios que les proporcionaban los técnicos de la Cámara que hacían los informes sobre las candidaturas que se presentaban.

Eso ocurrió hace un año, pero el magistrado no ha dado ningún paso de momento y mantiene imputada a la expresidenta madrileña. Es más, el instructor ha previsto un intenso calendario de declaraciones en el caso Púnica para el próximo mes y medio, tanto de imputados como de testigos y correspondientes a distintas piezas de la macrocausa, incluida la número 9.

Aguirre y la presunta caja B del PP de Madrid

En esta línea de investigación está también bajo el foco del juzgado la expresidenta Esperanza Aguirre. Imputada en el mismo auto que Cifuentes en septiembre de 2019, el nombre de la también exdirigente del PP madrileño llevaba años sobrevolando esta causa, sobre todo a raíz de la incoación de la pieza sobre una supuesta financiación en B, mencionada por algunos de los imputados. Según García Castellón, la investigación arrojaba entonces "indicios racionales" de que sería "quien ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad".

Habría sido al llegar Aguirre al Gobierno de la Comunidad en 2003 cuando los dirigentes del partido en Madrid "fijaron una estrategia para obtener fuentes de financiación, amparándose en diversas partidas del presupuesto, en principio con fines de propaganda institucional u otros que sirvieron de coartada para desviar dinero público desde las licitaciones de las consejerías de la Comunidad y adjudicar, en connivencia con determinadas proveedores de confianza, la licitación de determinados contratos de suministros".

La expresidenta se defendió en su comparecencia asegurando que sus funciones en el partido eran políticas y no económicas o contables, que ella no dio ninguna instrucción para contratar con determinados empresarios las campañas institucionales y que al gerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez le nombró la dirección nacional, en concreto por el también entonces gerente Luis Bárcenas, antes de que ella llegara a la Presidencia de la formación.

Determinante, por tanto, para esta línea de investigación puede ser la declaración que podría prestar próximamente el propio Bárcenas. Aunque ya ha comparecido previamente en este caso, ha anunciado a través de su entorno que va a colaborar con la Justicia en las causas que quedan abiertas y sobre las que podría tener alguna información. Una vez confirmada su larga condena por Gürtel y la entrada en prisión de su mujer, Rosalía Iglesias, al extesorero del PP ya “no tiene nada que perder”.

Caso Lezo

Esta colaboración de Bárcenas no sólo podría poner en aprietos a Aguirre y Cifuentes, sino también al tercer expresidente madrileño cercado por investigaciones judiciales, Ignacio González. Además de su imputación en la pieza 9 de Púnica, en torno a él se instruyó el llamado caso Lezocaso Lezo, también de corrupción, esta vez por la gestión de la empresa pública madrileña Canal de Isabel II. El exdirigente fue detenido en abril de 2017 y estuvo casi siete meses en prisión preventiva.

Ya se han mandado a juicio tres de las piezas separadas en que se dividió esta causa y González afronta peticiones de la Fiscalía Anticorrupción de doce años de cárcel por dos de esas piezas: ocho años por malversación por la compra de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II, del que estuvo al mando durante su etapa como vicepresidente de la Comunidad, y cuatro años por cohecho pasivo por la adjudicación supuestamente fraudulenta a una UTE participada por OHL del contrato para la construcción de la línea ferroviaria de Navalcarnero. Ambas piezas están pendientes de señalamiento de juicio.

Se da la circunstancia de que en el caso Lezo también estuvo imputado otro expresidente madrileño del PP, Alberto Ruiz-Gallardón, concretamente en la pieza 1, que versa sobre otra compra del Canal de Isabel II, la del 75% de la empresa colombiana Inassa, en 2001, antes de la llegada de Ignacio González. En su caso, las actuaciones fueron archivadas al considerar que fue el consejo de administración de la compañía pública y no el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el responsable de un posible delito de malversación.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha manifestado ante las críticas de la cesión del edificio de La Ingobernable a la Fundación Hispanojudía para la creación de un museo judío que espera que no "escondan" una "raíz antisemita", informa Europa Press.

Así, el regidor ha defendido durante su visita al centro temporal de acogida para solicitantes de asilo que el Ayuntamiento ha entregado el inmueble a "una institución que tiene el proyecto de instalar un museo judío", espacio cultural que ha asegurado que va ser "un complemento indispensable frente a las críticas". "Somos la única gran capital europea que no tiene un museo judío en la ciudad y, por tanto, yo creo que era un proyecto interesantísimo y más en un eje tan emblemático como el eje Prado Recoletos", ha explicado Almeida.

Sin embargo, desde 2006, Madrid cuenta con el Centro Sefarad-Israel ubicado en calle Mayor, 69. Este centro se trata de "una institución de naturaleza pública y netamente española que además de profundizar en el estudio del legado de la cultura sefardí como parte integrante y viva de la cultura española, fomenta un mayor conocimiento de la cultura judía en el seno de la sociedad española e impulsa el desarrollo de los vínculos de amistad y de cooperación entre la sociedad española y la sociedad israelí", tal y como exponen en su página web.

Sobre las críticas por la cesión a esta institución que tiene al frente de su Vicepresidencia al exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, el primer edil ha respondido que "conscientes de que públicamente no pueden mostrar el antisemitismo en los tiempos que corren" aquellos que critican el proyecto "están tratando de desviar sus críticas hacia otras razones para esconder precisamente su antisemitismo".

En esta clave, ha afeado a los determinados colectivos "fundamentalmente de la izquierda" que "han hecho del antisemitismo quizás una de sus razones de ser".

El Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, ha tomado una decisión respecto al inmueble de calle del Gobernador 39. En este edificio de 3.000 metros cuadrados se encontraba ubicado el espacio autogestionado La Ingobernable, el cual se desalojó de madrugada por orden judicial el pasado 13 de noviembre. Este jueves, tras la Junta de Gobierno del distrito de Vicálvaro, se anunció la cesión por 50 años a la Fundación Hispanojudía para la construcción de un museo. Entre los ejecutivos de esta Fundación, se encuentra el exalcalde de Madrid por el Partido Popular, Alberto Ruiz-Gallardón, que ocupa el cargo de vicepresidente.

Las condiciones de esta cesión, a priori, parecen similares a las que tuvo el Ayuntamiento de Ana Botella en 2013 con la Fundación Emilio Ambasz, en este mismo inmueble y para el mismo fin, la construcción de un museo. Sobra decir que este proyecto no se llevó a cabo. Aunque en este caso no había un exmiembro del PP al frente de la Fundación, el arquitecto argentino mantenía una estrecha relación con el PP, en especial, con José María Aznar.

Durante la campaña electoral, el ahora alcalde aseguraba que si no se quería un museo de un arquitecto de renombre, "como es Ambasz, entonces construirá un centro de salud y una biblioteca".

Almeida señaló este jueves que "Madrid es la única gran capital de Europa que no cuenta con un museo judío". Sin embargo, desde 2006, Madrid cuenta con el Centro Sefarad-Israel ubicado en calle Mayor, 69. Este centro se trata de una institución de naturaleza pública y netamente española que además de profundizar en el estudio del legado de la cultura sefardí como parte integrante y viva de la cultura española, fomentará un mayor conocimiento de la cultura judía en el seno de la sociedad española e impulsará el desarrollo de los vínculos de amistad y de cooperación entre la sociedad española y la sociedad israelí", tal y como exponen en su página web.

"La Fundación Hispano-Judía es de reciente creación, carece de trayectoria cultural, y su único interés parece ser la gestión de grandes proyectos urbanísticos", advierte en un comunicado La Ingobernable. Además, tal y como mencionan los potavoces del Centro Social, "el nuevo plan contempla la destrucción de un edificio histórico que data de 1925, por lo que, se perderá, una vez más, parte del patrimonio histórico de la ciudad de Madrid".

Gallardón y la Ingobernable

Ni Almeida, ni Botella fueron los únicos en ceder el inmueble a instituciones próximas al partido. Ya en 2008, cuando Miguel Blesa era el presidente de Caja Madrid y Alberto Ruiz-Gallardón era el alcalde de la ciudad, se cedió el inmueble a la caja para construir el Museo Gerardo Rueda, que pagaría la Fundación Caja Madrid. Esta historia salió a la luz tras la publicación de los Correos de Blesa. Y el proyecto de museo tampoco se llegó a realizar.

La Fundación Hispanojudía es una "organización sin ánimo de lucro que nace con el fin de acercar las culturas hispanas y judías, mediante la divulgación, fomento y promoción de la cultura judía. El proyecto principal para cumplir esa misión es la creación del Museo Judío de España, que servirá para dar a conocer a la sociedad española y a los turistas internacionales la milenaria Historia del Pueblo Judío", afirman en su web.

Entre los miembros de su ejecutiva se encuentran David Hatchwell, como presidente; Alberto Ruiz Gallardón, como vicepresidente y Francisco Javier Cremades, como secretario. Este último socio fundador del bufete Cremades & Calvo Sotelo, vinculados al proyecto Málaga Valley, impulsado en 2014 por Marca España, cuyo director de la Oficina del Alto Comisionado era Carlos Espinosa de los Monteros, padre del dirigente de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. También contaba con la promoción de altos cargos del PP como Javier Moragas o Moreno Bonilla", según afirman desde la Asamblea de La Ingobernable.

David Hatchwell trabajaba en el departamento de finanzas corporativas de Goldman Sachs, una de las bancas de inversión responsables de la crisis de 2008, se destaca desde La Ingobernable. Actualmente, preside Excem, con SOCIMI especializadas en alojamientos turísticos. En un artículo publicado en la web de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio se posiciona política y personalmente muy próximo a Vox y afirma que, "como judío español Vox NO es una formación anti-semita. Es más, debo explicar que el ideario publicado por el partido y las declaraciones públicas de sus dirigentes sólo pueden ser calificadas como democráticas y respetuosas". Y añade que la formación de Santiago Abascal "se enfrenta a los verdaderos ultraderechistas y neonazis".

También tiene un hueco para atacar a los "rivales" políticos asegurando que son una "amenaza existencial para la vida judía en España". "Podemos es un movimiento chavista cuyo odio enfermizo y obsesivo contra Israel y su cercanía al régimen terrorista Iraní negacionista de la Shoá lo han convertido en una amenaza existencial para la vida judía en España. Casi tan preocupante es la tibieza del Partido Socialista del Presidente Pedro Sánchez en la denuncia de estas actitudes de su socio de la izquierda", sentencia en su artículo.

Ingobernables

En 2017, mientras el inmueble de Paseo del Prado seguía en manos de la Fundación Emilio Ambasz y que, tras cuatro años no se había movilizado nada de ese hipotético museo. Un grupo de unas 20 personas que se manifestaba en contra de la mercantilización del centro okupó el espacio, con la intención de devolvérselo al pueblo de Madrid.

Los portavoces de La Ingobernable, que se mantienen en pie de guerra, ya que "las ideas no se desalojan", muestran su descontento con esta última acción del consistorio, "tras dos años de actividades gratuitas, miles de personas y ser la casa de los movimientos sociales de la ciudad de Madrid". Así mismo, se hace un llamamiento para concentrarse en señal de protesta a las puertas del inmueble situado en calle del Gobernador a las 19 horas.

"Las promesas de Martínez Almeida de 'recuperar' el edificio de Gobernador 39 para crear dotaciones para el barrio, como una biblioteca o el tan necesitado centro de salud, se desvanecen ahora con este pelotazo, a golpe de turistificación y amiguismo. Para recuperar así su plan original, construir un nuevo museo en el Paseo del Prado, desoyendo las reclamaciones de las vecinas del distrito centro, donde la presión de la turistificación está convirtiendo la ciudad de Madrid en un parque temático en el que no se puede vivir", sentencian los ingobernables.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 7 años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta para los exconsejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo, antiguos colaboradores de Alberto Ruiz-Gallardón, por la pieza 1 del caso Lezo, esto es, la compra de la sociedad colombiana Inassa a cargo del Canal de Isabel II en el año 2001.

Anticorrupción les acusa de un delito de malversación de caudales públicos, como a los otros 20 procesados en esta causa, todos ellos técnicos y exconsejeros de la empresa pública de aguas así como gestores e intermediarios en la operación, para quienes reclama entre 6 y 7 años de prisión y entre 12 y 15 años de inhabilitación absoluta.

En concepto de responsabilidad civil, la fiscal pide que los 22 procesados indemnicen al Canal de Isabel II de forma conjunta y solidaria con el "sobreprecio pagado por la adquisición" de la sociedad panameña a través de la cual el Canal de Isabel II compró Inassa, lo cual asciende a algo más de 19 millones de euros, "sin perjuicio de la cantidad mayor que pueda fijarse en el trámite de conclusiones definitivas".

La operación de compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II por 73 millones de dólares a través de una sociedad radicada en Panamá --Aguas de América (SAA)-- se enmarca, según el escrito de la Fiscalía, en la "expansión internacional" que en el año 2001 el Canal de Isabel II inició en Colombia mediante la adquisición del 75% de Inassa, para lo cual "utilizó una sociedad vehículo de nueva creación" llamada Canal Extensia, participada en un 75% por la empresa pública madrileña y en un 25% por la mercantil valenciana Técnicas Valencianas del Agua. La adquisición estaba sometida a la previa autorización, primero, del consejo de administración del Canal y, segundo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Desde su creación en el año 1996, Inassa pertenecía a la sociedad Aguas de Barcelona (Agbar) y a distintos socios locales colombianos. Su principal activo era la sociedad también colombiana Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A), que se nutría de los ingresos obtenidos por la prestación del servicio de concesión municipal que le fue otorgada por el Ayuntamiento de Barranquilla.

Plagada de ilicitudes

Para Anticorrupción, la adquisición de Inassa estuvo "plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta", pues lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América, entre cuyos activos se encontraba el 75% de Inassa y el 51% de la sociedad dominicana Watco, "provocándose un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido, principalmente, al sobreprecio abonado y a la inclusión dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados que no redundaron en ningún beneficio" para la Comunidad de Madrid.

Según el relato de hechos que hace la fiscal, en la compra asumieron un papel relevante los acusados Francisco Olmos Fernández-Corugedo, Francisco Javier Vilaplana Oliva, Esteban Palacios Ortega, Ángel Conde Álvarez y Santiago García Benavides, quienes en marzo de 2000 "consiguieron que Agbar, a la que estaban vinculados profesionalmente, vendiera su participación en Inassa a la panameña SAA, sociedad de su propiedad y del resto de socios colombianos de Inassa".

De forma paralela, "iniciaron un proceso de licitación privado dirigido a vender la sociedad SAA, el cual culminó a principios del año 2002 con su venta al Canal de Isabel II, lo que se llevó a cabo por un precio muy superior a su valor real, obteniendo así, a costa del erario público autonómico, cuantiosas plusvalías de las que se beneficiaron tanto ellos como los socios colombianos locales".

Según Anticorrupción, fueron los exdirectivos del Canal Juan Pablo López Heras y José Antonio de Cachavera, con el beneplácito del entonces director gerente Arturo Canalda, los que elaboraron un dosier explicativo sobre esta operación que desvelaba que la compra del 75% de Inassa a través de la sociedad panameña.

Y aunque en el documento se hacía mención "de forma atemperada" a los riesgos, obviaron "valorarlos", de modo que el consejo de administración del Canal de Isabel II, en un papel que la fiscal considera "esencial", acabó aceptando el pago de 73 millones de dólares con un "sobreprecio injustificado de, al menos, una cantidad comprendida entre 23 millones y 35,4 millones de dólares (entre 25,4 millones y 38,7 millones de euros)".

Palmaria y consciente dejación de funciones

"En definitiva, la palmaria y consciente dejación de las funciones que los acusados tenían encomendadas en sus respectivos ámbitos de actuación como miembros del ente Canal de Isabel II para la protección de los intereses públicos permitió que se desviaran cuantiosos fondos públicos a financiar una operación que causó indebidamente un menoscabo económico a dicha entidad en beneficio exclusivo de terceros", subraya la Fiscalía.

La compra de Inassa no habría sido posible sin el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que en el año 2001 presidía Gallardón, si bien Anticorrupción ha quitado toda responsabilidad a los que entonces eran consejeros, salvo a Calvo y Bravo, quienes a su vez también eran consejeros del Canal y, por tanto, "emitieron su voto conociendo todos los detalles de la operación y los perjuicios económicos que se derivarían de la misma".

Junto a Calvo y Bravo, Anticorrupción pide condena para el resto de miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II del año 2001. Ignacio López Galiacho, Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz Latorre, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho se enfrentan a 6 años de prisión y 14 de inhabilitación absoluta.

Para el ex director gerente del Canal Arturo Canalda, la fiscal solicita 7 años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta, al igual que para los técnicos Cachavera y López Heras, mientras que para Ángel Conde, Santiago García Benavides, Esteban Palacios, Francisco Javier Vilaplana y Francisco Olmos, personas vinculadas a la operación en calidad de compradores, vendedores y gestores, pide 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación absoluta.

A Pablo Casado se le ha cambiado el rictus serio que arrastra desde las elecciones generales en dos ocasiones en las últimas semanas. Una: la noche del 26M, cuando vio cómo su partido tenía serias opciones de hacerse con el Gobierno de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital. Y dos: este sábado, cuando salía del salón de plenos del consistorio con la confirmación de que su amigo, su candidato, su apuesta personalísima, José Luis Martínez-AlmeidaJosé Luis Martínez-Almeida, había logrado los votos que le permiten ser alcalde de la capital la próxima legislatura.

El Partido Popular ya no es el mismo de siempre.Partido Popular Ni tiene a Mariano Rajoy al frente, el líder que fue testigo de mayorías absolutas en el Gobierno, en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid. Casado ha necesitado de los apoyos de Ciudadanos y Vox para apuntalar su poder local en plazas clave. Pero en Génova, cuartel general de los conservadores, intentan vestir de normalidad sus alianzas con la extrema derecha asegurando que de ellos mismos dependerá, en gran parte, la evolución del partido de Santiago Abascal. Y que este tipo de pactos –de los que todavía no conocemos la letra pequeña– son parte del proceso por el que el PP tiene que transitar para volver a ser "la casa común de la derecha".

Casado ha repetido en los últimos meses que esa "refundación" de la derecha "partida en tres" que heredó de Rajoy sólo podía hacerse desde el poder. El 28A se despidió de las posibilidades de intentarlo desde la Moncloa. Los suyos creen ahora que puede hacerlo desde el poder local y autonómico. De momento, con lo ocurrido este sábado, el PP gobernará en cuatro de las ocho grandes capitales españolas: Madrid, Zaragoza, Málaga y Murcia. Las dos primeras pueden apuntarse a la cuenta de resultados de Casado puesto que en la legislatura municipal pasada estuvieron en manos de dos de los llamados alcaldes del cambioalcaldes del cambio: Manuela Carmena y Pedro Santiesteve, respectivamente.

Comienza "el cambio"

"Hoy comienza el cambio que llegará a toda España en las próximas elecciones", diría Casado a los periodistas antes de abandonar el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento madrileño. Hace menos de un año, antes de la moción de censura a Rajoy, el ahora líder del PP era el dirigente conservador con más papeletas para ser candidato a la Alcaldía. La moción de censura lo alteró todo y un grupo de jóvenes dirigentes, entre los que se contaba a Martínez-Almeida y Díaz Ayuso, le convencieron de que tenía que dar el paso para liderar el PP. Ahora son ellos los que, con sus resultados electorales, han dado oxígeno a un Casado en horas bajas tras ver cómo el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso adelgazaba de 137 a 66 escaños. Ciudadanos, el partido que desde el 28A compite con el PP por el título de "líder de la oposición", parece haber rentabilizado peor que los conservadores sus resultados en las municipales.

La sonrisa de Casado, no obstante, no será completa hasta que vayan constituyéndose los gobiernos regionales y sea testigo de si han cuajado los pactos con Cs, y también con Vox, en comunidades como Castilla y León, Murcia o Madrid. O de si encaja una operación con Coalición Canaria para que Asier Antona sea presidente autonómico.

La 'jugada madrileña'

Para el nuevo PP de Casado la Comunidad de Madrid es clave por motivos muy parecidos a los del Ayuntamiento. Isabel Díaz Ayuso, del círculo de máxima confianza del líder, fue su apuesta personal. Levantó muchas ampollas designándola y, como en el caso de Martínez-Almeida, si ella sale mal parada, es muy difícil que el resultado no se le vuelva en contra a Casado. De momento, en la dirección nacional del PP dicen que mucho tienen que torcerse las cosas para que la jugada madrileñajugada madrileña no se complete.

Este sábado, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Madrid, Casado se fotografiaba con Almeida, Ayuso y con el secretario general del PP, Teodoro García Egea. En la imagen faltaba Javier Maroto, vicesecretario de Organización del partido, que, según apuntan todas las fuentes, también ha sido clave a la hora de cerrar acuerdos de gobierno. 

La instantánea, que encabeza esta información, tiene en el anverso mucha letra pequeña y unas cuantas indirectas para algunos dirigentes territoriales del PP que, en los últimos meses, han censurado la estrategia de Pablo Casado y su equipo. La "derechización" frente al "giro al centro".

Si, como está previsto, Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid, Casado podrá exhibir ante sus críticos como trofeo el gobierno del PP en estas dos instituciones consideradas las joyas de la corona de la política. El factor capitalidad y los presupuestos que manejan convierten a quienes lideran la Comunidad y el Ayuntamiento en contrapesos del presidente del Gobierno. Bien lo saben Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón, que este sábado aplaudían a Martínez-Almeida desde la tribuna de invitados del salón de plenos del Ayuntamiento. Tampoco faltaron José María Álvarez del Manzano y Ana Botella, los otros dos alcaldes del PP que, junto a Gallardón, tuvieron el bastón de mando del consistorio. 

También podrá Casado defender la solidez de su equipo más cercano de colaboradores. Tras las generales, en sectores del PP se extendió la idea de que Casado debía prescindir de García Egea y Maroto por el "fracaso" de la campaña de las generales y la gestión de la elaboración de unas listas electorales en las que las direcciones regionales y provinciales no habían pintado nada. Y, algo que en el PP no es un asunto menor: es muy complicado que con Almeida en el Ayuntamiento y Ayuso en la Comunidad Génova no tenga el control del PP de Madrid, una dirección regional que en los años de Esperanza Aguirre como jefa de los conservadores madrileños fue una importante herramienta de desafío interno al poder de Rajoy.

Buen resultado para el liderazgo de Casado

Si se comparan los resultados con los de 2015 con los de este sábado, lo cierto es que el PP ha perdido el poder en 13 de los 78 grandes municipios que se constituyeron este sábado –aquellos que tienen más de 100.000 habitantes o, sin alcanzar esa cifra, son capitales de provincia o de comunidad autónoma–. En concreto, se trata de los siguientes: Jaén, Ávila, Burgos, Palencia, Albacete, Guadalajara, Cuenca, Cáceres, Ourense, Alcobendas, Alcorcón, Parla y Melilla.

Sin embargo, las fuentes consultas por infoLibre coinciden en que el resultado es bueno para el liderazgo de Casado, por la importancia de las cuatro alcaldías que ha conquistado ahora. "A ver quién se atreve ahora a criticar estrategias, pactos, listas electorales...", señala una diputada conservadora en conversación con este diario. Junto a Madrid y Zaragoza, el PP ha logrado sumar los consistorios de Oviedo y Córdoba. 

¿Y los barones?

Pablo Casado convocó al Comité Ejecutivo Nacional del PP justo un día después de las autonómicas y municipales. En la primera parte de la reunión, nadie tomó la palabra para criticarle por la derechización de su mensaje. Pero barones como Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia; Alfonso Fernández Mañueco, líder del PP de Castilla y León, y Alfonso Alonso, presidente de los conservadores de Euskadi, ya habían comentado antes con la prensa que si el 26M había ido mejor que el 28A para el partido era porque la dirección nacional había modulado su mensaje. Casado negó tal giro en la rueda de prensa que ofreció tras la reunión. Y, después, los barones se lo echaron en cara en un almuerzo a puerta cerrada.

En las próximas semanas, Casado tiene que convocar una Junta Directiva Nacional para proponer a los portavoces del PP en Congreso y Senado. Está por ver si el nuevo mapa de poder supone un punto de inflexión en las tensiones entre Génova y algunos de sus dirigentes regionales. También está por ver hasta dónde se siente el presidente del PP legitimado para tomar decisiones que puedan, de nuevo, ponerle en contra a los barones. O si opta por no encender a los críticos.

La gran incógnita es si Cayetana Álvarez de ToledoCayetana Álvarez de Toledo, que fue número uno del PP por Barcelona el 28A, es ascendida a la portavocía del Grupo Popular en el Congreso. Los barones ya dejaron claro a la dirección nacional del partido en ese almuerzo que no es el mejor perfil para trasladar a los electores el mensaje de que el 28A se equivocaron con el giro a la derecha. Como respuesta, Génova indicó que Álvarez de Toledo es "una opción", como otras, pero una opción. La última palabra la tiene Pablo Casado y el líder es consciente del mensaje que lanzará a los suyos tanto si la nombra como si no la nombra.

La relación con Vox

Otro asunto delicado que Casado tiene entre manos es el de su relación con la extrema derecha, una relación que dará más de un dolor de cabeza a los conservadores porque Vox ha plasmado por escrito, y el PP lo ha firmado, su exigencia de entrar en los ayuntamientos en los que ha dado la Alcaldía al PP de forma proporcional a su importancia numérica en los plenos. Algo que, por otra parte, choca con los acuerdos con Ciudadanos.

De momento, es un misterio lo que pasará en Madrid. Vox pidió al PP dos concejalías y cuatro presidencias de distrito. Nada de esto aparece en el pacto que previamente firmaron los conservadores con el partido naranja. Y el PP, según fuentes conocedoras del contenido de las negociaciones, dejó claro que Vox no entrará en el gobierno municipal. Se les ofreció incorporarse a la presidencia de distritos de la capital y presencia en órganos ajenos al ejecutivo que liderará Almeida.

PP y Vox cerraron los flecos de su acuerdo para el Ayuntamiento –acuerdo en el que Vox incluye a Cs– a las cuatro de la mañana del sábado en el madrileño hotel Orfila, próximo a la sede nacional del PP. El número uno de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, aseguró este sábado que en los próximos 20 días se concretarán los detalles del pacto. 

El candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, fue elegido este sábado alcalde gracias a los votos de su partido, los de Ciudadanos y Vox. La candidata del partido naranja, Begoña Villacís, será la número dos del consistorio gracias a un acuerdo entre PP y Cs.

El candidato del PP logró 30 votos, los que suman junto a Cs y la extrema derecha, frente a los 19 de Carmena y los 8 del socialista Pepu Hernández.

Está por ver el alcance real del acuerdo con la extrema derecha, que a última hora del viernes ponía precio a su respaldo: dos concejalías y cuatro presidencias de distrito, una para cada uno de sus ediles.

En el PP, también en Cs, niegan que el partido liderado por Santiago Abascal vaya a entrar en el Gobierno municipal. Pero no es eso lo que señalaron desde Vox a primera hora de la mañana, cuando informaron a los periodistas de que "el pacto establece que Vox obtendrá concejalías de gobierno en proporción a sus resultados en cada localidad". Antes de que se iniciase el pleno, el jefe de la extrema derecha en el Ayuntamiento, Javier Ortega-Smith, aseguró que su representación se concretará en los próximos 20 días.

Poco antes de las 11.45, tras el recuento de los votos, Manuela Carmena hacía entrega a su sucesor del bastón de mando de la ciudad. 

La sesión, que arrancó en el salón de plenos del Ayuntamiento de Madrid a las 11.00 horas, fue seguida desde la tribuna de invitados por quienes, en el PP, precedieron a Martínez-Almeida en el cargo: José María Álvarez del Manzano, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella. Tampoco se lo quiso perder Esperanza Aguirre, que hace cinco años fue la candidata más votada, pero no reunió los apoyos necesarios y Manuela Carmena se hizo con la Alcaldía de Madrid.

Precisamente fue eso lo que Aguirre recordó a su llegada al Ayuntamiento: que ella fue la más votada y no gobernó. Y que ahora, lo que le ocurrió a Carmena le iba a ocurrir a su compañero de filas, que una coalición desplazase a la líder de la candidatura ganadora en las urnas.

Martínez-Almeida fue también arropado por la plana mayor del Partido Popular. Pablo Casado, presidente de los conservadores, y Teodoro García Egea, secretario general, estuvieron en el salón de plenos para apoyar a un candidato de la máxima confianza de Génova. Como Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad, Martínez-Almeida fue cabeza de lista al Ayuntamiento por una decisión personal de Casado. Y lograr para el PP el Ayuntamiento y la Comunidad supondrá un refuerzo del liderazgo del Casado tras el fracaso de los generales, donde el PP se hundió de 137 a 66 escaños.

El primer portavoz en tomar el turno de palabra tras la toma de posesión fue Javier Ortega-Smith (Vox), que culminó su turno con un "¡Viva Madrid! ¡Viva España!. El jefe de la extrema derecha aseguró que Vox entra en el Ayuntamiento con la intención de erradicar "los fanatismos". 

Reproches del PSOE al "trío de Colón"

"Ustedes están haciendo algo que toda Europa rechaza", echó en cara el candidato del PSOE, Pepu Hernández, a PP y Cs. "Esa es la triste realidad, el "trío de Colón va a gobernar Madrid", insistió.

"Sinceramente, creo que Madrid es mucho más moderna y avanzada que el Gobierno que se constituye hoy aquí. Sin embargo, los socialistas no vamos a tirar la toalla", avanzó Hernández, tras hacer una defensa del colectivo LGTBi y destacar su compromiso en la lucha contra la violencia de género.

Por su parte, Villacís pidió a la oposición que se lea el pacto. Y en ningún momento mencionó a Vox, escudándose en que hay que poner el foco más en los contenidos que en las personas.

"Sentido común, responsabilidad y sosiego", pidió Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas de los conservadores y número dos de Martínez-Almeida mientras aseguraba que trabajarán "por y para todos los madrileños".

Carmena pide "ciudar la democracia" y defiende el feminismo

"La democracia es un valor enorme que tenemos que cuidar", dijo Manuela Carmena en una intervención marcada por una defensa cerrada del feminismo. 

La alcaldesa saliente pidió a sus compañeros que se respeten: "Si nos consideramos representantes de nuestros ciudadanos, cómo no vamos a tener respeto a los que han sido elegidos por los otros, que han sido elegidos por los ciudadanos".

La candidata de Más Madrid, que pronto abandonará su acta de concejal tal y como aseguró en campaña, destacó que su lista había ganado "estrepitosamente" las elecciones. 

Manuela Carmena recordó que "hay 500.000 personas que quieren que continúe el proyecto de este ayuntamiento" y alertó al nuevo equipo de gobierno sobre los peligros de dar "un volantazo de capricho". En este sentido, recordó que su formación había llevado a cabo un "urbanismo de consenso".

"Se van a encontrar con mucho trabajo hecho y yo me alegro por los madrileños", dijo en su despedida sobre la gestión realizada estos últimos cuatro años. 

La número uno de la candidatura de Más Madrid y ya exalcaldesa de la capital presentará este lunes su renuncia al acta de concejala.

"Manuela, tú nunca dejarás de ser alcaldesa de Madrid"

El encargado de cerrar el turno de palabra fue el alcalde electo. Tras saludar a Casado, a los exalcaldes del PP presentes y a su familia, de dirigió a su antecesora: "Manuela, tú nunca dejarás de ser alcaldesa de Madrid".

"Tenemos que estar a la altura de los madrileños, no por delante", sostuvo. El nuevo gobierno municipal, dijo, quiere "ganar el futuro y no reescribir el pasado".

"Nosotros sí queremos un Madrid de todos y un Madrid para todos", cerró.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha archivado la investigación que se venía siguiendo contra el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en la pieza del caso Lezo sobre la compra de la sociedad colombiana Inassa a cargo del Canal de Isabel II en el año 2001, cuando era presidente de la Comunidad de Madrid.

En línea con lo que pedía la Fiscalía Anticorrupción, también exculpa al expresidente madrileño Ignacio González, principal imputado en otras piezas del caso Lezo, ya que aún no había llegado a la presidencia del Canal de Isabel II cuando se cerró la operación de compra de Inassa; al socio de éste Edmundo Rodríguez Sobrino, quien después ejerció como presidente de la empresa colombiana; y a Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid y quien fuera mano derecha de Gallardón. Además de estos cuatro, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 archiva las diligencias para otras 11 personas, incluidos exconsejeros del Gobierno de Gallardón como Paz González, Luis Blázquez, Luis Eduardo Cortés, Carlos Mayor Oreja, Alicia Moreno, Pilar Martínez y Luis Peral; así como exdirectivos como Gaspar Cienfuegos, Jesús Sánchez, Salvador Cardona y Ángel Varona.

Tras más de dos años, Inassa es la primera pieza del caso Lezo cuya instrucción el magistrado da por finalizada, por lo que, al tiempo que exculpa a estas 15 personas, sí acuerda el procesamiento de otras 22, a los que imputa el delito de malversación de caudales públicos agravado en el proceso de compra de la sociedad colombiana.

Entre ellas destacan dos de los más cercanos colaboradores de Gallardón tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad: Pedro Calvo y Juan Bravo, en tanto formaban parte del consejo de administración del Canal de Isabel II cuando tuvo lugar la compra, aunque también integraban el Consejo de Gobierno autonómico.

En realidad, el juez procesa a consejeros del Canal que en 2001 votaron a favor de la adquisición de Inassa: Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz Latorre, Ignacio López Galiacho, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho.

También procesa al que fuera director gerente del Canal Arturo Canalda; los exdirectivos de la empresa pública José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras; así como otras personas vinculadas a la operación en calidad de compradores, vendedores y gestores como Ángel Conde, Santiago García Benavides, Esteban Palacios, Francisco Javier Vilaplana y Francisco Olmos.

Compra a través de una sociedad panameña

Tras el prolijo escrito que hace una semana le entregó la Fiscalía Anticorrupción, García Castellón considera que ya se han practicado las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, la operación de compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II por 73 millones de dólares a través de una sociedad radicada en Panamá –Aguas de América–.

Según el magistrado, la operativa se enmarca en la "expansión internacional" que en el año 2001 el Canal de Isabel II inició en Colombia mediante la adquisición del 75% de Inassa, para lo cual "utilizó una sociedad vehículo de nueva creación llamada Canal Extensia, participada en un 75% por la empresa pública madrileña y en un 25% por la mercantil valenciana Técnicas Valencianas del Agua. La adquisición estaba sometida a la previa autorización, primero, del consejo de administración del Canal y, segundo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Desde su creación en el año 1996, Inassa pertenecía a la sociedad Aguas de Barcelona (Agbar) y a distintos socios locales colombianos. Su principal activo era la sociedad también colombiana Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A), que se nutría de los ingresos obtenidos por la prestación del servicio de concesión municipal que le fue otorgada por el Ayuntamiento de Barranquilla.

Como Anticorrupción, el juez considera que la adquisición de Inassa estuvo "plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta", pues lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América, entre cuyos activos se encontraba el 75% de Inassa y el 51% de la sociedad dominicana Watco, "provocándose un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido, principalmente, al sobreprecio abonado y a la inclusión dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados que no redundaron en ningún beneficio" para la Comunidad de Madrid.

Sobreprecio de entre 23 millone y 35,4 millones de dólares 

En el auto se indica que fueron los exdirectivos del Canal López Heras y Cachavera, con el beneplácito de Arturo Canalda, los que elaboraron un dossier explicativo sobre esta operación que desvelaba que la compra del 75% de Inassa a través de la sociedad panameña. Y aunque en el documento se hacía mención "de forma atemperada" a los riesgos, obviaron "valorarlos", de modo que el Canal de Isabel II acabó aceptando el pago de 73 millones de dólares con un "sobreprecio injustificado de, al menos, una cantidad comprendida entre 23 millones y 35,4 millones de dólares (entre 25,4 millones y 38,7 millones de euros)".

García Castellón acuerda el sobreseimiento de las actuaciones para Gallardón, González y otras 13 personas porque para la Fiscalía, "no ha quedado indiciariamente acreditada su participación delictiva en los hechos referidos". En cuanto al expresidente y exalcalde y al resto de sus exconsejeros, Anticorrupción cree que no se ha podido probar que con el voto que emitieron a favor de la compra en el Consejo de Gobierno conocieran "los detalles de esta operación y, por tanto, el menoscabo económico que para la Administración autonómica se generaría".

Así, tanto el juez como la fiscal diferencian muy claramente entre el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y el consejo de administración del Canal de Isabel II. En éste último, asegura Anticorrupción, todos los asistentes el día que se aprobó la operación de compra de Inassa, el 14 de noviembre de 2001, "dispusieron del dossier explicativo que desvelaba cómo se iba a realizar esta operación", por lo que García Castellón cree que su conducta fue "esencial" para que el proyecto saliera adelante.

Sin embargo, para la fiscal no está indiciariamente acreditado que ni el presidente ni los consejeros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid –salvo Pedro Calvo y Juan Bravo, que también estaban en el consejo del Canal– "conocieran o dispusieran de ese dossier" en la reunión en la que dieron el visto bueno a la operación, celebrada el 29 de noviembre de ese año.

"La única documentación de la que dispusieron contenía información general sobre el objeto social de Canal Extensia y datos generales de Inassa, así como los informes favorables emitidos por la Consejería de Medio Ambiente, la Dirección de Patrimonio y el Servicio Jurídico de la Consejería de Hacienda. Ninguno de los citados documentos e informes desvelaba los detalles de la operación desencadenantes del presunto delito de malversación", apunta la Fiscalía.

La Fiscalía Anticorrupción ha registrado este miércoles en la Audiencia Nacional un escrito en el que solicita el archivo de la investigación que se venía siguiendo contra el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón en la pieza del caso Lezo sobre la compra de la sociedad colombiana Inassa a cargo del Canal de Isabel II en el año 2001, cuando era presidente de la Comunidad de Madrid. También pide sacar de esta investigación al expresidente madrileño Ignacio González, principal imputado en el caso Lezo, ya que aún no había llegado a la presidencia del Canal de Isabel II cuando se cerró la operación de compra de Inassa; al socio de éste Edmundo Rodríguez Sobrino, quien después ejerció como presidente de la empresa colombiana; y a Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid y quien fuera mano derecha de Gallardón.

Además de estos cuatro, Anticorrupción reclama al juez instructor Manuel García Castellón que archive las diligencias para otras 11 personas, incluidos exconsejeros del Gobierno de Gallardón como Paz González, Luis Blázquez, Luis Eduardo Cortés, Carlos Mayor Oreja, Alicia Moreno, Pilar Martínez y Luis Peral; así como exdirectivos como Gaspar Cienfuegos, Jesús Sánchez, Salvador Cardona y Ángel Varona.

En el mismo escrito, la Fiscalía insta a finalizar la investigación, al haberse practicado ya las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, y se acuerde auto de transformación en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento). Y en dicho auto, sí solicita incluir a un total de 23 personas para su posterior enjuiciamiento por el delito de malversación de caudales públicos en la operación de compra de Inassa por 73 millones de dólares a través de una sociedad radicada en Panamá —Aguas de América—.

Calvo y Bravo, los únicos señalados

Entre esas 23 personas destacan dos de los más cercanos colaboradores de Gallardón tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad, Pedro Calvo y Juan Bravo, en tanto formaban parte del consejo de administración del Canal de Isabel II cuando tuvo lugar la compra, aunque también integraban el Consejo de Gobierno autonómico. En realidad, la fiscal solicita procesar a consejeros del Canal que en 2001 votaron a favor de la adquisición de Inassa: Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz Latorre, Ignacio López Galiacho, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho. La Fiscalía también dirige su petición para el que fuera director gerente del Canal Arturo Canalda; los exdirectivos de la empresa pública José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras; así como otras personas vinculadas a la operación en calidad de compradores, vendedores y gestores como Ángel Conde, Santiago García Benavides, Esteban Palacios, Javier Vilaplana y Francisco Olmos.

En su escrito presentado al juez, la Fiscalía Anticorrupción hace un relato pormenorizado de la operativa que se ha investigado, la cual se enmarca en la "expansión internacional" que en el año 2001 el Canal de Isabel II inició en Colombia mediante la adquisición del 75% de Inassa, para lo cual "utilizó una sociedad vehículo de nueva creación llamada Canal Extensia, participada en un 75% por la empresa pública madrileña y en un 25% por la mercantil valenciana Técnicas Valencianas del Agua. La adquisición estaba sometida a la previa autorización, primero, del consejo de administración del Canal y, segundo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid Desde su creación en el año 1996, Inassa pertenecía a la sociedad Aguas de Barcelona (Agbar) y a distintos socios locales colombianos. Su principal activo era la sociedad también colombiana Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A), que se nutría de los ingresos obtenidos por la prestación del servicio de concesión municipal que le fue otorgada por el Ayuntamiento de Barranquilla.

Sobreprecio y ningún beneficio

La fiscal considera que la adquisición de Inassa estuvo "plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta", pues lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América, entre cuyos activos se encontraba el 75% de Inassa y el 51% de la sociedad dominicana Watco, "provocándose un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido, principalmente, al sobreprecio abonado y a la inclusión dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados que no redundaron en ningún beneficio" para la Comunidad de Madrid.

Según Anticorrupción, fueron los exdirectivos del Canal López Heras y Cachavera, con el beneplácito de Arturo Canalda, los que elaboraron un dosier explicativo sobre esta operación que desvelaba que la compra del 75% de Inassa a través de la sociedad panameña. Y aunque en el documento se hacía mención "de forma atemperada" a los riesgos, obviaron "valorarlos", de modo que el Canal de Isabel II acabó aceptando el pago de 73 millones de dólares con un "sobreprecio injustificado de, al menos, una cantidad comprendida entre 23 millones y 35,4 millones de dólares".

El Consejo de Gobierno no conocía los detalles

Sobre las 15 personas para las que se pide el sobreseimiento de las actuaciones, incluidos Gallardón, González, Rodríguez Sobrino y Cobo, la fiscal considera que "no ha quedado indiciariamente acreditada su participación delictiva en los hechos referidos". En cuanto al expresidente y exalcalde y al resto de sus exconsejeros, Anticorrupción cree que no se ha podido probar que con el voto que emitieron a favor de la compra en el Consejo de Gobierno conocieran "los detalles de esta operación y, por tanto, el menoscabo económico que para la Administración autonómica se generaría". "En este caso, a diferencia de lo ocurrido en el Consejo de Administración del Canal de Isabel II de 14 de noviembre de 2001, donde todos sus asistentes dispusieron del dossier explicativo que desvelaba cómo se iba a realizar esta operación, no consta indiciariamente acreditado que ni el presidente ni los consejeros del citado Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid —salvo Pedro Calvo y Juan Bravo-— conocieran o dispusieran de ese dossier", explica el escrito.

"La única documentación de la que dispusieron contenía información general sobre el objeto social de Canal Extensia y datos generales de Inassa, así como los informes favorables emitidos por la Consejería de Medio Ambiente, la Dirección de Patrimonio y el Servicio Jurídico de la Consejería de Hacienda. Ninguno de los citados documentos e informes desvelaba los detalles de la operación desencadenantes del presunto delito de malversación", apunta.

Las constructoras Ferrovial-Agromán y Necso Entrecanales y Cubiertas –perteneciente al grupo Acciona– encargaron la tuneladora Dulcinea dos meses antes de saber si serían las adjudicatarias del proyecto de obra del túnel norte del bypass sur de la M30. Así lo confirma la propia empresa fabricante de esta maquinaria, la alemana Herrenknecht, según el programa de investigación de TelemadridCrónicas Subterráneas, tal y como ha adelantado este viernes la cadena pública.

Este túnel se corresponde con la calzada izquierda de la conexión del Paseo de Santa María de la Cabeza con la A3. El anuncio de la licitación de ese tramo de las obras de soterramiento de la la autovía de circunvalación se publicó en el BOE el 24 de junio de 2004. La fecha límite para la presentación de ofertas estaba fijada para el día 23 de julio de ese mismo año. Pocas semanas después, el 12 de agosto, se anunció la adjudicación  del proyecto, que recayó en Ferrovial-Agromán y Necso Entrecanales y Cubiertas constituidas en UTE (Unión Temporal de Empresas).

Según se puede leer en el número de noviembre de 2005 de la revista corporativa de la empresa alemana Herrenknecht AG, especializada en la fabricación de maquinaria de perforación, “las empresas de construcción españolas Necso Entrecanales y Cubiertas SA y Ferrovial-Agromán S.A encargaron esta tuneladora en junio de 2004 para horadar los 3.650 metros del túnel norte de la circunvalación de la M-30. Después de un tiempo de fabricación de solo doce meses, nuestros clientes pudieron dar su aprobación definitiva a la tuneladora en la sede de Herrenknecht en junio de 2005”.

Una responsable de la comunicación corporativa de la empresa alemana ha confirmado a los periodistas del equipo de Crónicas Subterráneas que “el periodo de fabricación de la maquinaria es el mismo que fue enunciado en la revista”. Las empresas españolas Ferrovial-Agromán y Acciona no han querido conceder ninguna declaración al respecto.

Dulcinea había sido concebida específicamente para el proyecto de remodelación de la M30. Su escudo de 15,2 metros de diámetro permitía horadar un túnel de tres carriles de ancho. Durante las obras de remodelación se usó otra tuneladora de las mismas características, Tizona, encargada por la UTE formada por Dragados y FCC para el túnel sur del mismo bypass. Las tuneladoras gemelas fueron en su época las más grandes del mundo y cada una de ellas costó alrededor de 45 millones de euros, según informaciones aparecidas en 2005.

Según publicaron diferentes medios en noviembre de 2005, las primeras piezas de Dulcinea llegaron en junio de ese año. Se emplearon tres meses para ensamblarlas y se dedicó todo un mes a hacer pruebas. Estuvo trabajando a pleno rendimiento hasta pocas semanas antes de la inauguración de este tramo, el 23 de marzo de 2007. El otro túnel del bypass –en el que se usó la Tizona– se inauguró el 8 de mayo, 19 días antes de las elecciones municipales en las que el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, máximo impulsor del proyecto de remodelación de la circunvalación, salió reelegido por mayoría absoluta.

El presupuesto base de licitación del tramo de obra en el que se usó la tuneladora Dulcinea fue de 339 millones euros y el importe de adjudicación fue de 331 millones (un 2 por ciento de baja con respecto a la licitación). El precio final que se acabó pagando por la obra de este tramo, si se suman las cuantías de los dos modificados de obra (66,2 millones de euros), la certificación final (10,6 millones), el precio de los proyectos complementarios (66 millones) y la revisión de precios (45 millones) ascendió a 526 millones de euros.

El debate sobre la ley del aborto vuelve a agitar a un Partido Popular en el que este tema siempre genera división. La legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo sobrevoló la convención ideológica del pasado enero con la que Pablo Casado buscaba un "rearme ideológico" de su formación tras haber tomado el relevo de Mariano Rajoy. Pero no llegó a tocar suelo. Ninguno de los ponentes, representantes de la sociedad civil, lo puso sobre la mesa. Y Casado se limitó a hacer una cerrada defensa de la vida en su intervención de clausura. Pero sin entrar en materia. Que esta cuestión fuera esquivada no pasó inadvertido. Porque en los meses anteriores, destacados dirigentes conservadores habían emplazado a esta cita como foro el en el que el partido fijaría su posición.

Las fuentes consultadas apuntan precisamente a no querer generar división, a huir de la polémica, como motivo fundamental por el que en la convención no se habló específicamente del aborto. Ahora Casado, a dos días de que PP, Cs y Vox coincidan en la madrileña Plaza de Colón para pedir a Pedro Sánchez que convoque elecciones, ha decidido desempolvar el debate en una entrevista concedida a la agencia Efe.

El líder de los conservadores no ha variado ni un ápice su postura al respecto: él es partidario de acabar con la ley actual y que ésta sea sustituida por el texto de supuestos del año 1985. Lo dijo en la campaña interna que le llevó a la presidencia del PP y lo dijo en los meses posteriores. Lo que sorprende en círculos conservadores es que haya decidido que el tema vuelva a ocupar ahora un primer plano.

No pocos creen que la fuerza de Vox en las encuestas y el "consejo" de sus principales asesores, Javier Fernández-Lasquetty e Isabel Benjumea, ambos de perfil muy conservador, tienen mucho que ver en que Casado no haya esquivado el tema.

Partidario de derogar la actual ley del aborto de plazos, aprobada en 2010 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Casado asegura que su idea es volver a la de 1985 del Gobierno de Felipe González. Una ley que generaba "consenso social" y que "no había ninguna necesidad de cambiar", a ojos del jefe de los conservadores.

El "consenso" de 1985 que no fue

La ley de 1985 despenalizaba la interrupción del embarazo en tres supuestos: grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, violación y en caso de que "se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas". La de 2010, vigente en la actualidad, dio el salto de los supuestos a los plazos. El Tribunal Constitucional lleva más de ocho años para resolver el recurso contra esta ley, presentado por el Partido Popular. Por ello, hay un sector del PP que cree que sería conveniente esperar la resolución antes de hacer propuestas en uno u otro sentido.

Cuando Casado habla de "consenso" olvida que no existió en los orígenes. Pese a que el Partido Popular no cambió el texto después, cuando José María Aznar llegó a la Moncloa, la ley del 85 no fue votada por Alianza Popular, la formación que después daría lugar al PP. Es más, llegó a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucionalque derivó en algunos retoques en el texto.

Pero no es sólo el actual líder del PP el que habla de ese "consenso" de 1985. En 2014, cuando Mariano Rajoy encargó a Alberto Ruiz-Gallardón reformar la ley de Zapatero, Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno por entonces, intentaba vestir esta tarea en la que el exministro de Justicia fracasaría después como una forma de llegar a ese "consenso". 

"Fue respetado por los sucesivos Gobiernos. Ha estado en vigor desde su aplicación hasta 2009 por Gobiernos de distinto signo", llegó a decir la que fue rival de Casado en las primarias para la presidencia del partido. Lo que no supo explicar es por qué AP votó en contra y recurrió al TC.

No es este, el de el voto en contra de la formación que dio origen al PP, el único episodio que pone en cuarentena esa tesis de la ley del aborto y el consenso. Porque, esta materia en el PP ha habido de todo, menos consenso: dimisiones, divisiones en el voto en el Congreso y el Senado, fuertes presiones de las asociaciones antiabortistas...

El fin de la carrera política de Ruiz-Gallardón

El caso de Alberto Ruiz-Gallardón es una muestra perfecta de cómo el debate sobre el aborto divide al PP.

Rajoy le encomendó hacer una propuesta de reforma de la ley de plazos. El primer borrador fue muy polémico y el expresidente decidió dar marcha atrás. Entre otras cuestiones, en las primeros textos eliminaba el supuesto de malformación.

En un intento de cambiar el malestar interno, el PP anunció una reforma de la ley de plazos para establecer que las menores de 16 y 17 años precisasen del consentimiento paterno para abortar. Era 23 de septiembre de 2014. Horas después de este anuncio, Ruiz-Gallardón convocaba a la prensa en la sede del Ministerio de Justicia para anunciar que abandonaba la política. La reforma de esta ley ponía fin a la carrera de un hombre que era fijo en todas las quinielas para la sucesión de Mariano Rajoy y despertó todo tipo de especulaciones. Desde las que apuntaban a que los fieles al expresidente habían tendido una trampa a Ruiz-Gallardón para eliminarle como rival a las que apuntaban a que el también exalcalde de Madrid había ido "por libre" y Rajoy tuvo que dar un golpe en la mesa.

La división también se vio en las votaciones de la reforma en el Congreso y el Senado, donde algunos parlamentarios rompieron la disciplina de voto.

Reacciones de los partidos

A juicio de la portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, Ángeles Álvarez, el PP pretende ahora "polarizar la opinión política" de los españoles reabriendo el debate del aborto y "jalear a las huestes de la extrema derecha".

"Parece que se mueven muy a gusto en la polarización y España necesita ahora reposo, tranquilidad, pedagogía y defensa de las leyes de las que nos hemos dotado y que han sido reclamadas por los españoles", declaró ante los periodistas, informa Europa Press.

La diputada criticó también los argumentos esgrimidos por Casado para justificar esa vuelta a la ley del 85, principalmente, en la necesidad de que crezca la natalidad en España. Son "peregrinas", dijo. A su juicio, una norma más restrictiva conducirá a las mujeres a practicar unos abortos "con menores garantías sanitarias", pero no a evitar esta práctica.

Para Unidos Podemos, el aborto "sí es un derecho de las mujeres". Según explicó la portavoz de Igualdad del grupo confederal, la diputada de En Marea Ángela Rodríguez, esta práctica está en "una tendencia a la baja" en España, tal y como se recoge en el informe sobre esta materia que se puede consultar en la web del Ministerio de Sanidad.

Mientras, el presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, consideró que no es lógico "mezclar" la caja de las pensiones con la ley del aborto. Además, acusó al presidente del PP, tras haber hecho tal vinculación, de intentar "dividir a los españoles con debates puramente ideológicos" que, además, "están superados por una ley que el PP, cuando tuvo mayoría absoluta, no cambió ni derogó".

En el otro extremo, asociaciones antiabortistas dieron este jueves la "bienvenida" al compromiso de Casado aunque consideraron que la ley del 85 ya abrió una "grieta" y que la situación ideal sería que no hubiese "ninguna" ley de aborto. En su lugar piden ayudas a la maternidad.

Cuando ganó el congreso extraordinario de sucesión de Mariano Rajoy, Pablo Casado se comprometió a convocar, a la vuelta del verano, una convención ideológica para abordar todos aquellos asuntos que lo precipitado del cónclave no había permitido. La cita será este mes de enero, los días 19, 20 y 21. El Ifema de Madrid acogerá una convención que en la dirección nacional califican de "ágil" y "diferente". Será este el momento en el que el equipo de Casado tendrá que concretar su postura sobre algunos asuntos polémicos como el del aborto. Al menos, a este encuentro han emplazado los principales dirigentes del partido cuando en los últimos meses se les ha demandado que especificaran cuál iba a ser su postura ante una legislación con la que no están de acuerdo. Hasta la fecha, Casado ha defendido la vuelta al "consenso" de la ley del 85.

El debate, puertas adentro del PP, no es nada sencillo. Destacados dirigentes del partido creen que abrir ahora este asunto, que siempre divide a la formación, no es positivo. Máxime si se tiene en cuenta el contexto en el que los conservadores llegan a esta convención: acercándose al discurso de los ultraderechistas de Vox en materia de violencia contra la mujer para lograr el apoyo de los doce diputados del partido de Santiago Abascal en la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía.

Las fuentes consultadas consideran que, más que unir al partido, este debate reabriría ahora heridas en una formación en la que no pocos no acaban de ver con buenos ojos el giro a la derecha emprendido por Pablo Casado. Un giro apuntalado por fichajes de perfiles muy conservadores como Javier Fernández-Lasquetty –director de gabinete– e Isabel Benjumea, mano derecha de Lasquetty, que fue uno de los consejeros de Sanidad de la etapa de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.

Así, Casado tendrá que decidir hasta qué punto introduce este tema en el debate en un momento en el que pelea fuerte con Ciudadanos y los ultras de Vox por hacerse con el liderazgo de la derecha.

Cuando anunció la cita, el líder del PP avanzó también que el coordinador de la misma iba a ser el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

Quienes en el PP abogan por no hacer del aborto uno de los ejes de la convención recuerdan que este asunto siempre "reabre heridas" en el PP. Y, además, nunca le hace ganar votos. "En función de cómo se aborde el debate, lo que ganamos por la derecha lo perdemos por el centro. O viceversa", resume un líder regional. Un debate similar al suscitado en los últimos días después de que Casado hablase de "violencia doméstica" o de "denuncias falsas" por maltrato a las mujeres contagiándose del discurso de Vox.

Casado y el "consenso" de 1985 que no fue

En campaña y ahora, cuando le preguntan, el líder de los conservadores destaca que su "compromiso""compromiso" es volver a la Ley del Aborto de 1985.

Recientemente, en una entrevista concedida a laSexta, insistió en que abortar no es un "derecho" y que la legislación de la etapa del socialista Felipe González contaba "con el acuerdo de los dos grandes partidos" y la "aceptación" de la "mayoría de la sociedad". 

A diferencia de esta ley, la de José Luis Rodríguez Zapatero de 2010 "reconoce el aborto como un derecho", destacó.

Frente a la ley de plazos de Zapatero, la de 1985 despenalizaba la interrupción del embarazo en tres supuestos: grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, violación y en caso de que "se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas".

Casado aseguró en la misma entrevista que la legislación del 85 gozó de "gran aceptación por parte de la mayoría de la sociedad". Pero obvia que ese "consenso" de que habla no fue tal. Lo que Casado afirma de la ley del aborto de 1985 no se corresponde con la realidad. Pese a que el Partido Popular no lo cambió después cuando José María Aznar llegó a la Moncloa, el texto legislativo no fue votado por Alianza Popular, la formación que después daría lugar al PP. Llegó a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional que derivó en algunos retoques en el texto.

También el secretario general del PP, Teodoro García Egea, se ha pronunciado en los últimos meses al respecto. En una entrevista concedida a la agencia Efe a finales del pasado septiembre, avanzó que su partido presentaría una iniciativa legislativa de "protección" de las embarazadas para darles "el mayor apoyo psicológico y económico" para evitar los abortos.

El fin de la carrera política de Ruiz-Gallardón

El caso de Alberto Ruiz-Gallardón es una muestra perfecta de cómo el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo divide al PP. 

En su etapa de ministro de Justicia recibió de Mariano Rajoy el encargo de hacer una propuesta de reforma de la ley de plazos de Zapatero. El borrador propuesto no generó los consensos necesarios y el expresidente del Gobierno decidió dar marcha atrás. Entre otras cuestiones, en las primeras propuestas eliminaba el supuesto de malformación del feto.

En su lugar, el PP anunció una reforma de la legislación de plazos para establecer que las menores de 16 y 17 años necesitasen del consentimiento paterno a la hora de interrumpir su embarazo. Era 23 de septiembre de 2014. Horas después de este anuncio, Ruiz-Gallardón decía la última palabra abandonando la política.

"No es un tema fácil en el PP. A Gallardón le costó el ministerio", valora un diputado. El también exalcalde de Madrid dejaba la política en un momento en el que era fijo en las quinielas para la sucesión de Mariano Rajoy al frente del PP.

La división también se vio en las votaciones de la reforma en el Congreso y el Senado, donde algunos parlamentarios rompieron la disciplina de voto.

Para cerrar el círculo, el Tribunal Constitucional lleva más de ocho años con la tarea pendiente de resolver el recurso contra la ley de 2010 de Zapatero presentado por el Partido Popular. Aquí surge otra corriente interna dentro del partido de Pablo Casado: la que demanda que se espere a un pronunciamiento antes de dar pasos en una u otra dirección.

Las dos activistas de Femen que se encadenaron en junio de 2014 al altar de la catedral de la Almudena han declarado hoy en el juicio que no pretendieron ofender ni herir los sentimientos religiosos, sino que su acción era para crear un debate social sobre la despenalización del abordo y en un momento social donde se pretendía "cercenar el derecho de las mujeres", informa Europa Press.

Así lo han manifestado Ana y Carlota durante su declaración en el juicio que se ha celebrado en el Juzgado de lo Penal número 23 de Madrid. Las activistas fueron detenidas por miembros de la Policía Nacional en junio de 2014 tras reivindicar el derecho al aborto libre de las mujeres con una inscripción pintada en el torso que rezaba "libertad para abortar".

Se enfrentan a una petición fiscal de pena de nueve meses de prisión por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos. La Asociación Española de Abogados Cristianos reclama una solicitud de condena de dos años de cárcel por delitos de provocación a la discriminación, al odio y a la violencia y contra los sentimientos religiosos de los ciudadanos. Si les condenan a dos años de prisión, no entrarían en la cárcel si no cuentan con antecedentes penales.

Su presidenta, Apolonia Castellanos, ha reclamado tras concluir la vista oral que se deje de arremeter contra los cristianos y ha pedido respeto hacia los creyentes. "No cabe otra cosa que una sentencia condenatoria", ha apostillado.

No se profanó

El abogado de las activistas, Endika Zulueta, ha subrayado que no hubo profanación en la reivindicación de sus clientas en el altar de la catedral madrileña, aunque ha admitido que la acción pudo molestar dado que se desnudaron ante los fieles.

Así, ha insistido en que su intención era crear un debate social contra el Proyecto de Ley para penalización del aborto que impulsó el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, lo que finalmente se echó para atrás.

"Te pueden expulsar de un templo por vestir de forma indecorosa o por no vestir. Pero eso es una cosa y otra intentar meter a alguien en la cárcel. La profanación tiene que ser algo mucho más grave. Hubo exquisito respeto a los símbolos religiosos", ha aseverado.

En esta línea, ha incidido en que lo único que se "ha profanado" son los derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica, como "fue este caso", según ha dicho. "La intención era crear un debate social", ha afirmado.

Desde el movimiento se apela a la absolución de las dos activistas, así como a la despenalización de los denominados "delitos religiosos" que todavía existen en el Código Penal, algo de lo que están en contra.

Una de las activistas de Femen que ha acudido a arropar a sus compañeras ha destacado que sus acciones se enmarcan dentro del marco de la libertad de expresión. Además, ha insistido en que Femen intenta cambiar la sociedad a través de sus reivindicaciones, sin ofender.

"Si demostramos algo con Gallardón es que en el colectivo feminista trabajamos juntas para defender unos derechos de las mujeres. Y eso es lo que realmente importa. Que todas trabajemos", ha reseñado.

"No pretendíamos ofender ni herir los sentimientos religiosos. Respetamos los objetos religiosos", han manifestado ante el tribunal ya que en el transcurso de su "performance" se encadenaron al crucifijo del altar del templo.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga una denuncia contra el Colegio de Registradores de España presentada por una empresa informática, Futuver, que lo acusa de “utilizar sus funciones públicas para intervenir en el mercado privado”, de forma que, suministrando su software para gestionar los registros de la propiedad “a precio muy inferior al coste” está “echando” a las firmas del sector. El propósito del Colegio, asegura la empresa denunciante, es “consolidarse como el único proveedor en España de soluciones informáticas para la gestión de los registros”.

La denuncia fue presentada el 22 de noviembre de 2017 y la resolución del expediente abierto es “inminente”, según las fuentes consultadas por infoLibre, tras llevar a cabo la CNMC la correspondiente investigación. Según Futuver, el Colegio provee a los registros de la propiedad un software que compite con las aplicaciones que desarrollan empresas privadas. Pero como el organismo utiliza “otros ingresos” para sufragar el coste del desarrollo y mantenimiento de su aplicación, puede suministrar el programa informático a precio por debajo de coste, lo que impide a las empresas privadas competir en igualdad de condiciones. Tampoco se permite a estas firmas suministrar a los registros actualizaciones y otros avances tecnológicos, asegura Futuver, que se presenta como la única empresa especializada que continúa activa. “En el año 2000 existían en España seis empresas dedicadas a proporcionar software de gestión a los registros de la propiedad, pero la política agresiva del Colegio para monopolizar la información pública de los registros, recrudecida durante los últimos cinco años, ha eliminado del mercado a todos los competidores”, explica un portavoz de Futuver. La firma dice que ha sobrevivido gracias a la exportación de sus productos a Latinoamérica.

El Colegio de Registradores no ha querido hacer comentario alguno a este periódico sobre la denuncia y el expediente abierto por la CNMC.

Futuver y los registradores mantienen desde hace años una conflictiva relación a cuenta del programa informático de los registros, en la que se vio implicado el Gobierno de Mariano Rajoy. Aunque pueda parecer un asunto menor, el contrato para suministrar el sistema electrónico integrado que comparten el millar de registros de España estuvo a punto de provocarun cisma en el propio Colegio y fue parte nuclear del enfrentamiento que la mayoría de los registradores mantuvieron con el Ministerio de Justicia desde que éste anunció la reforma de los registros y la integración del Registro Civil.

Contrato opaco

Pero las relaciones entre Futuver y el Colegio no siempre han sido hostiles. De hecho, buena parte de los registradores veían en la reforma y en la adjudicación del sistema informático, que denunciaban por opaca, una maniobra para beneficiar esta empresa asturiana. A Futuver la relacionaban con los registradores que trabajaron desde 2012 hasta 2014 en la Dirección General de los Registros, así como con una asociación profesional denominada Arbo y, finalmente, con Enrique Rajoy, hermano del entonces presidente del Gobierno y también registrador como él.

El concurso del sistema informático fue negociado y sin publicidad, y no lo convocó el Ministerio de Justicia sino el de Defensa, a través de una de sus empresas, Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe). El importe nunca fue hecho público, pero llegó a hablarse de 40 a 80 millones de euros. Isdefe lo adjudicó a Indra y Telefónica. Futuver no se presentó, pero esperaba entonces que alguna de estas grandes compañías la subcontratara porque “ya tenía el trabajo adelantado”, explicó en ese momento un portavoz de la empresa a este periódico. Incluso reconoció que había enviado a Indra una oferta con sus productos y servicios como especialista en software registral La empresa siempre negó tener relación alguna con el equipo al frente entonces de la Dirección General de los Registros y el Notariado o con el hermano de Rajoy y los registradores de Arbo.

Ese equipo fue desmontado cuando Alberto Ruiz-Gallardón dimitió en septiembre de 2014 tras retirar Rajoy la reforma de la ley del aborto que el ministro había impulsado. Su sucesor, Rafael Catalá, no llegó a formalizar el contrato y ordenó al Colegio que desarrollara la plataforma tecnológica, aprovechando el trabajo ya realizado por Isdefe, Indra y Telefónica –“las especificaciones técnicas del contrato”–. Desde entonces es el departamento de informática del propio Colegio el que se ocupa de diseñar las aplicaciones necesarias para el trabajo de los registros.

Expedientes de nacionalidad

Futuver también fue la empresa encargada por el Colegio de Registradores, previa encomienda del Ministerio de Justicia, de la puesta al día de los expedientes de nacionalidad, que acumulan un considerable retraso en su tramitación. Al mando de ese proyecto el ministerio puso a un registrador, Javier Angulo, hasta ese momento administrador solidario de Futuver Rumanía SRL, antigua filial de Futuver Consulting SL, lo que también suscitó el recelo de un sector de los registradores. Hoy en día, el colegio no tiene ya ninguna aplicación informática desarrollada por esta empresa asturiana, cuyo consejero delegado es Antonio Otero Carreira. Creada en 1997, se dedica a la “modernización de la Administración pública y los registros públicos de la Propiedad”. Su aplicación Futureg funciona en una buena parte de los registros de España. También ha informatizado los registros de México DF y Panamá.

En 2014, CCOO denunció ante la Fiscalía General del EstadoCCOO denunció ante la Fiscalía General del Estado al entonces director general del Registro, José Joaquín Rodríguez, y al jefe del proyecto de gestión de expedientes de nacionalidad, Javier Angulo, por haber intervenido en “actividades, negociaciones y asesoramientos” vedadas a funcionarios públicos. Tanto Angulo como Rodríguez son registradores: el primero, de la propiedad en Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas) y el segundo, mercantil en Zaragoza.

Según el sindicato, el Colegio de Registradores pagó 5,15 millones de euros a Futuver por la aplicación con la que pretendía resolverse un atasco de casi medio millón de expedientes sin tramitar. Javier Angulo fue el autor de un informe enviado a la junta de gobierno del Colegio de Registradores donde le ofrece la aplicación informática de Futuver para gestionar el Registro Electrónico. “No hay otra empresa que disponga de una solución integral como la de Futuver. No hay otra empresa que disponga de su experiencia. No hay otra empresa que pueda afrontar en un plazo de ejecución breve el paso al Registro Electrónico en España”, recalcaba en el documento. Futuver niega cualquier trato de favor y asegura que por la aplicación para gestionar los expedientes de nacionalidad sólo se le pagaron 600.000 euros.

La Subdirección General de Localización y Recuperación de Bienes del Ministerio de Justicia ha presentado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Lezo, Manuel García Castellón, un informe sobre el patrimonio del exministro, expresidente de la Comunidad de Madrid y exalcalde de la capital Alberto Ruiz-Gallardón así como de dos de sus exconsejeros, los tres imputados por la compra de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en el año 2001, informa Europa Press.

El documento, que había sido solicitado por el magistrado y que ha sido adelantado por Voz populi, especifica que la información se ha reclamado según lo dispuesto en el Decreto 948/2015, que regula las competencias de la Subdirección General de Localización y Recuperación de Bienes.

Según el decreto, a este departamento del Ministerio de Justicia corresponden las "competencias de localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal y de cualesquiera otras que se le atribuyan, en los términos previstos en la legislación penal y procesal".

Después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 solicitara información sobre varias personas investigadas en el caso Lezo, la subdirección general ha remitido las "averiguaciones" realizadas.

Una de las personas sobre las que pidió datos García Castellón es Gallardón, así como los exconsejeros madrileños Juan Bravo –también expresidente de Adif– y Carlos Mayor Oreja. Los tres declararon ante el juez el pasado 7 de junio por las presuntas irregularidades en la adquisición de la sociedad colombiana.

El gobierno que Gallardón presidía en noviembre de 2001 dio el visto bueno a la compra por parte del Canal de Isabel II. Por esta operación, que se investiga en la pieza 1 del conocido como caso Lezo, ya han comparecido en la Audiencia Nacional, como investigados, tanto los exconsejeros como el propio Gallardón, además de los exmiembros del Consejo de Administración de la empresa pública de aguas.

"Cúmulo de irregularidades"

El juez García Castellón decidió investigar al exministro de Justicia y su equipo en 2001 porque considera evidente que hubo un "cúmulo de irregularidades" durante el proceso de adquisición de Inassa. En su declaración, Gallardón defendió la "legalidad" de la compra y negó tajantemente el cobro de comisiones ilícitas.

Asimismo, destacó que el tiempo ha demostrado que la adquisición de la sociedad de Barranquilla por 73 millones de dólares fue una buena decisión y que se hizo con todos los informes de los técnicos del Canal de Isabel II a favor de la operación.

Tanto los exconsejeros como los exmiembros del Consejo de Administración del Canal alegaron ante el juez que dieron el visto bueno a la compra porque confiaron en los informes técnicos, que les presentó un proyecto muy ventajoso.

Además del patrimonio de Gallardón, Bravo y Mayor Oreja, el juez García Castellón también pidió a la Subdirección General de Localización y Recuperación de Bienes de otros nueve investigados en el caso Lezo, entre ellos el principal imputado, Ignacio González, su hermano Pablo González, su mujer, Lourdes Cavero; y su principal socio en los negocios del Canal en Sudamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino.

Justicia también ha remitido al juez información sobre el exdelegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro, la hija de Rodríguez Sobrino, Patricia Ana Rodríguez, los exdirectivos del Canal de Isabel II Gaspar Cienfuegos e Ildefonso de Miguel, y el empresario Joaquín Molpeceres.

La Iglesia, la gran empresa, históricos del PP y la familia Franco. La mezcla se produce en el patronato de la Fundación Madrid Vivo, que se define como "un puente entre la sociedad civil y la Iglesia de Madrid". "Una plataforma ciudadana y empresarial concebida para promover valores que están en la raíz de nuestra cultura", según la propia fundación. Liderada por el abogado Javier Cremades, presidente del bufete Cremades & Calvo Sotelo, Madrid Vivo cuenta con un patronato presidido honoríficamente por monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Madrid. El presidente ejecutivo es el propio Cremades, conocido por ser uno de los abogados que han prestado apoyo legal fuera de Venezuela a Leopoldo López, destacado opositor a Nicolás Maduro. En el patronato se integran empresarios, altos ejecutivos y expolíticos conservadores de prolongada trayectoria. Y, junto a todos ellos, aparece en el patronato el "Exmo. Sr. D. Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú", bisnieto de Francisco Franco, erigido en máximo exponente del rechazo de la familia del dictador a su exhumación y en defensor de su legado.

Hijo de Carmen Martínez-Bordiú –nieta de Franco– y de Alfonso de Borbón –nieto de Alfonso XIII–, Luis Alfonso de Borbón es considerado por los legitimistas franceses heredero al hoy inexistente trono de Francia. No obstante, no es su faceta de inverosímil aspirante a rey la que más tiempo le consume. Vive esencialmente dedicado a su actividad empresarial en el Banco Occidental de Descuento, la firma de marketing Spanish Influencers y el gimnasio Reto 48. Y además ejerce el activismo político.

En las redes sociales prodiga los mensajes contra el Gobierno, a favor de los valores del tradicionalismo católico y en defensa de Franco. "Ya son más de 600 los militares que apoyan el Manifiesto [contra la exhumación]. ¿Lo habrán entendido los 'herederos de' y aspirantes a profanadores de tumbas?", se preguntaba en agosto en Twitter. En julio, en el contexto del debate sobre la exhumación, afirmaba en Instagram que la cruz del Valle de los Caídos representa "la reconciliación de las dos Españas", lo cual se opone a los "odios cainitas". "La historia condenará a quien profane este templo grandioso", escribía. Otras veces es menos elíptico, como el 24 de agosto, el día en que el Gobierno aprobó el decreto para la exhumación de Franco. "Hoy más que nunca se necesita UNA, GRANDE y LIBRE", anotó en Twitter, recuperando una reconocible divisa del franquismo.

Su activismo no se ha quedado en las redes sociales. En julio acudió a una protesta contra la exhumación en el Valle de los Caídos, como publicó El Mundo. La Fundación Francisco Franco lo eligió presidente de honor tras el fallecimiento de la anterior presidenta, su abuela Carmen Franco Polo. Luis Alfonso de Borbón "ha solicitado que pase un año desde el fallecimiento de su abuela", ocurrido en diciembre de 2017, para incorporarse oficialmente, explica Jaime Alonso, portavoz de la Fundación Francisco Franco. Emilio de Miguel, secretario de la fundación franquista, asegura que aunque De Borbón está "guardando un año de luto por su abuela", el cargo "ya lo ostenta". Medios como El País yEl Mundo se refieren a De Borbón como "rey de los Franco", en vista de su creciente protagonismo como referente de los herederos del dictador, algo que también ha destacado ABC.

infoLibre ha tratado de contactar con De Borbón a través de Spanish Influencers, Banco Occidental de Descuento y la Fundación Francisco Franco, sin éxito. El secretario de la FFF, Emilio de Mola, explicó que, "dada las circunstancias, y además debido a la gran cantidad de peticiones de entrevistas que recibe", De Borbón "ha decidido no atenderlas".

De Ángel Ron a Cebrián

Madrid Vivo integra en su patronato a Luis Alfonso de Borbón, elegido presidente de honor de la fundación franquista, junto a una pléyade de representantes de la empresa y la política. El presidente honorífico de Madrid Vivo es el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, clave en la posición de la Iglesia sobre la exhumación de Franco, a la que no se ha opuesto. Antes presidió la fundación Antonio María Rouco Varela, su predecesor en el arzobispado de Madrid, donde se produjo el relevo en 2014. Osoro preside dos reuniones del patronato al año, en las que expresa sus puntos de vista sobre cuáles podrían ser las mejores vías para canalizar el apoyo en defensa de "valores comunes de la Iglesia", pero carece de cualquier función ejecutiva, explican desde el arzobispado, donde aseguran desconocer incluso la pertenencia al patronato de De Borbón.

El vicepresidente de Madrid Vivo es Ángel Ron, expresidente del Banco Popular, institución financiera comprada por el Banco Santander e históricamente vinculada al Opus Dei. En el patronato también están Borja Prado, presidente de Endesa; el empresario, inversor y coleccionista de arte Juan Abelló, una de las mayores fortunas de España; Juan Luis Cebrián, expresidente de Prisa, presidente de honor de El País y asistente frecuente a las reuniones del elitista Club Bilderberg; José Cerdán, presidente de Telefónica Business Solutions; Antonio Fernández-Galiano, presidente de Unidad Editorial; Jaime de Jaraiz, presidente de LG Electronics España; Jacobo González-Robatto, presidente de Nueva Pescanova; Tomás Pascual Gómez-Cuétara, presidente de Calidad Pascual y de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas; Gonzalo Sánchez, presidente de Price Waterhouse Coopers España (PwC); José María Sánchez, director general en España de Prodware, partner tecnológico de Microsoft; y Joaquín Herrero, presidente de la gestora y asesora financiera Merchbanc, entre otros.

Ejecutivos, políticos y banqueros

En el mismo patronato está Carlos Madruga, presidente ejecutivo del Grupo Educare de colegios concertados, un sector en el que la Iglesia tiene un enorme poder. Mónica de Oriol, expresidenta del Círculo de Empresarios, es recordada por unas declaraciones en las que expresaba que era lógico no contratar a trabajadoras que pudieran quedarse embarazadas. David Hatchwell, otro de los miembros del patronato, pertenece a una destacada familia de capitalistas. De su mano Sheldon Adelson trajo a España su frustrado proyecto de Eurovegas. Hatchwell se ha lanzado al negocio de las socimi, según El Confidencial. Más nombres. Tomás García Madrid fue consejero delegado de OHL. Baldomero Falcones fue presidente de FCC. Ambos son ejecutivos de gran renombre. Leila Hayat es directora general del Chaabi Bank y presidenta de la Cámara de Comercio de Marruecos en España. La vicesecretaria de la fundación es María Flora Ruiz, miembro de la dirección de la Asociación de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas.

Todos los nombres citados aparecen en el listado de integrantes del patronato que ofrece la propia Fundación Madrid Vivo. En el mismo no sólo hay empresarios y ejecutivos. También están los exalcaldes de Madrid José María Álvarez del Manzano y Alberto Ruiz Gallardón, ambos del PP. Gallardón, que también fue presidente de la Comunidad de Madrid y ministro de Justicia, abrió tras dejar la política el despacho Ruiz Gallardón Abogados, desde donde ha colaborado con su colega Cremades en la defensa internacional de Leopoldo López, una causa que moviliza a otros miembros de la fundación, como Cebrián.

Álvarez del Manzano es socio del bufete Cremades & Calvo Sotelo, que es clave en la fundación. Tan clave que el propio Cremades es presidente de la misma y sus socios en el bufete Carlos de la Mata y Jenaro González del Yerro son secretario general y director gerente, respectivamente. También forma parte del patronato Benita Ferrero-Waldner, exministra de Exteriores de Austria, excomisaria Europea de Relaciones Exteriores y socia de Cremades & Calvo Sotelo.

En el mismo listado de patronos está el exministro de Exteriores con UCD Marcelino Oreja Aguirre, que fue en los 90 europarlamentario por el PP. Junto al marqués de Oreja aparecen el psiquiatra Enrique Rojas; el exdirector de Relaciones con los Medios de Comunicación de la Casa Real Juan González-Cebrián Tello; y el directivo de medios José Antonio Vera, reincorporado al cargo de director de Publicaciones de La Razón tras su paso por la presidencia de la agencia oficial de noticias EFE durante la etapa de gobierno de Mariano Rajoy. También está Manuel Bretón, presidente de Cáritas.

La fundación cita además como empresas colaboradoras a Endesa, Iberia, PwC, Acciona, Torreal, Excem, Gecesa, Unidad Editorial, Acens y Cremades & Calvo Sotelo.

Según Carlos de la Mata, secretario general de la fundación, fueron patronos y ya no lo son Emilio Botín, histórico presidente del Banco Santander, fallecido en 2014, y Juan Miguel Villar Mir, ex presidente de OHL. Se trata de dos de los empresarios más influyentes y mejor conectados con el poder del capitalismo reciente español. También fue patrona Esther Koplowitz.

Un nombramiento en 2014

¿Qué justificación tiene la inclusión de Luis Alfonso de Borbón, elegido presidente de la Fundación Francisco Franco, en el patronato de una fundación con lazos tan estrechos con Iglesia católica y vinculada a empresas de tanta relevancia social? Carlos de la Mata, secretario general de Madrid Vivo, afirma a preguntas de infoLibre que aunque es parte del patronato, De Borbón no participa en las actividades de Madrid Vivo. "En 2014 se invitó a formar parte del patronato a Luis Alfonso, pero la realidad es que por la razón que sea, vino a la sesión de nombramiento para aceptar, en concreto el 4 de junio de 2014, y no ha vuelto", asegura De la Mata. En la fecha de su nombramiento, el presidente aún era Antonio María Rouco Varela, estandarte de una línea ideológica de la Iglesia mucho más conservadora que la que actualmente encarna el cardenal Osoro.

"No sólo no asiste a las reuniones, sino que rara vez contesta a algún correo que se le manda con las convocatorias", añade De la Mata, que afirma que su periodo como patrono vence en junio de 2019, cuando "lo lógico y natural" será que De Borbón "pida no ser renovado o que la fundación le sugiera que se implique o no esté". De la Mata asegura que la fundación "nunca ha mirado su apellido" y que no le interesa ni la ideología ni los posicionamientos políticos de sus patronos, sino la ayuda que puedan prestar para la consecución de sus fines.

Empresa e Iglesia

El secretario general de Madrid Vivo desliga la actividad de la fundación de la política. "La fundación es un lugar de encuentro entre el mundo de la empresa y el mundo de la Iglesia", explica. Sitúa su origen en la Jornada Mundial de la Juventud de 2011, presidida por Benedicto XVI y organizada por Rouco, en la que las autoridades eclesiásticas "solicitaron la colaboración" de los empresarios. "Eso nos hizo al mundo de los empresarios entrar en contacto con el arzobispado y con el cardenal Rouco. Luego coincidimos las dos partes en que debía haber una cierta continuidad", señala.

De la Mata explica que la fundación no tiene plantilla y que los que más tiempo y esfuerzo le dedican son socios de Cremades & Calvo Sotelo que trabajan pro bono, es decir, desinteresadamente. Las actividades de mayor relieve público en las que ha participado la fundación han guardado relación con la promoción del "capitalismo humanista" y el arte religioso.

“Suplico al juzgado (…) se proceda a remitir exposición razonada al Excelentísimo Tribunal Supremo en relación con la citación, en calidad de investigado, de Don José Ignacio Echániz Salgado”. Quien en esos términos pidió el 2 de agosto a la Audiencia Nacional que dé los pasos para que el Supremo impute en el caso Lezo al diputado al Congreso por el PP José Ignacio Echániz fue Pedro Calvo, dirigente del mismo partido. Los dos comparten mesa en el Comité de Derechos y Garantías del PP, ahora bajo la batuta de Rafael Hernando.

Al igual que Echániz, Calvo formaba parte del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón que en noviembre de 2001 dio vía libre a que el Canal de Isabel II adquiriese la firma colombiana Inassa mediante una operación en la que los investigadores observan visos de ilegalidad: la compra se articuló a través de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Panamá y, sobre todo, se cerró por un precio diez veces superior al valor fijado un año antes.

Los indicios delictivos que tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez perciben en la compra de Inassa explican por qué Calvo se convirtió en imputado ya en enero. Y por qué, con Gallardón a la cabeza, todos los demás miembros de aquel gabinete han sido llamados a declarar por el juez que investiga el caso. Todos salvo Echániz, que goza de aforamiento por ser diputado, de ahí que solo el Supremo pueda llamarle en calidad de imputado.

La inopinada petición de Calvo respecto de Echániz figura en el recurso planteado por su defensa contra la providencia con la que, el 31 de julio, el juez citó para septiembre a los seis exconsejeros de Gallardón que todavía no han declarado. En su recurso, el abogado Jorge Argote, defensor de Calvo, enfatiza que en esa relación de investigados hay un hueco: "En esa lista falta un miembro de dicho Consejo de Gobierno, don José Ignacio Echániz Salgado".

Este miércoles, infoLibre intentó contactar tanto con Pedro Calvo como como José Ignacio Echániz a través del PP. No fue posible. El penalista Jorge Argote rehusó atender la llamada de este periódico.

Órdago al juez instructor

Otros juristas conocedores de la instrucción de Lezo subrayan que al pedir la imputación de Echániz lo que busca Calvo es lanzar un órdago al instructor del caso, Manuel García Castellón, con la esperanza de que el juez derive la pieza completa de Inassa al Supremo y de que, una vez allí, las imputaciones queden en agua de borrajas. 

Sea como sea, la estrategia de defensa de Calvo para que la pieza completa donde se investiga la adquisición de la empresa colombiana Inassa quede en manos del Supremo ha derivado en una situación insólita: la de un dirigente del PP que insta a la Audiencia a solicitar a otro tribunal, el Supremo, la imputación de un compañero de partido. Un compañero con el que, además, comparte su pertenencia al mismo órgano de decisión, el siempre sensible en todas las formaciones políticas Comité de Derechos y Garantías.

Fuentes consultadas por este periódico recuerdan que cuando en una causa hay varios potenciales responsables penales y alguno de ellos está blindado por el aforamiento, lo habitual es que el juez instructor practique ciertas diligencias antes de enviar lo que se conoce como exposición razonada al tribunal que tiene la potestad de investigar al aforado en cuestión. Porque una exposición razonada consiste, básicamente, en una especie de auto donde un juez desgrana ante otro tribunal los motivos por los que considera que debe tomar declaración a un determinado aforado. Y esos motivos han de aparecer en la exposición debidamente fundados.

La defensa de Calvo no coincide con esas tesis. "¿Por qué –se pregunta Argote en su recurso– el ministerio fiscal excluye expresamente de ser citado como investigado a un miembro del Consejo de Gobierno que es diputado al Congreso?". "Esta defensa –prosigue el abogado– no quiere pensar que sea porque se pretenda eludir la competencia del Tribunal Supremo". 

Calvo ya declaró como investigado ante el juez de la Audiencia que instruye el caso, Manuel García Castellón. Lo hizo en enero, el mismo mes en que compareció también como imputado otro exconsejero madrileño, Juan Bravo, quien cesó como presidente de Adif tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. El PP no ha adoptado medidas cautelares contra ninguno de los cargos de Gallardón imputados en Lezo.

En junio, y tras varios meses de confusión sobre su situación procesal, le tocó el turno a Gallardón, que negó cualquier ilegalidad. Y desfilaron también otros integrantes de su Ejecutivo como Manuel Cobo y Carlos Mayor Oreja.

Ahora, y a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, el juez ha ordenado que los días 11 y 12 de este mes declaren en calidad de investigados –imputados– el resto de quienes integraban el Gobierno que validó el desembarco del Canal de Isabel II en Inassa mediante el pago 73 millones de euros (83,6 millones de euros al cambio de la época) por el 75% de la compañía. 

Era Pedro Calvo quien en el momento de la compra, avalada por el Gobierno madrileño el 14 de noviembre de 2001, simultaneaba su cargo como consejero de Medio Ambiente de Madrid con la presidencia del Canal de Isabel II, el mayor conglomerado público de la Comunidad de Madrid. Echániz dirigía entonces el departamento de Sanidad.

En agosto, el digital vozpopuli ya avanzó que la defensa de Calvo había pedido la imputación de Echániz. Pero hasta ahora no había trascendido que, más allá de que ambos pertenecieran al Gobierno de Gallardón hace casi dos décadas, hoy comparten hoy el rango de vocal en el Comité de Derechos y Garantías del PP.

A partir de abril de 2017, cuando fue detenido y encarcelado el principal protagonista del caso y que hasta dos años antes había presidido la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la Operación Lezo fue constatando que las sombras de sospecha que desde una década antes ya planeaban sobre el Canal de Isabel II eran más oscuras y más extensas de lo que diversas investigaciones periodísticas habían señalado. Desde noviembre, González se encuentra en libertad bajo fianza de 400.000 euros.

El expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido este jueves tras declarar como investigado en la Audiencia Nacional, que la adquisición de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en el año 2001 se llevó a cabo "de acuerdo a la legalidad" y ha negado tajantemente el cobro de comisiones ilícitas por esta operación.

Gallardón, citado a declarar en el caso Lezo por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha precisado ante los periodistas que le aguardaban a su salida que la compra se hizo "con el mejor y más absoluto de los convencimientos de que era buena" para la empresa pública de aguas y, por tanto para la Comunidad de Madrid y los madrileños.

Así, ha insistido durante la cerca de hora y media que ha durado el interrogatorio, que el tiempo ha demostrado que adquirir la sociedad de Barranquilla por 73 millones de dólares fue una buena decisión y que se hizo con todos los informes de los técnicos del Canal a favor de la operación.

El magistrado Manuel García Castellón le imputó en la causa el pasado mes de abril a petición de la Fiscalía Anticorrupción que considera que la adquisición de la filial del Canal en Colombia estuvo repleta de "irregularidades". No obstante, al ser preguntado por si cobró comisiones, el exmandatario regional ha asegurado que "en absoluto" y hasta se ha mostrado ofendido por la pregunta, según informan fuentes jurídicas.